Un exguardia de Auschwitz es acusado de complicidad en 300.000 asesinatos
Publicado: 16 sep 2014 | 3:30 GMT
Última actualización: 16 sep 2014 | 3:30 GMT - RT
© REUTERS
De acuerdo con la fiscalía alemana, a Oskar Groening se le acusa de ayudar en el funcionamiento del campo de exterminio en la Polonia ocupada entre
mayo y junio de 1944, cuando unos 425.000 judíos húngaros fueron
llevados a Auschwitz y al menos 300.000 fueron asesinados casi
inmediatamente en la cámara de gas.
Según informa la cadena Fox News, el trabajo de Groening consistía en recoger las pertenencias robadas a las víctimas del campamento y el dinero que hallaba en Auschwitz. "Ayudó al régimen nazi a beneficiarse económicamente y apoyó las matanzas sistemáticas", dijeron los fiscales estatales de la ciudad de Hannover, Alemania, en un comunicado.
El acusado, por su parte, ha hablado abiertamente sobre su época como guardia en el campo de concentración nazi, pero asegura que, aunque fue testigo de atrocidades, él personalmente no cometió ningún delito.
Groening es uno de los 30 exguardias de Auschwitz a los que las autoridades federales alemanas recomendaron investigar y el cuarto caso investigado en Hannover. Dos de ellos fueron cerrados debido a que se consideró que los sospechosos no se encontraban en condiciones para ser juzgados y un tercero se canceló debido a la muerte del acusado.
El abogado de Groening, Hans Holtermann, dijo que su cliente se encuentra en buen estado de salud, pero se negó hacer comentarios sobre los cargos.
Según informa la cadena Fox News, el trabajo de Groening consistía en recoger las pertenencias robadas a las víctimas del campamento y el dinero que hallaba en Auschwitz. "Ayudó al régimen nazi a beneficiarse económicamente y apoyó las matanzas sistemáticas", dijeron los fiscales estatales de la ciudad de Hannover, Alemania, en un comunicado.
El acusado, por su parte, ha hablado abiertamente sobre su época como guardia en el campo de concentración nazi, pero asegura que, aunque fue testigo de atrocidades, él personalmente no cometió ningún delito.
Groening es uno de los 30 exguardias de Auschwitz a los que las autoridades federales alemanas recomendaron investigar y el cuarto caso investigado en Hannover. Dos de ellos fueron cerrados debido a que se consideró que los sospechosos no se encontraban en condiciones para ser juzgados y un tercero se canceló debido a la muerte del acusado.
El abogado de Groening, Hans Holtermann, dijo que su cliente se encuentra en buen estado de salud, pero se negó hacer comentarios sobre los cargos.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/
ARGENTINA: LA REPRESION DE ESTADO APUNTADA A LOS OBREROS EN LOS JUICIOS DE ZONA NORTE
El caso que reveló el ataque a los trabajadores
Esta semana comenzaron los alegatos que permiten reconstruir un capítulo menos conocido de la represión, la que específicamente buscó quebrar comisiones y ahogar reclamos. Las 33 víctimas eran navales y ceramistas.
Por Alejandra Dandan
En el tribunal, las fotos de los obreros desaparecidos por activismo en sus fábricas.
Imagen: Rafael Yohai.
Página 12
El juicio de los obreros de Zona Norte entró esta semana en la etapa de alegatos. La fiscalía y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires pidieron penas de 9 a 25 años de prisión y perpetuas para el policía, los tres prefectos y los cuatro militares acusados, entre los que está el jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros. Sus 33 víctimas fueron trabajadores de astilleros navales y ceramistas, con lo que los alegatos los presentaron como un tipo específico de víctima, como trabajadores organizados. Rescataron sus luchas, la disputa con las direcciones de las fábricas y los sectores de la burocracia sindical, roles revisados durante el juicio desde la articulación con el Estado represivo. Como ninguno de los civiles llegó a ser juzgado, fiscales y querellas pidieron al tribunal que separe testimonios y documentos para impulsar la investigación pendiente sobre “propietarios, directivos, gerentes y todas las personas que han sido mencionadas en los testimonios obtenidos que hayan podido intervenir en los trágicos sucesos, cuya materialidad ha sido perfectamente demostrada en este juicio”, como pidió el fiscal Marcelo García Berro.
En esa misma línea hicieron su pedido las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, representadas por Ciro Annicchiarico y Paula Mañueco: “Pedimos expresamente al tribunal que tome los antecedentes y las piezas probatorias que permiten sospechar, con alto grado de certeza, la responsabilidad concurrente de personal civil empresario de las empresas Astarsa, Mestrina, Lozadur, Cattáneo, en los delitos que fueron objeto del presente juicio”, dijeron. “De numerosas constancias y testimonios se han desprendido datos concretos que permiten concluir que empresarios y directivos civiles de las empresas fueron claros instigadores, cómplices o determinadores de los delitos que afectaron a esos trabajadores. Tales constancias se desprenden, de manera reiterada y concordante de la mayoría de los testimonios oídos en este juicio.”
Los alegatos del martes pasado se extendieron por doce días, de 9 a 21, y aún queda otra jornada prevista para el martes. En el juicio se investiga la responsabilidad por los secuestros y desaparición de 33 trabajadores de algunos de los principales centros fabriles de la zona norte, los astilleros de Astarsa y Mestrina y ceramistas de Lozadur y Cattaneo. Las víctimas fueron en su mayoría delegados y trabajadores cercanos a las comisiones internas. Los primeros desaparecidos a partir del golpe de 1976, y los segundos en 1977, luego de un año en el que continuaron con planes de lucha. En el proceso declararon antiguos trabajadores, sobrevivientes, familiares e investigadores. En los relatos hubo un acento que distinguió este tipo de persecución de la represión política, para subrayar aquí las persecuciones que en muchos casos se impulsaron desde las empresas sobre los trabajadores mas combativos y comprometidos y como respuesta a las luchas, demandas y conquistas laborales. Parte de esa persecución quedó documentada en legajos de la ex Dipba y libros de las empresas, que forman parte del juicio. En ese contexto, los alegatos no fueron iguales a otros. Las lecturas tradicionales en este tipo de tramos de los juicios, ancladas en los reglamentos secretos del Ejército y la estructura del aparato organizado de poder, necesitaron ahora contar el contexto de otra manera.
“Mucho énfasis se ha puesto (en estos años) en el tema de la violación a los derechos humanos y la persecución a los militantes políticos. Sin embargo, un aspecto muy puntual y central para entender la lógica del terrorismo de Estado es el accionar con respecto a los trabajadores”, leyó el fiscal de un texto de Sergio Wischñevsky publicado en Forjando, del Centro Jauretche. De ese texto tomó además otros párrafos: “La lucha contra la subversión funcionó más como una excusa legitimadora que como una realidad que sustentó la instalación de la dictadura. Lo que se buscó fue un cambio histórico más profundo: liquidar el cúmulo de conquistas laborales que distinguían a la Argentina del resto de los países latinoamericanos y dificultaban el establecimiento de pautas salariales y condiciones laborales acordes con las ambiciones del proyecto neoliberal en ciernes. Se atacó a las comisiones internas de fábrica y sus delegados, aunque no todos ellos fueran elementos radicalizados”.
Mas adelante, la fiscalía tomó tramos de un texto de Sabrina Ríos, de la Universidad General Sarmiento, que indica que “las ‘desapariciones’ de trabajadores y dirigentes asociados por el régimen militar a la actividad huelguística funcionaron como verdaderos disciplinadores del movimiento obrero, si bien en algunos casos constituyeron el móvil de protestas y conflictos laborales durante el período”. También sumó voces de Victoria Basualdo, Marcelo Ferreira como quien empieza a forjar un contexto histórico nutrido de un marco teórico, para fundar lo que en el juicio apareció sobremanera. “La participación de los trabajadores en las ganancias estaba en su pico más alto histórico alrededor del 50 por ciento”, se dijo. “El nivel de sindicalización de los trabajadores argentinos era uno de los más altos del mundo, y sin duda el más extendido de Latinoamérica. Este conjunto de conquistas sociales es el que se pretendió desarticular.”
De acá
Las secretarías de Derechos Humanos tomaron estas perspectivas, pero para reconstruir lo que sucedió dentro de las fábricas. Uno de los tramos más impactantes fueron las voces que durante el juicio hablaron de la complicidad de las empresas, y se rescataron en el petitorio final. Allí están los peritos, especialistas, pero sobre todo ex trabajadores.
María Rufina Gastón, por ejemplo, es la esposa de uno de los trabajadores de Astarsa. “Cuando los secuestradores se hicieron presentes en la planta lo hicieron con una lista de nombres y comenzaron a llamar en voz alta en presencia de personal jerárquico de la empresa. Llamaron a un tal Sosa, y uno de los trabajadores dio un paso al frente y dijo que él era Sosa, ante lo cual uno de los ejecutivos de la empresa intervino para decir: ‘No, ese no es el Sosa que buscan, el que buscan ya no trabaja más aquí’; con lo cual se puso en evidencia que era la empresa la que entregaba a los secuestradores listas de obreros para que fueran secuestrados.”
