Ernesto Che Guevara: “Ya todos conocemos lo que vale la Unidad”
Por:
Ernesto Che Guevara
Discurso a las milicias en Cabañas, Pinar del Río, 22 de enero de 1961.
Compañeros todos:
Hoy se cumple, en nuestra Revolución, una etapa; no precisamente hoy, sino en estos días. Se cumple una etapa porque el último peligro inminente de invasión imperialista ha pasado.
Eso no quiere decir, de ninguna manera, que haya pasado totalmente el peligro; no quiere decir que haya pasado el peligro definitivamente, porque el gran creador de guerras, el gran enemigo de la paz y el gran enemigo de la soberanía de los pueblos, que es el imperialismo, todavía está fuerte. Simplemente, es que hay otras fuerzas en el mundo que han empezado a tener conciencia de su capacidad de luchar contra el imperialismo y, poco a poco, los pueblos han comprendido que unidos todos para el solo gran fin común de su libertad pueden luchar victoriosamente contra las armas que antes, uno a uno, los vencían, los aplastaban, los masacraban y después los succionaban.
El ejemplo de Cuba demuestra que en este momento de la historia, no importa el tamaño de un pueblo ni la magnitud de sus instrumentos de destrucción; que su voluntad férrea, que su unidad frente al peligro, que su decisión de triunfar frente a todo, basta para lograr, con la ayuda de todos los pueblos del mundo, un triunfo tan resonante como este que hemos obtenido (aplausos); un triunfo, compañeros, que tiene dimensiones mundiales. Y las tiene, porque este triunfo sin sangre es el triunfo sin sangre de todos los pueblos que quieren la paz, que saben que en este momento de armas atómicas la paz es indispensable para asegurar el futuro de la humanidad.
Los imperialistas pensaban jugar una última y desesperada carta con una invasión fulminante contra nuestro pueblo. Nosotros nos enteramos de eso, lo denunciamos a su debido tiempo, y nos preparamos aquí para repeler esa agresión. Los pueblos del mundo también dijeron presente, y muy serias afirmaciones se hicieron en Moscú por el Primer Ministro Jruschov (aplausos); y en la Organización de las Naciones Unidas por el Delegado Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien previno del paso que iba a dar los Estados Unidos atacando a Cuba en esos momentos.
Bien sabido es que la Unión Soviética y todos los países socialistas estaban dispuestos a entrar en guerra para defender nuestra soberanía y el tácito compromiso que se ha establecido entre nuestros pueblos. Al triunfar sin guerra, toda la parte más sana de la humanidad ha triunfado con nosotros; al triunfar sin guerra, los pueblos del mundo han triunfado. Y no solamente los nuestros, los que con sus gobiernos están del lado del campo de la paz, sino también los pueblos que tienen que soportar gobiernos guerristas, como en primer lugar el pueblo de los Estados Unidos, como el pueblo francés, que en Argelia ve como sus hijos mueren masacrando a otro pueblo, como otros pequeños imperios que todos los días matan seres humanos para asegurar las ganancias de sus monopolios.
Por eso esta victoria es mundial, por eso debemos hoy convertirlo en un día de regocijo, porque ya nuestros mejores hijos, los que todos los días estuvieron esperando, durante veinte largas mañanas, tardes y noches, la aparición del enemigo por alguno de los tantos lugares en que se preveía su llegada, porque todos esos hijos, vienen hoy a depositar su fusil, no a que duerma un sueño tranquilo, pero a que esté en un reposo vigilante, y se vuelven a entregar a la producción, que es nuestra meta y nuestra batalla de todos los días.
Debemos, sin embargo, hacernos algunas reflexiones. Ya lo dijo Raúl en Santiago: no todo ha salido bien, tenemos todavía muchos defectos; defectos que algunos hemos podido ver directamente, defectos que otros miembros del ejército han visto, y otros que pueden solucionarlos los mismos soldados de nuestro Ejército Rebelde, o los milicianos. Porque la organización es algo inmanente a un Estado moderno; no se puede dirigir una guerra, ni se puede dirigir una etapa de desarrollo económico violento, ni se puede hacer una gran tarea educacional, si no hay organización, si no sabe cada uno en la guerra cuál es su trabajo, en la producción cuál es su máquina o su instrumento de trabajo, en las tareas educacionales cuál es su puesto, y muchas veces hemos tenido aquí momentos en que no todos sabíamos cuál era nuestro punto exacto. Nunca falló ni en lo más mínimo nuestra fe en la victoria y nuestro deseo de luchar hasta el final en el más duro de los sacrificios, pero sí a veces faltó la idea exacta de cómo había que hacerlo.
Nuestro pueblo ha avanzado tanto que ya sabe por qué tiene que sacrificarse. Debe ahora dar un paso más y en momentos como estos, de peligro nacional, debe saber en cada caso no solamente por qué va al sacrificio sino también cómo ir a la lucha que significará el sacrificio.
Eso es algo que nos ha servido de gran experiencia y, aunque estos veinte días han restado a nuestra producción una gran cantidad de bienes, que no se crearon, sin embargo, nos ha permitido ver en toda su magnitud el problema, y tratar de solucionarlo.
Pero también esta reunión nos ha enseñado la gran unidad del pueblo, cómo se han superado ya muchos resquemores, muchas viejas rencillas del pasado con que el imperialismo pretendía dividirnos, y que no murieron el día Primero de Enero de 1959, sino que siguieron presentes en nuestro desarrollo, hasta un buen tiempo después. Sin embargo, hoy se nota la unidad del pueblo, el fervor combatiente de todo el pueblo, de todo lo sano, de todo lo que está definitivamente por la liberación de la humanidad.
Y por eso, cada vez más identificados, en nuestras tribunas se ve no solamente a los miembros del Ejército Rebelde y de las otras organizaciones que la Revolución creara, sino también los miembros de todos los partidos políticos que existían antes de la Revolución y que le han dado su apoyo, y de los nuevos movimientos forjados al calor de la Revolución; y también en nuestras tribunas se encuentran preclaros representantes de lo más puro de las religiones, como el Padre Lence (aplausos), que viene a darnos su apoyo.
Porque nosotros nunca hemos venido a dividir, y constantemente hemos tratado de unir. Esa era una de las consignas primeras que desde la Sierra Maestra nos diera nuestro Jefe Fidel Castro (aplausos): no separar a los cubanos por tendencias políticas, por color de su piel o por su manera de pensar en materias espirituales; siempre tratar de juntarlos, siempre tratar de limar las asperezas que puedan existir y las lógicas diferencias de pensamiento que pueda haber entre un comunista y un miembro de otro partido político, entre los mismos miembros de nuestro Ejército Rebelde y de las Milicias en algunas contadas ocasiones, entre un católico y un protestante o una persona sin religión; no acentuar las diferencias, sino acentuar todos los puntos de contacto, todas las aspiraciones honestas, que nos permitan marchar juntos hacia la victoria.
Lo que sí debemos preguntar a todos: a los religiosos, a los de los partidos políticos o de las organizaciones creadas por la Revolución, es si aceptan los grandes principios de la Revolución y si encuentran que en esta etapa de Cuba la Declaración de La Habana reafirma y encuentra en ellos todos los grandes anhelos del pueblo de Cuba. Todas las personas que contesten afirmativamente, que estén dispuestas a luchar por el futuro de Cuba, que estén de acuerdo con que la Declaración de La Habana representa los grandes intereses y los grandes anhelos de nuestro pueblo, son nuestros amigos. No importa más; no importa cómo piensa en materia religiosa o en materia política, o a qué institución pertenezca. Solamente pertenece al gran núcleo del pueblo y a la gran fuerza de la Revolución.
En eso hemos avanzado mucho. Ya todos conocemos lo que vale la unidad; ya todos conocemos lo que puede hacer un pueblo cuando no solamente tiene armas, sino tiene un espíritu que los dirige hacia un fin único. Ya lo hemos visto en ese espíritu de los milicianos y soldados de nuestro Ejército Rebelde, resistiendo juntos todas las adversidades de estos veinte días de campaña. Y hemos visto al pueblo entero dando todo de sí, para hacer que todas esas incomodidades de la campaña sean menores, pueden sortearse más fácilmente, y exijan menos esfuerzo de nuestros hijos armados. Y hemos visto, también, cómo grandes concentraciones de pueblo se reúnen para dar la despedida a nuestros milicianos y a nuestro Ejército Rebelde, en un momento determinado, despedida que no es más que un ¡hasta luego!, porque todos estamos prestos a empuñar de nuevo el fusil miliciano o el fusil del Ejército, que es lo mismo, y cómo los despiden, dando de los ahorros de cada uno, una pequeña parte, para constituir esa gruesa suma que contribuye a disminuir los gastos de la defensa del país.
Porque un país para defenderse de una gran fuerza imperialista de la potencia agresiva de los Estados Unidos, necesita hacer grandes sacrificios. Todos los cañones, los tanques, los morteros y las ametralladoras, además de los fusiles y bazookas que desfilaron como una parte de nuestro arsenal de defensa el día 2 de Enero, es también dinero de nuestro pueblo. Y es dinero invertido en algo que no se reproduce, es dinero que no se puede dedicar a la producción de los bienes de consumo, y hacer de nuestro país una verdadera joya dentro de América.
Nosotros tenemos que luchar, para que las grandes fuerzas exteriores que nos obligan a comprar todo ese armamento y adiestrar a toda la gente que lo utilice, y a gastar sumas considerables de dinero, para que esa gran fuerza que nos obliga a todo ese sacrificio, desaparezca. Debemos siempre estar conscientes que mientras el imperialismo norteamericano mantenga esas características de agresión, no estaremos nunca tranquilos, y siempre deberemos tener nuestro fusil vigilante al alcance de la mano y cerca de nuestra vista.
Ahora también se inaugura un nuevo período presidencial en los Estados Unidos. Nuestro deber es esperar para ver qué pasa. Todos anhelamos que el sucesor de nuestro nunca bien odiado enemigo Eisenhower (gritos de «fuera») sea un poquito más inteligente, no se deje dominar tanto por los monopolios, que jugaban con el pobre otrora glorioso general como un títere, y lo hacían una y otra vez cometer errores que costaron mucho a la nación norteamericana.
Pero esos errores podrían costar mucho más al pueblo de los Estados Unidos y a todos los pueblos del mundo, si algún error de cálculo nos sume en una guerra mundial de características pavorosas.
El nuevo Presidente, al asumir el alto cargo, profirió ciertas amenazas, y utilizó el mismo lenguaje que ya conocemos, pero también habló de cosas nuevas: habló de cierta forma de coexistencia pacífica y de cierta forma de lucha pacífica entre los dos grandes bloques en que se divide el mundo. Aceptó, por lo menos, el hecho de que hay una parte del mundo que no quiere saber nada con la forma de vida americana, y simplemente amenazó con que no dejaría que nuevas partes del mundo, que ello dominan y oprimen, pasara a lo que él llama «las tinieblas del comunismo internacional».
Eso es algo positivo y debemos esperar. Es algo positivo, porque nos indica que está abierto el camino a las conversaciones, y de las conversaciones puede surgir algo. Pero de ninguna manera es lícito tener la más mínima falta de cautela frente a los Estados Unidos, mientras las condiciones no cambien. Sobre todo, somos el único país de América, el único país de sus posesiones coloniales americanas, que no tiene ni siquiera relaciones diplomáticas con él. Debemos, si vamos a mejorar nuestras relaciones, conversar nosotros también, mano a mano con ellos, y exponer nuestra quejas, y exponer la gran cantidad de injurias a que ha sido sometido nuestro pueblo en estos dos años de libertad.
