Las torturas de la CIA en Europa, bajo la lupa de la Corte Penal Internacional // El régimen de EEUU reconoce su derrota en Afganistán, pero ahora encontró a un culpable // "Genio estable": ¿Por qué Trump se siente obligado a convencer de su buen estado de salud mental? // Inteligencia de EE.UU.: "Avance del programa nuclear de Kim Jong-un es nuestro fracaso más grande" // Cuba 2018: Nosotros como los fundadores, los fundadores como nosotros // Isla de Pinos y aquellos primeros días de 1959 // CATALUNYA-Estado español: Entrevista al abogado de Puigdemont: "Se está haciendo una causa general contra el independentismo" // Lo que no se ha contado sobre las elecciones catalanas por Vicenç Navarro // URUGUAY: El pasado inconcluso: Investigaciones de crímenes de la dictadura con futuro incierto // El papa Francisco confirmó que desclasificará los archivos del Vaticano sobre la dictadura uruguaya

REPORTAJE

Las torturas de la CIA en Europa, bajo la lupa de la Corte Penal Internacional

La Fiscalía de La Haya ha solicitado abrir una investigación sobre Afganistán por crímenes de guerra que incluye abusos a prisioneros en Polonia, Rumanía y Lituania. Estados Unidos mantuvo allí centros de detención con la complicidad de sus gobiernos

por David Morales Urbaneja

---

La policía militar traslada a un preso en la prisión de Guantánamo. 
Shane T. McCoy

Autor: David Morales Urbaneja

LA HAYA | 7 de Enero de 2018

Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los terroristas”, dice Bush.
¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara entregada.
Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.
Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo. Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la “indefensión aprendida”.
Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un libro editado este año, “Medios injustificables”.
Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.
Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manda un vídeo a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.
Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es estado parte de la Corte Penal Internacional.
La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.
Polonia: un país ya condenado
El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.
El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.
El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (…) entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido para inducirle dolor”.
Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (…) durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.
El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos extranjeros”.
No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003 gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces? Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.
Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?
La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3 prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.
Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20 kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les dejaran unirse a la OTAN.
El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la prensa lituana.
La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.
El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que está pendiente de decisión.
Rumanía: abusos en pleno Bucarest
Una investigación periodística de Associated Press y un medio local, publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.
Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.
En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.
Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. El Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.
Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era asunto suyo”, afirmó Talpes.
Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de Inteligencia. La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.
¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal cual.
Estados Unidos se opone a la investigación
La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los obstáculos puestos por algunos Estados han echado al traste el trabajo de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los testigos cambiaban su testimonio a última hora.
Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de La Haya.
La Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (…) identificada por la Fiscalía”.
El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.
La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller a aplicar las torturas.
¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se vería seriamente dañada.
Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los Estados.
El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los Estados hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la permiten. 

Autor: David Morales Urbaneja

El régimen de EEUU reconoce su derrota en Afganistán, pero ahora encontró a un culpable

por Sputnik / La Haine

07/01/2018 

Opiniones de dos analistas, uno estadounidense y el otro ruso, sobre las cusas de la derrota de EEUU en Afganistán

Zalmay Khalilzad analiza para el bimensual derechista 'The National Interest' que desde el 11 de septiembre de 2001 Pakistán está llevando un doble juego. Por un lado, Islamabad ayuda en la caza de los terroristas de Al Qaeda, mientras que por el otro da cobijo, entrena y socorre al movimiento Talibán y a la Red Haqqani, culpables de la muerte de miles de soldados (estadounidenses y afganos) y civiles (afganos y pakistaníes).
En la búsqueda desesperada de un culpable, Khalilzad elabora su teoría: "La astuta política de Islamabad fue el factor clave que impidió [a los soldados invasores estadounidenses] alcanzar el éxito en Afganistán. El final del apoyo brindado a los extremistas y a los insurgentes por parte de Pakistán es esencial si esperamos reducir la amenaza terrorista, contener la violencia y solucionar el conflicto".
Este análisis y otros similares que han aparecido en los últimos meses, cuando empezó a quedar definitivamente claro que la derrota estadounidense en Afganistán era imparable, están detrás de la decisión del régimen trumpista de recortar la ayuda a Pakistán por su supuesta ayuda o pasividad ante el terrorismo.
Por su parte, el periodista ruso Dmitri Seróv analiza con más seriedad, en un artículo publicado por el portal 'Fondo de Cultura Estratégica', que tras 16 años de invasión de EEUU en Afganistán parece que en Washington "decidieron encontrar a un culpable (externo, claro) de su fracaso y este es Pakistán".
La decisión de Trump de aumentar el contingente militar de EEUU desplegado en Afganistán apenas podrá compensar la pérdida de control que tiene sobre el país el Gobierno afgano dirigido por EEUU y el encierro de las tropas invasoras en unas pocas fortalezas rodeadas de talibanes, de las que cada vez que intentan salir, sufren muertos y heridos.
Según varios expertos, el movimiento Talibán y la Red Haqqani controlan la mayor parte de Afganistán, incluida la frontera con Pakistán. La presencia de Daesh, que después de su derrota en Siria habría recibido dinero y armas de EEUU para trasladarse a Afganistán y ayudar a los invasores a sacarse de encima a los talibán, no ha mejorado la situación.
Lo más importante es que EEUU, que con su prepotencia ha empeorado una crisis creada por sus propias fuerzas, no tiene ni idea de cómo resolverla. Los soldados que participaron en la Operación "Libertad" Duradera se ganaron el odio de los civiles, que solo ven en ellos a unos ocupantes (lo que efectivamente son). "Por eso la retirada de las fuerzas de la coalición encabezada por EEUU de Afganistán planeada por Barack Obama fue tal vez el mal menor de todas las desgracias que ha experimentado este desafortunado país", recalca el periodista ruso.
Seróv opina que es posible que Trump haya puesto sus ojos en Pakistán para tratar de encontrar un culpable ante la lamentable situación de sus fuerzas en el vecino Afganistán, sobre todo de cara a los medios y a su propio pueblo. Recientemente, la agencia ABC informó que el Departamento de Estado de EEUU suspendió el pago de 225 millones de dólares a Islamabad en calidad de ayuda hasta que el país no lanze una operación contra el "grupo terrorista" Red Haqqani en las zonas fronterizas con Afganistán.
Pero las maniqueas simplificaciones típicas del régimen estadounidense no permiten analizar seriamente la situación. Los tuits con críticas de Trump y las políticas aplicadas por su Administración en relación a Pakistán no pueden calificarse de obras maestras de la geoestrategia, opina Sérov.
El periodista destaca que la Red Haqqani es una agrupación de pastunes muy influyente que no reconoce la frontera afgano-paquistaní, llamada también la línea Durand. Esta delimitación dividió por la fuerza al pueblo pastún y hoy en día la Red Haqqani está muy bien implantada en ambos lados de la frontera y lleva a cabo distintas actividades.
Su líder puede influir en la toma de decisiones por parte del Talibán. Su gente se dedica al pastoreo, a la agricultura, al comercio, al contrabando… "y mantiene distintos intereses comunes con los talibanes. (…) Ver solo a terroristas en la Red Haqqani significa simplificar la realidad de forma inadmisible. Declararles la guerra implica abrir la caja de Pandora. Si los estadounidenses quieren que Islamabad empiece una guerra en su propio territorio contra los pastunes, esta idea confirma una vez más que no han sacado ninguna lección de su fracaso en Afganistán", asegura.

"Genio estable": ¿Por qué Trump se siente obligado a convencer de su buen estado de salud mental?

Publicado: 7 ene 2018 15:20 GMT | Última actualización: 7 ene 2018 15:20 GMT - RT

Las discusiones en torno de las habilidades mentales del presidente Donald Trump, han traspasado las redes sociales y están calentando los horarios estelares de canales de televisión en EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.

Carlos Barria / Reuters

Varios presentadores y periodistas de la CNN han debatido el estado mental del mandatario estadounidense en una serie de programas.
"¿Qué diríamos si un líder de Alemania, China o Brasil hubiera publicado unos tuits como los de Trump? ¿Cómo los cubriríamos? Diríamos: "Esta persona no está sana", y nos preguntaríamos si es apta para ocupar su cargo", declaró Brian Stelter, presentador de uno de los programas de la CNN.
En estos términos valoró el periodista estadounidense las publicaciones del mandatario en las que afirmaba que su "botón nuclear es mucho más grande y más potente" que el del líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Soy un genio muy estable": Trump responde a los rumores sobre su salud mental (y la Red explota)

La salud mental de Trump también fue discutida en otro programa del mismo canal, cuyo anfitrión es Jake Tapper.
"Todo esto es anormal, absolutamente inaceptable y, francamente, no parece ser el comportamiento de una persona equilibrada", señaló el popular presentador.

"Libro lleno de mentiras"

Otras razones para poner en duda la estabilidad del líder de EE.UU. la ha ofrecido el recién presentado libro del periodista estadounidense Michael Wolff 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' ('Fuego y furia: La Casa Blanca de Trump desde dentro', en español).
La polémica obra está llena de revelaciones sobre el primer año de Trump en la Presidencia y está escrita con base en entrevistas confidenciales realizadas con varios empleados de la Casa Blanca.
Muchos de ellos, asegura el autor, también dudan de que Trump esté completamente sano mentalmente.
Para confirmar esta hipótesis, Wolff pone de ejemplo el hecho de que el presidente estadounidense, de 71 años de edad, repite con mucha frecuencia las mismas frases sin darse cuenta de ello.

"Piensa que los gorilas pueden oírlo": Una historia falsa sobre Trump es creída por muchos en EE.UU.

"Todos eran muy conscientes del creciente número de sus repeticiones verbales. Anteriormente, [Trump] podía repetir en un plazo de 30 minutos, usando las mismas expresiones o palabra por palabra, tres historias idénticas. Ahora, este tiempo se ha reducido a 10 minutos", escribió Wolff.

¿Destituir a Trump por incapacidad mental?

La vigesimoquinta enmienda a la Constitución de EE.UU., establece que el mandatario del país será destituido en caso de sufrir una incapacidad física o mental que le impida ejercer sus poderes y deberes. Esta enmienda se pretendió utilizar durante el mandato del expresidente republicano Ronald Reagan (1981–1989), pero nunca llegó a concretarse.
Incluso antes del lanzamiento de este libro y de las declaraciones del presidente sobre su "gran botón nuclear", el 5 y 6 de diciembre, más de una docena de parlamentarios, la mayoría de ellos demócratas, organizaron una consulta con la profesora en psiquiatría en la Universidad de Yale, Bandy X. Lee, con el objetivo de discutir la salud mental de Trump, informa Politico.
Durante estas reuniones, Lee trataba de convencer a los congresistas de que Trump "está perdiendo la cabeza". Según el rotativo, dichas consultas podrían servir de fundamento para un posible uso de la vigesimoquinta enmienda.
Sobre la posibilidad de aplicar este mecanismo ya habló el antiguo adversario de Trump y líder del movimiento neoconservador dentro del Partido Republicano, Bill Kristol. La misma opinión fue expresada por Richard Painter, jefe del Comité de Ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush.