Carlos Morelli, ex trabajador de Astarsa entre 1971 y 1976, delegado y compañero de muchos de los desaparecidos, contó que “el 24 de marzo más de un camión ingresaron dentro de la fábrica, y un funcionario jefe de personal, con una lista, hacía que los fueran deteniendo al ingresar y los hacían subir a un camión. También recordó que había confusiones con algunos apellidos, y eran los directivos los que aclaraban a quién tenían que detener. Dijo que supieron, a partir de la infidencia de la secretaria de uno de los directivos, que la empresa estaba confeccionando una lista de obreros para pasársela a la comisaría cuando se produjera el golpe”.
Luis Fucks, otro ex trabajador de Astarsa, recordó que “el Ejército hizo un importante despliegue y materializó detenciones el mismo 24 de marzo, día del golpe. Ese día, el Ejército entró en la fábrica con listas de trabajadores proporcionadas por la empresa”. Fucks “sabe que había varias listas, y que la responsabilidad directa de los empresarios se puso de manifiesto, por ejemplo, por el hecho de que hubo confusiones con algunos apellidos, por tratarse de homónimos, y que eran los directivos los que hacían la aclaración acerca de quién era al que los militares debían llevarse y a quién no. Recordó que antes de irse de la empresa, en una oportunidad, el jefe de personal le dijo: ‘Ustedes están todos marcados, tarde o temprano se las van a dar’. En otra oportunidad, el empresario Federico Brown en una reunión tuvo una actitud amenazante, dándoles a entender a los delegados que tenía claro quiénes eran, que los conocía bien, y que se los querían sacar del medio”.
Ignacio Fleitas dijo “que el 24 de marzo de 1976 fue martes, que cuando ingresó con otros compañeros al astillero, a las seis menos cuarto de la mañana, en la entrada había un cabo primero del Ejército con una lista en la mano, pidiendo identificarse a los que iban entrando. Que esa mañana vio demorado en portería a un capataz, el gallego Sánchez, que lo dejaron demorado por error, y que los propios directivos aclararon que ese Sánchez no era el de la lista, que era otro. Igual pasó con un tal Deyé, un supervisor, que pudo haber sido Raúl Deyet”.
“Esas intervenciones civiles y empresariales –dijo Annicchiarico– fueron claramente determinantes para que los trabajadores afectados fueran victimizados, ya que de no haber mediado esos señalamientos y esas entregas de listas, tales victimizaciones no se habrían producido.” “Debemos decirlo de una vez por todas de manera clara: las corporaciones empresariales y sus dueños, cuya única lógica es el enriquecimiento a toda costa y sin límites éticos, fueron los ideólogos principales, los autores mediatos últimos, los verdaderos autores detrás de los autores, en muchos casos con terminales de decisión ubicadas fuera de las fronteras de nuestra patria.”
Antes de todo esto recordaron el paso de dos testimonios claves para la primera parte. Claudia Bellingeri, como perito de la ex Dipba y el historiador Federico Lorenz. Bellingieri recordó por ejemplo que dijo que “algunas denuncias fueron hechas por Mariano Quinteros, jefe de seguridad de la empresa Mestrina”. Lorenz fue importante como historiador para situar el contexto de los astilleros, el seguimiento de inteligencia y la burocracia sindical. De los archivos de la ex Dipba recordaron que recordó el valor que poseen los volantes políticos y gremiales que hay allí con descripción de las acciones de los trabajadores, pero también de los informes de las actividades represivas. Explicó que Inteligencia siguió de modo “muy minucioso a quienes consideraba máximos responsables de las organizaciones”, y extraía información de “buchones”. Y cuando le preguntaron de nuevo dijo que había dos tipos de “informantes”, trabajadores buchones o “fuente normalmente confiable del directorio de la empresa”. Como ejemplo habló de Jorge Rampoldi, un ex militante de la CNU, abogado y vinculado a grupos de choque de la zona norte. Tuvo un cargo en Astarsa mientras continuaba como asesor del SOIN (Sindicato de Obreros de la Industria Naval) e interventor del sindicato. “Los informes de Inteligencia sobre los trabajadores se hicieron notoriamente minuciosos para el período 1974/1975 –recordaron–: hablaban de ‘infiltrados marxistas’, de ‘infiltrados subversivos’, es decir desconociendo su clara adhesión peronista.”
En la sala, alguien levanta la foto de Francisco Pallaveccino, que acaba de caerse de una silla. Los pasillos son angostos. Las fotos se caen fácilmente cuando pasan los que llegan tarde. En unas sillas se sientan personas de carne y hueso, muchos familiares de los desaparecidos. En otras, están las fotos, muchos de los secuestrados-desaparecidos. Abajo de la foto de Pallaveccino se lee “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Delegado Sindical. Integrante de la Lista Marrón. Federación Ceramista Filial 2 de Villa Adelaina. Detenido Desaparecido, 3 de noviembre de 1977. Presente”.
Al lado, la de Ismael Notaliberto recupera parte de la historia que se escucha en la sala. “Trabajador de Porcelanas Lozadur. Detenido Desaparecido, 2 de noviembre de 1977. Presente.” En la silla siguiente, hay otro de sus compañeros, Ramón Pablo Villanueva, delegado sindical. Y luego otro más.
ARGENTINA: LA INVESTIGACION DE FAMILIARES Y VECINOS SOBRE LOS OBREROS DESAPARECIDOS EN EL NORTE DEL CONURBANO
Las actas de la complicidad empresarial
En el llamado Juicio de los Obreros, que se ocupa de los secuestros de 33 trabajadores, se presentaron documentos que muestran la connivencia de los empresarios con el terrorismo de Estado. Fueron rastreados por un equipo integrado por parientes de las víctimas y otras personas.
Por Alejandra Dandan
Página 12
En San Martín se acerca el final del Juicio de los Obreros, destinado a buscar responsabilidades por los secuestros de 33 trabajadores de algunos grandes centros fabriles de la zona norte del conurbano, como los astilleros Mestrina y Astarsa y las ceramistas Lozadur y Cattaneo. Los secuestrados eran delegados o afiliados a los sindicatos, cercanos a las comisiones internas de las fábricas. El juicio juzga ahora a una parte de los responsables: militares, policías y prefectos. Faltan los responsables civiles: propietarios, directores y personal jerárquico de las empresas con distinto grado de colaboración. Durante el debate se mostraron varios documentos que sugieren esa colaboración. Informes desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, archivos de la ex Dipba y también un tramo escalofriante de las actas de reuniones del directorio de Lozadur. Las actas sugieren modos posibles de cómo se articuló esa complicidad, pero impactan porque muestran, como una vieja fotografía, el espanto del patrón ante la envergadura de la organización obrera de la época.
“En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de septiembre de 1975, reunidos en sesión de directorio en su local social de la calle Bernardo de Yrigoyen 330, 4º piso, los señores directores de Porcelana Lozadur SAyC que firman al pie, bajo la presidencia del doctor Mario Jorge Amoroso Copello y con asistencia de los señores miembros de la comisión de fiscalización que firman también la presente acta, se abre la sesión siendo las 14 horas –escriben–. A continuación toma la palabra el señor presidente y plantea al directorio el problema del ausentismo obrero que supera el 20 por ciento, como así también los continuos conflictos obreros originados artificialmente por el personal perteneciente a la Focra, por lo que será de imperiosa necesidad adoptar medidas, sea cual fuere para evitarlo.”
El hallazgo de estos libros de actas es parte, a su vez, de una segunda trama de este juicio. La historia de un equipo de investigación compuesto por distinto tipo de personas: familiares de los desaparecidos, con sus distintos saberes, pero también un viejo apoderado del sindicato o una vecina, la hija de la dueña de una tienda de pueblo, ubicada a una cuadra de dos hermanas de trabajadoras de Lozadur desaparecidas. Liliana Giovannelli pertenece a ese equipo. Era trabajadora de laboratorios Roche y esposa de Juan Carlos Panizza, Cumpita para sus compañeros, uno de los desaparecidos de Cattaneo, la otra fábrica de cerámicas. Se encontró con estos libros en el juzgado oral de San Martín. Los querellantes los habían mandado pedir al juzgado de quiebras. Cuando estaban ahí, a medida que iba pasando las hojas, Liliana comenzó a tomar notas con lo que tenía a mano. Al llegar a su casa, puso los datos más importantes en un mail destinado a sus compañeros.