De todas maneras, de hecho, la Revolución cubana ha demostrado que es más fuerte e invencible que nunca; ha demostrado que van quedando viejos algunos de los lemas con que saludábamos al pueblo al final de nuestros discursos, y que ya casi no se justifica decir «Patria o Muerte», porque no existe esa amenaza tan grande sobre nuestra Patria que nos coloque en el dilema terrible de mantenerla viva y mantenerla soberana, o encontrarnos la muerte en algún campo de batalla.
Aquella época parece pasada. No podemos afirmarlo, pero parece que es así; parece que la lucha ahora va a asumir otras características, que será más solapada, será mucho menos visible, aunque quizás no sea ni menos sangrienta ni menos implacable que la otra etapa. Ahora viene la etapa de luchar contra los que internamente traten de socavar nuestra Revolución; contra todos aquéllos que pertenecen a las clases sociales explotadoras, que definitivamente han sido derrotados en Cuba, pero que ellos no lo saben. Y al no saberlo levantan la lucha un día y otro día, y eso también cuesta el esfuerzo de los cubanos, para cada vez aplastar el intento contrarrevolucionario.
Esa será nuestra lucha en el futuro, y estará indiscutiblemente alentada por el imperialismo norteamericano, que no se resigna, de ninguna manera, a la gran verdad de nuestra Revolución. Pero ya se ve una lucha nuestra, una lucha en la cual todos nosotros seremos responsables de nuestros éxitos y de nuestras derrotas; una lucha donde no se pondrá en peligro la paz del mundo, por una agresión de alguna potencia extranjera.
En definitiva, será una lucha más cómoda, porque será la lucha de todo un pueblo contra una pequeñísima parte de su pueblo que no se resigna a perder sus privilegios, y que trata de mantenerlos a sangre y fuego. Y el destino de esa parte pequeñísima del pueblo, que se levanta contra la gran masa del pueblo revolucionario es, indefectiblemente, el de perecer.
Por eso, esta lucha que se inaugura en esta nueva etapa de nuestra vida revolucionaria, es más sencilla. No está exenta de peligro, ni está exenta de dificultades. Pero si mantenemos firmemente nuestra unidad, si nos preocupamos todos nosotros por hacer de la unidad del pueblo, frente a las grandes consignas revolucionarias, nuestra arma de combate; si, además, vigilamos revolucionariamente en cada centro de trabajo, cualquiera que sea, y, además de todo eso, nos dedicamos a producir más y más cada día para hacer de nuestro país una verdadera fuerza en el sentido industrial, aquel peligro será fácilmente batido.
Inauguramos, pues, en estos días, una etapa de lucha diferente. Pero para mejor decir, creemos que se inaugura; no podemos asegurarlo, porque hay un nuevo Gobierno de nuestros enemigos que todavía no se ha expresado, ni ha expresado sus intenciones reales, con respecto a nuestra Revolución. Por lo menos, esa es nuestra manera de pensar, y esa es, por qué no decirlo, nuestra esperanza también.
No queremos la amenaza de la guerra sobre nuestras cabezas, ni queremos tener que movilizar a nuestro pueblo a cada momento para luchar contra el enemigo; pero si volviera a suceder, si ese enemigo volviera a levantar la amenaza de la agresión contra nuestro pueblo, veríamos cómo otra vez el pueblo entero va a las trincheras y a todos los lugares de combate. (Aplausos.) Y veríamos de nuevo cómo surgen, más fuertes que nunca, las grandes consignas que han dirigido a nuestro pueblo en estos últimos días, y que han tenido, en cada uno de nosotros, las características de una solución inapelable: ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!
(Publicado en Che Guevara Proyecto editorial de Ocean Sur y el Centro de Estudios Che Guevara)
EN CONTEXTO:
Ante informaciones de que el presidente Eisenhower pretendía lanzar una invasión a Cuba antes de la toma de posesión de John F. Kennedy, que ocurriría el 18 de enero de 1961, la dirección de la Revolución movilizó a miles de milicianos en todo el país, desde el 31 de diciembre de 1960, para enfrentar una posible agresión. El 20 de enero de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro dio la orden de desmovilización y llama a los milicianos a regresar a sus lugares y centros de trabajo con el orgullo del deber cumplido, pero no creyendo que todos los peligros habían desaparecido.
Chile, Miguel Montecino: La gran fuga, cada uno cavó su propio metro de libertad (+ Video)
Por:
Heidi Calderón Sánchez
| CUBADEBATE
Miguel Montecino, junto a sus compañeros, cavó un túnel con dedos rotos y cucharas. Foto: Cortesía del entrevistado.
Como un canto de cigarra resucitada, también reviven las memorias de los hombres eternos a los que algunos llaman necios, vuelven los hechos para ser contados de otras formas, retomados por los más jóvenes, como sucede con la historia de la gran fuga de 49 reos políticos de la ex Cárcel Pública de Santiago de Chile, en el año 1990.
Recientemente se anunció el rodaje de una película que relata la gesta y tiene como protagonista, desde la ficción, al popular actor chileno Benjamín Vicuña, quien dará vida al líder de la operación, del cual ha dicho al diario El Mercurio que “es un tipo con un grado de compromiso y convicciones políticas y humanas que realmente emociona”.
A 28 años de ocurrida la gesta, el verdadero jefe de la fuga, Miguel Armando Montecino Montecino, quien junto a sus compañeros cavó un túnel con dedos rotos y cucharas, recuerda estos momentos como: “hechos de vida, hechos repletos de esperanza y dignidad”.
Se alegra además por la oportunidad de que estos acontecimientos vean nuevamente la luz y decide hablar sobre la acción que conmovió a Chile: la Operación Éxito.
¿Cómo lograron fugarse 49 presos políticos de la entonces Cárcel Pública de Santiago de Chile?
Para un prisionero político, desde el momento de su detención en adelante es un imperativo ético y un deber moral buscar evadirse de las mazmorras del enemigo. Lo han intentado los combatientes de todos los tiempos, y como nosotros no nos considerábamos una excepción, buscamos fugarnos desde que caímos en las manos de los sicarios de Pinochet.
Desde que nos encontrábamos en otra cárcel, la Penitenciaría de Santiago, un pequeño grupo de compañeros pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, iniciamos el plan para salir. No nos resultó por que antes de ejecutarla nos trasladaron a la Cárcel Pública, preparada según el tirano como de alta seguridad para los “presos subversivos”. Llegando a la Cárcel Pública iniciamos la organización y las acciones conducentes para lograr nuestros objetivos en esa prisión.
La iniciamos en los primeros meses del año 1988 entre cuatro compañeros. Manuel Fuenzalida, Luis Belmar, Hugo Nenculeo y yo. Al compás de los requerimientos y exigencia fuimos agregando combatientes. Hasta constituir la columna de 20 compañeros. Los que con su esfuerzo, dedicación, compartimentación y compromiso lograron que el 29 de enero de 1990, fructificara la más grande evasión de presos políticos del país.
Cada uno cavó su propio metro de libertad. Dando uno de los golpes más demoledores al fascismo en el país, puesto que un mes antes el dictador había vociferado que ningún subversivo se le escapaba de sus prisiones.
La acción fue llamada por los combatientes “Homenaje a los caídos por la vida y la libertad”, y la gente le apodó “Operación Éxito”, me imagino que por la espectacularidad y la limpieza con que se operó. Independientemente que para la mayoría de los chilenos fue como propinarle un golpe en el hocico a Pinochet y una venganza personal de cada uno.
La gente salió a las calles a celebrar en fiestas populares y verbenas de mucha gente. “Con cuchillos, con cucharas se arrancaron los chiquillos”, era de las más populares consignas gritadas por familiares y amigos de los presos políticos de aquella época. Haciendo referencia a lo rudimentario de las herramientas que utilizamos durante los dos años que estuvimos cavando un túnel de casi 100 metros de largo por 50 centímetros de diámetro. Depositando las 80 toneladas de tierra en el entretecho de la misma cárcel.
La organización la logramos con tres unidades combativas y un mando de 5 compañeros que usaron todo tipo de iniciativas en pos de lograr la mejor y más idónea decisión. Turnos de día y noche con 3 compañeros cavando y 3 en vigilancia, en turno diurnos, 2 en la vigilancia nocturna.
Para poner la tierra en el entretecho, trabajaban dos hombres y tres vigilaban. Uno en la celda, otro fuera de ella y otro en vigilancia móvil.
Muchos fueron los problemas a solucionar, de la misma manera que las soluciones para esos problemas.
¿Y el día marcado? ¿Cómo sucedió todo?
El día “D” se dividió la columna en 4 unidades. Partiendo por la unidad de vanguardia, que por su tarea estuvo compuesta por 3 compañeros. Encabezada por Manuel Fuenzalida. Este grupo tenía la misión de romper y facilitar la salida de todo el contingente. Ayudado por el grupo de apoyo externo. Comandada por Hugo Nenculeo.
La segunda unidad fue comandada por Ricardo Contreras. La más numerosa, de 11 compañeros. Que tenía la misión de esperar con tranquilidad el momento de salir. Acostados todos en la extensión del túnel.
La tercera fue la contención. Comandada por German Alfaro. Que tenía la misión de contener el enemigo en caso de detección de la operación.
La última era el mando, compuesta por 3 compañeros, comandada por mí. La cual cerraba la operación.
Tuvimos cinco invitados y una baja. Lamentablemente el compañero Santiago Montenegro, jefe de contrainteligencia de la operación, se enfermara gravemente, causando baja de la fuga a última hora.
Cuando se escuchó por el sistema de comunicación la señal “Salmón”, código que significaba la palabra largamente esperada por cada uno de nosotros: Inicio de salida. Todo el grupo inició la partida con suma organización y disciplina en alrededor de 25 minutos.
Otro grupo de presos políticos se dieron cuenta de la evasión y encontraron el túnel, el cual se dejó abierto con la intención de que esto sucediera, y se fugaron horas después. El grupo principal se compuso de 24 compañeros y en el segundo fueron otros 25, de los cuales algunos fueron recapturados en las inmediaciones del lugar.
La operación “Éxito”, fue un verdadero triunfo como sumatoria a los años de lucha contra la dictadura, y fue como la cereza al pastel para el término de la tiranía.
¿Qué significado político tuvo la fuga en aquel momento?
Significó muchas cosas; entre otras, un saludo al término de un régimen oprobioso; que enriqueció a una mínima minoría y empobreció a las grandes mayorías, asesinó a miles de chilenos, exilió a otros tantos, desapareció a miles de los mejores hijos de esa tierra y saqueó como nadie antes al país.
También resultó un saludo a la transición democrática; la que aún dura y no se desarrolla, ni crece, la moribunda camina sin ningún norte. Puesto que los nuevos administradores del neoliberalismo impuesto en Chile, se enamoraron del sistema y lo han desarrollado y amoldado a los nuevos tiempos.
También sirvió para colocar en una cúspide política, el problema de los derechos humanos de aquel momento, la desaparición de chilenos, la tortura, la prisión política y demás temas eludidos por los jerarcas dictatoriales y los cómplices negociadores. Estos temas tuvieron que ser discutidos y ser asumidos como ineludibles para el país y su futuro.
¿Qué importancia le confieres a que sea rescatado este suceso por el cine a casi tres décadas de ocurrida la fuga?
Desde que lo supe me pareció genial que se rememorara esta acción. No como acción de héroes o Rambos protagonistas de una historia, porque eso precisamente no es. Si no para se inicie por fin en Chile; una clara senda que nos lleve a escribir y relatar cómo sucedieron los hechos en contra de la dictadura. Se debe contar la verdad histórica y rememorar la lucha de la mayoría del pueblo en pos de la ansiada libertad. Lucha en la cual murieron muchos compatriotas, desaparecieron otros tantos, y fueron torturados y encarcelados muchos más. Esa misma memoria histórica, debe quedar reflejada de la mejor manera y que mejor que contada en primera persona. Aprovechando que muchos de los que estuvieron en estas operaciones, aún están vivos y prestos a contar su verdad.