Desvelan el misterio del peculiar peinado del presidente Donald Trump

"El tuit sobre el botón nuclear ya representa un motivo suficiente para la destitución de acuerdo con la 25.ª Enmienda. No se puede confiar a este hombre las armas nucleares", escribió este último.
No obstante, los expertos en derecho constitucional de EE.UU. señalan que la vigesimoquinta enmienda requiere una alta carga de prueba, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y otros miembros de la Administración no han condenado las declaraciones de Trump.
Uno de los abogados más famosos de EE.UU., el profesor de la Universidad de Harvard Alan Dershowitz, hasta hizo hincapié en que la aplicación de esta enmienda en esta situación es un "sueño poco realista".

"Un genio muy estable"

Por su parte, Trump criticó tanto el "libro lleno de mentiras" como a su autor.
"¡Cerré al autor del libro engañoso el acceso a la Casa Blanca (de hecho, lo rechacé repetidamente)! Nunca ha hablado con él para este libro. Está lleno de mentiras, distorsiones y fuentes inexistentes", aseguró el presidente en su cuenta de Twitter.
Además, Trump respondió a las acusaciones sobre su supuesta incapacidad mental en un tuit:
"Durante toda mi vida, mis dos principales virtudes han sido la estabilidad mental y ser verdaderamente inteligente (...) Pasé de empresario muy exitoso a estrella de televisión, y de ahí a presidente de Estados Unidos en mi primer intento. Creo que eso me acredita no solo como inteligente, sino como un genio, y un genio muy estable", agregó el jefe de Estado.

Inteligencia de EE.UU.: "Avance del programa nuclear de Kim Jong-un es nuestro fracaso más grande"

Publicado: 7 ene 2018 09:57 GMT | Última actualización: 7 ene 2018 10:10 GMT - RT

En estos términos se expresaron antiguos empleados y agentes en servicio de distintas agencias de la Inteligencia estadounidense entrevistados por el diario The New York Times.

El líder norcoreano Kim Jong-un revisa las mejoras de su programa nuclear. Corea del Norte, Piongyang, el 3 de septiembre de 2017.

Reuters

La incapacidad de predecir con precisión el éxito del programa nuclear y de misiles de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y de evaluar adecuadamente la claridad de objetivo de su líder Kim Jong-un "fue uno de los fracasos más importantes de la Inteligencia de EE.UU.", asegura un artículo del diario The New York Times con referencia a varias entrevistas confidenciales concedidas al rotativo por antiguos empleados y agentes en servicio de la CIA y otras agencias de Inteligencia del país norteamericano.
Las fuentes del periódico, bajo la condición de anonimato, han reconocido que en los primeros días de la Presidencia de Donald Trump, la Inteligencia convenció al mandatario de que Washington tenía al menos cuatro años para detener el desarrollo de un misil norcoreano con capacidad de transportar una ojiva nuclear al territorio de EE.UU.

Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental

En 2016, Corea del Norte realizó ocho pruebas de misiles de alcance medio, de las cuales siete explotaron en la plataforma de lanzamiento o colapsaron tras despegar, indica el periódico. Con base a esto, la Inteligencia estadounidense sacó la conclusión equivocada de que estos fracasos estaban vinculados con las medidas de sabotaje realizadas con la aprobación del entonces presidente Barack Obama.
Las cinco pruebas nucleares subterráneas llevadas a cabo por Pionyang tampoco convencieron a los servicios especiales estadounidenses, que continuaron creyendo que el país asiático necesitaría varios años más para crear una bomba de hidrógeno, cita el rotativo a sus fuentes.
Según estas, el error clave resultó ser que la Inteligencia norteamericana pensaba que el gobierno norcoreano necesitaría el mismo plazo de tiempo para dominar la tecnología de misiles que cualquier otro país durante la Guerra Fría.
De este modo, Washington subestimó las posibilidades de Corea del Norte en el modelado por computadora y el uso de la experiencia de terceros países, así como la determinación y dedicación de Kim Jong-un.
Así, el teniente general H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump, ha reconocido que Kim "ha sido más rápido y el marco cronológico ha resultado ser mucho más comprimido de lo que creía la mayoría de la gente".
Como resultado, argumentó que EE.UU. ahora tiene que acelerar sus esfuerzos "con un mayor grado de urgencia […] para resolver el problema".
Según el diario neoyorquino, este "fracaso" de la Inteligencia estadounidense explica la inconsistencia de las declaraciones y del curso de la Administración Trump con respecto a esta problemática.

• En julio de 2017, la RPDC anunció sobre su primer lanzamiento exitoso del misil balístico intercontinental de alcance intermedio Hwasong-14.
• Posteriormente, Corea del Norte realizó tres lanzamientos más de misiles del mismo tipo.
• El 3 de septiembre, Piongyang anunció el éxito de su prueba de una carga de hidrógeno para la cabeza nuclear de un misil balístico intercontinental.
• El 29 de noviembre, el país asiático logró lanzar con éxito el misil balístico intercontinental Hwasong-15 capaz de alcanzar cualquier punto del territorio estadounidense.

Dreamers: Trump pide 18.000 millones para el muro a cambio de proteger a los jóvenes que llegaron de niños a EEUU

El presidente norteamericano se define como "un genio estable" ante el debate sobre su salud mental.

El presidente de los EEUU, Donald Trump./REUTERS

WASHINGTON

06/01/2018 18:13 - PÚBLICO/ EFE

La Casa Blanca ha pedido al Congreso 18.000 millones de dólares a lo largo de una década para el muro fronterizo con México como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria a los jóvenes indocumentados del programa DACA conocidos como "soñadores" (dreamers).

Así lo anunció en un comunicado el líder negociador por parte de los demócratas, el senador Dick Durbin, poco después de que el diario Wall Street Journal diera la exclusiva con detalles sobre la propuesta.

Según el legislador, la Casa Blanca añadió hoy a su lista de condiciones de octubre para la negociación migratoria una petición "de 18.000 millones anuales en fondos para la construcción del muro fronterizo".

"Es indignante que la Casa Blanca mine meses de trabajo bipartidista intentando de nuevo poner su lista entera de deseos de línea dura contra los inmigrantes, además de 18.000 millones en fondos para el muro, en las espaldas de estos jóvenes", indicó Durbin.

"El presidente (Donald) Trump dijo que quizás necesite un buen cierre de Gobierno para conseguir su muro. Con esta petición, parece caminar en esa dirección", agregó, en referencia al riesgo de que eso ocurra si no se alcanza un acuerdo antes del 20 de enero.

La víspera, Trump se reafirmó en su posición de que cualquier solución para los jóvenes del programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia) debe ir acompañada de fondos para el muro y otras condiciones, un requisito inaceptable para los demócratas.

El DACA protege desde 2012 a más de 750.000 jóvenes indocumentados de la deportación, los llamados "dreamers", de los cuales el 78% nació en México. Llegaron de niños al país y cuentan con cierto nivel educativo. Reciben permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y un número de seguridad social.

Un "genio estable"

El presidente norteamericano se ha definido este sábado como "un genio muy estable" en un intento de zanjar las especulaciones sobre su capacidad y estabilidad mental que han circulado por Washington a raíz de la publicación de un libro sobre su Presidencia.

"Realmente, a lo largo de mi vida, mis dos grandes activos han sido la estabilidad mental y ser, como, realmente listo (sic)", aseguró Trump en la red social Twitter.

Trump mostraba así su indignación por los rumores que ha despertado la publicación este viernes del libro Fire and Fury"("Furia y fuego"), cuyo autor, Michael Wolff, asegura que los funcionarios de la Casa Blanca cuestionan las dotes del mandatario para gobernar.

Hace un mes, un grupo de legisladores -la mayoría demócratas- convocaron a una profesora de psiquiatría en la Universidad de Yale, Bandy X. Lee, para que les hablara sobre lo que el comportamiento de Trump revela sobre su estado mental.

"(Trump) Va a perder el control, y estamos viendo las señales", dijo Lee a los legisladores, según relató en una entrevista con el diario Politico el miércoles.

Una nueva valla

Los 18.000 millones de dólares se destinarían, según el documento obtenido por CNN y el Washington Post, a la construcción de más de 1.126 kilómetros (700 millas) de nueva valla fronteriza y reemplazos de otras existentes.

A ese monto se suma la petición de 15.000 millones de dólares para personal adicional y formación, tecnología y carreteras de acceso, lo que da un total de 33.000 millones en seguridad fronteriza, el gran tema de campaña del ahora presidente Donald Trump.

Si el Congreso accediera a adjudicar estos fondos, se trataría de una gran extensión de los 1.052,51 kilómetros (654 millas) de barrera actuales, arrojando un total de 1.609,34 kilómetros (1.000 millas), alrededor de la mitad de la frontera suroeste, estiman los medios.

Estos planes están descritos en un documento preparado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para un grupo de senadores -entre ellos Durbin-.

"Este documento solo cubre un aspecto, las necesidades de seguridad nacional, de las prioridades migratorias que el presidente ya estableció y fue entregado al Congreso ante una petición específica de los equipos negociadores", explicó una fuente del Gobierno que prefirió el anonimato.

"El muro fronterizo debe ser financiado completamente por el Congreso pero las otras prioridades, como mejorar las medidas para hacer cumplir las leyes migratorias y un sistema migratorio basado en el mérito, deben ser parte de un paquete de reforma migratoria mayor", agregó.

Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012 y que protegía de la deportación a los jóvenes que llegaron al país de niños, pero dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para encontrar una solución a su situación.

Según Durbin, que está previsto se reúna con Trump y otros negociadores la próxima semana, desde entonces más de 14.500 de esos jóvenes han perdido ya su estatus DACA y, a partir del 5 de marzo, mil más perderán su protección cada día.