El 21 de febrero pasado, Liliana Giovannelli escribió: “En el juzgado oral estaban los libros de actas de la reuniones de directorio de Lozadur desde 1956 en adelante. Revisé a partir de agosto 1973 (toma sindicato), hasta 1978. A partir del ’74 comienzan alusiones al personal en relación con problemas de ausentismo (20 por ciento). En septiembre de 1975 ausentismo y conflictos obreros ‘originados artificialmente por el personal perteneciente a Focra’. En octubre del ’75 hablan del principio de autoridad muy deteriorado en la fábrica y deciden nombrar un gerente general (Ing. Pedro Ernesto Bouche). Cuando presentan el ejercicio del año ’75 atribuyen sus problemas a la política económica y gremial y como ya están en el comienzo del ‘76, dicen: ‘reestablecida la disciplina el rendimiento de la mano de obra ha alcanzado sus niveles normales’. En los meses siguientes las actas son escuetas y casi iguales”.
Hasta octubre de 1977: cuando se producen algunos de los hechos más importantes.
Las actas
Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes en la zona norte. Cattaneo tenía 500 trabajadores; Lozadur, en Villa Adelina, más de mil trabajadores, la mayoría mujeres, como quedó reflejado entre los desaparecidos: cuatro de los siete desaparecidos de este juicio son mujeres. Para 1973, las dos fábricas estaban movilizadas. La futura lista marrón tomó la filial 2 de Villa Adelina del Sindicato de Ceramistas. Había reclamos por mejoras de salarios y mejores condiciones de trabajo. Varios testigos recordaron en el juicio problemas por las altas temperaturas de los hornos; afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo. Deterioros físicos por el acarreo de las zorras, usadas para trasportar cerámica dentro de la fábrica. Con el envío de un veedor y una disposición del Ministerio de Trabajo que ordenó elecciones, ese año ganó un armado clasista de la lista marrón. Y volvió a ganar en 1975. Ese año, junto a los astilleros se impulsaba la Coordinadora Fabril en la zona norte con alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical. Después del golpe, la filial quedó intervenida por el comandante de Gendarmería Máximo Millarck. Ya en 1976 y 1977, bajo el peso de la dictadura, los trabajadores continuaron con distintos tipos de reclamos y actividades de resistencia. En ese contexto, a fines de septiembre de 1977, Millarck convocó a una reunión a los delegados y les pidió que volvieran a las secciones para suspender una de las últimas huelgas. Les dijo lo que muchos testigos repitieron durante el juicio: que si no lo hacían, iban a venir los “bichos verdes”. La huelga continuó. El 18 octubre de 1977 Lozadur simuló un cierre por una quiebra cuyos vaivenes ahora se ven escritos en las hojas del directorio. Quince días después, los “bichos verdes” secuestraron a los trabajadores de sus casas y meses más tarde volvió a abrir la fábrica.
El acta del directorio que sigue a continuación es del 14 de octubre de 1977: cuatro días antes del cierre. “El presidente manifiesta que como es de conocimiento de los señores directores, a comienzos del corriente mes se inició en la fábrica un movimiento gremial de acción directa consistente en la disminución intencionada de la producción a pesar del anuncio, previo al movimiento, de que en el curso del mes de octubre se otorgaría un aumento general de salarios. Dicho movimiento ha producido una disminución de la producción y consiguientemente del despacho y de la facturación, de tal magnitud que amenaza hacer conducir a la empresa (...) a no hacer frente a las obligaciones financieras y o bancarias (...) Tal situación hace simplemente imposible continuar soportando un conflicto gremial sin solución aparente por cuanto los obreros no sólo no informan oficialmente los motivos de su actitud, sino que ni siquiera concurren a las citaciones del Ministerio de Trabajo y se han negado a acatar las instrucciones e intimidaciones de las autoridades competentes y del interventor militar en el organismo sindical para normalizar el trabajo. Actualmente, las autoridades competentes han dispuesto que el conflicto queda sujeto a las normas de la ley 21.400 de seguridad industrial. (N. d. R.: de septiembre de 1976, una estrategia para militarizar a los trabajadores en huelga.) El problema del conjunto planteado exige soluciones drásticas y definitivas ya que, de no lograrse las mismas, la liquidación de la empresa será inevitable con todas sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Por consiguiente se resuelve, por unanimidad, proceder previa intimidación legal al despido con causa justificada de todo el personal en conflicto, en caso de no normalizarse el trabajo a la cero hora del día 15 de octubre.”
Liliana
“Conocí a Carlos (Panizza) en noviembre del ’74, estuvimos dos años de novios, los dos trabajábamos, fuimos comprando las cosas para equipar un lugar para vivir, dos meses antes de casarnos alquilamos una casa en Martínez y en febrero del ’77 nos casamos. Carlos iba a seguir abogacía y yo psicología”, explico Liliana Giovannelli durante la audiencia. Carlos esperaba los certificados de estudio de Entre Ríos. Habían comprado un terreno para construir en José C. Paz. “Trabajábamos duro y los dos tratábamos de hacer horas extra. Carlos estaba en Cattaneo con turnos rotativos: una semana de mañana, una de tarde y otra de noche. Así que nos arreglábamos como podíamos para tener más tiempo juntos. Cuando le tocaba de noche, llegaba a casa a eso de las 6.30 o siete de la mañana, desayunábamos y luego yo me iba a trabajar y volvíamos a vernos a las seis de la tarde y hasta 21.30, cuando él volvía a irse a la fábrica. Eramos recién casados, compartíamos lecturas, las cosas que hacíamos y soñábamos. Carlos militaba en el sindicato. Era afiliado del gremio, participaba de las asambleas, hablaba de política, apoyaba las medidas que se tomaban, era un tipo politizado, sin bien no estaba afiliado a un partido.”
Liliana repite en voz alta alguno de esos reclamos: el polvillo, el calor de los hornos, los sueldos bajos y atrasos en las quincenas.
El 27 de octubre de 1977 horneó una torta de naranja. Desayunaron y Carlos se fue a la fábrica. Ese día el Ejército montó un enorme operativo durante el que se llevaron a tres trabajadores, entre ellos a él. A la tarde, como no volvía, Liliana llamó dos veces a la fábrica.
“Quiero destacar aquí que también en esto se ve la complicidad de la empresa –dijo en el juicio–, porque ante un hecho de semejante magnitud, con un operativo como el que se hizo dentro de la fábrica, con despliegue de Falcons, camionetas, donde introdujeron a los obreros dentro de la fábrica, que duró horas y comprendió dos turnos laborales, que comenzó durante la madrugada con personal de turno noche y continuó durante la mañana, ¿cómo la oficina de personal iba a desconocer lo que había pasado o estaba pasando?”.
Una vez al mes, durante años, Liliana pedía permiso en su trabajo, a veces se lo daban, a veces no, para viajar a la Capital. Iba al Ministerio del Interior a preguntar si había novedades de Carlos. Cuando salía, antes de volver, pasaba por Corrientes y Callao, donde funcionó la sede de Familiares. Siguió trabajando en Roche porque quería conservar la casa alquilada. Creía que Carlos iba a volver, después de todo, todos le decían que se lo habían llevado por averiguación de antecedentes. “Con el resto de los familiares de la fábrica, nunca nada”, dice. “Yo no trabajaba en la fábrica, así que no sabía dónde vivían. En algún momento intenté armar una pareja, pero no pude, porque esta historia nunca se cierra.”
Con el acceso a Internet algo cambió. Cada tanto, googleaba el nombre de Carlos. Encontró el documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos que días atrás se presentó en el juicio. Pero no sabía qué hacer con todo eso, dice, “porque es más, yo tampoco sabía que podía querellar. Yo esperaba que alguien de la Justicia me llamara. Hoy entendí eso, que sí puedo empujar y no esperar a que me llamen, como que cambió mi historia, empecé a meterme más”.
Una noche de 2009, frente a la televisión, miraba por Canal Encuentro un programa de los archivos de la ex Dipba de la Comisión Provincial por la Memoria. Había un obrero, que ella imaginó de Astarsa, entrando a los archivos, no se le veía la cara, pero buscaba entre los archivos. “Nunca se me ocurrió pedir informes ahí.” Y justo en ese momento sonó el teléfono: era Adriana Taboada, de la Comisión de la Verdad, Memoria y Justicia de la Zona Norte.
Adriana
“Yo creo que esto es un tema fundamentalmente de poder y de la transformación de las prácticas”, dice Adriana Taboada. “La mayor parte de la gente, cuando tiene un problema legal, busca un abogado, le transfiere la información y el abogado se ocupa de ver cómo resuelve el problema, entonces el que hace es el abogado y uno espera, y tiene un rol pasivo. ¿Qué nos enseñan estas causas de derechos humanos? A mantener un rol activo durante todo el proceso. Hay momentos en los que el abogado tiene un rol específico, pero después hay todo un universo de cosas para hacer: desde la investigación de todo, no solamente contactar a un familiar o a un compañero, sino recorrer los barrios, buscar testigos, buscar los libros, documentación. Además de declarar o acompañarnos. No delegamos la causa, la causa es nuestra, y es la posibilidad de trabajar colectivamente: se puede enfrentar o resolver esto colectivamente, se genera una práctica: nos juntamos, nos organizamos, pensamos juntos. Es fundamental pensar que el terrorismo de Estado pegó en la fragmentación social y que lo que nosotros hacemos todo el tiempo es volver a tejer donde hay un agujero.”
