EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO
ENERO 2018: "LA LUCHA SUPERIOR"
El
equipo que busca salvar a JOH y su esquema autoritario insiste en un
error que puede ser fatal, asume que cada quien tiene su verdad en la
disputa por el poder entre el pueblo y la élite que explota el país, ven
la crisis nacional como una pugna entre Juan y Salvador o desde la
envidia que sienten cuando la multitud sigue a “Mel”, en esa dimensión
el pueblo no interesa, no hará nada, dicen que tienen militares y EE.UU.
de su parte, pero eso también tenían, y más, “Tacho” y Batista.
EDITORIAL
La lucha superior
Aceptémolo,
este abominable aborto de EE.UU., primero en el mundo de la era Trump,
no deberá repetirse jamás en nuestra historia, esta cosa no terminará en
playa feliz para muchos criticastros que disfrazan de ciencia analítica
su moralidad fabularia, vulnerable, se va cayendo a pedazos con “cuatro
años más”. Son como bacterias, constante amenaza, que pronto mueren
fuera del medio que las revitaliza, ¿Cuántos períodos más? cincuenta ha
dicho el oráculo de Gracias, que nada cambie o que cambie para no
cambiar nada, el cómplice en el Congreso y en la Corte, un Batson en el
fraude o un profesor cazando bolas de humo en el Tribunal de Cuentas;
los poderes en un puño; la riqueza, la justicia, la vida de la población
y el rumbo de Honduras en manos de un gabinete alterno en la sombra,
bien premiado y educado, armado con cuadros de todos los sectores de la
sociedad para planificar, concentrado en cada detalle del sistema, como
hábil relojero activando con precisión los tiempos del crimen y de la
ley que aceitan la maquinaria criminal del Estado.
Insistir
con ese modelo eso es locura, ya no funciona, y entre fantasmas no nos
pisamos las sábanas, ya pocos creen que el cardenal es buena persona; la
prensa tradicional influye, pero no determina el pensamiento ni las
grandes decisiones del pueblo hondureño; el presidente está más
desacreditado que Evelio, Juan nunca ganó una elección, jamás fue líder
de masas, ni del partido, le tienen miedo y se ríen a sus espaldas, y si
piensan que tienen el Ejército en las calles y a los gringos para que
los salven del castigo popular, deben considerar esta voz inteligente
que ha caminado en sus espacios académicos y políticos: “El pueblo debe
ser convocado a una verdadera insurrección nacional, las marchas son
buenas, pero sólo con marchas lo único que lograremos es llegar a la
quinta toma de posesión de JOH”, lo escribió el lúcido jurista Edmundo
Orellana. No justifiquen su ceguera con que está loco o resentido, bien
les vendría repensar sus tesis y cuidar el futuro de sus familias.
Las
últimas elecciones convencieron que con ustedes el voto no vale, es
burla, que es pérdida de tiempo y abuso, el 26 de noviembre la urna pasó
a basurero, las elecciones son pendejada dice el barrio, y esa es la
razón tardía para que los monaguillos del acusado de la Maccih, Mauricio
Oliva, digan que no volverán a robarse los triunfos, que aprobarán
reformas anti fraude en el nuevo y burlesco Congreso del viejo Oliva.
El
equipo que busca salvar a JOH y su esquema de gobierno insiste en un
error que puede ser fatal, asume que cada quien tiene su verdad, ven la
crisis del país como una pugna entre Juan y Salvador, o desde la envidia
que sienten cuando la multitud sigue a “Mel”.
¿No
escuchan el silencio profundo de estos días y noches frías? Miren ese
dolor, esa ira, esa frustración, ese desprecio con que han alimentado al
pueblo; si sus proyectos están en Honduras, no desestimen que
contemplan sus actos que dañan la sociedad, millones los conocen; funden
su diálogo –si quieren— en la mayoría que está lejos de sus salas, que
la hipocresía no los ciegue en la amenidad de la mesa con los
tradicionales círculos de poder.
La
crisis política en el país es antigua, el síntoma social de los últimos
dos meses es profundo, no ocurría desde hace medio siglo; el pueblo
supo una lección clave, que tendrá que pasar por encima de los
militares, hoy cayeron al menos 40 civiles con piedras en la mano, la
próxima será una lucha superior, pues de eso se trata, de la lucha por
el poder.
BRASIL
DEMOCRACIA
Diez preguntas y respuestas sobre el juicio de Lula da Silva en Brasil
Los principales argumentos respecto a la persecución del poder judicial contra el ex presidente
El
día 24 de enero tendrá lugar el juzgamiento en segunda instancia del ex
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la
Operación Lava Jato. La legalidad del proceso de Lula es cuestionada por
centenas de juristas que consideran que la sentencia del juez Sergio
Moro en primera instancia es una decisión política. Para ellos, la
sentencia no se basa en pruebas y tiene el objetivo de impedir la
candidatura de Lula en las elecciones presidenciales de este año. Los
juristas denuncian: las elecciones sin Lula serían un fraude. A
continuación las principales críticas en diez respuestas del Frente
Brasil de Juristas por la Democracia.
Una serie de movilizaciones en defensa de Lula ocurren en todo el país. El día de la decisión, miles de personas se reunirán en la ciudad de Porto Alegre (en el Sur de Brasil), lugar del juicio.
1. ¿Por qué crímenes Lula está acusado en el caso del apartamento tríplex en el ámbito de la Operación Lava jato?
A lo largo del proceso contra Lula, los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que el ex -presidente Lula sería el dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, municipio del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula, solo hay confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allá o tuvo las llaves del inmueble.
Pero es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público (cuando fue presidente del país). En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber recibido una ventaja - el apartamento tríplex-, pero no consigue identificar cuál fue ese acto y tampoco tiene documentos que comprueben que el apartamento le pertenece.
2. ¿Por qué los especialistas afirman que se trata de un proceso apoyado en la excepción?
La acción penal que se tramitó en la 13a Sala Criminal de la Justicia Federal de Curitiba bajo competencia del juez Sergio Moro resultó en una sentencia que revela un juicio basado en la voluntad condenatoria del juez para fundamentar la decisión; que utiliza el proceso penal de excepción propio de regímenes autoritarios. El juez admite el uso ampliado del derecho para combatir un "mal mayor", la corrupción sistémica, y pasa a no respetar el principio jurídico de inocencia, es decir "el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario", para imponer al acusado que pruebe que no es culpable.
El juicio llega a invertir la carga de la prueba, violando el principio básico de cualquier proceso justo en cualquier legislación del planeta. Con el argumento de que la corrupción es sistémica y con la asunción del papel de "héroe contra la corrupción" por parte del juez Sergio Moro, el proceso pasa a tener dos acusadores - los miembros del Ministerio Público y el juez - y un acusado sin derecho a la defensa amplia e irrestricta. El proceso se parece a un partido de fútbol sin árbitro, con uno de los equipos en desventaja y el marcador predeterminado.
3. ¿Un juez "héroe" puede ayudar a combatir la corrupción en Brasil?
De ningún modo un juez que se siente héroe podrá resolver solo los problemas de corrupción altamente complejos que existen en el país. El Poder Judicial no debe ser escenario para pretensiones personalistas de cualquier naturaleza y no conviene que un magistrado brille más que la causa del juicio, distanciándose de la serenidad e imparcialidad que necesita en una función de tamaña responsabilidad pública. No convienen premios mediáticos ni la idea de un juez "héroe", algo que compromete la imagen pública del órgano y genera inseguridad judicial.
4. ¿Al final, qué es lawfare (guerra jurídica)? ¿Por qué se usó lawfare en la sentencia contra Lula da Silva?
Lawfare es un neologismo que deriva de otra expresión en inglés - warfare - que significa guerra, guerra jurídica para alcanzar determinados objetivos. No se puede utilizar el derecho como guerra; al contrario, debe ser un instrumento de paz, de resolución de conflictos, de promoción de la justicia, respetando las garantías judiciales para no condenar personas inocentes. En el caso de la sentencia contra el ex presidente Lula, la guerra viene dada por el uso indebido del derecho para fines de una especie de guerra política, una persecución política, pues el juez no respeta varios de los principios del debido proceso: no respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, hace uso de pruebas ilícitas; va a los medios para manchar la imagen del acusado y apoya su decisión en presunciones y convicciones [en alusión a la frase del fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien afirmó que contra Lula no había pruebas, sino convicciones] y no en pruebas concretas. El proceso se asemeja a una guerra en la cual el juez deja de ser imparcial y pasa a unirse a los que acusan - fiscales del caso - para promover la persecución del acusado y su condena, aun sin pruebas.
5. ¿Si no hay crímenes o pruebas, cómo debe actuar el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4)?