Cuba 2018: Nosotros como los fundadores, los fundadores como nosotros

Por: Pedro Prada

7 enero 2018 | CUBADEBATE

Cada Nochevieja, a las 12:00, más allá de los besos y los abrazos, los himnos, los cañonazos y los esporádicos fuegos de artificio, de los cubos de agua y los votos, vienen a mi mente, como un aldabonazo de conciencia, los tañidos de la campana histórica que hace ciento cincuenta años unió a amos y trabajadores esclavos, a blancos y negros, para fundar la Patria.
Aunque la fidelidad a una línea histórica de lucha de los cubanos siempre formó parte de su horizonte político, en la segunda mitad de los años sesentas, cuando se avecinaba el centenario del grito de independencia, Fidel Castro comenzó a ser insistentemente reiterativo de ese espíritu de continuidad que obraba como talismán salvador de la Patria en todas sus épocas.
La expresión “¡Nosotros entonces habríamos sido como ellos, ellos hoy habrían sido como nosotros!, porque lo que determinó en cada época fue el espíritu revolucionario de nuestro pueblo, la tarea en cada momento de nuestro pueblo”, pronunciada en 1965, durante un discurso con motivo del aniversario de los sucesos del 13 de marzo de 1957, conducía a otra idea, dicha el mismo día: “Ha sido un solo camino, ha sido una sola línea revolucionaria siempre. Por ese camino, por esa línea, han transitado muchos héroes, muchos patriotas, muchos mártires. Y los que han llevado adelante esa bandera, los que han seguido esa línea, representan la voluntad de todos, están obligados no solo con las generaciones presentes y futuras, sino también con las generaciones pasadas que lucharon”.
Así se nos presenta 2018: año del sesquicentenario de la madrugada fundacional en que por primera y única vez en Nuestra América, se conjugaron en el mismo acto, la rebelión y la ley, el ímpetu y la virtud: la proclama de independencia de la Patria que se fundaba y la de la libertad de todos sus hijos. Aquellos fundadores ofrendaron sin remordimientos sus propiedades y vidas en el altar –y la pira- de la Revolución. Los que habían amado en sabanas de holán fino, amaron más sobre el césped húmedo de la manigua y hasta en la cabalgadura, entre combates. Las que vestían de seda, rasgaron la tela suave de sus vestidos para curar las heridas de sus hombres. Los palacios fueron abandonados o devorados por las llamas y el cielo de Cuba fue el techo de aquellos cubanos y cubanas que cambiaron los vinos de Malvasía por la canchánchara de miel, naranja agria y aguardiente.
Esa es la parte romántica de la epopeya: la otra, la que debe recordarse todo este año 2018 –centena y media  de Demajagua- y siempre, es la invocada por José Martí en su discurso de Hartman Hall, en fecha similar de 1890, y en el que con similar lucidez a la de Fidel Castro en la Universidad de La Habana el 16 de noviembre de 2005, advierte que la permanencia de la Patria y de la Revolución, depende de no equivocar el camino y dejar caer la espada; de no desgastarnos en ternezas cuando urgen soluciones a los muchos desafíos, de no consumirnos en festividades fatuas cuando hay tanto que trabajar y hacer por Cuba.
Es la misma idea invocada por Perucho Figueredo el 20 de octubre, cuando siglo y medio atrás escribió la letra radical del himno que nos define política e ideológicamente, y que Fidel ratifica en su discurso de los Cien años de lucha, cuando asegura que “en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes”, por la que lucharemos en cualquier circunstancia, sin arriar las banderas que presiden nuestra historia, como juró el Titán de Bronce en los Mangos de Baraguá –harán en marzo 140 años.

La campana del Ingenio Demajagua, tocada el 10 de Octubre de 1868, estuvo presente en el acto político y ceremonia militar de inhumación de los restos de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria y Mariana Grajales, Madre de todos los cubanos, en el área patrimonial del cementerio Santa Ifigenia. Foto: ACN.

Para Cuba, la ocasión de este 2018 sesquicentenario es por todo ello vital. El país se renueva con elecciones, reforma constitucional, nuevas leyes y decisiones capitales para que su modelo económico y social siga siendo tan justo y solidario como pueda ser posible, atado al grillete del bloqueo imperialista, y forzado a convivir en equilibrio con un mundo neoliberal excluyente y egoísta. Empujado, como recordaría Fidel más de una vez, a luchar en precario en vez de esperar condiciones ideales, a abastecerse de sus adversarios y hacer, siempre, su propio e ininterrumpido camino.
No faltarán en este momento de ausencia del Comandante en Jefe y de cesión de autoridad de los líderes históricos a los nuevos conductores del pueblo, la aparición oportunista –“repentina” y también “planificada”- de figuritas de barro creadas en los talleres de la subversión, la dependencia neocolonial y el anexionismo, guarnecidas por toda la maquinaria financiera y propagandística del imperialismo y sus adláteres regionales. “Hoy, recordaría Fidel, nuestro pueblo se enfrenta a corrientes similares, a las mismas ideas reaccionarias revividas, a los nuevos intérpretes del autonomismo, del anexionismo; se enfrenta a los proimperialistas y a los imperialistas. Pero se enfrenta en condiciones muy distintas”.
Hay ventajas: “Los revolucionarios de hoy –nos enseñó Fidel- encontramos un camino preparado, una nación formada, un pueblo realmente con conciencia ya de su comunidad de intereses; un pueblo mucho más homogéneo, un pueblo verdaderamente cubano, un pueblo con una historia, la historia que ellos escribieron; un pueblo con una tradición de lucha, de rebeldía, de heroísmo”.
Por eso es tan actual su pregunta: “…¿qué se puede parecer más a aquella lucha de ideas de entonces que la lucha de ideas hoy?”, y habría añadido: “Si las raíces y la historia de este país no se conocen, la cultura política de nuestras masas no estará suficientemente desarrollada”… Cuba, no olvidarlo nunca, es piedra dolorosa en los zapatos de todos los imperios. De ahí que un voto inexcusable sea analizar y comprender mejor nuestra historia nacional en su concatenación hemisférica e internacional (¡ardua tarea para padres, escuelas, artistas y prensa, para el Partido de la Nación y todas las organizaciones sociales y de masas!).
Como los fundadores, los revolucionarios de hoy debemos, además, hacer similar apuesta de cara a otra fecha no menos relevante que debe permanecer en el horizonte político del país durante todo este año: el 10 de abril de 2019, en que la rebeldía exaltada en este 2018 evoque aquel otro día, también fundacional, en que casi al unísono de los gritos de independencia y libertad, nacieron la República, la democracia, la Constitución, los cargos públicos de la nueva Nación y sus atributos: himno, escudo, bandera, tal y como los concebimos los cubanos. ¡Día de la Patria!, le llamaba con razón Martí a la Asamblea de Guáimaro.
Como proclamó Fidel aquella noche de 1968 en el monumento del ingenio Demajagua, tenemos sobrados motivos para contemplar esta historia con orgullo. Tenemos sobrados motivos para comprender esa historia con profunda satisfacción.  Nuestra historia cumple –esta vez ciento cincuenta- años. No la historia de la colonia, que tiene más; ¡la historia de la nación cubana, la historia de la patria cubana, la historia del pueblo cubano, de su pensamiento político, de su conciencia revolucionaria!
(Tomado del blog El Cubano Libre)

Isla de Pinos y aquellos primeros días de 1959

Por: Diego Rodríguez Molina

5 enero 2018 | CUBADEBATE

Presidio Modelo, eje alrededor del cual se desenvolvieron los acontecimientos de aquel primer día de enero de 1959, es hoy Monumento Nacional y alienta al recuerdo y los sueños de los jóvenes. Foto: Archivo del autor

La segunda ínsula cubana fue el primer territorio, fuera de la ciudad de Santiago de Cuba y de algunas localidades ocupadas por el Ejército Rebelde, donde los revolucionarios llegaron a asumir el control absoluto del poder político y militar del pueblo
Aquel primero de enero de 1959 la segunda ínsula del archipiélago cubano, fue el primer territorio, fuera de la ciudad de Santiago de Cuba y de algunas localidades ocupadas por el Ejército Rebelde, donde los revolucionarios llegaron a asumir el control absoluto del poder político y militar.
El Presidio Modelo constituyó el eje alrededor del cual en la entonces Isla de Pinos se desenvolvieron los acontecimientos de aquel primer día de enero, día del triunfo de la Revolución también en territorio pinero. Y desde dentro y fuera de Presidio se forzó la liberación de los revolucionarios encarcelados, porque a la entrada del penal se habían concentrados los pineros.
No fue cuestión de una jornada, sino resultado de la gran unidad lograda por las milicias, tanto de las organizadas desde la cárcel por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, como de las nucleadas a raíz de la victoria por los más diversos sectores del pueblo, guiadas por el movimiento estructurado en la localidad y subordinado al mando central de la Revolución.
Aquí también desde los primeros momentos se debieron enfrentar maniobras con el claro intento de sabotear la Revolución, entre ellas la fraguada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de Estados Unidos alrededor de Ramón Barquín, coronel del régimen batistiano, encarcelado en presidio, una vez fracasado todo lo previsto por la figura de Cantillo, así como también acciones diversionistas, entre ellas la ocurrida al propiciarse la fuga de presos comunes aquel mismo día primero, y cuya situación fue normalizada en pocas horas, poniéndose a prueba la capacidad para defender el joven poder en cualquier circunstancia.
La liberación de los presos políticos, en las condiciones de la isla, convertida en centro penitenciario, no sólo constituía una de la primera medida, sino, al mismo tiempo, una estocada a fondo contra el régimen dictatorial en el territorio y premisa para la marcha de la Revolución triunfante, ya que esos presos políticos, ante la ausencia aquí del Ejército Rebelde, devinieron decisivos sostén, junto al resto del pueblo revolucionario, de las fuerzas encargadas de asegurar el triunfo y los trascendentales cambios.

¿Golpe de Estado desde la cárcel?

Armando Hart, el máximo responsable del Movimiento 26 de Julio en presidio. Foto: Archivo del autor

Armando Hart Dávalos, de la dirección del Movimiento 26 de Julio, en sutestimonio Mis últimos días de la cárcel y los primeros del triunfo, narra: “Dentro de la cárcel poseíamos clandestinamente un radio en la galera, que custodiaba el compañero Casto Amador. Transcurrían las semanas finales de diciembre de 1958. Pasamos la noche del 24 escuchando las noticias acerca de los avances de las tropas rebeldes, y conocimos de las fuerzas que al mando de Almeida se acercaban a Santiago, de la marcha de Camilo y el Che hacia el centro de la Isla, y de la toma de distintos pueblos en esa región.
“A propósito de la invasión a Occidente, Barquín dijo: “No es posible que esto sea así, porque militarmente ello no es factible’, y un compañero le respondió: ‘Coronel, lo hicieron porque no sabían que era imposible”. El ambiente general de la galera era de ascenso revolucionario.
“Se ha comentado que Ramón Barquín estaba promoviendo un golpe de Estado desde la cárcel, a partir de sus contactos con el Ejército, sus relaciones con la Embajada norteamericana, y que su objetivo era neutralizar la victoria de la Revolución…”

Pretensiones frustradas

“…En las primeras horas de la madrugada del histórico Primero de Enero –prosigue relatando Hart– recibimos el ¡Notición! por el radio que tenía Casto Amador. Todos nos empezamos a preparar para salir, pero los guardias no lo permitían. Allí nos mantuvieron hasta las dos o las tres de la tarde, cuando se apareció un grupo de oficiales para buscar a Barquín y a los presos militares. Querían utilizar esta última carta contra el movimiento popular.”
“Los oficiales llegados de La Habana pretendían que los civiles nos quedáramos presos en la circular. Barquín asumió similar posición.”
“Borbonet, Fernández, otros militares y la Dirección del Movimiento 26 de Julio, les planteamos que tal cosa era inaceptable. Fui a discutir con Barquín y le exigí la liberación de todos los presos políticos.”
“…Las pretensiones de dejarnos recluidos a los compañeros del Movimiento fueron frustradas por la unidad con que actuaron Borbonet, Fernández, los militares que ellos capitaneaban y la masa de militantes del 26 de Julio que nosotros representábamos.”

Alocución por la emisora CMBY

Aquel mismo primero de enero, a sólo 16 días de su nacimiento como emisora privada del latifundista batistiano Francisco Cajigas, la CMBY que radicaba en la esquina de Calle Martí y 18 en Nueva Gerona, pasó a manos de la Revolución y trasmitió una alocución al pueblo en la voz del entonces capitán José Ramón Fernández, horas después de obligar a las autoridades locales del derrocado régimen de Batista a ponerlo en libertad junto a los demás revolucionarios.