Adriana tiene cuatro primos desaparecidos, es psicóloga. En algún momento llegó a sus manos un listado de familiares. Llamó a Liliana, y en paralelo le contaron que había un grupo de docentes reconstruyendo las historias de dos hermanas, Dominga y Felicidad Abadía Crespo, dos trabajadoras de Lozadur, en el marco del Programa Jóvenes y Memoria.
Las docentes
“El día que nosotras vamos a la casa de Adriana, estaban Pablo Llonto y Liliana (Giovannelli) y todos nos conocimos ese día: fue impactante porque Liliana nunca jamás había sabido nada de Carlos. Nunca nada. A todo esto, la profesora de historia de nuestro equipo había ido a la ex Dipba y encontrado cosas relacionadas con el gremialismo, el movimiento obrero, ceramistas.”
Ana Bringas vivía a una cuadra de Dominga y Felicidad. Eran hijas de una familia de inmigrantes españoles, perseguida por el franquismo. Dominga, la mayor, tenía 27 años, cocinaba, tejía. Ana era cinco años más chica. Su madre había puesto una tienda con todo lo necesario para un pueblo que recién empieza a formarse. La tienda se llamaba Feria Americana. “Las chicas eran divinas, las dos preciosas”, dice Ana, a tantos años de allí. “Y los Abadía eran gente que, aun con lo que les pasó, ni siquiera les escuchabas una subida de tono: a lo sumo, el padre decía: ¡Estos desgraciados, robaron hasta bebés! Esto era lo máximo. La madre (Baltasara) fue la primera querellante de esta causa.”
Hace años, cuando murió el padre de las chicas, Baltasara se volvió a España con unos sobrinos. Le dejó al casa a otra vecina que guardó muchas de las fotos y documentos de la familia. Ana golpeó la puerta de esa casa cuando era docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel. Con dos compañeras (una socióloga, María Conte, y una historiadora, Mónica Parada) llegaron a la vieja casa a reconstruir la historia.
“Yo era chica cuando desaparecieron las chicas, y me acuerdo de que Lanusse estaba esa noche en el barrio porque tenía una casa en Del Viso. Le dijo a la familia que sabía lo que estaba pasando, que no lo compartía, pero que no podía hacer nada. Nosotros nos fuimos embalando con el tema y en marzo de 2008 hicimos una instalación en la Universidad de Tres de Febrero con vajillas de cerámicas de ellas, pero también de Lozadur, porque empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que en muchas de las casas había cosas de Lozadur. La fábrica era tan grande y tan importante, tenía tanta importancia para Sudamérica, que todas comprobamos que en nuestras casas teníamos algo.”
La instalación se llamó “Mis vecinas Dominga y Felicidad”. Al comienzo contaba lo que entendían que pasaba: era una historia en círculo sobre una familia de inmigrantes perseguidos por el franquismo que volvían a ser perseguidos acá. “Lo relacionábamos con la fábrica porque sabíamos que había otros desaparecidos, pero no teníamos más que un nombre y nada más.”
En 2009, un año después, se produjo el contacto con la Comisión.
Las conexiones
Liliana Giovannelli agarró el listado de la Conadep y encontró el nombre de Jorge Ozeldin, otro de-saparecido de Cattaneo. Hablaron con una cuñada; ella pasó un teléfono de Mar del Plata; un hermano dio una foto de Ozeldin. Encontraron la foto en Facebook, pero se dieron cuenta de que no era de Ozeldin sino de Omar, su hijo. Omar hoy participa de los juicios.
Ana Bringas fue tres veces a la casa donde había vivido Pablo Villanueva, uno de los desaparecidos de Lozadur. Fue hasta que le abrieron puerta. En la casa todavía vivían las tres familias de entonces. “Di con un hermano, Juan Villanueva, me dijo que vinieron los militares. Me interné a hablar con él, fui sola para que no se asustara, y este hombre me dijo que sí, que iba a declarar. Después volvimos con mi amiga la socióloga, pero esta vez nos dijo que no y la mujer me echó: no quería que se hablara más del tema. Me fui y volví una tercera vez con María. Estuvimos paradas en la puerta de la casa. Nos quedamos ahí. Y bueno, al final salió la mujer y nos dijo que a lo mejor su cuñada nos podía ayudar. Resulta que su cuñada había trabajado en Lozadur.”
Ramón Villanueva, uno de los habitantes de esa casa y tío de Pablo, había trabajado en Lozadur. Lo mismo que su esposa, Rosa Samaniego. Los dos declararon en el juicio.
En 2010 colocaron baldosas en Cattaneo y en el antiguo frente de Lozadur que ahora es el comienzo de un parque municipal. Dora Ludueña, la esposa de Pablo, se acercó al acto. “Muchos familiares se acercaron a ese momento. Hicimos todo un trabajo de territorio en el barrio, puerta a puerta –dice ahora Liliana–. En Cattaneo los secuestros habían sido dentro de la fábrica y pensamos que los vecinos que aún vivían en la zona podían darnos datos acerca del operativo. Y luego con el objetivo de atraer la atención de ex trabajadores decidimos poner la primera baldosa señalando el lugar de donde fueron llevados los obreros e hicimos entre todos las baldosas de Lozadur. Las confeccionamos al aire libre en donde estaba el predio de la fábrica. Fue muy importante porque en esa hechura se juntaron varias generaciones de los familiares y se acercaron muchos ex trabajadores que vivían en la zona.”
Dora Ludueña también fue trabajadora de Lozadur. Y logró declarar durante una de las últimas audiencias. También lo hizo Marisa Villanueva, la hija de ambos.
“Yo creo que el rompecabezas se termina de armar en el momento del juicio –dice Ana–. Ahí terminás de ver todo lo que pasó. Y es impresionante.”
ARGENTINA: DOS MEDICOS Y UNA OBSTETRA SERAN JUZGADOS POR SU RELACION CON LA APROPIACION DE NIñOS EN LA DICTADURA
Los doctores de los campos clandestinos
El médico militar Norberto Bianco será uno de los juzgados por el Tribunal Oral Nº 6.
Imagen: Télam
Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la obstetra Luisa Arroche serán juzgados por la apropiación de niños durante la dictadura. Se desempeñaban en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo.
Por Ailín Bullentini
Página 12
Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de concentración donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, en uno de los fallos judiciales por delitos de lesa humanidad más trascendentes, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fue severamente condenada. Dos años después, y bajo la misma mecánica, el mismo tribunal comenzará a juzgar este miércoles a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no fueron analizadas en aquel mítico juicio. Cada uno en el caso que corresponda, los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.
Pasaron dos años de aquel primer y emblemático acto de justicia y casi una década desde que Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, los Massera, los Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. El funcionamiento de esa “maternidad clandestina”, como la parte de la sociedad que se preocupó por que la Justicia analizara los horrores de aquellos años, rebautizó a esa institución sanitaria que aún respira recostada sobre la avenida Pablo Ricchieri de la guarnición militar de Campo de Mayo, fue ventilado en el juicio por el plan sistemático, con lo cual, muchos testimonios desplegados entonces serán incorporados en este debate vía reproducción audiovisual. Algunas otras versiones de los hechos ofrecidas durante la intrucción también serán sumadas sin necesidad de ser reiteradas frente a los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas. En los pasillos de Comodoro Py apuestan a que la sentencia llegue antes de fin de año.
El juicio a los médicos
Riveros y Bignone fueron condenados a en el juicio por el Plan Sistemático. A Bignone, no obstante, se lo juzgó como miembro de la última junta de comandantes que dirigió la última dictadura cívico-militar. Recibió 15 años de cárcel, condena que fue incrementada a 25 por la Cámara de Casación. Riveros, condenado a 20 años, fue responsabilizado como jerarca del Comando de Institutos Militares que tenían, bajo su órbita, a Campo de Mayo. Sin embargo, el marco de acusaciones que decantó en ese debate oral no tuvo siquiera desde su etapa de instrucción en cuenta a los médicos militares que integraron el organigrama delictivo. Los médicos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo el área obtétrica de esa institución “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará junto a Pablo Lachener a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el debate oral que arrancará el miércoles.
Como la causa por el Plan Sistemático ya estaba elevada a juicio oral, Abuelas decidió impulsar la investigación en el mismo expediente que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que recorría, entonces, instancias preliminares. Año 2006. Justicia del distrito de San Martín. Varios años después, la Cámara local decidió que esa investigación debía entenderse como una continuidad de la causa mayor y, como aquélla, tramitarse en la Justicia federal. Ocho años después de aquel primer paso, la causa llegó a su juicio oral, que en un primer momento tuvo como fecha de inicio en julio, pero fue pospuesto por las recusaciones que las defensas de los imputados presentaron contra la presidenta del tribunal y su coequipier, Panelo, y que no prosperaron.