El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) tendrá que juzgar a Lula dentro de la legalidad, respetando la Constitución y los Códigos Civil y Penal y también tendrá que respetar el juicio anterior, los precedentes judiciales. Por tanto, la única decisión posible en la legalidad es la reforma de la sentencia anterior, que revise los excesos que llevaron a la condena del ex presidente y lo declare inocente. En caso de que la decisión del TRF4 sea la condena, muchos caminos se podrán recorrer para que se restablezca la justicia y para que se garantice el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la República.
6. ¿La rapidez del TRF4 para establecer el juicio de Lula es irregular? ¿Por qué tanta prisa?
La rapidez del TRF4 para adelantar el juicio del proceso contra Lula nos causa extrañeza por dos razones: por ser un proceso extremadamente largo y porque no se contemplan las hipótesis legales de anticipación del juicio. Es raro que se tramite un proceso tan largo, con 250 mil páginas con esa velocidad, una velocidad récord, con la conclusión del informe tras 36 días y su revisión en apenas seis.
Se postergaron otros procesos para que el juicio de Lula pueda ocurrir el 24 de enero, primera fecha tras el receso de verano. ¿Y por qué tanto apuro, a fin de cuentas? El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mencionó que “en nombre de la seguridad judicial y de la estabilidad del juego democrático es mejor que se defina muy pronto cuales serán las reglas, quién podrá ser candidato”. Esa opinión resulta muy impropia, una vez que el proceso no debería tratar de las elecciones sino de un caso relacionado con la acusación del crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero. La declaración del ministro vuelve más evidente lo que está en juego en el escenario electoral y el activismo judicial en una esfera que no le corresponde: la política y el futuro del país.
Este es uno de los problemas de la judicialización de la política cuando no encuentra respaldo en la soberanía popular, última razón de ser del constitucionalismo democrático.
7. ¿Qué pasa si el TRF4 condena a Lula?
Cualquiera que sea el resultado del juicio de 24 enero, Lula seguirá como candidato a la Presidencia de la República. Es importante diferenciar el juicio en segunda instancia y la impugnación de la candidatura. Dependiendo del resultado del juicio, habrá recursos de apelación, peticiones a órganos superiores. Sólo el 15 de agosto -plazo final para que los partidos inscriban oficialmente las candidaturas- inicia el plazo para las impugnaciones, proceso a ser realizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En resumen: la condena no impide la candidatura de Lula, no impide que inscriba su candidatura o que siga siendo precandidato. Solamente cinco días después de la inscripción, sus adversarios podrán solicitar la impugnación y este proceso podrá o no alcanzar el calendario electoral.
8. ¿Lula da Silva tiene derecho a ser candidato?
El proceso contra Lula tiene relevancia indiscutible no solo porque fue el presidente de la República más popular de la historia del país, sino porque lidera como candidato favorito para las elecciones de 2018. Un juicio eventual que condene al ex presidente Lula en segunda instancia podría permitir un proceso de impugnación de la candidatura basado en la Ley de Ficha Limpia [sancionada por el propio Lula en 2010, y que solo veta la candidatura de personas condenadas por crímenes en segunda instancia], algo que podría apartarlo de las elecciones este año y que desencadenaría una inevitable revuelta popular ante la injusta y desproporcionada acusación en un proceso corrompido por ilegalidades y nulidades. Naturalmente, la posibilidad de impugnación concede un dramatismo incomparable al proceso contra Lula, pero sea cual sea la sentencia, dentro o fuera de la legalidad, de hecho el Partido de los Trabajadores (PT) tiene razón al afirmar que Lula seguirá siendo el candidato del partido, pues además de los recursos de apelación ante el proprio TRF4 y los tribunales superiores, todavía faltaría el proceso previsto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se efectúe la impugnación.
En resumen: Lula tiene derecho a ser candidato hasta que ya no se pueda apelar la sentencia condenatoria anunciada y hasta que el TSE impugne su candidatura. Entonces, solo quedará la creciente indignación de la población, que percibe los efectos de la persecución política y el uso de la guerra jurídica que, al intentar impedir la candidatura de Lula, compromete el futuro del país.
Tal vez sea necesario invertir la pregunta para entender lo que está en juego: el pueblo tiene derecho a elegir a Lula como jefe máximo de la nación, pues el pueblo es soberano, algo que se afirma cada día en la percepción de la injusticia procesal conectada a la gran crisis política iniciada con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff.
9. ¿Cómo continuaría el caso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE)?
Luego de transcurridos cinco días de la inscripción de la candidatura, los adversarios podrán solicitar la impugnación con base en la Ley de Ficha Limpia y entonces el TSE deberá realizar un proceso propio – que incluye: notificación para rendir declaraciones, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de pruebas para entonces decidir si hay razones o no para la impugnación.
Especialistas en cálculos electorales comprenden que aunque haya cohesión en los órganos jurisdiccionales en cuanto al apuro para definir el escenario electoral de 2018, los plazos son cortos entre la decisión (impugnar la candidatura) y la apelación ante el STF y difícilmente se juzgaría el caso antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral. Por otro lado, existe la posibilidad de que el partido sustituya al candidato hasta 20 días antes de las elecciones, es decir, dependiendo del escenario, hasta el 16 de septiembre podría cambiar al candidato, independientemente de si Lula sigue en campaña al lado del nuevo candidato elegido.
10. ¿Hay medidas internacionales para denunciar la injusticia del proceso contra Lula?
Los abogados de la defensa del ex presidente Lula denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU los abusos cometidos en el proceso legal, una de las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual Brasil forma parte. La decisión deberá salir en marzo de 2018. Independientemente de la decisión, la comunidad internacional se está manifestando sobre los abusos. Un manifiesto con más de 5 mil firmas, incluyendo grandes personalidades internacionales, relaciona la operación contra Lula y toda la Operación Lava Jato con el proyecto de destrucción del país.
Lea las preguntas y respuestas en Portugués y en Inglés.
Una serie de movilizaciones en defensa de Lula ocurren en todo el país. El día de la decisión, miles de personas se reunirán en la ciudad de Porto Alegre (en el Sur de Brasil), lugar del juicio.
1. ¿Por qué crímenes Lula está acusado en el caso del apartamento tríplex en el ámbito de la Operación Lava jato?
A lo largo del proceso contra Lula, los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que el ex -presidente Lula sería el dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, municipio del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula, solo hay confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allá o tuvo las llaves del inmueble.
Pero es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público (cuando fue presidente del país). En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber recibido una ventaja - el apartamento tríplex-, pero no consigue identificar cuál fue ese acto y tampoco tiene documentos que comprueben que el apartamento le pertenece.
2. ¿Por qué los especialistas afirman que se trata de un proceso apoyado en la excepción?
La acción penal que se tramitó en la 13a Sala Criminal de la Justicia Federal de Curitiba bajo competencia del juez Sergio Moro resultó en una sentencia que revela un juicio basado en la voluntad condenatoria del juez para fundamentar la decisión; que utiliza el proceso penal de excepción propio de regímenes autoritarios. El juez admite el uso ampliado del derecho para combatir un "mal mayor", la corrupción sistémica, y pasa a no respetar el principio jurídico de inocencia, es decir "el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario", para imponer al acusado que pruebe que no es culpable.
El juicio llega a invertir la carga de la prueba, violando el principio básico de cualquier proceso justo en cualquier legislación del planeta. Con el argumento de que la corrupción es sistémica y con la asunción del papel de "héroe contra la corrupción" por parte del juez Sergio Moro, el proceso pasa a tener dos acusadores - los miembros del Ministerio Público y el juez - y un acusado sin derecho a la defensa amplia e irrestricta. El proceso se parece a un partido de fútbol sin árbitro, con uno de los equipos en desventaja y el marcador predeterminado.
3. ¿Un juez "héroe" puede ayudar a combatir la corrupción en Brasil?
De ningún modo un juez que se siente héroe podrá resolver solo los problemas de corrupción altamente complejos que existen en el país. El Poder Judicial no debe ser escenario para pretensiones personalistas de cualquier naturaleza y no conviene que un magistrado brille más que la causa del juicio, distanciándose de la serenidad e imparcialidad que necesita en una función de tamaña responsabilidad pública. No convienen premios mediáticos ni la idea de un juez "héroe", algo que compromete la imagen pública del órgano y genera inseguridad judicial.
4. ¿Al final, qué es lawfare (guerra jurídica)? ¿Por qué se usó lawfare en la sentencia contra Lula da Silva?
Lawfare es un neologismo que deriva de otra expresión en inglés - warfare - que significa guerra, guerra jurídica para alcanzar determinados objetivos. No se puede utilizar el derecho como guerra; al contrario, debe ser un instrumento de paz, de resolución de conflictos, de promoción de la justicia, respetando las garantías judiciales para no condenar personas inocentes. En el caso de la sentencia contra el ex presidente Lula, la guerra viene dada por el uso indebido del derecho para fines de una especie de guerra política, una persecución política, pues el juez no respeta varios de los principios del debido proceso: no respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, hace uso de pruebas ilícitas; va a los medios para manchar la imagen del acusado y apoya su decisión en presunciones y convicciones [en alusión a la frase del fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien afirmó que contra Lula no había pruebas, sino convicciones] y no en pruebas concretas. El proceso se asemeja a una guerra en la cual el juez deja de ser imparcial y pasa a unirse a los que acusan - fiscales del caso - para promover la persecución del acusado y su condena, aun sin pruebas.