Porque el desarrollo del proceso anti dictatorial, lo constituyeron combates de las grandes mayorías contra una casta que a base de un sangriento Golpe de Estado tomó el poder. Ante esa maniobra oprobiosa contra el pueblo, no le dejan a la gente, sino el derecho a rebelarse y no solo el derecho, el pueblo tiene el imperativo moral de hacerlo.
¿Cuáles son los intereses qué, según tú opinión, mueven a los realizadores de la película; la espectacularidad de la fuga o el resaltar la importancia de estos hechos para la historia chilena?
Creo que hay un poco de las dos cosas. Pienso que los realizadores se interesaron en contar la historia por el impacto que causó la acción en la década de los noventa. Porque, además, existe una especie de hambre de la juventud chilena por saber su propia historia reciente, debido a que en la prensa en general y la TV en particular, ha habido algún atisbo de abertura, lo que ha sido aprovechado por algunos sectores más progresistas para insertar estos sucesos de nuestra historia.
Por ende, los realizadores y con gran visión; matan dos pájaros de un tiro. Retrotraen la historia y la presentan al espejo social, por un lado, y por otro hacen eco de los hechos protagonizado por chilenos normales y corrientes, que puestos en un trance histórico, jugaron un papel determinado por la libertad de Chile y su propia libertad.
¿Crees que el ejemplo de ustedes haya influido sobre las nuevas generaciones?
No sé si la operación como tal influyó sobre nuevas generaciones, sin embargo la sumatoria de la lucha total del pueblo, si ha influido en las generaciones actuales. Este film es un ejemplo.
No debemos olvidar que fueron las diferentes y multifacéticas formas de lucha de los chilenos, las que derrotaron a Pinochet, y esas enseñanzas de lucha, de sensibilidad, de compromiso y de esperanza son las que deben ser asumidas por los jóvenes de hoy.
¿La lucha continúa para ti?
Creo que debemos continuar el combate contra todo lo que nos oprime, contra el hambre y lo que no nos deja avanzar hacia días mejores.
Lamentablemente nuestro continente ha sufrido retrocesos en la lucha que nos han dejado en la antesala de los años setentas. Dicho sea de paso, en algunos casos ha sido con golpes de estado disfrazados de desafueros, con argucias legaloides. Entonces aún nos encontramos en la resistencia por la salud y educación gratis, así como en otros países rechazando la privatización de las pensiones, por la restauración de sus tierras y sus derechos, como es el caso de los mapuches en Chile y Argentina.
La lucha no se acaba y quizás nunca lo haga; debemos seguir peleando por la vida, por la esperanza, por el amor y por el futuro. Por nuestra América morena y un mundo, donde las variantes al hambre, a la falta de trabajo y la justicia social sean un patrimonio de todos y para todos. Donde la dignidad y la felicidad se hagan costumbre y podamos lograr que en cada uno de los rincones caminemos todos juntos y con un solo grito libertario. Con los jóvenes encabezando la rebeldía, con su ingenio y arquitectura futurista.
LA GRAN FUGA (COMPLETA)
Publicado el 16 de diciembre 2012
En video, “La gran fuga”
Espejos extraños
Revolución y democracia
por Boaventura de Sousa Santos
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Vengo escribiendo que uno de los desarrollos políticos más fatales de
los últimos cien años ha sido la separación e incluso contradicción
entre revolución y democracia como dos paradigmas de transformación
social. He afirmado que este hecho es, en parte, responsable de la
situación de impasse en la que nos encontramos. Mientras que a
principios del siglo XX disponíamos de dos paradigmas de transformación
social y los conflictos entre ellos eran intensos, hoy, a comienzos del
siglo XXI, no disponemos de ninguno de ellos. La revolución no está en
la agenda política y la democracia ha perdido todo el impulso reformista
que tenía, habiéndose transformado en un arma del imperialismo y
estando secuestrada en muchos países por antidemócratas.Esta tensión entre revolución y democracia recorrió todo el siglo XIX europeo, pero fue en la Revolución rusa que la separación, o incluso incompatibilidad, tomó forma política. Es discutible la fecha exacta en la que esto ocurrió, pero lo más probable es que fuera en enero de 1918, cuando Lenin ordenó la disolución de la Asamblea Constituyente en la que el Partido Bolchevique no tenía mayoría. La gran revolucionaria Rosa Luxemburgo fue la primera en alertar sobre el peligro de la ruptura entre revolución y democracia. En la prisión, Rosa Luxemburgo escribió en 1919 un panfleto sobre la Revolución rusa cuyo destino fue turbulento, pues solo mucho más tarde se publicó en su totalidad. En este texto, Rosa Luxemburgo escribe de manera lapidaria que la libertad solo para los partidarios del Gobierno o solo para los miembros de un partido no es libertad. La libertad es siempre y exclusivamente la de los que piensan diferentemente, y añade: “Con la represión de la vida política en el conjunto del país, la vida de los sóviets [1] también se deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida muere en toda institución pública, se torna una mera apariencia de vida, en la que solo queda la burocracia como elemento activo. Gradualmente se adormece la vida pública y gobiernan unos pocos dirigentes partidarios de energía inagotable y gran experiencia. Entre ellos, en realidad, dirige solo un grupo pequeño de notables, y de vez en cuando se invita a una élite de la clase obrera a reuniones donde deben aplaudir los discursos de los dirigentes, y aprobar por unanimidad las mociones propuestas. En el fondo, entonces, una camarilla. Una dictadura, por cierto: no la dictadura del proletariado, sino la de un grupo de políticos. […] Esas condiciones deben causar inevitablemente una brutalización de la vida pública: intentos de asesinato, caza de rehenes, etc.” [2]. Un texto premonitorio de alguien que sería, ella misma, asesinada dos años después.
Vivimos un tiempo de posibilidades desfiguradas. La revolución siguió una trayectoria que fue dando cada vez más razón a las previsiones de Rosa Luxemburgo y fue llevando a cabo una transición que, en vez de transitar al socialismo, acabó por transitar al capitalismo, como bien ilustra hoy el caso de China. Por su parte, la democracia (reducida progresivamente a la democracia liberal) perdió el impulso reformista y demostró no ser capaz de defenderse de los fascistas, como lo puso de manifiesto la elección democrática de Adolf Hitler. Además, el “olvido” de la injusticia socioeconómica (además de otras, como la injusticia histórica, racial, sexual, cultural y ambiental) hace que la mayoría de la población viva hoy en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas.
Si el drama político del siglo XX fue separar revolución y democracia, me atrevo a pensar que el siglo XXI solo comenzará políticamente en el momento en el que revolución y democracia vuelvan a unirse. La tarea puede resumirse así: democratizar la revolución y revolucionar la democracia. Veamos cómo. Dadas las limitaciones de espacio, las orientaciones se formulan en términos de principios con escasa explicación.
Democratizar la revolución. En primer lugar, a veces son necesarias rupturas que rompen el orden político existente. Este, cuando se autodesigna democrático, es ciertamente una democracia de minorías para las minorías, en suma, una falsa democracia o una democracia de bajísima intensidad. La ruptura solo se justifica cuando no hay otro recurso para poner fin a este estado de cosas y su objetivo principal es el de construir una democracia digna del nombre, una democracia de alta intensidad para las mayorías, respetuosa con el encaje de las minorías. La revolución no puede correr el riesgo de pervertirse en la sustitución de una minoría por otra.
En segundo lugar, la ruptura, como el nombre indica, rompe con un determinado orden, pero romper no significa hacerlo con violencia física. El día de la toma del Palacio de Invierno murieron pocas personas y los teatros funcionaron con normalidad. Tal como en la Revolución del 25 de abril de 1974 en Portugal, en la que murieron cuatro personas y hubo un herido de gravedad.
En tercer lugar, los fines nunca justifican los medios. La coherencia entre unos y otros no es mecánica, pero deben ser equivalentes en los tipos de acción y de sociabilidad política que promueven. En este sentido, no es admisible que se sacrifiquen generaciones enteras en nombre de un futuro luminoso que hipotéticamente vendrá. Quienes más necesitan de la revolución son las mayorías empobrecidas excluidas, discriminadas y arrojadas por la sociedad injusta en zonas de sacrificio. Su futuro es mañana y es mañana que deben comenzar a sentir los efectos benéficos de la revolución.
En cuarto lugar, históricamente muchas revoluciones fueron rápidas en despolarizar sus diferencias con los enemigos y las antiguas clases dominantes, al mismo tiempo que polarizaban, a veces de manera brutal, sus diferencias con grupos revolucionarios, cuya línea política fue derrotada. Eso se llamó sectarismo y dogmatismo. Esta perversión dominó toda la izquierda política del siglo XX.
En quinto lugar, la lucha de clases es una lucha importante, pero no es la única. Las luchas contra las injusticias y discriminaciones raciales (colonialismo) y sexuales (heteropatriarcado) son igualmente importantes, y la lucha de clases nunca tendrá éxito si las otras tampoco lo tienen. Vivimos en sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales, y las tres formas de dominación actúan articuladamente. Al contrario, los hombres y las mujeres que luchan contra la injusticia se concentran, en general, en una de las luchas, descuidando las otras. Y en tanto las luchas se mantengan separadas, nunca tendrán éxito significativo.
Por último, no hay una única forma de emancipación social. Hay múltiples formas y, por eso, la liberación o es intercultural o nunca será.
Revolucionar la democracia. Primero, no hay democracia: hay democratización progresiva de la sociedad y del Estado. Segundo, no existe una forma legítima de democracia: hay varias y en su conjunto forman lo que designo como demodiversidad [3]. Tal como no podemos vivir sin biodiversidad, tampoco podemos vivir sin demodiversidad.
Tercero, en los distintos espacios-tiempos de nuestra vida colectiva, las tareas de democratización deben llevarse a cabo de modo diferente, y los tipos de democracia serán igualmente distintos. No es posible la democratización del Estado sin la democratización de la sociedad. Distingo seis espacios-tiempo principales: familia, producción, comunidad, mercado, ciudadanía y mundo [4]. En cada uno la necesidad de democratización es la misma, pero los tipos y los ejercicios de democracia son diferentes.
Cuarto, siguiendo el pensamiento político del liberalismo, las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos redujeron la democracia al espacio-tiempo de la ciudadanía, el espacio que designamos como político, cuanto todos los otros son igualmente políticos. Por eso la democracia liberal es una isla democrática en un archipiélago de despotismos.
Quinto, incluso restringida al espacio de la ciudadanía, la democracia liberal, también conocida como representativa, es frágil, porque no puede defenderse fácilmente de los antidemócratas y de los fascistas. Para ser sostenible, debe complementarse y articularse con la democracia participativa, o sea, con la participación organizada y apartidaria de ciudadanos y ciudadanas en la vida política mucho más allá del ejercicio del derecho al voto, que obviamente es muy valioso, pero no suficiente.
Sexto, los propios partidos deben reinventarse como entidades que combinan dentro de sí formas de democracia participativa entre sus militantes y simpatizantes, en especial en la formulación de los programas de los partidos y en la selección de candidatos a cargos electivos.
Séptimo, la democracia de alta intensidad debe distinguir entre legalidad y legitimidad, entre la primacía del derecho (que incluye los derechos fundamentales y los derechos humanos) y la primacía de la ley (derecho positivo), o sea, entre rule of law y rule by law. La primacía de la ley (rule by law) puede ser respetada por dictadores, no así la primacía del derecho (rule of law).