Los casos
En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales”: ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz. Por esas habitaciones pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en el país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que le perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición. La muerte.
Detalles más, detalles menos, así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses. Dependerá del TOF 6 que puedan ser, luego de esa elevación, incorporados al debate.
Detalles más, detalles menos, fueron los primeros días de, por lo menos, Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez: hijos de algunas de aquellas víctimas y recuperados, a lo largo de los años siguientes y con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto, o en debates orales individuales contra apropiadores o entregadores, como lo tuvo de Sanctis Ovando.
Los acusados
En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no ocupará el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.
Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos a exponer en el debate oral que comenzará el miércoles. En esa misma línea de responsabilidades la querella de Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.
De los médicos militares retirados que aportarían su responsabilidad en este debate, só´lo dos finalmente llegaron a juicio. Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela. El milico médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, falleció. Jorge Habib Haddad fue subdirector del centro de salud de la fuerza, mientras que Ramón Capecce era jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico. Los tres se salvaron de la Justicia.
ARGENTINA: TERMINO EL JUICIO ORAL POR EL CASO DEL NIETO RESTITUIDO PABLO GAONA MIRANDA
Tres condenas por una apropiación
Raquel Alí Ahmed y Salvador Giribone, que anotaron a Pablo Gaona Miranda como hijo propio, recibieron seis y ocho años de prisión. Al militar Héctor Giribone, que les entregó el niño, también le dieron ocho años.
Por Ailín Bullentini
Página 12Tres condenas por una apropiación
Raquel Alí Ahmed y Salvador Giribone, que anotaron a Pablo Gaona Miranda como hijo propio, recibieron seis y ocho años de prisión. Al militar Héctor Giribone, que les entregó el niño, también le dieron ocho años.
Pablo Gaona Miranda es hijo de Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda y recuperó su identidad en agosto de 2012.
Imagen: Joaquín Salguero
Por Ailín Bullentini
Presenció cada una de las audiencias que conformaron el debate oral en torno de su historia. Pablo Gaona Miranda, quien hasta agosto de 2012 pensaba que era Leandro Giribone, hijo adoptivo de Raquel Alí Ahmed y de Salvador Giribone (aunque anotado como propio), ahijado de Héctor Giribone, se consideró “en calma” ayer, luego de que el Tribunal Oral Federal Número 5 encontrara a la mujer y a los hombres culpables de su apropiación y del ocultamiento de su verdadera identidad. “Se hizo justicia”, apuntó el nieto recuperado 106, mientras abandonaba los Tribunales de Comodoro Py. El fallo de los jueces Gabriel Nardiello, Oscar Hergott y Adriana Palliotti siguió la línea de las acusaciones, cuyos alegatos calificaron el robo de Gaona Miranda cuando niño y el ocultamiento de su identidad como delitos de lesa humanidad, pero las penas impuestas, de seis años para la mujer y ocho para los hombres, fueron sensiblemente menores que las solicitadas por la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que exigieron condenas de entre 13 y 15 años de cárcel. Los magistrados darán a conocer los fundamentos de su decisión el próximo martes.
Durante dos meses de debate oral, el testimonio de una decena de testigos y el aporte de varios documentos reveladores proyectaron frente al TOF 5 la historia de Gaona Miranda: en agosto de 1978, cuando tenía sólo un mes de vida, fue secuestrado junto a sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, militantes del ERP, mientras viajaban rumbo a una reunión familiar en Villa Martelli. Un mes después se convirtió en el tercer hijo del matrimonio Giribone-Ahmed quienes, con la ayuda de un certificado de nacimiento falso, lo inscribieron como propio. Durante 34 años se llamó Leandro, hasta que el 1º de agosto de 2012, el resultado positivo del análisis que realizó el Banco Nacional de Datos Genéticos lo devolvió a la verdad.
Para el TOF Número 5, Salvador Giribone y Raquel Ahmed son igualmente responsables del delito de “ocultamiento y retención de un menor de 10 años”, así como de la “alteración” de su estado civil. A él, además, lo culpó de haber cometido “falsedad ideológica de documentos públicos”, por haber firmado el certificado de nacimiento falso. Por eso, la apropiadora deberá cumplir seis años, mientras que él, dos más.
Pero la figura más importante del caso es Héctor Giribone, el hombre que funcionó como amalgama para unir el origen de Pablo Gaona Miranda y su destino compulsivo en la casa del matrimonio condenado. Giribone es, además del primo del apropiador y a quien el matrimonio nombró padrino de Pablo Gaona Miranda, militar. Cumplió tareas en el norte del país, en el marco del Operativo Independencia y, para el año en el que el nieto recuperado 106 fue apropiado, se desempeñaba como jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Además, quedó demostrado a lo largo del debate oral mediante la comparación de sus legajos de fajina que Giribone trabajó durante gran parte de su carrera militar con el médico Ricardo Lederer, quien firmó el certificado de nacimiento falso con el que fue inscripto Pablo como Leandro. El tribunal ponderó de esa manera el rol de Giribone en la historia de Gaona Miranda y lo identificó como “partícipe necesario” en su ocultamiento y retención, así como en la falsificación de su certificado de nacimiento. Lo condenó a ocho años de cárcel.
A Pablo Parenti, que compartió la fiscalía junto a Guillermo Friele, le quedó “el sabor amargo de las penas, que no reflejan la gravedad de los hechos”. A los delitos analizados en el debate oral que culminó ayer les corresponde una escala de entre cinco y 15 años de cárcel. “Gaona Miranda vivió 34 años bajo una mentira, a lo que debemos añadir la alteración de su identidad. Si en este caso no se aplican las penas más graves, ¿en cuáles?”, se preguntó Parenti. En ese sentido, remarcó que las bajas penas en este tipo de casos “no son un hecho aislado” y llamó a “reflexionar sobre el tema”.
Si bien reconoció que la querella esperaba penas mayores, Alan Iud, uno de los abogados representantes de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio, evaluó positivamente la sentencia “en un país en donde hubo impunidad durante tanto tiempo”. Sobre todo, destacó la evaluación que los jueces realizaron del rol de Héctor Giribone: “Creyeron en la palabra de Pablo, que fue una prueba decisiva para sostener la acusación en su contra junto a otra serie de elementos consistentes con esa versión”, evaluó. Cabe remarcar que la de ayer es la primera condena que recae sobre este personaje que, hasta hace tres meses, cumplía tareas administrativas en el Ejército Argentino. “La lectura que se hizo de su legajo, su participación en el Operativo Independencia, las tareas que cumplió en Campo de Mayo y las propias declaraciones que realizó en el juicio abren puertas para que la Justicia lo siga investigando por delitos de lesa humanidad”, advirtió el abogado.
Ayer a la mañana, durante la posibilidad que el tribunal les otorgó a los acusados para hablar antes del fallo, Giribone no sólo negó que el robo de Gaona Miranda a sus papás, que continúan desaparecidos, sea un delito de lesa humanidad, sino que además realizó una amplia defensa del accionar de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. “La apropiación de bebés no es un delito de lesa humanidad, no hubo plan sistemático ni hubo prácticas ilegales. Todas son conjeturas sin pruebas”, se despachó el militar.
Los imperdonables, versión argentina
COMIENZAN A TRATAR EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA PROHIBIR QUE SE INDULTEN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Página12 - 19 8 14 - Por Laura Vales
La jurisprudencia señala no sólo que está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos.
Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema. La iniciativa legislativa reglamentará esa prohibición que, por lo
tanto, se hará extensiva a todos los casos de este tipo en el futuro.
El Congreso Nacional comenzará a analizar hoy un proyecto de ley para prohibir a los futuros presidentes que indulten, amnistíen o beneficien con una conmutación de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema de Justicia cuando anuló los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem; de lo que se trata ahora es de reglamentar esa prohibición. La Corte ha señalado, en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, que no sólo está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos, investigarlos y sancionar a los responsables.
El proyecto fue redactado por el legislador y nieto recuperado Horacio Pietragalla, con el acompañamiento de otros dieciséis diputados del Frente para la Victoria. Como primer paso para su debate, esta tarde será tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En los fundamentos del proyecto, Pietragalla explica por qué tomó la decisión de llevar el tema al Congreso, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ya lo establece sin dejar dudas. “El Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos”, indicó.
También habló de la intención de que las instituciones democráticas reafirmen “la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo” a quienes los cometan.
Alcances
El texto que discutirán los legisladores extiende la restricción de indultar no sólo a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino también a aquellos que estén siendo investigados o bajo proceso. Este aspecto del tema ya fue discutido en su momento y, en este sentido, también la Corte Suprema adoptó el criterio de aplicación más amplio.