5. ¿Si no hay crímenes o pruebas, cómo debe actuar el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4)?
El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) tendrá que juzgar a Lula dentro de la legalidad, respetando la Constitución y los Códigos Civil y Penal y también tendrá que respetar el juicio anterior, los precedentes judiciales. Por tanto, la única decisión posible en la legalidad es la reforma de la sentencia anterior, que revise los excesos que llevaron a la condena del ex presidente y lo declare inocente. En caso de que la decisión del TRF4 sea la condena, muchos caminos se podrán recorrer para que se restablezca la justicia y para que se garantice el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la República.
6. ¿La rapidez del TRF4 para establecer el juicio de Lula es irregular? ¿Por qué tanta prisa?
La rapidez del TRF4 para adelantar el juicio del proceso contra Lula nos causa extrañeza por dos razones: por ser un proceso extremadamente largo y porque no se contemplan las hipótesis legales de anticipación del juicio. Es raro que se tramite un proceso tan largo, con 250 mil páginas con esa velocidad, una velocidad récord, con la conclusión del informe tras 36 días y su revisión en apenas seis.
Se postergaron otros procesos para que el juicio de Lula pueda ocurrir el 24 de enero, primera fecha tras el receso de verano. ¿Y por qué tanto apuro, a fin de cuentas? El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mencionó que “en nombre de la seguridad judicial y de la estabilidad del juego democrático es mejor que se defina muy pronto cuales serán las reglas, quién podrá ser candidato”. Esa opinión resulta muy impropia, una vez que el proceso no debería tratar de las elecciones sino de un caso relacionado con la acusación del crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero. La declaración del ministro vuelve más evidente lo que está en juego en el escenario electoral y el activismo judicial en una esfera que no le corresponde: la política y el futuro del país.
Este es uno de los problemas de la judicialización de la política cuando no encuentra respaldo en la soberanía popular, última razón de ser del constitucionalismo democrático.
7. ¿Qué pasa si el TRF4 condena a Lula?
Cualquiera que sea el resultado del juicio de 24 enero, Lula seguirá como candidato a la Presidencia de la República. Es importante diferenciar el juicio en segunda instancia y la impugnación de la candidatura. Dependiendo del resultado del juicio, habrá recursos de apelación, peticiones a órganos superiores. Sólo el 15 de agosto -plazo final para que los partidos inscriban oficialmente las candidaturas- inicia el plazo para las impugnaciones, proceso a ser realizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En resumen: la condena no impide la candidatura de Lula, no impide que inscriba su candidatura o que siga siendo precandidato. Solamente cinco días después de la inscripción, sus adversarios podrán solicitar la impugnación y este proceso podrá o no alcanzar el calendario electoral.
8. ¿Lula da Silva tiene derecho a ser candidato?
El proceso contra Lula tiene relevancia indiscutible no solo porque fue el presidente de la República más popular de la historia del país, sino porque lidera como candidato favorito para las elecciones de 2018. Un juicio eventual que condene al ex presidente Lula en segunda instancia podría permitir un proceso de impugnación de la candidatura basado en la Ley de Ficha Limpia [sancionada por el propio Lula en 2010, y que solo veta la candidatura de personas condenadas por crímenes en segunda instancia], algo que podría apartarlo de las elecciones este año y que desencadenaría una inevitable revuelta popular ante la injusta y desproporcionada acusación en un proceso corrompido por ilegalidades y nulidades. Naturalmente, la posibilidad de impugnación concede un dramatismo incomparable al proceso contra Lula, pero sea cual sea la sentencia, dentro o fuera de la legalidad, de hecho el Partido de los Trabajadores (PT) tiene razón al afirmar que Lula seguirá siendo el candidato del partido, pues además de los recursos de apelación ante el proprio TRF4 y los tribunales superiores, todavía faltaría el proceso previsto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se efectúe la impugnación.
En resumen: Lula tiene derecho a ser candidato hasta que ya no se pueda apelar la sentencia condenatoria anunciada y hasta que el TSE impugne su candidatura. Entonces, solo quedará la creciente indignación de la población, que percibe los efectos de la persecución política y el uso de la guerra jurídica que, al intentar impedir la candidatura de Lula, compromete el futuro del país.
Tal vez sea necesario invertir la pregunta para entender lo que está en juego: el pueblo tiene derecho a elegir a Lula como jefe máximo de la nación, pues el pueblo es soberano, algo que se afirma cada día en la percepción de la injusticia procesal conectada a la gran crisis política iniciada con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff.
9. ¿Cómo continuaría el caso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE)?
Luego de transcurridos cinco días de la inscripción de la candidatura, los adversarios podrán solicitar la impugnación con base en la Ley de Ficha Limpia y entonces el TSE deberá realizar un proceso propio – que incluye: notificación para rendir declaraciones, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de pruebas para entonces decidir si hay razones o no para la impugnación.
Especialistas en cálculos electorales comprenden que aunque haya cohesión en los órganos jurisdiccionales en cuanto al apuro para definir el escenario electoral de 2018, los plazos son cortos entre la decisión (impugnar la candidatura) y la apelación ante el STF y difícilmente se juzgaría el caso antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral. Por otro lado, existe la posibilidad de que el partido sustituya al candidato hasta 20 días antes de las elecciones, es decir, dependiendo del escenario, hasta el 16 de septiembre podría cambiar al candidato, independientemente de si Lula sigue en campaña al lado del nuevo candidato elegido.
10. ¿Hay medidas internacionales para denunciar la injusticia del proceso contra Lula?
Los abogados de la defensa del ex presidente Lula denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU los abusos cometidos en el proceso legal, una de las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual Brasil forma parte. La decisión deberá salir en marzo de 2018. Independientemente de la decisión, la comunidad internacional se está manifestando sobre los abusos. Un manifiesto con más de 5 mil firmas, incluyendo grandes personalidades internacionales, relaciona la operación contra Lula y toda la Operación Lava Jato con el proyecto de destrucción del país.
Lea las preguntas y respuestas en Portugués y en Inglés.
Edición: Beatriz Pasqualino | Traducción: Luiza Mançano
Juicio
Seis hechos que muestran las ilegalidades de la condena de Lula
Además de la falta de pruebas, el proceso del ex presidente presenta varias irregularidades; conozca algunas
El
próximo miércoles (24) será el juicio en segunda instancia del ex
presidente Luiz Inácio Lula da Salva, en el marco de la Operación Lava
Jato. Para entender mejor lo que está en juego en este caso, Brasil de Fato
escuchó al Frente Brasil de Juristas por la Democracia, y también a los
abogados de la defensa del ex presidente, que señalaron por lo menos
seis ilegalidades encontradas en el proceso, que lo tornan frágil para
llegar a una condena.
1. Conducción Coercitiva
En marzo de 2016, policías intentaron llevar a Lula a la fuerza a Curitiba para declarar. Con la reacción del pueblo, el ex presidente declaró en una comisaría en el aeropuerto de Congonhas en São Paulo. Esto es ilegal porque el Código del Proceso Penal dice que las conducciones forzadas solamente pueden realizarse luego de intimaciones previas que no hayan sido respetadas. Pero Lula todavía no había sido intimado cuando intentaron conducirlo a la fuerza.
2. Filtración de audios
En marzo de 2016, Moro divulgó audios de llamadas telefónicas interceptadas entre Lula, sus familiares y Dilma Rousseff. Esto es ilegal [destaque aqui] porque la conversación entre Lula y Dilma fue grabada después del plazo establecido por Moro y sin autorización. Como Dilma era presidenta, las grabaciones solamente se podrían haber hecho con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Pinchar el teléfono del estudio de los abogados de Lula
Moro autorizó que las llamadas del estudio de los abogados de Lula fuesen interceptadas (oídas). Esto es ilegal porque las conversaciones entre abogados y clientes son inviolables. El único caso similar que ocurrió en el mundo fue en España, donde el juez responsable fue alejado de sus funciones por más de diez años.
4. Competencia (no hay relación entre Lula y casos de corrupción en Petrobras)
Lula fue juzgado en Curitiba, cuna de las investigaciones sobre la Petrobras. Las acusaciones en su contra, hechas por procuradores de la República, supuestamente por un esquema de favorecimiento en la petrolera. Esto es ilegal porque no hay ninguna relación entre Lula y casos de corrupción en la Petrobras, comprobada por el Ministerio Público Federal. El caso ni siquiera tenía que haber sido juzgado por Moro.