Octavo, hoy en día gobernar democráticamente significa gobernar contra la corriente, ya que las sociedades nacionales están sujetas a un doble constitucionalismo: el constitucionalismo nacional, que garantiza los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas, y el constitucionalismo global de las empresas multinacionales, de los tratados de libre comercio y del capital financiero. Entre los dos constitucionalismos hay enormes contradicciones, ya que el constitucionalismo global no reconoce la democracia como un valor civilizatorio. Y lo más grave es que, en la mayoría de las situaciones, en caso de conflicto entre ellos, el constitucionalismo global es el que prevalece. Quien controla el poder del gobierno no es necesariamente quien controla el poder social y económico. Es lo que sucede con los gobiernos de izquierda. Para que estos se sostengan, no pueden confiar exclusivamente en las instituciones. Deben saber articularse con la sociedad civil organizada y con los movimientos sociales interesados en profundizar la democracia; y disponer de medios de comunicación propios que compitan con los medios corporativos, en general subordinados a los dictámenes del constitucionalismo global.
Democratizar la revolución y revolucionar la democracia no son tareas sencillas, pero constituyen la única vía para frenar el camino al crecimiento de las fuerzas de extrema derecha y fascistas que van ocupando el campo democrático, aprovechándose de las debilidades estructurales de la democracia liberal. La miseria de la libertad será patente cuando la gran mayoría de la población solo tenga libertad para ser miserable.
NOTAS
[1] El poder popular o los consejos de obreros, campesinos y soldados.
[2] Luxemburgo, R., Obras escogidas, Ediciones digitales Izquierda Revolucionaria, 2008, p. 402.
[3] Véase Santos, B. S. y Mendes, J. M., (eds.), Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas, Akal, Madrid y México, 2017.
[4] Véase Santos, B. S., Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003.
CATALUNYA
Sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña: los cuatro escenarios posibles
Publicado: 29 ene 2018 20:20 GMT | Última actualización: 30 ene 2018 06:59 GMT - RT
La Cámara regional afronta un pleno de
investidura en el que el candidato propuesto, Carles Puigdemont, muy
probablemente estará ausente.
El Parlamento de Cataluña durante la sesión de constitución, 17 de Enero de 2018.
Jordi Boixareu / www.globallookpress.com
Este martes está prevista en el Parlamento catalán la celebración de un pleno de investidura
especialmente complejo y muy condicionado por la situación procesal del
candidato propuesto para la Presidencia de la Generalidad, Carles
Puigdemont, que se encuentra huido en Bruselas y con una orden de
detención en España.
Por su parte, Roger Torrent, el presidente de la Cámara catalana, enfrenta este reto con la responsabilidad de tomar decisiones delicadas y bajo una clara advertencia del Tribunal Constitucional: la investidura del candidato debe ser presencial.
Así las cosas, son principalmente cuatro los escenarios posibles para este martes en el Parlamento catalán.
En
concreto, la resolución del TC establece que "no podrá celebrarse ni
votarse al diputado Carles Puigdemont como candidato a presidente de la
Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro
parlamentario".
En espera del fallo definitivo del Constitucional, Torrent podría optar por suspender el pleno. De hecho, no hacerlo supondría exponerse a asumir responsabilidades penales, tal como consta en la mencionada resolución provisional.
Según la ley de la Presidencia de la Generalidad, el pleno de investidura debe celebrarse diez días después de constituir el Parlamento. Sin embargo, el reglamento permite prorrogar los plazos si hay acuerdo de la Mesa al respecto.
En ese sentido, las opciones prácticas son: iniciar el pleno y suspenderlo tras constatar que Puigdemont no está en el hemiciclo, o aplazar directamente la sesión hasta que el TC resuelva sobre el caso.
Además, los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ya han expresado sus reticencias a esta vía, ya que prefieren evitar nuevos problemas legales y jurídicos en el Parlamento.
Por
su parte, los partidos del llamado 'bloque constitucionalista'
(Ciudadanos, PSC y PP) ya han advertido que, si se diera esta situación,
abandonarían el hemiciclo en señal de protesta.
En todo caso corresponde al presidente del Parlamento catalán proponer al candidato y aunque hay especulaciones al respecto, ningún nombre suena con suficiente claridad en este escenario tan complejo.
En cualquier caso, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, no ha descartado que el candidato a la Presidencia de la Generalidad se presente hoy en el Parlamento regional.
David Romero
Por su parte, Roger Torrent, el presidente de la Cámara catalana, enfrenta este reto con la responsabilidad de tomar decisiones delicadas y bajo una clara advertencia del Tribunal Constitucional: la investidura del candidato debe ser presencial.
Así las cosas, son principalmente cuatro los escenarios posibles para este martes en el Parlamento catalán.
1. Suspensión de la sesión.
El Tribunal Constitucional (TC) decidió este sábado suspender el pleno de de la Cámara regional en caso de que la investidura se pretenda hacer en ausencia del candidato propuesto. Es una medida cautelar adoptada por el TC, previa a la decisión de admitir o no a trámite el requerimiento presentado por el Gobierno de España contra la propuesta de investir a Puigdemont, acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, entre otros, por la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.
Roger Torrent, Presidente del Parlamento de Cataluña, el 22 de Enero de 2018
/ Albert Gea
/ Reuters
En espera del fallo definitivo del Constitucional, Torrent podría optar por suspender el pleno. De hecho, no hacerlo supondría exponerse a asumir responsabilidades penales, tal como consta en la mencionada resolución provisional.
Según la ley de la Presidencia de la Generalidad, el pleno de investidura debe celebrarse diez días después de constituir el Parlamento. Sin embargo, el reglamento permite prorrogar los plazos si hay acuerdo de la Mesa al respecto.
En ese sentido, las opciones prácticas son: iniciar el pleno y suspenderlo tras constatar que Puigdemont no está en el hemiciclo, o aplazar directamente la sesión hasta que el TC resuelva sobre el caso.
2. Desobediencia e investidura telemática
La probabilidad de este escenario es relativamente baja. Tratar de investir a Puigdemont a distancia implicaría desobedecer al Tribunal Constitucional y forzar de manera arriesgada la interpretación del reglamento de la Cámara, desoyendo incluso las advertencias de sus propios letrados.Además, los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ya han expresado sus reticencias a esta vía, ya que prefieren evitar nuevos problemas legales y jurídicos en el Parlamento.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Bruselas, 24 de Enero de 2018.
/ Yves Herman
/ Reuters
3. Proponer un candidato alternativo.
El Tribunal Constitucional estableció efectivamente que Puigdemont no podía ser investido a distancia, pero no impide que otro diputado se convierta en candidato a la Presidencia de la Generalidad.En todo caso corresponde al presidente del Parlamento catalán proponer al candidato y aunque hay especulaciones al respecto, ningún nombre suena con suficiente claridad en este escenario tan complejo.
4. Regreso de Puigdemont a España
Otro escenario, de probabilidad indeterminada, implicaría un regreso de Carles Puigdemont a España. Debido a su situación procesal, y en concreto a la orden de detención que pesa sobre él, supondría para el candidato un alto riesgo de ser arrestado y puesto a disposición del juez.En cualquier caso, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, no ha descartado que el candidato a la Presidencia de la Generalidad se presente hoy en el Parlamento regional.
David Romero
Investidura Puigdemont DIRECTO | El presidente del Parlament aplaza el pleno de investidura
Sigue al minuto la actualidad en Catalunya.
Vista del hemiciclo del Parlament de Catalunya. EFE/Archivo
Llegó el día. El Parlament se prepara para vivir una de las investiduras con más incógnitas.
¿Acudirá Puigdemont a la cámara? ¿Es necesaria la presencia de
Puigdemont? ¿Cómo podría llegar Puigdemont al Parlament? ¿Qué pasa si no
hay investidura? ¿Puede haber otro candidato a la investidura?
Actualiza el directo aquí
Roger Torrent pospone el pleno de investidura
El presidente del Parlament, Roger
Torrent, ha anunciado que el pleno previsto para las 15.00 horas queda
aplazado hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones
contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Carles
Puigdemont. En una comparecencia desde la cámara catalana, Torrent ha
expresado su deseo de celebrar el pleno garantizando "la inmunidad de
Puigdemont y de todos los diputados", ha apostillado.
El PSC pide por escrito a Torrent que suspenda el pleno de investidura
El PSC ha pedido por escrito al presidente
del Parlament que suspenda el pleno de investidura de Puigdemont
previsto para este martes a las 15 horas. El escrito, recogido por
Europa Press, está firmado por el líder de los socialistas catalanes,
Miquel Iceta, y la portavoz, Eva Granados, que han entregado una copia a
la Mesa del Parlament, que se reúne a las 10 horas. La solicitud pide
suspender el pleno de investidura "dado que no se cumplen las
condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional", así como abrir
una nueva ronda de consultas para analizar la situación.
Puigdemont sigue en Bruselas
Carles Puigdemont sigue en Bruselas, según han confirmado fuentes policiales a El Periódico.
No obstante, el partido nacionalista flamenco N-VA no garantizó este
lunes la asistencia del presidente de la Generalitat cesado al acto
público previsto para este martes en Lovaina, y anunció que sí estaría
presente el conseller de Sanidad cesado Toni Comin.
Roger Torrent comparecerá en 10 minutos desde el Parlament
El presidente del Parlament, Roger
Torrent, ha anunciado que comparecerá en 5 minutos desde la cámara
catalana, antes de la reunión de la mesa del Parlament. Pese a las
advertencias del Tribunal Constitucional, Torrent mantiene para este
martes la convocatoria del pleno de investidura de Carles Puigdemont.
Rajoy amenaza con "responsabilidades" en los tribunales al presidente del Parlament
"El presidente del Parlament tiene que
ser consciente de las responsabilidades en que puede incurrir si se
salta lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC)". Así ha
amenazado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Roger Torrent en
caso de que éste decida permitir la investidura de Carles Puigdemont.
Medidas de seguridad: cerrados los accesos al Parlament y alta presencia policial en las inmediaciones
El Parc de la Ciutadella cerrará este
martes todos los accesos que dan entrada al recinto, donde está el
Parlament. En el dispositivo policial desplegado, los Mossos se
encargarán de custodiar el Parlament y de la seguridad de los
parlamentarios, mientras que la Policía Nacional estarán en las
inmediaciones del parque garantizando la seguridad, han indicando
fuentes conocedoras del dispositivo.
JxCat, ERC y la CUP acuerdan investir a Puigdemont aunque no esté presente
Las tres formaciones
independentistas JxCat, ERC y la CUP han llegado a un principio de
acuerdo para investir este martes a Carles Puigdemont, aunque sea de
forma telemática. Así, los partidos han acordado que sea otro diputado
el que lea el discurso de investidura del president cesado, según avanza
TV3.
La investidura con más incógnitas
El Parlament celebra una sesión de investidura con
las dudas de si el candidato, Carles Puigdemont podrá acudir
presencialmente -y de qué forma-, de si el pleno podrá celebrarse
realmente y de qué hacer en caso de suspensión.
El president catalán cesado Carles Puigdemont. - EFE
Ante una sesión de
investidura, habitualmente sólo se presenta una única incógnita -y no
siempre-: si el candidato obtendrá los votos suficientes para ser
proclamado presidente. No es el caso del pleno de este martes en el
Parlament, donde esta es la menor de muchas dudas y muchos posibles
escenarios. A cual más inédito.
¿Acudirá Puigdemont a la cámara? Esta
es, sin duda, la principal de las incógnitas, que el presidente cesado y
su entorno se han encargado de alimentar en las últimas horas,
especialmente a través de las redes sociales. Puigdemont ha publicado
este martes una fotografía de las inmediaciones del Parlament, con el
mensaje "a 24 horas de la investidura". A la vez, el diputado de ERC Ferran Civit –a su vez, pareja de la consellera cesada y en Bruselas Meritxell Serret–,
ha publicado una serie de tuits en los que relata su viaje desde
Bélgica "con el paquete dentro". "Esperemos que no nos intercepten",
añade en otro de los tuits. Civit incluso ha publicado una fotografía de
un hombre, de espaldas, cuyo peinado recuerda –vagamente– al de
Puigdemont.