Pietragalla citó en este sentido un fallo del máximo tribunal en la llamada causa Mazzeo, que en el año 2007 declaró inconstitucionales los indultos (el expediente llevaba el nombre del represor Julio Mazzeo y el perdón que fue declarado inconstitucional fue el de Santiago Omar Riveros, comandante del Cuerpo IV de Ejército que tuvo bajo su jurisdicción centros clandestinos de detención así como el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina empleada para el robo de bebés). “Cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto”, dijo entonces el tribunal al declarar inconstitucional el perdón que Menem le había concedido en 1989, el indulto “resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción.”
En el Congreso hay consenso entre los diputados de los diferentes bloques para avanzar en el dictamen, por lo que el proyecto podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja antes de fin de año. Después de pasar por la Comisión de Derechos Humanos deberá obtener además el visto bueno de la de Asuntos Constitucionales.
Como antecedentes, quedaron en el camino propuestas similares presentadas en otros períodos parlamentarios por los ex diputados Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y Marcela Rodríguez, que habían recibido dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en el año 2005.
Entre los cofirmantes del proyecto de Pietragalla aparecen otros hijos de desaparecidos, como Eduardo “Wado” De Pedro y Juan Cabandié, y referentes de La Cámpora como Andrés Larroque y Mayra Mendoza. También es cofirmante Remo Carlotto.
El poder de indultar o conmutar penas que tiene el presidente es una atribución constitucional. La Carta Magna se la otorga al jefe de Estado en su artículo 99.
Menem lo utilizó al otorgar los indultos entre 1989 y 1990. El primer decreto, de octubre del ‘89, benefició a los responsables del Primer Cuerpo del Ejército. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron perdonados con un decreto firmado el último día hábil de 1990. En la tanda de ese año también entró el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.
Como excepción, la Constitución fija “los casos de acusación por la Cámara de Diputados”. Con la reforma de 1994, los convencionales agregaron una limitación más, la de indultar a los autores de golpes institucionales. Pero en esa misma reforma quedaron incorporados a la Constitución tratados internacionales que prohíben cualquier tipo de amnistía o conmutación de penas frente a los delitos de lesa humanidad.
“El espíritu de la ley”, dijo ayer Pietragalla (ver aparte), “surge porque todavía hay sectores de la sociedad, políticos y económicos, que no están muy de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante en el país para juzgar a los responsables de estos crímenes.”
“Creemos que a esta altura, después de recorrer muchos aniversarios del golpe, después del proceso que generó la reparación política hacia las víctimas del terrorismo de Estado, no nos podemos dar la posibilidad de que ningún sector pueda avanzar en eventuales indultos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados; a partir de esta ley, ningún presidente podrá hacerlo nuevamente.”
HORACIO PIETRAGALLA, AUTOR DEL PROYECTO
“Para que no se pueda volver atrás”
Por Irina Hauser
Página 12COMIENZAN A TRATAR EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA PROHIBIR QUE SE INDULTEN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Página12 - 19 8 14 - Por Laura Vales
La jurisprudencia señala no sólo que está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos.
Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema. La iniciativa legislativa reglamentará esa prohibición que, por lo
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El Congreso Nacional comenzará a analizar hoy un proyecto de ley para prohibir a los futuros presidentes que indulten, amnistíen o beneficien con una conmutación de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema de Justicia cuando anuló los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem; de lo que se trata ahora es de reglamentar esa prohibición. La Corte ha señalado, en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, que no sólo está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos, investigarlos y sancionar a los responsables.
El proyecto fue redactado por el legislador y nieto recuperado Horacio Pietragalla, con el acompañamiento de otros dieciséis diputados del Frente para la Victoria. Como primer paso para su debate, esta tarde será tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En los fundamentos del proyecto, Pietragalla explica por qué tomó la decisión de llevar el tema al Congreso, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ya lo establece sin dejar dudas. “El Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos”, indicó.
También habló de la intención de que las instituciones democráticas reafirmen “la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo” a quienes los cometan.
Alcances
El texto que discutirán los legisladores extiende la restricción de indultar no sólo a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino también a aquellos que estén siendo investigados o bajo proceso. Este aspecto del tema ya fue discutido en su momento y, en este sentido, también la Corte Suprema adoptó el criterio de aplicación más amplio.
Pietragalla citó en este sentido un fallo del máximo tribunal en la llamada causa Mazzeo, que en el año 2007 declaró inconstitucionales los indultos (el expediente llevaba el nombre del represor Julio Mazzeo y el perdón que fue declarado inconstitucional fue el de Santiago Omar Riveros, comandante del Cuerpo IV de Ejército que tuvo bajo su jurisdicción centros clandestinos de detención así como el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina empleada para el robo de bebés). “Cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto”, dijo entonces el tribunal al declarar inconstitucional el perdón que Menem le había concedido en 1989, el indulto “resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción.”
En el Congreso hay consenso entre los diputados de los diferentes bloques para avanzar en el dictamen, por lo que el proyecto podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja antes de fin de año. Después de pasar por la Comisión de Derechos Humanos deberá obtener además el visto bueno de la de Asuntos Constitucionales.
Como antecedentes, quedaron en el camino propuestas similares presentadas en otros períodos parlamentarios por los ex diputados Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y Marcela Rodríguez, que habían recibido dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en el año 2005.
Entre los cofirmantes del proyecto de Pietragalla aparecen otros hijos de desaparecidos, como Eduardo “Wado” De Pedro y Juan Cabandié, y referentes de La Cámpora como Andrés Larroque y Mayra Mendoza. También es cofirmante Remo Carlotto.
El poder de indultar o conmutar penas que tiene el presidente es una atribución constitucional. La Carta Magna se la otorga al jefe de Estado en su artículo 99.
Menem lo utilizó al otorgar los indultos entre 1989 y 1990. El primer decreto, de octubre del ‘89, benefició a los responsables del Primer Cuerpo del Ejército. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron perdonados con un decreto firmado el último día hábil de 1990. En la tanda de ese año también entró el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.
Como excepción, la Constitución fija “los casos de acusación por la Cámara de Diputados”. Con la reforma de 1994, los convencionales agregaron una limitación más, la de indultar a los autores de golpes institucionales. Pero en esa misma reforma quedaron incorporados a la Constitución tratados internacionales que prohíben cualquier tipo de amnistía o conmutación de penas frente a los delitos de lesa humanidad.
“El espíritu de la ley”, dijo ayer Pietragalla (ver aparte), “surge porque todavía hay sectores de la sociedad, políticos y económicos, que no están muy de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante en el país para juzgar a los responsables de estos crímenes.”
“Creemos que a esta altura, después de recorrer muchos aniversarios del golpe, después del proceso que generó la reparación política hacia las víctimas del terrorismo de Estado, no nos podemos dar la posibilidad de que ningún sector pueda avanzar en eventuales indultos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados; a partir de esta ley, ningún presidente podrá hacerlo nuevamente.”
HORACIO PIETRAGALLA, AUTOR DEL PROYECTO
“Para que no se pueda volver atrás”
Por Irina Hauser
Horacio Pietragalla, diputado del Frente para la Victoria, explica las razones por las que quiso impulsar el proyecto para limitar por ley la facultad del Poder Ejecutivo de indultar, amnistiar o conmutar penas a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. Después de todo lo logrado en los juicios por los crímenes dictatoriales, advierte, “puede pasar que venga un próximo presidente e indulte”. El número cada vez mayor de cómplices civiles, a su entender, aumenta ese riesgo.
–¿Por qué hace falta una ley? ¿No alcanza con los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema?
–Es para garantizar que no se pueda volver atrás con los juicios que han avanzado. Los fallos son para el caso al que aluden y no son de aplicación general; aunque estén fundados en tratados internacionales en materia de derechos humanos que son obligatorios para nosotros, es necesario que sus principios estén reflejados en una ley programática de acuerdo con los estándares que fijó la Corte. La Constitución establece la facultad de indultar del Poder Ejecutivo, y también prevé limitaciones, aunque hasta ahora no ha sido contemplada legislativamente la que atañe a los delitos de lesa humanidad. El objetivo es que no se pueda indultar a ninguno de los genocidas que fueron o están siendo juzgados y de ese modo no obstaculizar la persecución, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, como dicen los pactos que la Argentina suscribe.
–¿El proyecto está fundado en algún temor específico de que pueda haber indultos?
–Si no hay una ley, puede pasar que venga un próximo presidente e indulte. El temor de que alguien pueda intentar hacerlo, está. Y no son sólo los militares que nos preocupan sino que cada vez se descubren más cómplices civiles, complicidad económica, eclesiástica, judicial. Cada vez más causas judiciales los involucran. Son grupos que pueden llegar a ejercer fuerte influencia. Los grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, por ejemplo, podrían salir a bancar a algún candidato y que haya devolución de favores. En materia de derechos humanos ha habido un gran esfuerzo judicial, salvando excepciones de jueces reacios a tramitar estos casos por tener intereses en juego. Es inimaginable tener que empezar de nuevo si hay indultos o amnistías, y tener que llegar hasta la Corte. Queremos evitar judicializar conflictos en torno a este tema.