5. Uso indebido de delaciones
Lula fue condenado por el contenido de delaciones de empresarios de la construcción acusados y condenados por la Lava Jato, que cambiaron sus versiones y pasaron a citar al ex presidente. Esto es ilegal porque los relatos de colaboraciones premiadas solamente pueden ser usados como fundamento para sentencias si están acompañados y validados por otras pruebas, como documentos.
6. Utilizar el apartamento en Guarujá para criminalizar a Lula
El punto central de la acusación contra Lula es que él habría recibido un apartamento en Guarujá, a cambio de beneficiar empresas de construcción civil en contratos con la Petrobras. El inmueble sería fruto de dinero desviado. Esto es ilegal porque no se demostró cómo el dinero habría sido desviado, ni se comprobó ninguna relación de Lula con la Petrobras en ese sentido. La defensa presentó documentos claros que muestran que los derechos sobre el inmueble pertenecen a la Caja Económica Federal.
Lea la nota en inglés.
– Frankfurt: Die Vorverurteilung des Ex. Präsidenten Lula /Em defesa de Lula
– Zurich: EM DEFESA DE LULA, PELA DEMOCRACIA. – 14:00 às 17:00, Hirschenplatz Zürich. Manifesto Brasil Social
– Washington: March for Democracy and the Rule of Law in Brazil das 11am às 2pm, 200 17th St NW
21 de enero
– New York: BRADO: Manifesto em defesa do Estado de Direito
– Barcelona: Persecución a Lula: otro Golpe al Estado de Derecho
– Estocolmo: Ato Público em apoio à Lula e em Defesa da Democracia. Mynttorget, Gamla Stan, das 14h às 16h.
– Berlín: Ato Público em frente ao portão do Brandenburgo, das 13:30 às 14:30.
– Madrid: Acto Cultural en Defensa de la Democracia en Brasil. 19hs. Local: Maloka c/ Salitre, 36 – Lavapiés.
– Ciudad de México: Acto en Defensa de la Democracia y Apoyo a Lula – México.
– París: Flashmob Une élection sans Lula serait fraudeleuse! Em apoio à defesa mundial ao direito de Lula ser candidato. às 16h no Parvis des Droits de l’Homme, Trocadéro
– Londres: London Solidarity with Lula International Committee: #LondonStandsWithLula – Speakers’ Corner, Hyde Park, 13h
– Colonia: Colônia por Lula e Pela Democracia Brasileira – 15hs em frente à Catedral de Colônia
– Amsterdam: #StandWithLula: Ato pela defesa da democracia no Brasil. Das 15:30 às 17:30, Dam Plein.
23 de enero
– New York: Democracy in Brazil: Ato Público na Union Square, Manhattan às 19h
– Bruselas: Ato em defesa de Lula e da Democracia. Em frente à Bolsa de valores às 18 horas, Boulevard Anspac
– Lisboa: Coletivo Andorinha: Eleição Sem Lula é Fraude! Abaixo o Estado de Exceção. 18h, na Praça Luís de Camões.
24 de enero
– Munich: Die Vorverurteilung des Ex. Präsidenten Lula /Em defesa de Lula
– París: Roda de Debate sobre o resultado do julgamento e qual estratégia para o prosseguimento da luta contra o golpe. às 18:30 às 21:30 na Bourse de Travail
– Berlín: Contra a arbitrariedade -Solidariedade/Against arbitrariness. Brandenburger Tor, Pariser Platz, 17h às 19h
Lea la nota en Portugués y en Inglés.
Movilización de productores rurales, el martes, en Durazno. Foto: Andrés Cuenca
1. Conducción Coercitiva
En marzo de 2016, policías intentaron llevar a Lula a la fuerza a Curitiba para declarar. Con la reacción del pueblo, el ex presidente declaró en una comisaría en el aeropuerto de Congonhas en São Paulo. Esto es ilegal porque el Código del Proceso Penal dice que las conducciones forzadas solamente pueden realizarse luego de intimaciones previas que no hayan sido respetadas. Pero Lula todavía no había sido intimado cuando intentaron conducirlo a la fuerza.
2. Filtración de audios
En marzo de 2016, Moro divulgó audios de llamadas telefónicas interceptadas entre Lula, sus familiares y Dilma Rousseff. Esto es ilegal [destaque aqui] porque la conversación entre Lula y Dilma fue grabada después del plazo establecido por Moro y sin autorización. Como Dilma era presidenta, las grabaciones solamente se podrían haber hecho con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Pinchar el teléfono del estudio de los abogados de Lula
Moro autorizó que las llamadas del estudio de los abogados de Lula fuesen interceptadas (oídas). Esto es ilegal porque las conversaciones entre abogados y clientes son inviolables. El único caso similar que ocurrió en el mundo fue en España, donde el juez responsable fue alejado de sus funciones por más de diez años.
4. Competencia (no hay relación entre Lula y casos de corrupción en Petrobras)
Lula fue juzgado en Curitiba, cuna de las investigaciones sobre la Petrobras. Las acusaciones en su contra, hechas por procuradores de la República, supuestamente por un esquema de favorecimiento en la petrolera. Esto es ilegal porque no hay ninguna relación entre Lula y casos de corrupción en la Petrobras, comprobada por el Ministerio Público Federal. El caso ni siquiera tenía que haber sido juzgado por Moro.
5. Uso indebido de delaciones
Lula fue condenado por el contenido de delaciones de empresarios de la construcción acusados y condenados por la Lava Jato, que cambiaron sus versiones y pasaron a citar al ex presidente. Esto es ilegal porque los relatos de colaboraciones premiadas solamente pueden ser usados como fundamento para sentencias si están acompañados y validados por otras pruebas, como documentos.
6. Utilizar el apartamento en Guarujá para criminalizar a Lula
El punto central de la acusación contra Lula es que él habría recibido un apartamento en Guarujá, a cambio de beneficiar empresas de construcción civil en contratos con la Petrobras. El inmueble sería fruto de dinero desviado. Esto es ilegal porque no se demostró cómo el dinero habría sido desviado, ni se comprobó ninguna relación de Lula con la Petrobras en ese sentido. La defensa presentó documentos claros que muestran que los derechos sobre el inmueble pertenecen a la Caja Económica Federal.
Lea la nota en inglés.
Edición: Vivian Fernandes | Traducción: Marcelo Aguilar
MOVILIZACIÓN
Actos en apoyo a Lula da Silva ocurren en más de 20 países
Habrá manifestaciones en París, Nueva York, Madrid y otras ciudades; juicio al ex presidente tendrá lugar el 24 de enero
El
juicio en segunda instancia contra el ex presidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva tendrá lugar el 24 de enero. En julio de 2017 Lula
fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable
por la Operación Lava Jato, en la ciudad de Curitiba, en Paraná (región
Sur de Brasil).
Las manifestaciones en apoyo al ex presidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva trascendieron las fronteras de Brasil. Entre
los días 20 y 24 de enero brasileños y extranjeros realizan actos
políticos en más de 20 países para denunciar lo que consideran como una
persecución política contra Lula.
“Vamos a denunciar los crímenes contra la democracia
brasileña. La defensa de Lula es una respuesta a la criminalización de
los movimientos sociales y de la izquierda en Brasil. Lula es un líder
social, reconocido internacionalmente. Tiene derecho a un juzgamiento
justo, pero no es lo que ocurre hoy en Brasil, pues Lula fue condenado
[en primera instancia] sin pruebas”, afirma la trabajadora social Marcia
Nunes, que vive desde hace ocho años en Estocolmo, Suecia.
En Nueva York, en los Estados Unidos, los manifestantes se
concentraron en la Plaza Union Square, en el centro de la ciudad.
“Nuestro acto tendrá lugar en una plaza histórica para las luchas
sociales. Desde que se empezó el proceso de impeachment contra la
presidenta Dilma, que consideramos fue un golpe, hicimos varias
protestas en esta plaza. Creemos que el proceso contra Lula es un
absurdo. Hay pruebas de que el departamento triplex no pertenece a él”,
afirmó el profesor universitario Eduardo Vianna, uno de los
organizadores de la manifestación.
En las redes sociales, el grupo que organizó el acto en la
ciudad de Nueva York afirmó que el proceso contra Lula es un ejemplo de lawfare,
es decir, una guerra jurídica con fines políticos. “Hay registros de la
parcialidad y de los abusos cometidos por el juez Sergio Moro y por el
Ministerio Público en la operación Lava Jato”, manifestó el colectivo
Brazilian Resistance Against Democracy Overthrow - New York (Resistencia
Brasileña contra el Derrocamiento de la Democracia).
El Frente Internacional Brasileños en el Mundo Contra el
Golpe que mantiene diversos comités en países europeos, organizará actos
en apoyo a Lula en diferentes ciudades. La semana pasada el grupo
divulgó un comunicado en el cual declara su apoyo al ex mandatario.
“Defender a Lula en este momento significa defender el
retorno a la normalidad democrática en Brasil, representa la única
oportunidad de revocar las medidas de [Michel] Temer¨, dice el
comunicado.