Tuits aparte, los pasos formales de Puigdemont
apuntan teóricamente a su presencia en la cámara. Así, ha pedido amparo
al presidente del Parlament, Roger Torrent ante las "decisiones
judiciales y gubernamentales" destinadas a "impedir que pueda asistir al
pleno de investidura". Igualmente, ha recordado que su inmunidad
parlamentaria impide que sea detenido "si no es en caso de delito
flagrante". En ningún momento, no obstante, ha afirmado que vaya a
acudir –o intentar acudir– al Parlament.
¿Es necesaria la presencia de Puigdemont?
El auto del TC del sábado no deja lugar a dudas. Si bien no admitía a
trámite el recurso del Gobierno central contra la investidura de
Puigdemont, sus medidas cautelares establecen que el pleno puede
celebrarse solo con la presencia del líder de JxCat, que debe tener
permiso del Supremo para acudir. Un permiso que el president cesado no
ha solicitado. Puigdemont, en un escrito al tribunal, acredita su
condición de diputado, y afirma que "no es necesario pedir ningú tipo de autorización"
para ejercer sus derechos como parlamentario. JxCat, no obstante, ha
pedido la revisión de estas medidas cautelares, y el alto tribunal se
reúne nuevamente de urgencia a las 13.00h del martes para estudiar estas
alegaciones.
En caso de que Puigdemont no estuviera presente al inicio del pleno, los partidos constitucionalistas planean pedir la suspensión del mismo, de acuerdo con las medidas cautelares ordenadas por el Constitucional. Llegados a este punto, la pelota estaría en el tejado del presidente y la Mesa del Parlament (con mayoría independentista), que debería optar por la suspensión o por seguir adelante con el pleno y autorizar una investidura a distancia, explícitamente desautorizada por el TC. La Mesa ha fijado una reunión este martes a las diez de la mañana para abordar todos estos detalles.
En caso de que Puigdemont no estuviera presente al inicio del pleno, los partidos constitucionalistas planean pedir la suspensión del mismo, de acuerdo con las medidas cautelares ordenadas por el Constitucional. Llegados a este punto, la pelota estaría en el tejado del presidente y la Mesa del Parlament (con mayoría independentista), que debería optar por la suspensión o por seguir adelante con el pleno y autorizar una investidura a distancia, explícitamente desautorizada por el TC. La Mesa ha fijado una reunión este martes a las diez de la mañana para abordar todos estos detalles.
¿Cómo podría llegar Puigdemont al Parlament?
Si no existe el permiso del Supremo, cabe la posibilidad de que
Puigdemont 'aparezca' en el Parlament para la investidura. Una opción
difícil de imaginar en una cámara cuyos accesos estarán cerrados desde
la madrugada, y en la que agentes de la Policia Nacional han
inspeccionado incluso el alcantarillado. En este sentido, en el entorno
independentista se especula con otra opción, igualmente remota, pero no
descartable: que acuda a la cámara 'escoltado' por la manifestación
convocada cerca del Parlament a la hora del pleno, y que parte en
comitiva media hora antes desde la plaça de Sant Jaume de Barcelona,
donde está el Palau de la Generalitat.
¿Qué pasa si no hay investidura? El
escenario es incierto. La ley establece que la sesión de investidura
debe celebrarse como máximo 10 días hábiles después de la constitución
del Parlament, y el plazo se cumple el miércoles. Una vez celebrada la
primera sesión de investidura, corre de nuevo el reloj: dos meses para
nombrar president o para que se convoquen automáticamente nuevas
elecciones. No se especifica -por inimaginable- qué hacer en caso de que
se paralice una investidura en marcha por ausencia de candidato.
¿Puede haber otro candidato a la investidura?
Podría, y desde ERC ya se ha presionado en este sentido. Su diputado en
el Congreso Joan Tardà ha afirmado en los últimos días que "nadie
es imprescindible", e incluso ha explicitado la opción de "sacrificar" a
Puigdemont. La actitud del Gobierno central -con su recurso al
Constitucional y su beligerancia para evitar la investidura-, no
obstante, han hecho que el independentismo cierre filas en torno a la
figura simbólica de Puigdemont, con lo cual los republicanos tienen cada
vez más difícil imponer un paso al lado del líder de JxCat. De hecho,
ERC ha corregido este mismo martes las palabras de Tardà, y ha afirmado,
por boca de su portavoz, Sergiu Sabrià, que "ahora que el embate es más
feroz que nunca, Puigdemont tiene que ser nuestro candidato".
Investidura Puigdemont: Rajoy amenaza con "responsabilidades" en los tribunales al presidente del Parlament
El presidente del Gobierno confía en que Puigdemont
no pueda ser investido hoy. El jefe del Ejecutivo central se retracta
también de sus polémicas declaraciones sobre la brecha salarial.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. EFE
"El
presidente del Parlament tiene que ser consciente de las
responsabilidades en que puede incurrir si se salta lo establecido por
el Tribunal Constitucional (TC)". Así ha amenazado el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a Roger Torrent en caso de que éste decida
permitir la investidura de Carles Puigdemont.
En una entrevista en Los Desayunos de TVE,
el jefe del Ejecutivo central ha opinado que si el president cesado
logra acceder al interior de la Cámara sería "el culmen del espectáculo"
y ha dejado en manos del Tribunal Supremo las futuras actuaciones en
caso de que eso suceda. Sin embargo, sobre la posible investidura telemática o por delegación (sería otro diputado quien lea el discurso en nombre de Puigdemont), Rajoy fue tajante: "Eso está prohibido expresamente por el TC".
No obstante, ha confiado en que no se
produzca ninguno de esos escenarios, aunque no ha querido hacer
"quinielas" sobre el anuncio que, momentos después hizo el presidente del Parlament aplazando el pleno de esta tarde hasta que el TC resuelva las alegaciones. Aun así, dijo que "lo
deseable" sería que los partidos independentistas propongan un
"candidato limpio" para acabar con la "provisionalidad" en Catalunya, algo que, de momento, según Torrent, no se va a producir.
Rajoy, por su parte, insistió en que el
TC, de momento, sólo permite la investidura de Puigdemont si es
presencial y con autorización judicial y defendió el recurso que el Gobierno interpuso ante el Alto Tribunal pese al informe desfavorable del Consejo de Estado.
"Creíamos que teníamos razón y estamos satisfechos. Si no, hoy se
habría producido la investidura telemática de Puigdemont", se justificó.
El presidente no hizo ningún tipo de
autocrítica sobre la falta de iniciativas políticas que pongan fin al
conflicto soberanista y como única vía de posible solución volvió a
plantear la necesidad de acuerdo en cuanto a la financiación autonómica.
"Sería deseable que el nuevo Govern esté en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera" así como en la próxima Conferencia de Presidentes,
opinó. En cualquier caso, incidió en que no puede haber solución alguna
en Catalunya sin el imperio de "la ley".
De otro lado, el presidente se retractó de sus polémicas declaraciones sobre la brecha salarial entre
hombres y mujeres en las que se desresponsabilizó de la misma. "Me
retracto. No lo mantengo. Me expresé mal", se excusó. "Estamos caminando
en la buena dirección, pero todavía queda mucho por hacer", admitió
después, argumentando que los inspectores de trabajo "no pueden llegar a todo" y comprometiéndose a hacer "todo lo posible" por mejorar esta situación.
En cualquier caso, Rajoy se mostró
triunfalista ("desde 2012 la brecha se ha reducido 4 puntos") y esgrimió
que las mayores desigualdades se producen en el "empleo". Reforzó, así,
su idea de la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018
con el fin de seguir "avanzando en la recuperación económica". En este
sentido, el presidente negó haber cerrado ya un acuerdo con Coalición
Canaria -como había anunciado previamente la diputada de esta formación,
Ana Oramas-, PNV -que negó la mayor- y Ciudadanos.
Este último partido, precisamente, ha
amenazado con no apoyar las cuentas del PP si antes no fuerza la
dimisión de la senadora imputada en Púnica, Pilar Barreiro. Rajoy
negó haber recibido tal petición formalmente por parte de Albert Rivera
y dejó para "cuando se produzca" la toma de decisión al repecto.
Aun así, mostró su confianza en que los PGE lleguen al Consejo de Ministros antes del 31 de marzo
y, aunque admitió que, de seguir prorrogados los del 17 y no aprobarse
los del 19, peligraría la legislatura, insistió en su intención de
agotarla. También volvió a mostrarse dispuesto a repetir como candidato en 2020
habiendo logrado acuerdos en materia de pensiones y educación -entre
otras materias- y sin mirar las consecuencias de sus actuaciones.
Rajoy dijo no gobernar en función de su
competencia con Ciudadanos y concluyó: "Yo soy presidente, no estoy
pensando en votos. Mi deber es evitar situaciones como esta en
Catalunya", zanjó.
Recurso contra Puigdemont ante el Constitucional Fractura PP-C's: Rajoy se apoya en Sánchez (PSOE) en su intento de frenar a Puigdemont
El partido de Albert Rivera resta importancia al
hecho de que el Ejecutivo no le avisara del recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a la
Presidencia de la Generalitat, y afirma que no sabe a qué se debe. Las
últimas encuestas, los resultados de las elecciones catalanas o el
desplante de Ciudadanos al ministro Montoro y su rechazo a hablar de los
Presupuestos han contribuido a la escalada de tensión entre ambas
formaciones conservadoras.
Rajoy y Sánchez se saludan en la escalinata de la Moncloa. | EFE
El Ejecutivo de Mariano Rajoy continúa con la estrategia de judicializar la situación en Catalunya, aunque este jueves, y por primera vez en los últimos meses, únicamente ha buscado la complicidad del Partido Socialista para dar nuevos pasos, ignorando a Ciudadanos, su otro gran aliado ante el Procés.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció este jueves en Moncloa para anunciar que el Ejecutivo volverá a tirar del Tribunal Constitucional para recurrir la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat el próximo 30 de enero. Ni siquiera cuenta con el respaldo del Consejo de Estado
para recorrer este camino -como se conoció a última hora de la tarde-,
pero no parece que el Ejecutivo esté muy preocupado por la posición de
este organismo consultivo, que no es vinculante.
Sánchez dejó claro públicamente el
martes, dos días antes de las palabras de Santamaría, que el PSOE
apoyaría la hoja de ruta que después ha seguido el PP
De cualquier manera, antes de dar este paso, el Ejecutivo del Partido Popular se ha ocupado de poner al corriente de sus intenciones al líder del PSOE, como reconocían este jueves fuentes socialistas. De hecho, el propio Pedro Sánchez dejó claro públicamente el martes, dos días antes de las palabras de Santamaría,
que su formación apoyaría la hoja de ruta que finalmente ha seguido el
PP, con el argumento de que serviría para "salvaguardar la legalidad" en
Catalunya.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho lo mismo con Ciudadanos,
al que no informó del anuncio de la vicepresidenta antes de que éste
tuviera lugar. Fuentes de la formación naranja aseguran a Público
que no les parece "un tema muy importante" que el Ejecutivo no les haya
informado -"Ni nos preocupa ni nos deja de preocupar"-, y no entran a
valorar las razones por las que Rajoy ha actuado de este modo: "Eso hay
que preguntárselo al Gobierno".
En C's le restan importancia a que el PP les dejara al margen: "Ni nos preocupa ni nos deja de preocupar"
Sí recuerdan que Albert Rivera, Inés Arrimadas
y otros portavoces del partido ya habían defendido esta vía para frenar
a Puigdemont, y restan importancia al hecho de que no hayan buscado su
complicidad, pero sí la del PSOE, cuando hasta la fecha el PP había contado con ambos en lo que a Catalunya respecta.