Hombres y armas hacia Columbia

Desde dentro y fuera de Presidio se forzó la liberación de los revolucionarios encarcelados porque a la entrada del penal se habían concentrados los pineros. Foto: Archivo del autor

En su relato de esas históricas jornadas prosigue evocando Armando Hart: “…Se designó a Jesús Montané para la dirección civil del municipio de Isla de Pinos, y el día 2, como a las diez de la mañana, con un discurso en el portal del Ayuntamiento tomó posesión como alcalde.”
“A media noche, nos llamaron los compañeros que habíamos enviado junto a Barquín y nos informaron que el ejército de Batista estaba derrotado; nos aconsejaban que esa misma madrugada saliéramos hacia la capital. Así lo hicimos en las primeras horas del 2 de enero. Viajamos en un avión, cargado de hombres y armas hacia el aeropuerto de Columbia, hoy Ciudad Libertad”.
Era otro de los tempranos aportes de los pineros a la Revolución triunfante.

Poder total y rápido avance

Además, en el territorio se fue capaz de preservar la victoria y cumplir en lo esencial de forma muy rápida el Programa del Moncada expuesto por Fidel en el juicio tras el asalto a esa fortaleza santiaguera el 26 de julio de 1953.
En Isla de Pinos, se liquidó además de forma absoluta y tempranamente el aparato coercitivo del Estado burgués-latifundista. Alrededor del 20 de enero fueron intervenidas la Compañía de Vapores, la Compañía Eléctrica Nueva Era, los latifundios de los batistianos Cajigas, Justo Luis del Pozo, Goyo Hernández y Ramón Rodríguez, este último dueño, además, de la fábrica de cigarros y tabacos Partagás.
Importante papel en la consolidación de la unidad revolucionaria y la participación del Ejército Rebelde en los puestos claves de la región, tuvo la visita del comandante Camilo Cienfuegos el 17 de febrero de 1959.
En verdad la suroccidental ínsula del archipiélago no solo fue el primer territorio, fuera de la ciudad de Santiago de Cuba y de algunas localidades ocupadas por el Ejército Rebelde, donde los revolucionarios llegaron a asumir el poder político total, sino también crear las condiciones para el rápido avance de las transformaciones, muchas de las cuales pusieron a prueba las mejores ideas de Fidel como lo fueron las revoluciones hidráulicas, industrial y educacional en lo que fuera años después la Isla de la Juventud y de la solidaridad sin precedente, imposible de imaginar aquel primer día de 1959.
(Tomado de Periódico Victoria)

Evo Morales: “Cuba digna y soberana venció al imperio”

El mandatario boliviano, Evo Morales, destacó hoy la resistencia de la mayor de las Antillas a la hostilidad norteamericana, en ocasión de cumplirse un aniversario más de la ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 1961. En una publicación en su cuenta en la red social Twitter @evoespueblo, Morales recordó este suceso.

3 enero 2018 | CUBADEBATE

El mandatario boliviano, Evo Morales, destacó hoy la resistencia de la mayor de las Antillas a la hostilidad norteamericana, en ocasión de cumplirse un aniversario más de la ruptura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 1961.
En una publicación en su cuenta en la red social Twitter @evoespueblo, Morales recordó este suceso que tuvo lugar dos semanas antes de que Eisenhower entregase la presidencia a John F. Kennedy, periodo en el cual se desarrolló la invasión mercenaria a Playa Girón, en abril de 1961, y la imposición del cerco económico, en febrero de 1962.
“Cuba digna y soberana venció al imperio”, concluyó Morales.
El bloqueo a Cuba de carácter unilateral y genocida, es condenado anualmente desde 1992 en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este foro, diplomáticos y personalidades mundiales expresan su rechazo a esta política estadounidense.
El representante de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, expresó en una ocasión que el bloqueo no solo vulnera la soberanía de Cuba, sino también la de otros Estados, y responde a una lógica imperial demostradamente fracasada.
Agregó que con este proceder se pretende castigar a la isla y a cualquier pueblo que decida tomar decisiones más allá de los designios de Washington.
Estas sanciones unilaterales de Washington constituyen una grave y recurrente violación del derecho internacional, afirmó.
(Con información de Prensa Latina)

CATALUNYA-Estado español

Entrevista al abogado de Puigdemont: "Se está haciendo una causa general contra el independentismo"

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, considera como un hecho "objetivo" que los miembros cesados ​​del Gobierno y los Jordis no han cometido sedición ni rebelión, y pone en duda la separación efectiva de poderes en el Estado

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en su despacho. / Marià de Delàs.

barcelona

05/01/2018 22:42 - carles bellsolà @cbellsola - PÙBLICO

Abogado, economista y catedrático de Derecho Procesal en la UB, Jaume Alonso-Cuevillas (Barcelona, ​​1961) no se ha convertido en una cara conocida por todo eso, sino por representar al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en la causa abierta contra él y todo su ejecutivo por rebelión y sedición. Dos delitos que no se han producido en ningún caso, según insiste varias veces en la entrevista con Público, hecha en su despacho profesional de Barcelona, ​​mientras en Madrid el Tribunal Supremo decidía mantener el vicepresidente cesado Oriol Junqueras en prisión.

¿Volverá el presidente Puigdemont para la Constitución del Parlament y la investidura?

Esto es lo que queremos saber todos. Yo no lo sé. Es una decisión que acabará adoptando él, que supongo que la está madurando. Yo lo que tenía que aportar en este debate es una parte pequeña, la relativa a las consecuencias judiciales de su regreso. Que son obvias: sería inmediatamente detenido y conducido a presencia del juez [Pablo] Llarena, que tendría 72 horas para decidir si adopta medidas cautelares o no. Puigdemont es perfectamente conocedor de ello, y es un elemento más para tomar una decisión compleja, que tiene más elementos políticos y personales que estrictamente judiciales.

Cuando lo entrevistamos el último día de la campaña electoral, Puigdemont nos dijo: "Volveré si el Estado español se compromete a aceptar el resultado de las elecciones". ¿Lo ha aceptado?

Esto entra en el terreno de la política ... De entrada hablamos del Estado, y no sabemos muy bien qué es. El Gobierno sí que lo ha aceptado formalmente, no aceptarlo significaría impugnarlo. El PP tampoco lo ha impugnado, pero las manifestaciones que ha hecho significan que no lo ha digerido.

También nos dijo que tenía "perfectamente claro cómo y cuándo" podía entrar en Catalunya sin ser detenido. ¿Puede entrar en territorio español sin ser detenido?

Hoy por hoy, no. La ley es clara. En el actual estado de cosas, hay una orden de detención en España. El presidente Puigdemont no es una persona anónima, todo el mundo lo conoce -aquí y en toda Europa-, y en cuanto ponga un pie en territorio español será inmediatamente detenido.

¿Qué le ha recomendado usted que haga?

Recomendado, no. En general, los abogados no debemos dar consejos a nuestros clientes, debemos dibujar escenarios. Y dar consejos a un político, y a un político de primera talla como es el presidente Puigdemont, muchísimo menos. Me he limitado a explicarle las consecuencias, obvias, que tendría para él volver al Estado español.

Sobre estos escenarios, ¿si permanece en Bruselas, podría ser investido presidente?

Esto es lo que están estudiando. Esto es derecho parlamentario, no es mi especialidad y no tengo un criterio técnico fiable. El reglamento del Parlament no contempla expresamente esta posibilidad. Tampoco la prohíbe, y en derecho hay una máxima interpretativa que dice que todo lo que no está expresamente prohibido debe entenderse como permitido. Por lo tanto, con una interpretación flexible del reglamento del Parlament, debería entenderse que sí. Pero el propio PP y no recuerdo si también C 's han manifestado que lo recurrirían de forma inmediata al Tribunal Constitucional (TC). Y, conociendo cómo está actuando el TC, es de temer que lo anularían de forma rápida.

La prisión provisional no es una pena anticipada, no se aplicará para calmar la alarma social, no es un "que aprendan".

En caso de ser investido, ¿podría participar en las votaciones?

Nos movemos en la dimensión desconocida. Es un escenario absolutamente inédito. En primer lugar, si el presidente Puigdemont vuelve, yo creo que no hay argumentos para decretar prisión provisional. La prisión provisional no es una pena anticipada, no se aplicará para calmar la alarma social, no es un "que aprendan". La ley de enjuiciamiento criminal dice que es una medida excepcional, y esta excepcionalidad está reforzada por la propia ley y por la jurisprudencia española y europea. La ley enfatiza, en un precepto que es más pedagógico que normativo, que sólo se aplicará cuando no exista una medida menos gravosa para cumplir una de las tres finalidades previstas. Estas finalidades son el riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. El riesgo de destrucción de pruebas, a estas alturas ya no tiene ningún sentido. El riesgo de fuga... una persona que viene para ser investido presidente y que estará con escolta permanente, hay otros mecanismos menos gravosos para asegurarse de que no huya. En cuanto a la reiteración delictiva, sería en todo caso para los delitos que conllevan prisión. Aquí se ha desenfocado el debate. Todos estamos dando por bueno el debate sobre si ha acatado más o menos la Constitución, si ha renunciado más o menos a la vía unilateral... Esto puede hacer referencia en todo caso a un delito de desobediencia, que no conlleva prisión. Y el riesgo de reiteración delictiva en un delito que no conlleva prisión no puede justificar una prisión provisional. En cuanto a la rebelión y la sedición, son delitos que no se han dado.

¿No se han dado por la ausencia de violencia?

Por la ausencia de algo previo, que es el levantamiento. Del derecho penal -y ahora entramos en un tecnicismo-, se predican dos cualidades principales. Una es su carácter de ultima ratio, último remedio cuando otras ramas del ordenamiento jurídico no han funcionado, y derivado de ello, su carácter fragmentario. Esto quiere decir que no todo lo que es ilegal es delito. Pueden haber conductas ilegales que no son delito. Para definir lo que es delito el Código Penal describe tipos penales, que son como una oración, con sujeto, verbo y predicado. En el caso de la sedición y la rebelión, estamos enfatizando el adjetivo, "violenta" o "tumultuaria". Pero debemos recordar el sustantivo que hay antes, que es "levantamiento". Para que haya delito, debe haber un "levantamiento tumultuario", en el caso de la sedición, y un "levantamiento violento", en el caso de la rebelión. No ha habido levantamiento, ni ha habido violencia. Y esto no sólo lo digo yo, que soy un abogado de parte. Lo han dicho 130 catedráticos de Derecho Penal de toda España, la inmensa mayoría de los cuales no es simpatizante de la causa independentista. Es un hecho objetivo que no ha habido sedición ni rebelión.

En caso de que volviera Puigdemont, fuera detenido y encarcelado, ¿podría ser investido presidente?

Entiendo que sí. Se debería hacer valer el artículo 23 de la Constitución, el derecho de participar en la cosa pública. Hay un único precedente, el de Juan Carlos Yoldi, que fue excarcelado para participar en la sesión de investidura cuando era obvio que no tenía ninguna posibilidad de ser investido, y por lo tanto creo que se debería autorizar también a Puigdemont. Sería un escándalo desde el punto de vista democrático y de libertades fundamentales que no se le autorizara. Pero al final la última palabra la tiene el tribunal.