Se realizan manifestaciones en apoyo al ex presidente Lula
desde el año pasado. Hubo manifestaciones en más de cien ciudades
alrededor del mundo, debates y encuentros sobre el tema. A continuación,
las actividades programadas para esta semana:
Actos en apoyo al ex presidente brasileño Lula da Silva
20 de enero– Frankfurt: Die Vorverurteilung des Ex. Präsidenten Lula /Em defesa de Lula
– Zurich: EM DEFESA DE LULA, PELA DEMOCRACIA. – 14:00 às 17:00, Hirschenplatz Zürich. Manifesto Brasil Social
– Washington: March for Democracy and the Rule of Law in Brazil das 11am às 2pm, 200 17th St NW
21 de enero
– New York: BRADO: Manifesto em defesa do Estado de Direito
– Barcelona: Persecución a Lula: otro Golpe al Estado de Derecho
– Estocolmo: Ato Público em apoio à Lula e em Defesa da Democracia. Mynttorget, Gamla Stan, das 14h às 16h.
– Berlín: Ato Público em frente ao portão do Brandenburgo, das 13:30 às 14:30.
– Madrid: Acto Cultural en Defensa de la Democracia en Brasil. 19hs. Local: Maloka c/ Salitre, 36 – Lavapiés.
– Ciudad de México: Acto en Defensa de la Democracia y Apoyo a Lula – México.
– París: Flashmob Une élection sans Lula serait fraudeleuse! Em apoio à defesa mundial ao direito de Lula ser candidato. às 16h no Parvis des Droits de l’Homme, Trocadéro
– Londres: London Solidarity with Lula International Committee: #LondonStandsWithLula – Speakers’ Corner, Hyde Park, 13h
– Colonia: Colônia por Lula e Pela Democracia Brasileira – 15hs em frente à Catedral de Colônia
– Amsterdam: #StandWithLula: Ato pela defesa da democracia no Brasil. Das 15:30 às 17:30, Dam Plein.
23 de enero
– New York: Democracy in Brazil: Ato Público na Union Square, Manhattan às 19h
– Bruselas: Ato em defesa de Lula e da Democracia. Em frente à Bolsa de valores às 18 horas, Boulevard Anspac
– Lisboa: Coletivo Andorinha: Eleição Sem Lula é Fraude! Abaixo o Estado de Exceção. 18h, na Praça Luís de Camões.
24 de enero
– Munich: Die Vorverurteilung des Ex. Präsidenten Lula /Em defesa de Lula
– París: Roda de Debate sobre o resultado do julgamento e qual estratégia para o prosseguimento da luta contra o golpe. às 18:30 às 21:30 na Bourse de Travail
– Berlín: Contra a arbitrariedade -Solidariedade/Against arbitrariness. Brandenburger Tor, Pariser Platz, 17h às 19h
Lea la nota en Portugués y en Inglés.
Edición: Simone Freire | Traducción: Luiza Mançano
URUGUAY
El
sindicato de los trabajadores de UTE se manifestó a favor de la baja de
las tarifas públicas, pero se distanció de las 13 propuestas realizadas
por los productores rurales autoconvocados en la movilización del
pasado 23 de enero.
Mediante un comunicado la Agrupación UTE (AUTE) indicó que el valor de “la tarifa eléctrica es absolutamente injusta”. AUTE señala que la tarifa se explica por los recortes presupuestales impulsados desde el Ministerio de Economía, y “a la existencia de enormes privilegios a ciertos grupos de poder que no han dejado de enriquecerse y acumular, pero que tampoco han dejado de someter a los trabajadores y al pueblo a su tan anhelada competitividad, que no es más que su intención de seguir aferrados a exoneraciones y privilegios”.
Dicho esto, el sindicato indica que sus planteos no coinciden de aquellos que “creen que hay que profundizar esos privilegios y exoneraciones de todo tipo”.
Respecto a la movilización de Durazno, los agremiados señalaron que “el pueblo organizado no debe “comerse la pastilla”, sobre un planteo de AUTE que los autoconvocados manejaron.
“Este grupo de presión, que de nuevo tiene poco, se ha beneficiado de manera extraordinaria en los últimos 15 años debido al aumento de los precios internacionales de los bienes que Uruguay exporta. Esto impactó en el precio del arrendamiento y venta de la tierra, y lograron apropiarse de niveles elevados de renta. En el año 2001 se apropiaron de unos 250 millones de dólares por concepto de renta de la tierra, y en el 2014 de 1.600 millones de dólares”, expresa la declaración.
Al igual que dirigentes del FA, el sindicato apuntó a los grandes terratenientes que piden bajar las tarifas cuando “mantienen los salarios de cientos de miles de uruguayos aún sumergidos, salarios mínimos por debajo del índice de pobreza, que se benefician con cuanta exoneración impositiva hay, son las mismas que pagan la energía eléctrica a mitad del precio que la pagan los hogares”.
Mediante un comunicado la Agrupación UTE (AUTE) indicó que el valor de “la tarifa eléctrica es absolutamente injusta”. AUTE señala que la tarifa se explica por los recortes presupuestales impulsados desde el Ministerio de Economía, y “a la existencia de enormes privilegios a ciertos grupos de poder que no han dejado de enriquecerse y acumular, pero que tampoco han dejado de someter a los trabajadores y al pueblo a su tan anhelada competitividad, que no es más que su intención de seguir aferrados a exoneraciones y privilegios”.
Dicho esto, el sindicato indica que sus planteos no coinciden de aquellos que “creen que hay que profundizar esos privilegios y exoneraciones de todo tipo”.
Respecto a la movilización de Durazno, los agremiados señalaron que “el pueblo organizado no debe “comerse la pastilla”, sobre un planteo de AUTE que los autoconvocados manejaron.
“Este grupo de presión, que de nuevo tiene poco, se ha beneficiado de manera extraordinaria en los últimos 15 años debido al aumento de los precios internacionales de los bienes que Uruguay exporta. Esto impactó en el precio del arrendamiento y venta de la tierra, y lograron apropiarse de niveles elevados de renta. En el año 2001 se apropiaron de unos 250 millones de dólares por concepto de renta de la tierra, y en el 2014 de 1.600 millones de dólares”, expresa la declaración.
Al igual que dirigentes del FA, el sindicato apuntó a los grandes terratenientes que piden bajar las tarifas cuando “mantienen los salarios de cientos de miles de uruguayos aún sumergidos, salarios mínimos por debajo del índice de pobreza, que se benefician con cuanta exoneración impositiva hay, son las mismas que pagan la energía eléctrica a mitad del precio que la pagan los hogares”.
Conflicto rural
Aramos, dijo el mosquito
Las penas y las vaquitas
Se van por la misma senda
Las penas son de nosotros
Las vaquitas son ajenas
‘El arriero va’ (Atahualpa Yupanqui)
Si la reunión en Durazno hubiera sido realizada para exigir mejoras a
los salarios y condiciones de los humildes peones rurales, los
convocantes hubieran quedado más solos que Pinochet en el día del amigo.
En
principio, vaya mi apoyo a los pequeños y medianos productores, sobre
todo a buena parte de los lecheros y arroceros, que realmente necesitan
de una mano por parte del Estado. Me parece bien que el gobierno
presentara en el Parlamento una ley para ampliar el fondo lechero de 30
millones de dólares a 36 millones. Les cuestiono sí que hayan permitido
que se subieran al carro los privilegiados de siempre, los grandes
terratenientes, los grandes explotadores y las organizaciones que
apoyaron todos los golpes de Estado.
Llama
la atención la actitud de los hijos del dictador Juan María Bordaberry.
El Dr. Santiago Bordaberry confiesa en la página web de la Estancia y
Cabaña El Baqueano que 2017 fue un excelente año para el productor, sin
embargo, está entre los que promueven la revuelta rural desde los medios
de comunicación, al igual que su hermano senador.
Entre
los reclamos, hay varios que comparto. Llevo años quejándome de que los
legisladores cobren una partida para comprar diarios y revistas o que
se les pague el celular cuando ganan sueldos altísimos. No se arreglará
el país disminuyendo o eliminando tales privilegios, pero se dará una
sana señal. Como dijo Luis Landriscina al hablar de la austeridad de
Mujica: “Todos se la aplauden, pero nadie la practica”. Creo que los
poderes Ejecutivo y Legislativo tendrían que recortar todos los gastos
innecesarios, y tanto el primero como las intendencias deberían recortar
muchísimo los cargos de confianza. Eso, y ayudar a los productores en
dificultades, lo apoyo; pero tratar de cambiar el rumbo del gobierno
para que vire a la derecha es otra cosa. A esas aspiraciones el pueblo
uruguayo les ha dicho tres veces que no de manera contundente en las
urnas, y a las urnas deberán recurrir si quieren volver a tener a
Uruguay en sus manos.