De hecho, después del 1-O, y antes de activar el artículo 155 de la Constitución, Rajoy se reunió en dos ocasiones con Sánchez. Inmediatamente después hizo lo propio con Rivera,
que también recibió el compromiso del jefe del Ejecutivo de que sería
puntualmente informado de sus pasos de cara a la aplicación del 155 -que
los naranjas llevaban meses reclamando.
De las encuestas a favor de C's al batacazo del PP el 21D
Lo cierto es que este movimiento del Ejecutivo del PP llega después de una escalada de tensión entre el partido de Rajoy y Ciudadanos, que arranca con los resultados de las elecciones catalanas -que gana C's, y que dejan al PP tiritando con sólo cuatro escaños, y como fuerza menos votada del nuevo Parlament-.
La grieta se ensancha con las últimas encuestas, que vaticinan la victoria de Ciudadanos de celebrarse un adelanto de las elecciones generales
previstas para 2020 -aunque los sondeos ya hayan inflado a Ciudadanos
en anteriores comicios-, y continúa creciendo cuando los de Rivera cancelan
una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que
pretendían conversar sobre su apoyo a los Presupuestos. C's exige que la senadora del PP Pilar Barreiro dimita, tras ser imputada en el marco de la trama corrupta Púnica, y lo hace en un momento en que el Partido Popular ve aflorar nuevos indicios y testimonios sobre las irregularidades en su financiación.
En última instancia, con el constante coqueteo del expresidente del PP, José María Aznar, con los de Rivera, y con la apertura de una negociación entre Sánchez y Rajoy para llegar a pactos de Estado en
materia de financiación autonómica y de agua, parece que el abismo que
separa al presidente del Gobierno y al que hasta ahora ha sido su
principal aliado esta legislatura parece estar muy lejos de cerrarse.
Investidura de Puigdemont: Manifestantes independentistas desbordan a los Mossos y se plantan ante el Parlament
Rompen el candado de una puerta de acceso al Parque
de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament, y superan el cordón
policial. No se han producido incidentes de importancia, aunque a las
seis hubo algún forcejeo con los Mossos. Hay tres manifestantes heridos
leves y diez agentes contusionados.
Miles de personas protestan frente al Parlament, ya dentro del parque de la Ciutadella. | SERGIO PÉREZ (EFE)
Manifestantes independentistas rompieron este martes el candado de al menos una de las puertas de acceso al Parque de la Ciutadella y desbordaron el cordón policial de los Mossos d'Esquadra para plantarse ante el Parlament, donde un perímetro de vallas protegía los accesos al edificio de la Cámara catalana.
Pese a que la sesión de investidura de Carles Puigdemont ya había sido aplazada,
la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras organizaciones
independentistas habían mantenido la convocatoria para las 14.30 horas
de este martes de una concentración en el paseo Lluís Companys, en los
aledaños del Parlament, para seguirla en directo desde una pantalla
gigante.
Pasadas las 16.00 horas, algunos de los
manifestantes concentrados —muchos con caretas de Puigdemont— rompieron
los candados de algunos accesos del parque e irrumpieron en el recinto,
sin que los agentes de los Mossos que se encontraban allí pudieran
impedirlo. Según varios testigos, los manifestantes accedieron en tromba al parque seguidos por cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra, aunque no se han producido incidentes.
"El pueblo manda, el gobierno obedece",
"Fuera las fuerzas de ocupación" y "Libertad presos políticos" fueron
algunas de las consignas que coreaban los manifestantes. Otros lemas
coreados eran "Si no hay investidura, entraremos en el Parlament" y
"Roger Torrent, vuelve al Parlament".
Frente a la entrada del Parlament había varios furgones de los Mossos y agentes, si bien los manifestantes allí concentrados no intentaron traspasar la línea de vallas que impedía el paso al propio edificio del Parlament de Catalunya.
A las 17.15 horas los Mossos lograron cerrar las puertas del Parque de la Ciutadella para que no entrara más gente. Sin
embargo, un grupo de concentrados que ya estaba dentro del parque
intentó saltar el perímetro, con un doble sistema de vallas de
seguridad, establecido frente al acceso principal al Parlament, momento
en el que los Mossos intervinieron para que no desbordaran el control de
seguridad. Fueron momentos de tensión que no fueron a más.
Esta acción de los concentrados provocó
que cayeran algunas vallas, si bien se mantuvo en pie un perímetro de
seguridad, que los Mossos reforzaron con la presencia de un cordón de agentes antidisturbios.
Tras este episodio, la situación se
mantuvo a las puertas del Parlament con calma tensa entre los
concentrados y el cordón policial.
Sobre las 18.30 horas, justo cuando en la concentración independentista frente a la entrada del Parlament comenzaba a producirse algún forcejeo con los Mossos d'Esquadra. Fruto de estos forcejeos tres manifestantes resultaron heridos leves y diez agentes sufrieron contusiones, también leves.
Tras estos pequeños incidentes, la ANC lanzó un tuit en el que
anunciaba la desconvocatoria de la movilización en el que recordaba
que "el movimiento por la independencia es siempre no violento".
No obstante, entre los convocantes también hay otras organizaciones soberanistas, como los Comités de Defensa de la República (CDR), bajo influencia de la CUP, que mantienen la concentración.
Precisamente, los CDR han explicado desde
Twitter que mantenían la concentración: "No acatamos el 155. No
pediremos permiso para ser libres. Por lo tanto, ninguna dilación con
tirar adelante la república y el proceso constituyente". De hecho, los
manifestantes que aún siguen allí han decidido pasar en una asamblea
improvisada pasar la noche frente al Parlament.
La ANC ha querido subrayar que cualquier
incidente que pueda producirse frente a la entrada del Parlament no será
responsabilidad suya: "Hemos desconvocado en el Parlament. El
movimiento por la independencia es siempre no violento. Hoy no habrá
pleno del Parlament, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa".
"No pediremos permiso para ser libres"
Tras anunciarse la decisión de Torrent de aplazar la investidura de Puigdemont, la ANC ha publicado un comunicado titulado La voluntad popular no se desconvoca,
en la que exigía que el pleno se lleve a cabo "en los plazos y
condiciones ya establecidos" y advertía: "No aceptaremos ningún paso
atrás de nuestras instituciones [...] no pediremos permiso para ser
libres".
"Continuamos trabajando con los partidos
políticos y la presidencia del Parlament para tirar adelante la
investidura, pese a las amenazas. Evitemos cualquier enfrentamiento
estéril, que ya sabemos a quién interesa", señala en otro mensaje.
Comiendo Tierra
por Juan Carlos Monedero
Puigdemont, el Constitucional y Operación Triunfo
EL TC ha decidido condicionar la investidura del Presidente de la
Generalitar a la improbable presencia física de Puigdemont en el pleno.
En otras palabras, ha invalidado la sesión del Parlamento catalán de
manera preventiva para impedir que puedan nombrar a Puigdemont
Presidente de la Generalitat. En esta cuadratura del círculo, no ha
suspendido el Pleno sino que ha pospuesto la decisión sobre si admite o
no a trámite el recurso del Gobierno para suspender el pleno, y, como
compensación, ha avalado la investidura siempre y cuando se celebre de
forma presencial y con el permiso previo del juez Llarena. O sea, que
no. Se trata de una decisión contra lo establecido por los letrados del
Parlament y los del Consejo de Estado. Porque jurídicamente, esta
decisión es un disparate. Pero da lo mismo, porque es una decisión
política. De hecho, el gobierno ha hablado con los magistrados
diciéndoles que si tumbaban la propuesta del Gobierno, todo iba a ser
más complicado precisamente para el Gobierno. Lo legal da lo mismo. Todo
en Catalunya es político disfrazado de jurídico. Ahora que nos cuenten
que los presos no son políticos.
El ruido que hay en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una única causa: hay un parte de magistrados, nombrados por el Partido Popular, que no tienen ningún problema en romper el Tribunal igual que el PP no tiene ningún problema en estirar el conflicto en Catalunya hasta las elecciones del año que viene. Aunque la convivencia en Catalunya se vuelva un infierno o la relación entre Catalunya y el resto del Estado nunca haya estado tan deteriorada como ahora. La pelea de gallos entre ERC y JuntsxCat tampoco es muy edificante. Soraya Sáez de Santamaría y Rajoy frente a Puigdemont y Junqueras. Igual es una bendición estar fuera de ese duelo de egos e intereses de partido.
Los magistrados sensatos del TC han tenido que negociar para que el mensaje no fuera que el TC también está roto. Sus seis horas les ha costado. La verdad, es mejor un TC roto que uno desvirtuado, pero con un TC roto a ver cómo argumentan cabezas huecas como Albert Rivera. Eso no viene en Google. Los rotos tienen la necesidad de recomponerse mientras lo desvirtuado vive en la mentira de su propio engaño. Esas son las ruinas del bipartidismo.
Un TC no puede suspender cautelarmente un comportamiento antes de que se produzca porque vulnera derechos con el fundamento de meras sospechas. Y no son derechos menores, porque estamos hablando de un diputado elegido para ser Presidente de una Comunidad Autónoma. Y si el argumento es que el bien a preservar era el ridículo que viene haciendo la Presidencia del Gobierno, vale mucho menos que salvaguardar un Tribunal Constitucional, que tiene que hacer valer la constitucionalidad de las leyes en un país que se acostó franquista y se levantó demócrata.
Sigue la comedia bufa, cada día con las instituciones más debilitadas. Cada día que pasa sabemos que el PP ha robado más y cada día que pasa que no tiene solución para España. Del nombramiento de una jurista mentirosa para ocupar el cargo en el Tribunal de Estrasburgo ni hablamos. Menos mal que Rajoy ha ordenado a los fiscales que digan que romper los ordenadores de Bárcenas es pura democracia y un ejercicio de estilismo informático. ¿Y el jefe de la oposición? Dicen que Pedro Sánchez está viendo de corrido Operación Triunfo para, ahora que ha visto que tiene éxito, decir que él ya lo dijo. Dicen que mientras tanto silba entre dientes.
El ruido que hay en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una única causa: hay un parte de magistrados, nombrados por el Partido Popular, que no tienen ningún problema en romper el Tribunal igual que el PP no tiene ningún problema en estirar el conflicto en Catalunya hasta las elecciones del año que viene. Aunque la convivencia en Catalunya se vuelva un infierno o la relación entre Catalunya y el resto del Estado nunca haya estado tan deteriorada como ahora. La pelea de gallos entre ERC y JuntsxCat tampoco es muy edificante. Soraya Sáez de Santamaría y Rajoy frente a Puigdemont y Junqueras. Igual es una bendición estar fuera de ese duelo de egos e intereses de partido.
Los magistrados sensatos del TC han tenido que negociar para que el mensaje no fuera que el TC también está roto. Sus seis horas les ha costado. La verdad, es mejor un TC roto que uno desvirtuado, pero con un TC roto a ver cómo argumentan cabezas huecas como Albert Rivera. Eso no viene en Google. Los rotos tienen la necesidad de recomponerse mientras lo desvirtuado vive en la mentira de su propio engaño. Esas son las ruinas del bipartidismo.
Un TC no puede suspender cautelarmente un comportamiento antes de que se produzca porque vulnera derechos con el fundamento de meras sospechas. Y no son derechos menores, porque estamos hablando de un diputado elegido para ser Presidente de una Comunidad Autónoma. Y si el argumento es que el bien a preservar era el ridículo que viene haciendo la Presidencia del Gobierno, vale mucho menos que salvaguardar un Tribunal Constitucional, que tiene que hacer valer la constitucionalidad de las leyes en un país que se acostó franquista y se levantó demócrata.