Se ha dicho que hay una causa general contra el independentismo. ¿Qué opina?

Que es una causa general. De hecho, es más grave que una causa general. Los elementos incriminatorios principales a los que se están acogiendo las tesis acusatorias son un powerpoint y una libreta. Aparte del valor que pueda tener esto, es que se obtuvieron de una denuncia contra Santi Vidal cuando hace unas manifestaciones desafortunadas, y contra dos personas más. A ninguno de los tres se le ha tomado declaración. Y el juez decreta el secreto de la causa y empieza a ordenar registros y detenciones de gente que no tiene nada que ver, ampliando los ámbitos subjetivo y objetivo, en una clara vulneración del derecho de defensa. Además, este material se está utilizando para nutrir de elementos acusatorios las otras causas, sin que puedas participar en las diligencias instructoras. Esto es otra vulneración grave del derecho de defensa, con un cúmulo de irregularidades. Se está haciendo una causa general, desde el primer momento, sin respetar los más elementales derechos de defensa.

¿Prevé más detenciones e imputaciones?

Yo me rijo por esto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal [muestra sendos ejemplares ante él en la mesa], hace 30 y tantos años que lo explico en la Universidad, es mi especialidad. Pero ahora me he quedado sin capacidad de respuesta. Estamos viendo tantas cosas absolutamente fuera de lo común que es totalmente imposible hacer predicciones.

Es muy fácil de decir que yo confío en la separación de poderes y en la imparcialidad de los jueces que he puesto yo

En este sentido, ¿cree que, como han opinado diversas voces, no hay una clara separación de poderes en España?¿Ve posible que se inhabilite a los imputados, incluso si toman posesión de sus actas de diputado, e incluso a un presidente de la Generalitat investido?

En España hay 5.300 jueces. La inmensa mayoría hacen un trabajo impecable, en unas condiciones extremas, sin medios y mal retribuidos teniendo en cuenta los conocimientos que deben tener. El problema se da cuando esto afecta a los altos cargos de la justicia. El Consejo de Europa, este miércoles, reiteró lo que ya había dicho los años 2013 y 2016, cuestionando la falta de imparcialidad objetiva de las altas instancias judiciales. Porque en su designación interviene un órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial, que está íntegramente nombrado por los partidos políticos, y estos son los que designan uno a uno a los magistrados del Tribunal Supremo. Y cada vez que se designa a uno podemos hacer laradiografía, de si este es conservador, es progresista, tiene amistad personal con tal político... Desde este punto de vista, separación formal de poderes sí que hay: es muy fácil de decir que yo confío en la separación de poderes y en la imparcialidad de los jueces que he puesto yo.

¿Y en este caso concreto?

Hay otro elemento, que es que un juez ha de ser imparcial también desde el punto de vista ideológico y emocional. Los jueces son humanos, de izquierda o de derechas, hijo de propietario o de inquilino, del Barça o del Madrid. Pero en un conflicto de carácter político como el que nos ocupa, hay gente que no es indiferente, se siente concernida y parte del conflicto, y pierden la condición de imparcialidad necesaria para poder juzgar este asunto.

Y respecto a la independencia o falta de independencia de la Fiscalía, ¿qué piensa?

Esto va mucho más allá. Nuestro sistema legal ya establece que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Es cierto que, desde un punto de vista formal, el Gobierno se limita a nombrarlo, y no le puede dar instrucciones. Pero a todos nos consta que la comunicación entre Moncloa y Fiscalía es constante y fluida. Y, si yo sólo puedo nombrarte, y una vez nombrado no puedo ni preguntarte la hora, ya me aseguraré yo de nombrar a aquella persona que sintonice con mis planteamientos.

En este sentido, ¿una posible solución pasaría por un pacto político, implicando a la Fiscalía?

Sí, pero no es tan fácil. La Fiscalía ciertamente podría desistir de las acusaciones -en todo caso, debería hacerlo de las acusaciones de sedición y rebelión, porque no se dan los elementos del título-. Pero no basta con que la Fiscalía retire las acusaciones, porque recordemos que hay acusaciones populares, que difícilmente se retirarán. En todo caso, el tribunal en cualquier momento podría archivar el caso, total o parcialmente.

¿Y una amnistía?

La amnistía técnicamente no es posible, sería necesario un indulto. Y un indulto requiere una previa condena. Sería una vía muy injusta pasar por una condena. Lo que procedería es que la Fiscalía desistiera o que el Tribunal Supremo archivara los delitos de rebelión y sedición. Me parece razonable que sigan investigando la malversación. Hasta que lleguen a la conclusión a la que ya ha llegado el señor Montoro tras tener intervenida la Generalitat y de hacer de conseller de Economía, y que ha manifestado públicamente: que no se ha empleado un solo euro del presupuesto de la Generalitat para costear el referéndum.

Hay quien habla de 'presos políticos' y 'exiliados', y quien habla de 'políticos presos' y 'huidos'. ¿Qué se debería decir y por qué?

Lo único que debería decirse es que, en rigor, no hay ningún huido. El señor Puigdemont se va a Bélgica cuando es un ciudadano sobre el que no pesa ningún tipo de medida cautelar. Ni siquiera había una querella admitida a trámite contra él. Tan pronto como se dicta una orden europea de detención, el señor Puigdemont y los consejeros que lo acompañan se ponen a disposición de la policía belga, se entregan a las autoridades. Cuando después el Estado español, la justicia española, decide retirar la euroorden -una contradicción absoluta, si mantiene la orden de detención en España-, no lo está está reclamando nadie y tiene plena libertad de movimientos en Bélgica. La justicia española sabe perfectamente dónde está y no lo quiere reclamar por los motivos que sean. ¿Políticos presos? En todo caso, esto valdría para los que son políticos, y hay dos que no lo son. ¿Presos políticos? Esto es más conflictivo. Desde el rigor jurídico, no existe una definición exacta de qué es un preso político. El Consejo de Europa sí tiene alguna recomendación al respecto, pero con criterios muy genéricos: cuando haya motivos para sospechar que las personas están presas por su ideología o su pensamiento, cuando en la causa no se han respetado los derechos fundamentales de defensa... ¿Desde este puntos de vista podemos hablar de presos políticos? Pues sí, y encajaría plenamente dentro de la definición prevista por el Consejo de Europa. Pero como son cosas que aún no están asentadas, se puede decir pero no se puede afirmar con rigor. Así como sí puedo decir con rigor que no hay delito de sedición ni de rebelión, la definición de presos políticos no se puede trazar con un bisturí. Yo entiendo que lo son, pero entiendo que cualquiera lo pueda discutir.

Mientras estamos hablando, el Supremo ha decidido que Oriol Junqueras seguirá en prisión. ¿Qué piensa?

Ni Junqueras ni ninguno de los otros imputados debería haber estado ni un solo día en la cárcel. Primero, porque no ha habido ni sedición ni rebelión. Segundo, porque la prisión provisional sólo se justifica si hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. Parece que ahora lo están concentrando en la reiteración delictiva, pero fijémonos en cómo se está planteando: se está diciendo si Junqueras ha sido más o menos contundente en la defensa de la Constitución. No tenemos una constitución militante. No es un estado constitucionalmente confesional. En todo caso, si el vicepresidente Junqueras o cualquiera de los otros imputados dicen "yo soy independentista y no renuncio a seguir trabajando por la independencia", como mucho los podrán acusar de querer reiterar en un delito de desobediencia, porque el Tribunal Constitucional - y esto también se puede discutir, técnicamente- ha alertado de que esto es contrario a la Constitución. Pero no se puede decretar una prisión provisional porque haya riesgo de reiteración en un delito que no conlleva prisión, como es el de desobediencia. Haber dictado o mantener un solo minuto más la prisión provisional es absolutamente injusto. Lo que me temo es que en la decisión están pesando más factores políticos, relacionados con la investidura, que no deberían guiar el debate de algo tan técnico y excepcional como es la prisión provisional.

En este sentido, y al hilo de las dudas que había expresado sobre la separación efectiva de poderes, ¿cree que se pretende impedir la formación de un nuevo Gobierno?

Yo ya no sé cuál es la finalidad que están persiguiendo con todo esto. Pero sería gravísimo si la justicia se dejara instrumentalizar con fines políticos. Sería un tema de una gravedad democrática insólita en la Europa del siglo XXI.

¿Ve posible que se inhabilite a los imputados, incluso si toman posesión de sus actas de diputado, e incluso a un presidente de la Generalitat investido?

Sí. Si hay una condena de un delito que conlleva inhabilitación, es automático. Es lo que ocurrió con Francesc Homs, que de forma inmediata -y con malas formas- le quitaron el acta. Aquí hay un agravante, que es que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente, lo es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Con lo cual, además, les quitan la posibilidad de presentar recurso.

Si se llega a juicio ¿cuando prevé que sea?

Difícilmente la instrucción puede terminar antes de un año o un año y medio. Después viene el llamado período intermedio, por lo tanto el juicio no empezaría antes de dos años. Por lo tanto, calculo que podemos tener sentencia en tres o cuatro años, a pesar de lo que hayan dicho algunas voces.

¿Se atreve a hacer un pronóstico de cómo acabara todo?

Me resisto a hacerlo. Como jurista, como persona que a pesar de todo cree en el derecho -y digo en el derecho, más que en la justicia- debería decir que no procede otra cosa que una sentencia absolutoria o un archivo, porque no hay sedición, no hay rebelión, no se ha gastado un euro público y por tanto no hay malversación... Entiendo que la prevaricación queda integrada en la desobediencia. Y en cuanto la desobediencia, y el delito de desobediencia previsto en el Código Penal -que debe interpretarse restrictivamente- habla de desobediencia a resoluciones judiciales. Y las del Constitucional no son judiciales. La prueba es que al TC lo han desobedecido flagrantemente todo el mundo: las CCAA, el Gobierno, la Fiscalía General del Estado, que tiene circulares ordenando a los fiscales que no sigan normativa emanada del TC... Lo ha desobedecido todo el mundo y nunca se ha considerado que fuera delito.