Los que siempre han
tenido todo, le exigen al gobierno que el Mides deje de asistir a los
que no tienen nada. Este pedido infame deja a las claras que en el
trasfondo del conflicto hay una cuestión ideológica. Lo que exigen es
que dejen de ayudar a los pobres para ayudar a los ricos. También exigen
que el gobierno deje de gastar en publicidad. “Basta de autobombo”,
dijo Landi. Justamente, varias veces le he pedido lo contrario al
gobierno, ya que la mayoría de la gente desconoce una cantidad de cosas
positivas que se han realizado; pero eso, a los blancos, no les
conviene. Les conviene, y Landi lo tiene claro, la desinformación.
Apelando
a pulverizadas verdades sagradas del neoliberalismo, afirman que la
participación del Estado es nefasta para el país y que hay que dejar que
la invisible mano del mercado ponga todo en su lugar; sin embargo, no
se han quejado de que el Banco Central intervenga una y otra vez para
evitar la caída del dólar, allí están pidiendo créditos blandos, ayuda
contra sequías, vientos, tempestades o heladas y energía, combustible y
agua a menor precio. Concordamos en que algunos sectores lo necesitan y
merecen; pero no todos.
Asombra y entristece
que un peón rural participe en una marcha en que su patrón se queja de
que le pagan mucho; que un pobre marche contra un gobierno para pedir
que se deje de ayudar a los pobres para ayudar a los ricos; que un
trabajador marche junto a los oligarcas que fundieron a su país… Pues
sí, algunos marcharon contra el único gobierno que defendió sus derechos
(laudos salariales, ley de ocho horas, BPS, etc.). Claro, si no iban,
perdían el trabajo, tal cual ha denunciado la Unatra; pero hay otros con
el síndrome de Estocolmo que pelean del lado de quienes se opusieron a
un derecho tan elemental como el de la sindicalización. Eso sí, luego le
piden el voto a la peonada para el hijo del patrón que estudió para
abogado o médico en la capital, Estados Unidos o Europa.
Ningún
otro sector productivo ha tenido tantas quitas y refinanciaciones en
sus deudas ni tan pocos requisitos para acceder al crédito; pero siempre
logran algún beneficio que es ajeno al resto de sus compatriotas.
Algunos, como el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y su
correligionario el senador Álvaro Delgado han logrado acceder a tierras
sin vivir en ellas ni trabajarlas, quitando la posibilidad a otros
posibles colonos, con más ganas de trabajar, pero con menos poder.
Subidos
al carro de los productores que sí tienen dificultades, los poderosos
reclaman pagar el combustible a $ 26, rebaja de la contribución
inmobiliaria, rebaja de la energía eléctrica, exoneración de aportes al
BPS (como si fueran impuestos), pagar el Impuesto de Primaria por una
estancia sola, aun cuando tengan varias, que el dólar suba a $ 36 y que
todo eso lo pague Juan Pueblo. Si el gobierno no accede, cortes de rutas
y retención de alimentos en plena temporada. “Y si tiene que correr
sangre, que corra”-amenazó el blanquísimo director de Cultura de
Durazno, Miguel Irrazábal-.
La oligarquía
criolla, que tiene como su mayor exponente individual al Presidente de
la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, y como exponente
colectivo al Partido Nacional, exige reducir los costos salariales, lo
cual, traducido al criollo, implica que el Estado le permita volver a la
época en que se podía explotar tranquilamente a sus trabajadores bajo
el silencio cómplice de los gobiernos rosados. Los presidentes de la
ARU, Pablo Zerbino, y de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel
Murara, han sido más directos al quejarse de lo que hay que pagar a los
empleados. El segundo ha dicho literalmente que “hay que priorizar los
empleos por encima de los salarios”. O sea, si no nos dejan pagar
sueldos miserables, seguiremos echando gente.
Ahora
bien, quien entienda que trato de oligarcas a todos los productores
rurales o a todos los millonarios de este país, no me conoce o tiene
dificultades serias de comprensión lectora. El término “oligarquía”, que
los derechistas intentan que consideremos obsoleto, se refiere a un
pequeño grupo de personas que directa o indirectamente gobierna a una
sociedad. En cuanto a su etimología, no sé qué significa “oli”, pero los
rioplatenses tenemos claro lo que significa “garca”. Como decía Hugo
Chávez: “No todo millonario es un oligarca. Hay quienes han hecho dinero
porque trabajaron mucho, ahorraron, invirtieron o tuvieron una buena
idea. Oligarca es el que ha hecho dinero explotando a sus trabajadores”.
Así
que el tema no es reductible a ricos contra pobres, sino a abusadores
contra el resto de la sociedad. Esa oligarquía criolla tiene clarísima
la lucha de clases, pero muy inteligente y maquiavélicamente, cuando se
menciona el tema, vuelve con aquello de Mirtha Legrand: “Derecha,
izquierda… ¡Esos son conceptos perimidos!”.
Una
y otra vez, tanto Walter Serrano Abella como Jorge Landi arremetieron
contra estos conceptos, pero una y otra vez arremetieron también contra
la ideología de izquierda. Únicamente contra la de izquierda.
Es
cierto que el campo genera buena parte de la riqueza del país, pero
también es donde más se concentra la misma y donde menos se
redistribuye, y al que se queje, que vaya rumbeando pa’ la tranquera,
agradeciendo no tener que llevarse un rebencazo de recuerdo.
A
los pequeños y medianos productores hay que apoyarlos con todo lo que
sea posible; pero en cuanto a los que están de vivos y lloran porque
este año serán un poco menos millonarios, si retienen sus productos, no
hay problema, a importar y resistir. Que no intenten arrear a este
gobierno a los ponchazos con su embestida baguala. Conozco Uruguay de
punta a punta, cada ciudad, cada pueblo y cada pasto, así que no me
vengan con versos. Si por mí fuera, implementaría ya una reforma
agraria, pero poniendo como prioridad el bienestar y posibilidad de
desarrollo económico de los trabajadores rurales, y al que no le guste,
que se vaya a Paraguay, Argentina o Brasil a explotar gente, que allá sí
tendrán gobiernos que les amparen.
Considerando
la postura y mentalidad de tan ilustres ciudadanos y la manera en que
tratan a los trabajadores rurales, me pregunto si es tan mala la
extranjerización de la tierra, porque no veo a la gringada quejarse,
sino a nuestros criollísimos oligarcas.
Por
cada palabra invitando al diálogo, al respeto y a la fraternidad, los
oradores agregaban dos insultos. Landi habló de igualdad (“Queremos y
exigimos un solo Uruguay”) y de fraternidad, pero ni una sola letra a
favor de mejorar la situación salarial de la peonada.
Concluyo,
resumo e insisto: apoyo a los productores que de buena fe piden ayuda
al Estado, pero dejar que los explotadores y la derecha (Partido
Nacional, Partido Independiente y Partido Colorado) se les subieran al
carro les ha restado apoyo popular. Les critico los discursos
ideologizados y que encima lo nieguen; les critico que fueran duros con
el gobierno nacional y excesivamente tibios con las intendencias
blancas, y me repugna que se hable de los ruralistas como si todos
fueran iguales y los abusados, idiotas.
Quizá
eso explique que en lugar de las 50.000 personas esperadas sólo fuera
15%. Habrán podido usar un tema de Copani sin su permiso para mostrarse
como modestos trabajadores y habrán podido decir a los empleados rurales
que esto era por todo el campo, pero la mayoría de ellos, luego de la
arenga del patrón para que les acompañara, se habrán quedado pensando en
sus ranchos: “Aramos, dijo el mosquito al buey que partía el terrón”.
Movilización de productores rurales, el martes, en Durazno. Foto: Andrés Cuenca
Las ideas en la tierra
El campo en las disputas político ideológicas contemporáneas.
Semanas después de la histórica derrota del batllismo en las elecciones de 1958, una polémica en el semanario Marcha
mostraba la incertidumbre que el crecimiento del movimiento ruralista
liderado por Benito Nardone, en gran medida responsable del triunfo
electoral del Partido Nacional, tenía en el pensamiento de izquierda
uruguayo. Este movimiento, compuesto mayoritariamente por medianos y
pequeños productores rurales, había impactado en la política de los 50
con un discurso ambiguo que oscilaba entre una crítica populista a los
partidos, una reivindicación de sus tradiciones y un profundo
anticomunismo. En términos ideológicos denunciaba al estatismo batllista
como un totalitarismo y proponía una economía abierta liberal. Por
último, miraba el conflicto social por medio de una difusa contradicción
entre la gente de botas y los galerudos. En su visión el poder estaba
asociado a los sectores medios ilustrados de la ciudad, que eran
denunciados por su actitud parasitaria, y el pueblo era asociado al
mundo rural, que era visto como el verdadero productor de la riqueza
nacional.