Sigue la comedia bufa, cada día con las instituciones más debilitadas. Cada día que pasa sabemos que el PP ha robado más y cada día que pasa que no tiene solución para España. Del nombramiento de una jurista mentirosa para ocupar el cargo en el Tribunal de Estrasburgo ni hablamos. Menos mal que Rajoy ha ordenado a los fiscales que digan que romper los ordenadores de Bárcenas es pura democracia y un ejercicio de estilismo informático. ¿Y el jefe de la oposición? Dicen que Pedro Sánchez está viendo de corrido Operación Triunfo para, ahora que ha visto que tiene éxito, decir que él ya lo dijo. Dicen que mientras tanto silba entre dientes.
El desconcierto
Por Fernando López Agudín
El jaque del Gobierno al Estado
Ni Landelino Lavilla, ponente del texto del Consejo de Estado, ni José Antonio Xiol, ponente del Tribunal Constitucional, son enemigos de España, ni peligrosos extremistas antisistema. Tampoco lo son los cinco magistrados del TC– sus nombres aparecen en los medios de comunicación– que se opusieron a los seis magistrados gubernamentales, se han caracterizado por su tendencia a vivir al margen de la Ley. Se han limitado a señalar lo que es obvio, que el Gobierno de Rajoy no puede abusar de la legalidad vigente hoy para impedir una política contraria a la de la Moncloa. Muy buena prueba de ello es que, finalmente, se han avenido a un apaño jurídico con la finalidad de salvar la cara de un gobierno incompetente. Negarse a avalar un recurso preventivo contra una hipótesis parlamentaria, todavía no concretada, con una anulación preventiva de una investidura, aún no formulada, es un gran agujero negro en su trayectoria profesional.
Ni Rajoy cesa a su vicepresidenta, ni ella presenta su dimisión. No cabe mayor fracaso político que el de la señora Soraya Saenz de Santamaría en Cataluña. Antes del conflicto, cuando encabezó el diálogo político con los soberanistas; durante el conflicto, al ordenar la salvaje carga policial contra los colegios electorales, el 1 de octubre; y después del conflicto, con los sucesivos errores de su brigadilla leguleya, que han culminado hoy con la rebelión de las grandes instituciones del Estado contra el bodrio redactado por el equipo togado que está a sus órdenes. La autoría teórica es de Mariano Rajoy, pero la ejecución práctica es de Soraya Saénz Santamaría. Se podría haber sido más fino, menos cutre, o al menos, haber intentado disfrazar con mayor habilidad el evidente objetivo de retorcer la legalidad vigente para doblar el pulso a Puigdemont.
El problema se agrava con la obediencia debida de Sánchez a Rajoy. La sumisión del PSOE al PP, pese a los buenos juristas del socialismo español, le ha hecho perder a Ferraz una oportunidad de oro. Si no se cuadraran firmes cada vez que suena la corneta de la Moncloa, y tan sólo hubieran sido un poco más cautos, esperando unas pocas horas, hoy podrían presentarse ante la sociedad española como los defensores del Estado de Derecho, alineados con el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional. No ha sido así y agravan por lo tanto su situación, al ratificarse como satélites del PP incluso en las aberraciones jurídicas, como la de los españoles, al renunciar ahora a ser hasta una mera alternativa democrática. Evidentemente, pues, este jaque del Gobierno al Estado, es patrimonio también del Partido Socialista Obrero Español.
Cierto que peor sería el remedio de Albert Rivera y Susana Díaz a la enfermedad de Rajoy y Sánchez. Con tal de alcanzar la Moncloa y de continuar en San Telmo, uno y otra, tratan de poner al galope el caballo de Santiago que Rajoy y Sánchez llevan al trote. Ese “Santiago y centraliza España” es el grito de los que proponen como alternativa a todos los problemas territoriales y sociales el programa de la involución democrática, teorizado por Aznar, en el invierno del 2000, en una revista teórica del grupo Vocento. Mucho más grave sería aún, si fuese cierta la hipótesis que barajan algunos, de la existencia de un impulso real que hubiera inspirado esta rebelión de las instituciones del Estado contra el Gobierno. En ese caso, el pago del que habla Pérez Rubalcaba ya no lo pagaría únicamente el Estado sino también todo el sistema democrático. De esta manera, la política de recentralización amenaza con llevarse por delante al Régimen del 78.
Un excelente observador de la realidad catalana, ajeno al independentismo, el periodista Antoni Puigverd, advertía el lunes, desde las páginas del diario La Vanguardia, que “no nos daremos cuenta y los barrios catalanes reproducirán la lógica de los del Ulster”. No es, por desgracia, una advertencia alarmista. Es una posibilidad real que puede convertirse en probabilidad si Rajoy y Sánchez, muy jaleados por Rivera y Susana Díaz, no tienen en cuenta que el problema catalán de hoy será mañana un problema español que exigirá una clara respuesta política democrática. O más democracia o menos, ese es el dilema actual. O se lo encauza políticamente, o se acabará recurriendo a la Ley de Partidos con la que se ilegalizó a Batasuna, como vienen sugiriendo las plumas partidarias de rematar el jaque de hoy con el jaque mate de mañana.
Dominio público - Opinión a fondo
Cataluña: cambio de ciclo
Se ha iniciado el cambio hacia un nuevo ciclo político-institucional en Cataluña, con un fuerte impacto en España. Los factores principales han sido la imposición del Estado español con la aplicación del art. 155 de la Constitución, con el aval de PP, PSOE y Ciudadanos, los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, con un empate representativo entre partidarios o no de la independencia, y la formación de un nuevo Govern con mayoría parlamentaria independentista aunque dependiente de la nueva realidad de poder y legitimidad social.
Estas semanas estamos en una transición a la nueva etapa con un reajuste fáctico, institucional y de poder, simbólico y de legitimidad. Todavía la elección del President de la Generalitat, más o menos prolongada y conflictiva, es un momento transitorio y espectacular para cómo alumbrar la nueva etapa. La pugna jurídico-política sobre la investidura de Puigdemont (u otro candidato), con su escenificación mediática y su expresión simbólica y legitimadora, representa los últimos esfuerzos de cada parte por terminar de configurar el nuevo equilibrio de poder y legitimidad y las características de la relación de fuerzas y las estrategias de la nueva dinámica.
No hay una normalización completa, con el simple acatamiento de la legalidad vigente y el continuismo político e institucional del Estado, tal como desea el bloque partidario del art. 155, que quedó en minoría (43,5% frente al 55% en contra). En particular, el Estado autonómico actual aparece agotado. Ni tampoco, en el bloque independentista, hay una continuidad mecánica de la construcción de la República catalana (posición que también está en minoría, 47,5% frente al 52%); y salvo en el caso de la CUP, se inicia una adaptación o aplazamiento de su imposición unilateral inmediata buscando otras vías y ritmos.
El procés ha culminado una fase sin poder llegar a la implementación de la independencia. El bloque independentista mantiene una amplia legitimidad social y la mayoría parlamentaria en Cataluña pero se impone la evidencia de la insuficiencia de sus apoyos sociales y su capacidad de contrapoder (institucional, económico, de relaciones internacionales, popular…) para imponer un Estado independiente. Al mismo tiempo, las fuerzas unionistas han mostrado su poder estatal y se refuerzan, sobre todo, en el conjunto de España mediante el desarrollo de un nacionalismo españolista conservador, punitivo y centralizador.
Las élites dirigentes de ambos campos, con algunos reajustes internos (Ciudadanos frente al PP, Junts per Cataluña frente a ERC), representan los núcleos de poder neoliberal dominante y se retroalimentan mutuamente mediante el conflicto identitario de ambos nacionalismos. Ambos se enfrentan a la dinámica de cambio político de progreso, los procesos más amplios de democratización social y económica, así como a la dinámica de pertenencia comunitaria más abierta, democrática, mixta, plural e integradora tanto en Cataluña cuanto en España.
La confrontación identitaria y política entre ambos grupos dominantes busca su propia ventaja comparativa respecto del control y la gestión del poder institucional en su ámbito prioritario de influencia y en la configuración de su distribución en el conjunto del Estado. La competencia entre ambos núcleos de poder conlleva dos tendencias paralelas, complementarias y beneficiosas para ellos: 1) la hegemonía de la fracción de clase dominante en su respectivo espacio (justificado como objetivo de Estado o ‘nacional’, no de partido), así como el reajuste y el refuerzo de la representación política y su legitimidad pública en cada campo (en beneficio de Ciudadanos, con menor desgaste que el PP, y de Junts per Catalunya, utilizando el legitimismo de Puigdemont); 2) la subordinación de las fuerzas de cambio de cada ámbito en perjuicio de los intereses de las capas populares, junto con el bloqueo hacia una salida de progreso e inclusiva.
Esa dinámica de avivar el conflicto nacional y someter las demandas democráticas y socioeconómicas de progreso es funcional para los núcleos dirigentes de las derechas de ambos campos y el establishment (catalán, español y europeo). Por tanto, los intereses principales y las estrategias dominantes derivadas del actual equilibrio de poder y legitimidad permiten aventurar la prolongación del conflicto territorial, con nuevas formas. Quizá, con menos intensidad conflictiva en la pugna por la reestructuración de poder, o sea con una relativa tregua respecto de las medidas más duras de cada parte: ruptura institucional unilateral o disolución autoritaria de la autonomía. Es decir, por un lado, sin construcción interpuesta de estructuras de Estado propio y con gestión autonómica ordinaria; y por otro lado, sin una regresión dura y centralizadora. Aunque, sí con un forcejeo político de fondo, continuados emplazamientos mutuos y una fuerte pugna simbólica y discursiva.
Por tanto, vamos hacia una nueva etapa, por un lado, con otro proceso de acumulación de fuerzas del bloque independentista más lenta y cautelosa y, por otro lado, un proceso de continuismo y contención estatal. De momento, con subordinación de la dirección socialista, es decir, sin reforma constitucional sustantiva o apertura a una opción dialogada e intermedia donde quepan las fuerzas alternativas. Esta polarización hegemonizada por las derechas respectivas favorece el bloqueo de los cambios políticos y constitucionales necesarios, profundiza la brecha identitaria y la fractura socioeconómica y neutraliza la conveniente dinámica democrática e integradora en la cuestión (pluri)nacional y la transformadora e igualitaria en la cuestión social.
En resumen, el riesgo es un bloqueo duradero y a medio plazo de las fracturas sociales y nacionales de fondo, con intentos de desequilibrio hacia ambos lados nacionalistas, pero sin una salida extrema clara, bien de involución autoritaria en España, bien de escalada inmediata del conflicto secesionista. Aunque en ambos casos con riesgos de degradación de la democracia, pudrimiento de la convivencia en Cataluña y sin un horizonte de progreso social y económico y de integración solidaria y convivencia cívica. No es el futuro deseable y sería un fracaso histórico de ambas élites dominantes que podría arrastrar a mayores brechas sociales y autoritarismos.
En consecuencia, evitar esa involución social y ese conflicto identitario supone un nuevo reto para las fuerzas de cambio y progreso de ambos espacios: un proyecto de país de países, democrático y solidario y, al mismo tiempo, una agenda social transformadora de las graves condiciones materiales de las mayorías populares. Los dos aspectos van de la mano, son irresolubles por separado y son fundamento de la democracia: la justicia social y la convivencia intercultural y nacional solidaria.
La apuesta debe ser por un patriotismo cívico, con un proyecto de una España plural y solidaria, con valores democrático-igualitarios y laicos. Y con una adaptación institucional a las nuevas dinámicas locales y mundiales, una importante capacidad regulatoria del Estado, especialmente en las relaciones económicas y fiscales, pero con la recomposición de la gobernanza y las cosoberanías institucionales, hacia arriba (Unión Europea) y hacia abajo (naciones, municipios…). Por tanto, un modelo social y (pluri)nacional de España y su diversidad constitutiva, diferenciado y superador de la configuración uninacional y conservadora dominante en nuestra historia y basado en la mejor tradición progresista, federativa y democrático-igualitaria.