Pensamiento crítico

por Vicenç Navarro

Lo que no se ha contado sobre las elecciones catalanas

enero 5, 2018Una realidad que ha pasado desapercibida en los múltiples análisis que se han hecho en los mayores medios de comunicación españoles, incluyendo catalanes, de las votaciones que tuvieron lugar en Catalunya el 21 de diciembre es que lo que ha sucedido en Catalunya tiene algunos puntos de semejanza con lo que ha estado ocurriendo en otros países a los dos lados del Atlántico Norte. Me estoy refiriendo al resurgimiento de amplios sectores de la clase trabajadora como nuevo agente de cambio a favor de opciones de derecha o incluso ultraderecha. En EEUU, por ejemplo, esta clase social –la clase trabajadora- (que círculos del establishment político mediático estadounidense apenas reconocían su existencia, asumiendo que había desaparecido o se había convertido en clases medias) jugó un papel determinante en la elección del candidato Trump, un candidato de la ultraderecha estadounidense que se había presentado como el candidato antiestablishment, salvador de la patria, frente al neoliberalismo y globalización promovidos por el Partido Demócrata gobernante, que supuestamente estaba debilitando la identidad nacional del país.
En Francia, fue también la olvidada clase trabajadora la que fue el apoyo electoral mayor de la ultraderecha francesa, dirigida por Marine Le Pen, en protesta a las políticas neoliberales del Partido Socialista presidido por el Sr. Hollande (que habían afectado muy negativamente la calidad de vida y bienestar de tal clase), y también en rechazo a la dilución y pérdida de la identidad francesa amenazada por la integración europea promovida por el gobierno Hollande. El cinturón rojo de París dejó así de apoyar a las izquierdas y votó en su lugar a la ultraderecha. Una situación casi idéntica apareció en la Gran Bretaña. En aquel país fue también la clase trabajadora la que apoyó masivamente la salida del país de la Unión Europea como oposición al establishment neoliberal europeo y como consecuencia de su deseo de recuperar la identidad británica. Como bien escribió Owen Jones, autor de Chavs. La demonización de la clase obrera (Capitán Swing, 2012), la ignorada o supuestamente desaparecida clase trabajadora, existía y su protesta estaba abrumando a las estructuras de poder británico, lo que culminó más tarde en el Brexit.
¿Ha pasado algo semejante en Catalunya? La aparición de la clase trabajadora como actor político en las elecciones del 21D
No puede dudarse que, en base a los datos disponibles y fácilmente accesibles, el hecho más notorio que ocurrió aquel día de las elecciones del 21D no fue solo la elección -de nuevo- de la coalición independentista, liderada por Convergència (conocida después como PDeCAT y últimamente como Junts per Catalunya, que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático), sino también el apoyo electoral de grandes sectores de la clase trabajadora a Ciudadanos, uno de los partidos políticos más opuestos a Convergència, y al establishment político mediático catalán que ha  controlado durante la gran mayoría al periodo democrático todos los aparatos de la Generalitat de Catalunya. Este voto a Ciudadanos ha sido un voto de protesta al establishment político mediático (nacionalista primero e independentista después) que gobierna la Generalitat de Catalunya promoviendo a través de los medios públicos de la Generalitat, como TV3 y Catalunya Ràdio, así como de los medios privados (todos ellos subvencionados por fondos públicos), un nacionalismo conservador –el pujolismo-, recientemente convertido en independentismo, que polariza Catalunya según el sentido de identidad nacional de sus ciudadanos y, a lo cual, la clase trabajadora, de mayoría castellanoparlante, se opone.
Pero el rechazo a Convergència (Junts per Catalunya) incluye no sólo el aspecto identitario. Convergència (en sus distintas versiones PDeCAT y Junts per Catalunya) es un partido de orientación liberal (es decir, neoliberal en lo económico) que gobernó Catalunya por muchos años con un partido cristianodemócrata, Unión Democrática (integrada hoy en el PSC), y más tarde con ERC (en alianza en el gobierno Junts pel Sí) y con la ayuda de la CUP, un partido este último que se define como revolucionario pero que siempre antepone el proyecto nacional al social (como también hace ERC). Su sucesor, el PDeCAT (y su última versión Junts per Catalunya) ha sido un defensor de las políticas neoliberales, tanto en su reforma laboral como en sus recortes de gasto público, siendo los más extensos ocurridos en España. Ni qué decir tiene que la gran crisis que la aplicación de tales políticas ha provocado en Catalunya, ha creado una gran desazón en la clase trabajadora. Y la gran astucia de Ciudadanos ha sido canalizar este enfado antiestablishment político-mediático independentista, ocultando su neoliberalismo, presentándose como el más antiindependentista y más antinacionalista catalán y el más español. Y, por lo visto, lo consiguió.
El apoyo electoral de la clase trabajadora catalana a Ciudadanos
 El voto a Ciudadanos fue muy acentuado en los barrios obreros de Barcelona y Tarragona, provincias que concentran la gran mayoría de la clase trabajadora en Catalunya. El análisis electoral muestra que aquellos barrios por debajo de los niveles medianos de renta del municipio votaron por Ciudadanos. Un análisis sobre la procedencia del apoyo a Ciudadanos muestra claramente que provino predominantemente de los barrios obreros, y muy en especial de Barcelona y Tarragona, alcanzando ahí porcentajes del voto electoral de casi el 35-40% del electorado. Ejemplos son Ciudad Meridiana, Trinitat Nova, La Marina del Prat-Zona Franca, Vallbona, Trinitat Vella, Torre Baró, Les Roquetes o el Turó de la Peira, entre otros, todos ellos con un nivel de renta inferior a la mediana de la ciudad de Barcelona. Pero incluso en barrios obreros populares, con elevada densidad de la clase trabajadora con niveles de renta semejantes e incluso ligeramente superiores al promedio de la ciudad, como la Sagrera, el porcentaje de voto fue elevado (un 25%) garantizando que fuera el primer ganador en la mayoría de barrios de clase trabajadora.
De lo que no se dijo sobre Ciudadanos durante la campaña electoral: su filosofía económica es neoliberal, idéntica al PDeCAT
Ahora bien, lo que merece ser citado es que durante la campaña electoral el carácter neoliberal de tal partido –Ciudadanos- apenas apareció. En realidad, Ciudadanos es de la misma familia política que Convergència (que se rebautizó como PDeCAT y últimamente como Junts per Catalunya), lo cual casi nunca apareció en la campaña electoral. La evidencia de que sus políticas neoliberales (como la reducción de gasto público, la reducción de impuestos, su oposición al incremento del salario mínimo, entre otras) dañarían a las clases trabajadoras que les votaron es abrumadora. La escasa experiencia de gobierno del partido Ciudadanos en Catalunya,  la muy buena prensa que recibieron de los mayores medios de comunicación españoles, y la gran cantidad de recursos para promocionarse en la campaña, explican que este componente de su doctrina económica neoliberal apenas fuera conocido por sus votantes (ver mi artículo “La utilización de las banderas para ocultar las políticas responsables de la gran crisis social” en Público, 18 de diciembre de 2017). Pero esta orientación neoliberal, sin embargo, no pasó desapercibida por las clases más pudientes catalanas que sí consideraron correctamente a Ciudadanos como el más sensible a sus intereses. La gran paradoja del electorado favorable a Ciudadanos fue su curva en forma de U, siendo muy acentuada entre las rentas inferiores –clase trabajadora- por un lado, y entre las clases pudientes de mayor renta, por el otro. El barrio barcelonés donde Ciudadanos consiguió un mayor porcentaje de voto fue el más rico de Barcelona, Pedralbes (un 42%). Las clases dominantes tienen siempre una conciencia de clase más desarrollada que cualquier otro grupo o clase social. El apoyo de las clases pudientes a Ciudadanos era lógico y predecible pues respondía a sus intereses. No así, sin embargo, el apoyo recibido por tal partido por la clase trabajadora, que vería afectada negativamente su bienestar económico y social por la aplicación de tales políticas.
Lo mismo ocurrió, por cierto, en EEUU. Los mayores porcentajes de apoyo a Trump (que era el candidato que representaba con mayor crudeza a la clase empresarial estadounidense, profundamente antisindical) provenían de los barrios blancos más pobres (de clase trabajadora) y también de los barrios más pudientes. La coherencia en el comportamiento electoral de las clases pudientes (que correctamente leyeron quiénes defendían mejor sus intereses de clase) contrastó también en aquel país con la incoherencia del comportamiento electoral de las clases trabajadoras subalternas que priorizaron la expresión de su enfado y su nacionalismo identitario sobre sus intereses de clase.
Había gran interés en que el tema nacional acaparara todo el tema electoral
 La centralidad del tema nacional identitario ocultó e hizo irrelevante la importancia del tema social. Y esa fue la gran victoria de las derechas el día 21D. Los dos partidos mayoritarios, vencedores de las elecciones, uno liderando el futuro gobierno mayoritario independentista (la antigua Convergència con el nombre de Junts per Catalunya), el otro liderando la oposición (Ciudadanos), eran ambos miembros del grupo europeo liberal, cuya más reciente aportación al Parlamento Europeo fue proteger los paraísos fiscales existentes en Europa. La centralidad en la temática de las banderas fue su gran éxito.