Ante la crisis del neobatllsimo que se expresaba en dicha elección, el sociólogo e historiador Carlos Rama se preguntaba: ¿Es posible un fascismo uruguayo?, y advertía que “si no se resolvían los problemas estructurales del país”, era posible que “la situación para todo el mundo se hará más desesperada y las clases medias por su misma ignorancia y falta de criterio propio buscaran otros culpables. [...] De esta posición a un fascismo uruguayo hay un solo paso, y hay muchos dispuestos a darlo”. En esta visión el ruralismo era considerado un posible embrión fascista por su crítica al liberalismo, su recurso al factor emocional, su desprecio a la deliberación intelectual y su anticomunismo irracional.
Sin embargo, otros en el semanario proponían una mirada diferente. Una serie de intelectuales influenciados por lo que se llamó la izquierda nacional encontraron en el ruralismo cierta autenticidad vinculada a los sectores populares del campo que habían quedado al margen del modelo urbano y cosmopolita impulsado desde el batllismo. El católico Alberto Methol Ferré fue el intelectual que más claramente expresó su entusiasmo por el surgimiento de esta nueva plebe, que, en su visión, estaba cambiando Uruguay. En su crónica de la elección en el mismo semanario describía una división en el festejo del Partido Nacional. Por un lado, estaban aquellos de “colachatas” y gente “bien vestida” cercanos a la Unión Blanca Democrática y, por otro, “camiones, forchelas y algunos de a caballo”, que eran los votantes de la alianza herrero-ruralista . A partir de esa distinción, establecía una contradicción económica y social entre el sector primario y el sector terciario de la economía. El triunfo del ruralismo era el triunfo de las fuerzas del campo, que realmente serían las que tendrían que controlar el Estado, ya que en la visión de Methol Ferré eran los principales sostenedores de la nación uruguaya. Methol festejaba el triunfo como un encuentro entre el gobierno y la sociedad. Por primera vez, el sector primario, el sector auténtico de la sociedad, no el sector terciario, que era el resultado artificioso del Estado, estaría vinculado al gobierno.
Dos años después, Methol Ferré escribió una fuerte declaración pública en Marcha en la que se alejaba del ruralismo. En Adiós, señor Nardone lo acusaba de haberse aliado con “los enemigos estructurales del ruralismo”, con la alianza “latifundio-mercantil” que rige al país, que oprime a las clases medias rurales y tiene congelado el progreso nacional”. Methol, así como varios de los que habían puesto ciertas ilusiones en el ruralismo en los 50, culminaron en la izquierda, primero en la Unión Popular de Enrique Erro y luego en la creación del Frente Amplio (FA) en 1971.
Los diferentes posicionamientos de los intelectuales de Marcha frente al ruralismo a fines de los 50 reverberan en algunos de los debates que hemos presenciado en estas semanas. En alguna medida el debate contemporáneo está marcado por la historia del siglo XX. No se trata de meros prejuicios que son el resultado de la mala fe, sino de una historia que fue construyendo los perfiles del conflicto entre campo y ciudad. Es cierto que el conflicto distributivo durante gran parte del siglo XX se articuló mediante la oposición ciudad-campo, en la que los impulsos reformistas estuvieron asociados a la ciudad y las resistencias conservadoras al campo. Izquierdas y derechas se alinearon de esa manera. Socialmente ambos territorios fueron heterogéneos, pero en términos políticos no lo fueron tanto. Basta repasar cómo algunos de los líderes asociados al pensamiento conservador, Luis Alberto de Herrera, Benito Nardone, las tres generaciones de Bordaberry (Domingo, Juan María y Pedro), definieron el territorio como un campo de batalla, revindicando al campo como una comunidad de valores específicos que se sentía atacada frente a los valores de la ciudad. Del otro lado, el batllismo intentó incidir en ciertas áreas productivas y en las ciudades del interior, pero sólo logró mantener posiciones y nunca pudo interpelar la hegemonía conservadora. La izquierda también intentó avanzar en los sectores de trabajadores rurales y en las ciudades, pero la persecución fue muy fuerte. El anticomunismo penetró de una manera intensa desde los 50 de la mano de ese pensamiento conservador. El recientemente fallecido poeta Washington Benavides recordaba que en 1955 un grupo ultraderechista quemaba su primer libro Tata Vizcacha en una plaza de Tacuarembó bajo acusaciones de comunismo. Durante los 60 y 70, en el marco de la polarización que vivía el país, la movilización social de derecha también estuvo muy asociada a esas ideas y a esa oposición campo-ciudad, interior-Montevideo. Por último, la dictadura intentó enfatizar la división y buscó posicionarse como la reivindicadora de los sectores olvidados del interior.
De un siglo a otro
Más allá de los usos políticos de los movimientos conservadores y de la represión social y política, existió una base real que amplificó ese discurso. El centralismo montevideano y la inequidad de distribución de recursos en el territorio fue la base mediante la que los sectores conservadores rurales construyeron su liderazgo en esos territorios. La inercia de la política por la que los crecientes electores urbanos eran los que más reclamaban y tenían mayores canales de cercanía con los sectores reformistas para articular sus demandas amplificó el problema. Esta fue la escenografía política del siglo XX pero no necesariamente tendría que ser la del siglo XXI.
De hecho, el preámbulo del siglo XXI fue algo diferente. Hace no mucho tiempo la llegada del FA al gobierno estuvo marcada por el encuentro entre sectores cercanos al FA y sectores del campo. En el marco de la crisis de 2002 la llamada Concertación para el Desarrollo, donde estaban sectores rurales y el PIT-CNT, convocó a una histórica caravana que llegó a 100.000 personas. En 2012 Juan Castillo recordaba que nunca más el PIT-CNT había logrado convocar tanta gente. Ese encuentro social, inédito si lo miramos desde la historia del siglo XX, seguramente ayuda a explicar el cambio en la demografía electoral que no solamente llevó al triunfo del FA en el gobierno sino también al triunfo en varias intendencias.
En estas semanas la emergencia del movimiento de “autoconvocados” que declara tener una relación problemática con las tradicionales asociaciones del agro vuelve a poner en el centro la discusión sobre el carácter político de la movilización del campo. Nuevamente, aparece el campo con su heterogeneidad y ambigüedad. Por un lado, la proclama de los “autoconvocados” habla de que el Estado apoya al gran capital y deja al margen a los pequeños empresarios. Pero, por otro, denuncia al “voraz” Estado como el responsable de todos los problemas en una suerte de populismo neoliberal, muy a tono con los discursos conservadores en la región. Por un lado, intentan mostrar la tragedia de diversos pequeños empresarios de la granja, arroceros, o lechería. Ciertamente, varios de ellos tienen el mismo nivel de ingresos que el salario de un trabajador urbano y sufren varios de los mismos problemas. Por otro, el movimiento se asocia con las cámaras empresariales –hasta la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay apoyó la marcha–, hablan de la “mochila” del costo del trabajo y tienden a eludir los conflictos que se dan dentro del mismo campo en torno al problema del arrendamiento de la tierra y el crecimiento de su valor en la última década.
Más allá de las décadas pasadas, aquellos debates de Marcha parecen tener una productiva vigencia para pensar este momento. ¿Se trata de una reacción de ciertos sectores medios indignados que frente a la percepción de sus problemas se adhieren a una reacción conservadora que en el largo plazo los va a terminar perjudicando, o se trata de un movimiento legítimo de sectores incomprendidos por el mundo urbano? Seguramente hay de ambas cosas. Pero, ademas, la movilización de los “autoconvocados” pone en la discusión un asunto para el que aquella izquierda (de la liberación nacional y el socialismo) y este progresismo (del “capitalismo en serio”) no parecen tener una política tan clara: su relación con los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales. Estos sectores con niveles de ingreso similares a varios sectores de trabajadores, que forman parte del mundo popular, que tiene incidencia a nivel social, pero que tienen una sensibilidad y preocupación empresarial. Es en esos sectores en los que la queja parece emerger en forma más evidente. El proceso de crecimiento económico ha llevado a una mejora del salario real por varios años, pero también parece haber estado acompañado por un proceso de concentración en ciertas áreas de la economía, como en el campo o en el comercio que afecta a pequeños y medianos. Son esos sectores que se quejan de la formalización de la economía y de las relaciones laborales. No necesariamente por reaccionarios, sino porque su margen de maniobra es mucho menor que el de las grandes empresas. En el capitalismo la escala importa.
Con esos sectores medios de aspiración empresarial la izquierda siempre ha tenido una relación problemática. La viabilidad de esos sectores requiere de un Estado activo que no sólo apoye sino que dé garantías de sustentabilidad en el largo plazo, sea mediante formas cooperativas, de apoyos estatales, o de transformaciones estructurales. En la medida en que el progresismo no logre convencer a estos sectores de que existe un camino para ellos, los dejará a la deriva de un discurso antiestatal que tendrá un sentido catártico pero no resolverá sus problemas y que también podrá tener consecuencias electorales para el propio FA.