LO DIJO EL DIRIGENTE SINDICAL JOSELO LÓPEZ
“La independencia de clase es mucho más que tomar decisiones sin pedir permiso al Gobierno”
La
polémica que se generara en los últimos días entre dos históricos
dirigentes del PIT-CNT, su actual presidente Fernando Pereira y Joselo
López tras los dichos del sindicalista que integra el Secretariado
Ejecutivo de la central obrera y es dirigente de COFE y del Suinau,
quien manifestó que “la central obrera no puede ser el furgón de cola
del gobierno”, volvió a tener este lunes un nuevo capítulo.
Es que ante lo señalado por López, LA REPÚBLICA publicó en su edición de este lunes una respuesta de Pereira, y una nueva argumentación del dirigente del sindicato de trabajadores del INAU.
“Estimado compañero Presidente del PIT CNT, Fernando Pereira. En primer término quiero agradecer que te hayas tomado un rato de tu valioso tiempo para dedicarme una respuesta en referencia a la nota de prensa”, afirmó, y recordó Joselo que “es público y notorio que tenemos diferentes puntos de vista sobre la conducción del Movimiento Sindical, y si bien en algunas cosas hemos coincidido, lo cierto es que hay visiones diferentes al respecto”.
Puntualizó “entrando en mi humilde respuesta a tu artículo y sin el afán de entrar en una discusión pública sobre algunos aspectos, me gustaría sí hacer algunas precisiones al respecto. Es verdad que el último Congreso laudó por amplísima mayoría algunas cosas, y en lo personal siempre hemos tratado de ser absolutamente orgánicos a la hora de movernos dentro del Movimiento Sindical.
También es cierto que el análisis de la etapa, al cual te referís se definió hace más de 3 años y en la vida pasan cosas, y entre esas cosas que pasan, lo cierto es que en referencia a la caracterización de la etapa actual, no hemos podido llegar a un consenso y algunos documentos que circularon en los organismos del PIT-CNT nunca terminaron de tratarse, justamente por las marcadas diferencias que existían en el análisis de la coyuntura actual y de cómo debemos caracterizar al Gobierno y a la etapa. Seguramente esa discusión se vuelva a dar en el próximo Congreso pero mientras tanto la vida sigue y todos actuamos en consecuencia”.
Remarcó que “es verdad que hay frases que sintetizan pensamientos y la frase que vos recordás es una de ellas “seremos independientes pero no indiferentes o prescindentes”. Esto viene atado a la interpretación que cada uno le da a la independencia de clase y en ese sentido creo que también hay visiones diferentes al respecto. A veces esto de atarse a las frases que sintetizan pensamientos es medio complejo, sobre todo porque van pasando cosas que pueden cambiar la interpretación que se le dio en su momento”.
Reconocer avances
Sostuvo López que “cuando haces referencia al tema furgón de cola del Gobierno, la frase que expresé en la nota de prensa es que el movimiento sindical no tiene que ser ni francotirador del Gobierno, ni furgón de cola del Gobierno.
Y realmente eso es lo que pienso; en la misma nota también digo que hay que reconocer los avances que han habido, y en muchas ocasiones he planteado claramente que para mí no son lo mismo los gobiernos neoliberales de los partidos tradicionales que los gobiernos progresistas del Frente Amplio donde se han conquistado leyes importantes para los trabajadores y para los más desprotegidos.
Aclaró que “no obstante, también entiendo que el Gobierno del FA es un gobierno que plantea un modelo de conciliación de clases, y que ha establecido mejoras para el campo popular”, pero acotó que “siempre lo hemos dicho y lo remarcamos si el Gobierno hace las cosas bien hay que aplaudirlo, pero si va en contra de los intereses de los trabajadores hay que enfrentarlo. En lo personal, creo que la independencia de clase es mucho más que tomar decisiones sin pedir permiso al Gobierno de turno”.
Y enfatizó López: “creo que también tiene que ver con cómo el movimiento sindical se para ante determinadas definiciones del Gobierno, de los partidos políticos, y de las cámaras empresariales a la hora de tomar decisiones en defensa de la clase, y con cómo se toman sin especular si eso cuestiona o genera rízpideces con el poder de turno”.
Explicó que “pero en mi perspectiva nada tiene que ver esto con la decisiones que cada compañero individualmente pueda tomar en lo personal de militar en un partido político, no sólo no cuestiono eso sino que me parece natural, y creo que se pueden hacer las dos cosas manteniendo la independencia de clase”.
Es que ante lo señalado por López, LA REPÚBLICA publicó en su edición de este lunes una respuesta de Pereira, y una nueva argumentación del dirigente del sindicato de trabajadores del INAU.
“Estimado compañero Presidente del PIT CNT, Fernando Pereira. En primer término quiero agradecer que te hayas tomado un rato de tu valioso tiempo para dedicarme una respuesta en referencia a la nota de prensa”, afirmó, y recordó Joselo que “es público y notorio que tenemos diferentes puntos de vista sobre la conducción del Movimiento Sindical, y si bien en algunas cosas hemos coincidido, lo cierto es que hay visiones diferentes al respecto”.
Puntualizó “entrando en mi humilde respuesta a tu artículo y sin el afán de entrar en una discusión pública sobre algunos aspectos, me gustaría sí hacer algunas precisiones al respecto. Es verdad que el último Congreso laudó por amplísima mayoría algunas cosas, y en lo personal siempre hemos tratado de ser absolutamente orgánicos a la hora de movernos dentro del Movimiento Sindical.
También es cierto que el análisis de la etapa, al cual te referís se definió hace más de 3 años y en la vida pasan cosas, y entre esas cosas que pasan, lo cierto es que en referencia a la caracterización de la etapa actual, no hemos podido llegar a un consenso y algunos documentos que circularon en los organismos del PIT-CNT nunca terminaron de tratarse, justamente por las marcadas diferencias que existían en el análisis de la coyuntura actual y de cómo debemos caracterizar al Gobierno y a la etapa. Seguramente esa discusión se vuelva a dar en el próximo Congreso pero mientras tanto la vida sigue y todos actuamos en consecuencia”.
Remarcó que “es verdad que hay frases que sintetizan pensamientos y la frase que vos recordás es una de ellas “seremos independientes pero no indiferentes o prescindentes”. Esto viene atado a la interpretación que cada uno le da a la independencia de clase y en ese sentido creo que también hay visiones diferentes al respecto. A veces esto de atarse a las frases que sintetizan pensamientos es medio complejo, sobre todo porque van pasando cosas que pueden cambiar la interpretación que se le dio en su momento”.
Reconocer avances
Sostuvo López que “cuando haces referencia al tema furgón de cola del Gobierno, la frase que expresé en la nota de prensa es que el movimiento sindical no tiene que ser ni francotirador del Gobierno, ni furgón de cola del Gobierno.
Y realmente eso es lo que pienso; en la misma nota también digo que hay que reconocer los avances que han habido, y en muchas ocasiones he planteado claramente que para mí no son lo mismo los gobiernos neoliberales de los partidos tradicionales que los gobiernos progresistas del Frente Amplio donde se han conquistado leyes importantes para los trabajadores y para los más desprotegidos.
Aclaró que “no obstante, también entiendo que el Gobierno del FA es un gobierno que plantea un modelo de conciliación de clases, y que ha establecido mejoras para el campo popular”, pero acotó que “siempre lo hemos dicho y lo remarcamos si el Gobierno hace las cosas bien hay que aplaudirlo, pero si va en contra de los intereses de los trabajadores hay que enfrentarlo. En lo personal, creo que la independencia de clase es mucho más que tomar decisiones sin pedir permiso al Gobierno de turno”.
Y enfatizó López: “creo que también tiene que ver con cómo el movimiento sindical se para ante determinadas definiciones del Gobierno, de los partidos políticos, y de las cámaras empresariales a la hora de tomar decisiones en defensa de la clase, y con cómo se toman sin especular si eso cuestiona o genera rízpideces con el poder de turno”.
Explicó que “pero en mi perspectiva nada tiene que ver esto con la decisiones que cada compañero individualmente pueda tomar en lo personal de militar en un partido político, no sólo no cuestiono eso sino que me parece natural, y creo que se pueden hacer las dos cosas manteniendo la independencia de clase”.
Autoconvocados saldrán el miércoles a las rutas
La anunciada vigilia se hará “con más fuerza” pese a las medidas anunciadas por el gobierno.
Pese
a las medidas anunciadas por el presidente Tabaré Vázquez tras la
reunión con las gremiales agropecuarias, los productores autoconvocados
anunciaron que el miércoles 31 saldrán a las rutas para mantener una
vigilia en espera de una respuesta a las demandas presentadas el martes
pasado en Durazno.
Las
gremiales consideraron insuficientes las medidas anunciadas. El
productor de Paysandú Marcelo Nougué, uno de los representantes de este
movimiento, dijo a Subrayado que el gobierno no reflejó en las medidas
nada de lo que le plantearon al presidente en la reunión del viernes 26
en la Torre Ejecutiva.
“Para un colono la
rebaja es de 80 o 100 pesos por hectárea y por año. Y para un tambero
chico la reducción de la energía (tarifa eléctrica) son 500 pesos por
mes”, dijo el Nougué.
Agregó el dirigente
que “lejos está de atender los problemas que se nombraron en la
proclama (en Durazno) y de tomar medidas entorno a eso. Esperemos que el
equipo de gobierno siga trabajando para tomar medidas de fondo y esto
hayan sido únicamente algunas cuestiones de emergencia que ya tenían
preparadas de antes”.
Los derechos humanos bajo el impacto del sistema de derechos de autor: una puesta al día
Por Creative Commons Uruguay
Esta
entrega del informe anual de Serpaj pone el foco en los derechos de
autor, presentando algunos casos que ilustran como la legislación actual
deja a los usuarios de obras intelectuales en situación de precariedad
legal e indefensión, estando sujetos a posibles usos arbitrarios de la
ley en su contra, al tiempo que se vulneran los derechos a la educación,
a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.
En
el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el
equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del
impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese
texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la
legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos
humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los
Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los
regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia
y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados. Señalamos que
la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se
encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y
afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación
en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los
derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años,
principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías
digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y
distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de
derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas
tendientes a ejercerlos.
El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal - Parte general, explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.
El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:
El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).
El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:
La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.
Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.
Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.
Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.
Casos recientes de vulneración de derechos
Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.
El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros, y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.
Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal. En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.
A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión. Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.
A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa” [1]. Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro "cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño", para evitar las acciones judiciales [2].
Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas” [3].
Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.
En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.
Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.
Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.
Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor
Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.
Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas [4], la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.
En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.
Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.
Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.
Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.
A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.
En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.
En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso
Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017, que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.
Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.
Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.
A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.
El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.
Oportunidades para seguir avanzando
El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.
En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario” [5]. La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.
El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.
[1] Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.asp
[2] Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/N
[3] Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.
[4] Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Por más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdoc
[5] Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-
El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal - Parte general, explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.
El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:
El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).
El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:
La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.
Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.
Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.
Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.
Casos recientes de vulneración de derechos
Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.
El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros, y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.
Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal. En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.
A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión. Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.
A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa” [1]. Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro "cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño", para evitar las acciones judiciales [2].
Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas” [3].
Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.
En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.
Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.
Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.
Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor
Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.
Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas [4], la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.
En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.
Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.
Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.
Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.
A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.
En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.
En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso
Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017, que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.
Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.
Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.
A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.
El objetivo de esta reglamentación, en definitiva, es que cualquier persona con dificultades para acceder al texto impreso pueda tener “un acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin discapacidad o sin otras dificultades para acceder al texto impreso”. Y todo esto sin tener que recurrir al mercado, que en la enorme mayoría de los casos no satisface las necesidades culturales de las personas con estas dificultades, o no lo hace a un precio razonable.
Oportunidades para seguir avanzando
El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.
En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario” [5]. La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.
El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.
[1] Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.asp
[2] Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/N
[3] Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.
[4] Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Por más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdoc
[5] Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-