 Lo cierto es que el debate de las banderas fue un diseño bien ejecutado por las fuerzas dirigentes del Estado español por un lado (el PP, Ciudadanos y el PSOE) y de la Generalitat de Catalunya, por el otro (PDeCAT o Junts per Catalunya, con la ayuda de ERC), para no hablar de sus responsabilidades en haber causado la gran crisis social de Catalunya (y de España). La rigidez y falta de sensibilidad del PP hacia las demandas nacionales procedentes de Catalunya, le suponía réditos electorales en el resto de España. Y el “procés” diseñado por los independentistas hacia la independencia exprés, así como las tensiones generadas, eran necesarias para aumentar sus bases electorales, que lograron  ampliar. Las detenciones y “exilios” movilizaron el apoyo electoral al independentismo. Y puesto que a ambos partidos tampoco les interesaba que se reavivara el eje derechas versus izquierdas (por su gran vulnerabilidad si ello hubiera ocurrido) no hubo interés en salirse del tema nacional.
 La enorme dificultad de cambiar el tema electoral pasando del tema nacional al tema social
En estas circunstancias, las izquierdas catalanas como Catalunya En Comú-Podem lo tuvieron muy difícil para romper esta polarización, pues a todos los otros partidos (que todos ellos, excepto la CUP, habían realizado y puesto en marcha políticas neoliberales) les hubiera perjudicado el cambiar de tema centrándose en la enorme crisis social existente en Catalunya. Tanto el PP como el PDeCAT (Junts per Catalunya) habían sido protagonistas de las reformas neoliberales como la reforma laboral y los enormes recortes al gasto público social.  En cuanto al PSC, su credibilidad estaba también limitada pues su partido hermano, el PSOE, había iniciado las políticas neoliberales y no ha habido hasta hoy una crítica seria de tal pasado. Referente a ERC y a la CUP, tales partidos siempre, en su apoyo al independentismo, habían antepuesto el tema independentista sobre cualquier otro, apoyando unos presupuestos que reprodujeron gran parte de las políticas neoliberales.
 ¿Por qué ahora la clase trabajadora catalana votó a la derecha ultraliberal?
La respuesta a esta es relativamente fácil. En realidad, es fácil de entender por qué el cinturón rojo de Barcelona ha votado naranja dejando de votar rojo o morado en estas elecciones. No hay ninguna duda de que, de la misma manera que el PP ha sido el mayor fabricante de independentistas, el gobierno independentista de Junts pel Sí ha sido el mayor fabricante de Ciudadanos en Catalunya. Cada vez que la coalición gobernante en Catalunya de Junts pel Sí se define como representante del pueblo catalán hiere los sentimientos identitarios de muchos de los catalanes no independentistas que reclaman también ser españoles y que, por cierto, son la mayoría de ciudadanos que vive en Catalunya. No hay duda que la máxima causa de que grandes sectores de la clase trabajadora en Catalunya votara a Ciudadanos se debe al éxito de canalizar el sentimiento español a través suyo.
 En la misma manera en que, nunca antes en Catalunya, los independentistas habían mostrado mayor agresividad en el desarrollo de su “procés”, nunca antes había habido una respuesta igualmente contundente por el sentido de pertenencia a España. Tenía que haber sido claro desde el principio para las izquierdas catalanas no independentistas que un adversario mayor para ellas sería Ciudadanos que utilizaría la defensa de la españolidad para movilizar ampliamente a la clase trabajadora a su favor. Debiera haber sido necesario mostrar que detrás del supuesto “patriotismo” español estaba la versión más “dura” del neoliberalismo. Y los datos así lo muestran claramente. El trasvase de votos desde las izquierdas no independentistas a Ciudadanos ha sido importante y significativo. Más de un 25% del voto a Catalunya En Comú-Podem y cerca del 36% del voto al PSC en 2015 fueron a Ciudadanos el 21D. Naturalmente que hubo también una transferencia en sentido contrario, pero mucho menor (Toni Rodon, “On han anat els vots del 27-S aquest 21-D?”, Naciódigital, 24 de diciembre de 2017).
Pero existió otro problema del que tampoco se habla
Pero el problema mayor que tienen las izquierdas catalanas no independentistas es su dificultad a la hora de canalizar el sentimiento de ser español porque la visión hegemónica hoy en este país del Estado español es la versión monárquica y ello como resultado del gran dominio que las derechas tuvieron durante la Transición, ayudadas por el transformado PSOE que abandonó parte de su bagaje ideológico durante ésta, resultado de las presiones del Ejército y de la Monarquía. El bipartidismo era el eje de un sistema monárquico que el PSOE hizo suyo.
La visión monárquica de España, sin embargo, nunca fue popular en Catalunya. Por mucho que las izquierdas catalanas estuvieran en desacuerdo no sólo con la secesión propuesta por los independentistas sino también en la manera tan irresponsable que los independentistas habían propuesto alcanzarla, no les era fácil salir en defensa del Estado español, incluyendo de la bandera borbónica, una bandera muy semejante a la que enarbolaron y el mismo himno que las tropas franquistas –que se llamaron a sí mismas los nacionales- cuando ocuparon el territorio catalán. Cuando la marcha en oposición a la independencia se organizó, fueron los partidos monárquicos los que la lideraron. Era difícil para un español republicano sentirse cómodo con tal identificación.
El enorme coste de la desmemoria histórica y la necesidad de las izquierdas de redefinir España
Y ahí nos lleva al punto clave de la respuesta a la pregunta que inicia tal sección: grandes sectores de las izquierdas catalanas no se sienten identificados con esta España monárquica. La lucha por la plurinacionalidad de España es fundamental y, además, tenemos que crear otro sentimiento de pertenencia a un proyecto común y para ello las izquierdas necesitan recuperar temas olvidados o dejados de lado en la suficiente recuperación de la memoria histórica. Esta falta de recuperación explica que, paradójicamente, las dos banderas (la estelada y la borbónica) más utilizadas por los dos bandos durante la campaña electoral, sean banderas partidistas en extremo. Pero hay que darse cuenta que para la mayoría de catalanes la bandera catalana no es la estelada sino la “senyera”. Y muchos catalanes que nos sentimos españoles no nos sentimos identificados con la bandera que representa el Estado monárquico. La bandera española para millones de españoles y catalanes era, y continúa siendo, la bandera republicana.
Soy consciente del argumento, que encuentro también razonable, de que la juventud ha sido socializada (a través del fútbol y otras competiciones) identificando la bandera borbónica como la española, y que introducir la republicana puede retrotraernos a una época pasada.
Pero hay que ser conscientes, por otra parte, que mantener la monárquica como la única representante para definir España (aunque es lo que instruye la ley y la Constitución) es contribuir a una pérdida de identidad. Supone también la desaparición de un punto de referencia en la consideración de alternativas al proyecto monárquico actual. No es por casualidad que el Estado sea tan intolerante hacia el uso de tal bandera republicana. Basta recordar al súperpatriota españolista, Presidente de las Cortes Españolas, el socialista José Bono, prohibiendo a los combatientes republicanos que visitaron tal institución, enarbolaran la republicana.
De ahí que se necesite un respeto tanto a las personas que ya han sido socializadas a considerar la bandera borbónica como la española, y a aquellos que consideran la republicana como la suya, recuperando un significado y una visión de España distinta a la actual. Aplaudo en este sentido la excelente presentación del senador de Podem Catalunya, Óscar Guardingo, en su intervención en el Senado, en la comisión sobre la aplicación del 155, con una crítica convincente del comportamiento de los herederos del franquismo, cuando resaltó que había otra España, terminando su presentación con los colores de la bandera republicana. Era una crítica a una versión dominante de lo que es España, a la cual se le recordaba que el espíritu de la España republicana continuaba existiendo.
Las banderas republicanas españolas tenían que haber aparecido en las marchas en Catalunya frente al neoliberalismo y frente al independentismo. Sin complejos, herederos de aquellos que han hecho más por este país, sintiéndonos españoles no monárquicos, y descontentos con el Estado español controlado por la derecha española de siempre, así como con la Generalitat de Catalunya, que continúa controlada también por la derecha catalana de siempre. No ser conscientes de ello lleva a una situación en la que los dos partidos mayoritarios en Catalunya son el gobierno de Junts per Catalunya por un lado, y Ciudadanos por el otro, ambos de la misma familia política neoliberal. El primero ocultando sus políticas detrás de la estelada y el segundo ocultando sus políticas neoliberales bajo la bandera borbónica.
Pero en esta redefinición, lo más importante no son los colores de las banderas sino el significado de los conceptos. Patria tiene que decir calidad de vida, y nación el bienestar de las clases populares que la constituyen. Y sí, utilizando estos criterios pueden hacerse listas de quién es más patriota en este país. No es el que la tiene más larga (la bandera) sino el que ha beneficiado más a la mayoría de la población a través de las políticas públicas que mejoren su calidad de vida y su bienestar. Y hoy las derechas “súperpatriotas” de los dos lados del Ebro suspenden dramáticamente. El deterioro de la calidad de vida, resultado de la enorme crisis social que existe tanto en Catalunya como en el resto de España, es resultado de los años de gobiernos de derecha “súperpatriotas” en este país. Y, en cambio, de ello ni siquiera se pudo hablar durante la campaña. Y ahí está el triunfo de los de siempre. Así de claro.