Ante la crisis del neobatllsimo que se expresaba en dicha elección, el sociólogo e historiador Carlos Rama se preguntaba: ¿Es posible un fascismo uruguayo?, y advertía que “si no se resolvían los problemas estructurales del país”, era posible que “la situación para todo el mundo se hará más desesperada y las clases medias por su misma ignorancia y falta de criterio propio buscaran otros culpables. [...] De esta posición a un fascismo uruguayo hay un solo paso, y hay muchos dispuestos a darlo”. En esta visión el ruralismo era considerado un posible embrión fascista por su crítica al liberalismo, su recurso al factor emocional, su desprecio a la deliberación intelectual y su anticomunismo irracional.
Sin embargo, otros en el semanario proponían una mirada diferente. Una serie de intelectuales influenciados por lo que se llamó la izquierda nacional encontraron en el ruralismo cierta autenticidad vinculada a los sectores populares del campo que habían quedado al margen del modelo urbano y cosmopolita impulsado desde el batllismo. El católico Alberto Methol Ferré fue el intelectual que más claramente expresó su entusiasmo por el surgimiento de esta nueva plebe, que, en su visión, estaba cambiando Uruguay. En su crónica de la elección en el mismo semanario describía una división en el festejo del Partido Nacional. Por un lado, estaban aquellos de “colachatas” y gente “bien vestida” cercanos a la Unión Blanca Democrática y, por otro, “camiones, forchelas y algunos de a caballo”, que eran los votantes de la alianza herrero-ruralista . A partir de esa distinción, establecía una contradicción económica y social entre el sector primario y el sector terciario de la economía. El triunfo del ruralismo era el triunfo de las fuerzas del campo, que realmente serían las que tendrían que controlar el Estado, ya que en la visión de Methol Ferré eran los principales sostenedores de la nación uruguaya. Methol festejaba el triunfo como un encuentro entre el gobierno y la sociedad. Por primera vez, el sector primario, el sector auténtico de la sociedad, no el sector terciario, que era el resultado artificioso del Estado, estaría vinculado al gobierno.
Dos años después, Methol Ferré escribió una fuerte declaración pública en Marcha en la que se alejaba del ruralismo. En Adiós, señor Nardone lo acusaba de haberse aliado con “los enemigos estructurales del ruralismo”, con la alianza “latifundio-mercantil” que rige al país, que oprime a las clases medias rurales y tiene congelado el progreso nacional”. Methol, así como varios de los que habían puesto ciertas ilusiones en el ruralismo en los 50, culminaron en la izquierda, primero en la Unión Popular de Enrique Erro y luego en la creación del Frente Amplio (FA) en 1971.
Los diferentes posicionamientos de los intelectuales de Marcha frente al ruralismo a fines de los 50 reverberan en algunos de los debates que hemos presenciado en estas semanas. En alguna medida el debate contemporáneo está marcado por la historia del siglo XX. No se trata de meros prejuicios que son el resultado de la mala fe, sino de una historia que fue construyendo los perfiles del conflicto entre campo y ciudad. Es cierto que el conflicto distributivo durante gran parte del siglo XX se articuló mediante la oposición ciudad-campo, en la que los impulsos reformistas estuvieron asociados a la ciudad y las resistencias conservadoras al campo. Izquierdas y derechas se alinearon de esa manera. Socialmente ambos territorios fueron heterogéneos, pero en términos políticos no lo fueron tanto. Basta repasar cómo algunos de los líderes asociados al pensamiento conservador, Luis Alberto de Herrera, Benito Nardone, las tres generaciones de Bordaberry (Domingo, Juan María y Pedro), definieron el territorio como un campo de batalla, revindicando al campo como una comunidad de valores específicos que se sentía atacada frente a los valores de la ciudad. Del otro lado, el batllismo intentó incidir en ciertas áreas productivas y en las ciudades del interior, pero sólo logró mantener posiciones y nunca pudo interpelar la hegemonía conservadora. La izquierda también intentó avanzar en los sectores de trabajadores rurales y en las ciudades, pero la persecución fue muy fuerte. El anticomunismo penetró de una manera intensa desde los 50 de la mano de ese pensamiento conservador. El recientemente fallecido poeta Washington Benavides recordaba que en 1955 un grupo ultraderechista quemaba su primer libro Tata Vizcacha en una plaza de Tacuarembó bajo acusaciones de comunismo. Durante los 60 y 70, en el marco de la polarización que vivía el país, la movilización social de derecha también estuvo muy asociada a esas ideas y a esa oposición campo-ciudad, interior-Montevideo. Por último, la dictadura intentó enfatizar la división y buscó posicionarse como la reivindicadora de los sectores olvidados del interior.
De un siglo a otro
Más allá de los usos políticos de los movimientos conservadores y de la represión social y política, existió una base real que amplificó ese discurso. El centralismo montevideano y la inequidad de distribución de recursos en el territorio fue la base mediante la que los sectores conservadores rurales construyeron su liderazgo en esos territorios. La inercia de la política por la que los crecientes electores urbanos eran los que más reclamaban y tenían mayores canales de cercanía con los sectores reformistas para articular sus demandas amplificó el problema. Esta fue la escenografía política del siglo XX pero no necesariamente tendría que ser la del siglo XXI.
De hecho, el preámbulo del siglo XXI fue algo diferente. Hace no mucho tiempo la llegada del FA al gobierno estuvo marcada por el encuentro entre sectores cercanos al FA y sectores del campo. En el marco de la crisis de 2002 la llamada Concertación para el Desarrollo, donde estaban sectores rurales y el PIT-CNT, convocó a una histórica caravana que llegó a 100.000 personas. En 2012 Juan Castillo recordaba que nunca más el PIT-CNT había logrado convocar tanta gente. Ese encuentro social, inédito si lo miramos desde la historia del siglo XX, seguramente ayuda a explicar el cambio en la demografía electoral que no solamente llevó al triunfo del FA en el gobierno sino también al triunfo en varias intendencias.
En estas semanas la emergencia del movimiento de “autoconvocados” que declara tener una relación problemática con las tradicionales asociaciones del agro vuelve a poner en el centro la discusión sobre el carácter político de la movilización del campo. Nuevamente, aparece el campo con su heterogeneidad y ambigüedad. Por un lado, la proclama de los “autoconvocados” habla de que el Estado apoya al gran capital y deja al margen a los pequeños empresarios. Pero, por otro, denuncia al “voraz” Estado como el responsable de todos los problemas en una suerte de populismo neoliberal, muy a tono con los discursos conservadores en la región. Por un lado, intentan mostrar la tragedia de diversos pequeños empresarios de la granja, arroceros, o lechería. Ciertamente, varios de ellos tienen el mismo nivel de ingresos que el salario de un trabajador urbano y sufren varios de los mismos problemas. Por otro, el movimiento se asocia con las cámaras empresariales –hasta la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay apoyó la marcha–, hablan de la “mochila” del costo del trabajo y tienden a eludir los conflictos que se dan dentro del mismo campo en torno al problema del arrendamiento de la tierra y el crecimiento de su valor en la última década.
Más allá de las décadas pasadas, aquellos debates de Marcha parecen tener una productiva vigencia para pensar este momento. ¿Se trata de una reacción de ciertos sectores medios indignados que frente a la percepción de sus problemas se adhieren a una reacción conservadora que en el largo plazo los va a terminar perjudicando, o se trata de un movimiento legítimo de sectores incomprendidos por el mundo urbano? Seguramente hay de ambas cosas. Pero, ademas, la movilización de los “autoconvocados” pone en la discusión un asunto para el que aquella izquierda (de la liberación nacional y el socialismo) y este progresismo (del “capitalismo en serio”) no parecen tener una política tan clara: su relación con los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales. Estos sectores con niveles de ingreso similares a varios sectores de trabajadores, que forman parte del mundo popular, que tiene incidencia a nivel social, pero que tienen una sensibilidad y preocupación empresarial. Es en esos sectores en los que la queja parece emerger en forma más evidente. El proceso de crecimiento económico ha llevado a una mejora del salario real por varios años, pero también parece haber estado acompañado por un proceso de concentración en ciertas áreas de la economía, como en el campo o en el comercio que afecta a pequeños y medianos. Son esos sectores que se quejan de la formalización de la economía y de las relaciones laborales. No necesariamente por reaccionarios, sino porque su margen de maniobra es mucho menor que el de las grandes empresas. En el capitalismo la escala importa.
Con esos sectores medios de aspiración empresarial la izquierda siempre ha tenido una relación problemática. La viabilidad de esos sectores requiere de un Estado activo que no sólo apoye sino que dé garantías de sustentabilidad en el largo plazo, sea mediante formas cooperativas, de apoyos estatales, o de transformaciones estructurales. En la medida en que el progresismo no logre convencer a estos sectores de que existe un camino para ellos, los dejará a la deriva de un discurso antiestatal que tendrá un sentido catártico pero no resolverá sus problemas y que también podrá tener consecuencias electorales para el propio FA.