–Entre los civiles involucrados en causas de lesa humanidad que usted imagina que podrían propiciar devolución de favores, ¿en quiénes está pensando?
–Se me vienen a la cabeza muchos nombres: la investigación contra Carlos Blaquier sobre los desaparecidos del Ingenio Ledesma; las complicidades de Loma Negra, aunque la principal empresaria (Amalia Lacroze de Fortabat) murió; Vicente Massot del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; los socios de Papel Prensa. Ahora, quienes sean sospechosos en un juicio abierto, no podrán tener ningún beneficio. Además, como decimos en el proyecto, también en función de los pactos, las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se deben poder perseguir todo el tiempo necesario y con retroactividad.
Chile: Ministro procesa a 19 agentes de la DINA por el secuestro en 1976 de joven embarazada
Publicado el 12 Septiembre 2014
Escrito por Colaboradores El Clarín de Chile
El
ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los
derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo
Llanos, dictó auto de procesamiento en contra de ex agentes de la
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el
secuestro calificado de Nalvia Mena Alvarado, ilícito perpetrado a
partir del 29 de abril de 1976, en la Región Metropolitana.
En la resolución, el
ministro Llanos sometió a proceso, en calidad de autores, a los miembros
de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Carlos López Tapia, Pedro
Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Marcelo Moren Brito, Rolf
Wenderoth Pozo, Eugenio Fieldhouse Chávez y Jorge Andrade Gómez.
En tanto, en calidad de cómplices procesó a los agentes: Gladys Calderón Carreño, Rufino Jaime Astorga,José Friz Esparza, Hernán Alfaro Mundaca, Orlando Inostroza Lagos, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Pacheco Fernández, Eduardo Reyes Lagos, Orlando Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza yCarlos López Inostroza.
En tanto, en calidad de cómplices procesó a los agentes: Gladys Calderón Carreño, Rufino Jaime Astorga,José Friz Esparza, Hernán Alfaro Mundaca, Orlando Inostroza Lagos, Pedro Bitterlich Jaramillo, Claudio Pacheco Fernández, Eduardo Reyes Lagos, Orlando Torrejón Gatica, Orlando Altamirano Sanhueza yCarlos López Inostroza.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en el proceso, el magistrado logró establecer los siguientes hechos:
"El denominado "Cuartel Terranova" o "Villa Grimaldi", ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, el cual, de los recintos de la DINA, cuyas funciones se describen en el numeral III, es el que concentró el mayor número de detenidos. Operaba un grupo de agentes en este recinto clandestino de detención, cuya existencia se negaba oficialmente, un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes, con conocimiento del Presidente de la Junta de Gobierno y, posteriormente, del Presidente de la República y del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros capturas de personas, dirigentes, militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraban, ilegalmente, en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico, de variada índole, y psicológico con el objeto de obligarlos a entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.
"El denominado "Cuartel Terranova" o "Villa Grimaldi", ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén de la Región Metropolitana, el cual, de los recintos de la DINA, cuyas funciones se describen en el numeral III, es el que concentró el mayor número de detenidos. Operaba un grupo de agentes en este recinto clandestino de detención, cuya existencia se negaba oficialmente, un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes, con conocimiento del Presidente de la Junta de Gobierno y, posteriormente, del Presidente de la República y del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros capturas de personas, dirigentes, militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraban, ilegalmente, en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico, de variada índole, y psicológico con el objeto de obligarlos a entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.
Los primeros detenidos llegaron a mediados de 1974. En enero de 1975
"Villa Grimaldi" pasó a convertirse en el centro de operaciones de la
Brigada de Inteligencia Metropolitana que ejercía represión interna en
Santiago. A "Villa Grimaldi" se llevaba a los detenidos para sus
primeros interrogatorios y se les aplicaba distintas formas de tortura,
también se recluía allí a los prisioneros a quienes ya se les había
interrogado y torturado, por largos periodos, a la espera de la decisión
sobre su suerte. Se les mantenía ininterrumpidamente vendados de la
vista, con deficientes condiciones higiénicas y escaso alimento. Los
lugares más característicos donde se mantenía a los prisioneros eran los
siguientes: a)"La Torre", b)"Casas Chile". Eran construcciones de
madera destinadas al aislamiento individual, consistían en secciones
verticales similares a closets donde el detenido debía permanecer de pie
y a oscuras, durante varios días. c)"Casas Corvi", sostiene la
resolución.
El dictamen agrega que el "Cuartel "SIMÓN BOLÍVAR", ubicado en calle Simón Bolívar Nº8.630, comuna de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada "Lautaro", conocida como de "exterminio" y de "operaciones especiales". Esta brigada era dirigida por el Mayor de Ejército Juan Morales Salgado, bajo la estricta supervisión del Director de la DINA Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien, además, era su calificador directo. Se simulaba las actividades de este grupo como de "seguridad" del Director de la DINA y de su familia, en circunstancias que su verdadera función era reprimir a integrantes del diferentes partidos políticos contrarios al Gobierno de la época. Para ello se encontraba dividida en diversos equipos de trabajo, cada uno a cargo de un Oficial de Ejército y con una labor represiva definida. Entre los meses de mayo y junio del año 1976 las agrupaciones del Capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, conocido como " Don Silvio" y del Carabinero Ricardo Lawrence Mires, alias "don Julio", las que a esa fecha se habían unido a fin de reprimir al Partido Comunista, se trasladaron al cuartel "Simón Bolivar" a fin de cumplir determinadas funciones, sin dejar de realizar labores en el cuartel "Villa Grimaldi", pasando a ser el superior jerárquico de ambos y, por lo tanto, el calificador de ellos, el Mayor Juan Morales Salgado".
La investigación también logró determinar que: "En estas circunstancias Nalvia Rosa Mena Alvarado, 20 años, militante de las Juventudes Comunistas, se encontraba embarazada, medía 1.65, delgada, tenía un lunar en la frente y en la mejilla, cojeaba al caminar, vestía pantalón negro de casimir, blusa color celeste, chaqueta ploma de paño de lana. Fue detenida junto a su cónyuge Luís Emilio Recabarren González, 29 años, militantes del partido comunista, técnico gráfico, fotomontajista y su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González,22 años, militante del partido comunista, pelo crespo, castaño, usaba patillas largas, cicatriz por herida de bala en el brazo izquierdo, medía 1.65; El día 29 de Abril de 1976 a eso de las 21;30 horas, en el sector de Sebastopol de Santa Rosa, específicamente entre las calles San José y Sebastopol, fueron detenidos junto al hijo de dos años de Nalvia Mena y Luis Recabarren. El menor fue devuelto por un sujeto alto y corpulento que conducía un taxi. El día siguiente Manuel Segundo Recabarren Rojas, 50 años, dirigente del partido comunista, 1.67 estatura, pelo crespo, grisáceo, usaba patillas y bigote, fue detenido a las 07:10 horas, momentos en que salió de su domicilio ubicado en calle Cantares de Chile Nº 6271, paradero 16 de Santa Rosa, comuna de San Miguel y en circunstancias que se disponía a abordar un bus.
El dictamen agrega que el "Cuartel "SIMÓN BOLÍVAR", ubicado en calle Simón Bolívar Nº8.630, comuna de La Reina, recinto en que operaba la brigada denominada "Lautaro", conocida como de "exterminio" y de "operaciones especiales". Esta brigada era dirigida por el Mayor de Ejército Juan Morales Salgado, bajo la estricta supervisión del Director de la DINA Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien, además, era su calificador directo. Se simulaba las actividades de este grupo como de "seguridad" del Director de la DINA y de su familia, en circunstancias que su verdadera función era reprimir a integrantes del diferentes partidos políticos contrarios al Gobierno de la época. Para ello se encontraba dividida en diversos equipos de trabajo, cada uno a cargo de un Oficial de Ejército y con una labor represiva definida. Entre los meses de mayo y junio del año 1976 las agrupaciones del Capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, conocido como " Don Silvio" y del Carabinero Ricardo Lawrence Mires, alias "don Julio", las que a esa fecha se habían unido a fin de reprimir al Partido Comunista, se trasladaron al cuartel "Simón Bolivar" a fin de cumplir determinadas funciones, sin dejar de realizar labores en el cuartel "Villa Grimaldi", pasando a ser el superior jerárquico de ambos y, por lo tanto, el calificador de ellos, el Mayor Juan Morales Salgado".