URUGUAY

El pasado inconcluso: Investigaciones de crímenes de la dictadura con futuro incierto

El año 2017 estuvo signado por el casi nulo avance de las investigaciones por crímenes de la dictadura. Sólo un militar fue procesado y una treintena de pedidos de procesamiento están pendientes de resolución. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia volvió a aplicar la tesis de la “muralla”. La continuidad o no de las causas volverá a estar en entredicho en 2018.

Por Mauricio Pérez domingo 7 de enero de 2018 - CARAS Y CARETAS

Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto integra una familia de larga tradición militar. Su abuelo, el general Gregorio Álvarez Lezama, fue edecán de Gabriel Terra. Su padre, el coronel Artigas Álvarez, fue asesinado en un operativo de un comando del MLN-Tupamaros en 1972. Su tío -el más conocido- era el general Gregorio Goyo Álvarez, uno de los militares más influyentes de la última dictadura, quien en setiembre de 1981 asumió el cargo de presidente de la República y el rótulo de dictador.
En febrero de 1970, realizó junto a su hermano Artigas Gregorio, también militar, el curso CC-1 en la Escuela de las Américas (School of Americas) de Panamá, institución creada por Estados Unidos, en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en la doctrina de la seguridad nacional. Diez años después, entre 1980 y 1981, integró el grupo de Artillería Nº 1 como juez sumariante. Se retiró ya en tiempos de democracia con el grado de coronel.
En abril de 2017, aquellos años de la década del 80 se hicieron presentes. El juez José María Gómez (hoy juez Penal de 42º Turno) dispuso su procesamiento con prisión por “un crimen de tortura, en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos”. Se lo enjuició en calidad de cómplice -como “colaborador secundario”, pero no esencial- de las torturas sufridas por Gerardo Riet, en el cuartel La Tablada (o Base Roberto), uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura.
El magistrado consideró probado -al menos prima facie– que Álvarez “constituyó despacho como juez sumariante” en la sala de tortura de La Tablada, que allí se entrevistó con Riet y lo obligó a firmar un acta en la que decía, entre otras cosas, que el trato dispensado durante el interrogatorio fue correcto. Todo esto a sabiendas de que Riet y el resto de los presos políticos en ese centro eran torturados sistemáticamente. El procesamiento fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1er Turno, pero se modificó el delito; se descartó tortura y se le tipificó “abuso de autoridad contra los detenidos”.
Su caso es simbólico: Álvarez fue el único militar procesado por graves violaciones a los derechos humanos en dictadura en 2017, un año signado por el escaso avance del cúmulo de investigaciones, la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad -que aún no entró en funciones- y la detención en España de un militar emblemático de la represión dictatorial; también por un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que reaviva los temores sobre el levantamiento de una “muralla” que impida la continuidad de las causas, aunque en los hechos el futuro depende de la posición que asuma el máximo órgano del Poder Judicial en relación a la prescripción de los delitos. Y eso recién se conocerá este año.
Un año sin avances
Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, fue crítico de los hechos ocurridos en 2017 en relación a la investigación de los crímenes de la dictadura. “Se confirma que no hay una voluntad política de persecución criminal [de los delitos de la dictadura], no hay política públicas por parte del sistema judicial, ni del Poder Ejecutivo ni del Parlamento”, afirmó Olivera a Caras y Caretas.
Los datos reflejan esa valoración: sólo un militar, Álvarez, fue procesado por estos delitos. A esto se le suma el pedido de procesamiento de 35 militares, policías y civiles -en su mayoría presentados por la fiscal Ana María Centellea, que días atrás renunció a su cargo en el Ministerio Público para iniciar el trámite jubilatorio- aún pendientes de resolución.
Estos pedidos refieren a 11 procesos penales, entre ellos, las muertes por tortura de Pedro Lerena, Hugo Leonardo De los Santos, Óscar Fernández Mendieta, Nuble Donato Yic, Gerardo Coghlan, Iván Morales Generalli y Basilicio López. También por el homicidio de Walter Arteche (integrante del MLN-T que fue torturado hasta la muerte junto al militante del PRT de Argentina Gerardo Alter) y por las detenciones ilegales y torturas de Universindo Rodríguez y Rodolfo Porley. Entre imputados en estas causas están José Nino Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira (condenados por los crímenes del segundo vuelo de Automotores Orletti) y varios coroneles retirados, como Alberto Balestrino -hijo del general homónimo-, Glauco Gianone y Antranig Ohanessian.
El único pedido de procesamiento pendiente de resolución en el cual no intervino Tellechea refiere a las torturas contra militantes de la UJC en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, entre 1973 y 1983. En esta causa, la fiscal Mariela Luzzi solicitó el procesamiento del policía José Lemos (al que se vinculó con el homicidio de Cecilia Fontana de Heber) y del empresario Jorge Charleta Guldenzoph.
Según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas, varios de estos pedidos de procesamiento no fueron resueltos ya que aún faltaban instancias formales que cumplir. Por ejemplo, en varios casos los militares imputados no habían sido citados en calidad de indagados, por lo que previo a la fijación de la audiencia ratificatoria (prevista en el artículo 126 del viejo CPP) debían cumplir con esa instancia procesal. En otros casos, la resolución se demoró por la estrategia de la defensa de los militares de dilatar el proceso -mediante la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de prescripción- o por el cambio de juzgado de los expedientes, ante la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.
En este sentido, Olivera valoró que hasta ahora los Tribunales de Apelaciones fueron contestes en habilitar la continuidad de las investigaciones, con el argumento de que los delitos no prescribieron. “Algunos argumentan que son delitos de lesa humanidad e imprescriptibles y otros que el período de facto ni el tiempo de vigencia de la Ley de Caducidad deben computarse dentro del plazo de prescripción”, señaló Olivera. Por ejemplo, en una causa, se argumentó que el plazo de prescripción debía comenzar a correr a partir de noviembre de 2011, fecha en que el expresidente José Mujica firmó el decreto que excluía todas las causas del amparo de la Ley de Caducidad.
Ante esto, Olivera consideró que el sistema político “tiene que resolver qué hace con la Ley 18.831”, ya que esta norma se transformó en una herramienta que favorece el actuar dilatorio de las defensas. Olivera recordó que en 2011 las organizaciones de derechos humanos promovían un proyecto que establecía la obligación del Estado uruguayo de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gelman versus Uruguay -que obligó al Estado a remover todos los obstáculos para la persecución de estos crímenes-, pero finalmente se decidió impulsar el texto aprobado en la Ley 18.831. La realidad muestra que ese camino no tuvo el resultado esperado. “La ley no cumplió el objetivo, fue declarada inconstitucional y generó retraso en las causas. Tiene que haber una medida legislativa que de alguna manera elimine esto”, afirmó Olivera.
Marchas y contramarchas
Sobre principios de 2013, la Suprema Corte de Justicia accedió al pedido de la defensa de varios militares -ejercida por las abogadas Graciela Figueredo y Rossana Gavazzo- y decidió declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831. El fallo se aprobó por mayoría de cuatro a uno, con la discordia del ministro Ricardo Pérez Manrique. Fue entonces que el ministro Jorge Ruibal Pino -integrante de la mayoría- utilizó la metáfora de la “muralla”. La frase causó revuelo y llevó a que Ruibal Pino se excusara de intervenir en estos procesos.
A ese fallo le siguieron otros, todos en línea con la inconstitucionalidad de esos dos artículos. Pero los jueces y los Tribunales de Apelaciones encontraron una forma de saltar la muralla y no aplicar la Ley 18.831. Y se utilizaron dos argumentos: el primero, los delitos son imprescriptibles; el segundo, el período de vigencia de la Ley de Caducidad no se puede computar dentro del plazo de prescripción, ya que esta norma fue un obstáculo para el accionar de la Justicia. Con idas y vueltas, las causas siguieron adelante. Sólo dos causas fueron archivadas: la investigación por la muerte de Eduardo Arigón y la que investiga el homicidio de Vladimir Roslik.
Sobre mediados de 2015 la Corte cambió su criterio y las acciones de inconstitucionalidad contra esta ley fueron sistemáticamente rechazadas. En este caso, la mayoría estuvo integrada por los ministros Pérez Manrique, Felipe Hounie y Jorge Larrieux. Los dos primeros se plegaron a la tesis de que la Ley de Caducidad fue un obstáculo a la investigación; Larrieux, en tanto, utilizó argumentos formales referidos a que los accionantes no tenían legitimidad o que el juez no había aplicado la norma.
Pero a fines de 2017, la Corte retomó la tesis de la “muralla” y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la norma. La decisión se adoptó en una causa tramitada en el Juzgado Letrado de Tacuarembó por torturas, privación de libertad y detención ilegítima en el Regimiento de Caballería Nº 5. El fallo afirma que “las reglas que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no pueden ser aplicadas al presente caso, ya que las leyes que incorporaron estos a nuestro derecho son posteriores a la comisión de los hechos en esta causa”. La mayoría estuvo conformada por los ministros Chediak, María Elena Martínez y Eduardo Turell; la discordia fue de los ministros Felipe Hounie y Bernadette Minvielle.
La decisión fue duramente cuestionada por organizaciones sociales y el propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien insistió con la imprescriptibilidad de estos delitos y la obligación del Estado de seguir investigando. Díaz afirmó que la tesis de la SCJ es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y no cumple con el fallo de la Corte IDH en el caso Gelman. En una exposición pública, el máximo representante del Ministerio Público aseguró que el fallo de la Corte IDH debe aplicarse a todas las causas por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y que no pueden aplicarse normas de prescripción, de caducidad ni cosa juzgada que impida la investigación. Y aseguró que todos los organismos del Estado, incluido la SCJ, están obligados a cumplir esos preceptos.
Sin embargo, fuentes vinculadas con estas investigaciones dijeron a Caras y Caretas que el verdadero debate en relación a la continuidad de estas causas aún se produce en los despachos del edificio Piria, sede de la SCJ. La postura asumida en 2013 y 2014 por la Corte en relación a la ley 18.831 no impidió continuar adelante con la mayoría de estas investigaciones e incluso alguna de ellas, como la investigación por la muerte de Aldo Perrini, derivó en el procesamiento de militares.
Por eso es importante la posición que asumirá la Corte cuando deba pronunciarse directamente sobre la prescripción o no de estos delitos. Y ya tiene un expediente sobre este punto. Se trata de la investigación por torturas en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó. En esta causa, la defensa de José Gavazzo presentó una acción de inconstitucionalidad contra a Ley 18.831 y un pedido de prescripción. “Primero la Corte falló sobre la inconstitucionalidad, ahora sigue a estudio la casación. Ahí se conocerá la postura de la Corte sobre la prescripción”, agregaron las fuentes.
El fugado Ferro
Los otros hechos relevantes de 2017 ocurrieron fuera de fronteras. En Italia, por ejemplo, la Justicia condenó a cadena perpetua al excanciller Juan Carlos Blanco por los crímenes del Plan Cóndor, pero exoneró a los doce militares y policías uruguayos imputados por el fiscal Giancarlo Capaldo, incluido el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli.
Pero el foco de 2018 estará en la península ibérica. La Justicia española tramita el pedido de extradición del coronel (r) Eduardo Ferro, uno de los militares más relevantes de la represión dictatorial, quien desempeñó tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13.
A fines de 2016, Ferro debía declarar ante la Justicia, en la causa por la muerte del militante del PCU Óscar Tassino, pero nunca se presentó. Su esposa alegó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate y que volvería a fin de año, por lo que se fijó una nueva audiencia para marzo, pero el militar tampoco se presentó. Por este motivo, se libró una orden de captura internacional en su contra. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 con destino a Europa y nunca regresó. Fue detenido en setiembre de 2017 en España y se reclamó su extradición.
Un mes después, el Consejo de Ministros del gobierno del Reino de España dio luz verde al proceso de extradición. Sin embargo, el trámite no será sencillo. Según dijeron fuentes del Centro Militar, la defensa de Ferro tiene previsto utilizar -entre otros argumentos- un reciente fallo de la Audiencia Nacional de España en el que se rechazó un pedido de extradición librado contra un represor argentino.
El fallo -fechado en 2016- favoreció a Carlos Fernando Gori, oficial médico de la Armada acusado de secuestros, torturas y homicidios perpetrados en una base naval, quien vivía en Alicante, con tarjeta de residente. La Justicia española aplicó la tesis de la irretroactividad de la ley penal y alegó que los delitos imputados a Gori estaban prescriptos, ya que ocurrieron antes del 1º de octubre de 2004, fecha en la que comenzó a regir en España la ley de delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la Justicia uruguaya espera que se vuelva a la tesis anterior, por cuanto la Audiencia Nacional ya otorgó varias extradiciones de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos en Argentina, entre ellos, los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Julio César Poch, y el expolicía Rodolfo Almirón. Esta decisión permitirá saber si Ferro podrá ser juzgado por la Justicia uruguaya o si lograra evadir la acción de la Justicia como hizo, en su momento, Jorge Tróccoli.

VERDAD Y JUSTICIA 07 de enero de 2018, 15:01hs - LR21

El papa Francisco confirmó que desclasificará los archivos del Vaticano sobre la dictadura uruguaya

“El santo padre me renovó su compromiso para la desclasificación de los archivos y mostró otra su apoyo y solidaridad a los movimientos de Derechos Humanos de Uruguay”, expresó el nuevo embajador uruguayo ante el Vaticano, Mario Cayota.

El papa Francisco confirmó que desclasificará los archivos del Vaticano sobre la dictadura . Foto:L’Osservatore Romano

El papa Francisco ratificó su “compromiso” para desclasificar los archivos que el Vaticano tiene sobre la última dictadura militar uruguaya (1973-1985).
“El santo padre me renovó su compromiso para la desclasificación de los archivos y mostró otra su apoyo y solidaridad a los movimientos de Derechos Humanos de Uruguay”, expresó el nuevo embajador uruguayo ante el Vaticano, Mario Cayota, tras reunirse el pasado viernes con el pontífice para la presentación de sus cartas credenciales.
“Fue una reunión cordial en la que Francisco confirmó la idea de avanzar en la desclasificación, al igual que el secretario de Estado Pietro Parolín con quien me reuní luego para iniciar los avances en este tema”, agregó Cayota a la agencia argentina Télam.
El representante uruguayo y el papa mantuvieron una reunión de media hora en la que se refirieron también “a temas de actualidad de la región, como la situación de la denominada Patria Grande y la vigencia del pensamiento de próceres como José Gervasio Artigas”, expresó el diplomático uruguayo que le regaló al papa un busto de José Artigas y una edición del Reglamento de Tierras de 1815, porque sabe que Francisco es “gran admirador” del prócer uruguayo.
Cayota, que ya había sido embajador ante el Vaticano en 2006 y 2011, fue designado por el presidente Tabaré Vázquez a fin de 2016 como responsable del grupo de investigación sobre los archivos que posee la Santa Sede sobre la última dictadura de nuestro país.

Archivos del Vaticano sobre dictadura uruguaya serán revisados por ex embajador

Mario Cayota, exembajador uruguayo en el Vaticano, coordinará las labores de revisión de documentos sobre a época de la dictadura uruguaya. El mandatario ya había anunciado durante su visita al…

Definir criterios

La prensa internacional informó que aún restan detalles para definir con qué criterio se hará la desclasificación, si será igual a como el Vaticano ya hizo con los archivos de la dictadura argentina, en la que solo los familiares de desaparecidos pueden acceder a la documentación, o si se contemplará la posibilidad de un modelo de acceso más amplio, el cual es reclamado por sociedad civil uruguaya.
En marzo de 2017 el papa Francisco transmitió al entonces embajador uruguayo en el Vaticano, Francisco Ottonelli, su intención de comenzar la desclasificación de los archivos, para lo cual era necesaria la autorización de la Iglesia Católica uruguaya.
En julio pasado la Conferencia Episcopal Uruguaya autorizó al Gobierno a desclasificar los archivos de la dictadura, tras una reunión con el presidente Tabaré Vázquez.
La catalogación de los archivos estará a cargo de funcionarios del Vaticano, de forma que el Estado uruguayo no deberá afrontar ese costo, precisó La Diaria.