La investigación también logró determinar que: "En estas circunstancias Nalvia Rosa Mena Alvarado, 20 años, militante de las Juventudes Comunistas, se encontraba embarazada, medía 1.65, delgada, tenía un lunar en la frente y en la mejilla, cojeaba al caminar, vestía pantalón negro de casimir, blusa color celeste, chaqueta ploma de paño de lana. Fue detenida junto a su cónyuge Luís Emilio Recabarren González, 29 años, militantes del partido comunista, técnico gráfico, fotomontajista y su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González,22 años, militante del partido comunista, pelo crespo, castaño, usaba patillas largas, cicatriz por herida de bala en el brazo izquierdo, medía 1.65; El día 29 de Abril de 1976 a eso de las 21;30 horas, en el sector de Sebastopol de Santa Rosa, específicamente entre las calles San José y Sebastopol, fueron detenidos junto al hijo de dos años de Nalvia Mena y Luis Recabarren. El menor fue devuelto por un sujeto alto y corpulento que conducía un taxi. El día siguiente Manuel Segundo Recabarren Rojas, 50 años, dirigente del partido comunista, 1.67 estatura, pelo crespo, grisáceo, usaba patillas y bigote, fue detenido a las 07:10 horas, momentos en que salió de su domicilio ubicado en calle Cantares de Chile Nº 6271, paradero 16 de Santa Rosa, comuna de San Miguel y en circunstancias que se disponía a abordar un bus.
La consecuencia de esta
detención es que se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez
que, privadas de libertad, no ha tomado contacto con sus familiares,
tampoco ha realizado gestiones administrativas ante organismos del
Estado ni organismos privados, ni registra entradas o salidas del país,
sin constar, tampoco, su defunción"
Chile: Justicia dicta nuevos procesamientos por secuestro y homicidio en Paine
Publicado el 15 Septiembre 2014
Escrito por Colaboradores - Clarín de Chile
La
ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela
Cifuentes, dictó nuevos procesamientos en la investigación por el
secuestro y homicidio de Mario Enrique Muñoz Peñaloza, detenido
desaparecido desde el 16 de octubre de 1973, y una de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos de la localidad de Paine.
En la causa, la
ministra Cifuentes sometió a proceso a Andrés Magaña Bau, Juan Guillermo
Quintanilla Jerez yJosé Vásquez, en calidad de autores del delito de
homicidio calificado de Mario Enrique Muñoz Peñaloz, y modificó el auto
de procesamiento dictado en contra de Nelson Bravo Espinoza,
encausándolo como autor del delito de secuestro.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en el proceso, se lograron establecer los siguientes hechos:
"Se encuentra
justificado en autos que el día 10 de octubre de 1973, alrededor de las
18:00 horas, funcionarios de Carabineros llegaron hasta el domicilio de
Mario Muñoz Peñaloza, ubicado en el sitio 93 del asentamiento "24 de
Abril", lo detuvieron sin derecho y lo trasladaron hasta la Subcomisaría
de Paine. Que, al día siguiente, Mario Muñoz Peñaloza fue visto en ese
lugar por su madre Mercedes Peñaloza Escobar y su cónyuge Ana María
Álvarez Balmaceda, las que constataron que se encontraba muy maltratado.
Que, al día subsiguiente, dichas mujeres concurrieron nuevamente hasta
la subcomisaría donde se les informó que había sido trasladado hasta el
Cerro Chena, lugar dependiente de la Escuela de Infantería de San
Bernardo. Finalmente, el día 16 de octubre de 1973, personal de la
Escuela de Infantería de San Bernardo, al mando de un Teniente, realizó
un operativo que abarcó entre otros el asentamiento "24 de Abril", donde
se detuvo a veintidós personas y algunos de los testigos presenciales
de la detención vieron que junto a los soldados se encontraba Mario
Muñoz Peñaloza. Los veintidós detenidos, junto a Muñoz Peñaloza y un
tercero, fueron trasladados hasta la quebrada El Arrayán, en las
cercanías del Lago Rapel, donde fueron ejecutados, estableciéndose,
posteriormente, tras la recuperación en dicho lugar de numerosos restos
óseos, que la muestra de la vértebra torácica identificada con la
nomenclatura TVT3E10 pertenece a Mario Enrique Muñoz Peñaloza, con una
probabilidad de identificación del 99,99999%", afirma la resolución.
El Gobierno de Bachelet deroga el decreto ley de amnistía aprobado por la dictadura en Chile
- Dicho decreto otorga impunidad a los agentes del régimen
- Bachelet impulsará también la Subsecretaría de Derechos Humanos
- El anuncio coincide con el 41º aniversario del golpe de Estado de Pinochet
- Estas decisiones tienen el fin de adecuar la justicia chilena a la internacional
Fotografías
de detenidos desaparecidos son ubicadas en el monumento a los
desaparecidos en el 41º aniversario del golpe militar de 1973 en Chile.EFE/Sebastián Silva
Esta decisión, que coincide con el 41º aniversario del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende, será anunciada públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.
La derogación del decreto ley de amnistía, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, fue una de las promesas electorales de la Michelle Bachelet, que asumió en marzo el cargo de presidenta de Chile por segunda vez tras su mandato de 2006-2010.
Reajuste de la justicia chilena
"La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país", ha señalado el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.La presidenta (...) va a impulsar la Subsecretaría de Derechos HumanosEn un breve encuentro con la prensa, Gómez ha añadido que lo importante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos.
El ministro ha afirmado que la idea es adecuar la legislación chilena a la legislación internacional "lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha", ha asegurado.
Gómez ha indicado que, en tanto, se está preparando un "mensaje en relación a la tipificación del delito de tortura".
La derogación de esta norma se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes que acabe este mes.
Los jueces no aplicaban la ley
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional.Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas".
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido.
El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación.
El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.
- El argumento para dar nulidad a la ley de amnistía sería el siguiente:“Se declara que son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad ” Esto, según organismos internacionales y pactos a los cuales se ha suscrito Chile, en defensa de los derechos humanos.
Chile: Bachelet solicita al Congreso suma urgencia para anular Ley de Amnistía de Pinochet
Publicado el 11 Septiembre 2014
Escrito por Colaboradores- Clarín de Chile
La presidenta Michelle
Bachelet solicitó al Congreso debatir con suma urgencia una moción
parlamentaria estancada hace varios años y que busca anular la Ley de
Amnistía implementada en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa ya fue
visada y firmada por la presidenta Michelle Bachelet, quien además
incluiría la eliminación del artículo 93 del Código Penal chileno,
informó Radio Bío Bío.
La decisión
presidencial se enmarca dentro de los 41 años del Golpe de Estado y va
en la línea de las solicitudes hechas por la ONU.
Según indicaron desde
el ministerio Secretaría General de la Presidencia, se trata de una
moción parlamentaria presentada el 21 de abril del 2006 y que
patrocinaron los senadores Guido Guirardi (PPD), Juan Pablo Letelier
(PS), Alejandro Navarro (MAS) y el entonces senador Mariano Ruiz-Esquide
(DC).
Dicho proyecto
establece que se declare “insanablemente nulo por inconstitucional el
decreto ley 2.191 de 19 de abril de 1978″, pues “carece de todo efecto
jurídico para el juzgamiento de la responsabilidades penales, civiles,
administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende
cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley
penal más benigna, establecida en el artículo 18 del Código Penal”.
En su artículo 3, la
moción señala que “se declara que son inamnistiables e imprescriptibles
todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios
públicos o particulares durante un período de interrupción
constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser
calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad”.
Con ello, se buscaría
dejar sin efecto la Ley de Amnistía, que precisamente permite que
militares responsables de crímenes de lesa humanidad entre los años 1973
y 1978, donde se efectuaron los más grandes operativos de asesinato de
opositores al régimen, no cumplan penas de cárcel.
Al respecto, la
ministra secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, señaló que
“la sala penal no ha aplicado la ley de amnistía. Probablemente esta
discusión legislativa cierra el espacio a la posibilidad de que se
pudiera alguna vez aplicar”.
En tanto el ministro de
Justicia, José Antonio Gómez, indicó que “lo que ha hecho la sala penal
es no aplicar la ley de amnistía, eso nos da hoy día como resultado
tener una cantidad importante de personas condenadas”.
En efecto, la norma no
es aplicada por los tribunales de justicia desde 1998, ocho años después
de concluido el régimen de Pinochet, lo que ha permitido juzgar y
condenar a ex militares por crímenes de lesa humanidad.
Chile: ¡Fin a la Ley de Amnistía!
Publicado el 12 Septiembre 2014
Escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas - Clarín de Chile
A
pesar del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de dar suma
urgencia al proyecto que pone fin a la ley de amnistía para los crímenes
de lesa humanidad, perpetrados por los esbirros de la dictadura
encabezada por Augusto Pinochet, la Concertación – ahora Nueva Mayoría –
sigue siendo deudora respecto a los derechos humanos.
Podría haberse esperado
que este nuevo 11 de Septiembre, aniversario de triste memoria, la
Presidenta hubiera cerrado Punta Peuco y enviado a los genocidas que en
ella se asilan a la cárcel de Alta Seguridad – a lo mejor, en un
pabellón separado del resto de los internos, a fin de proteger su vida
-.
En Chile, como lo
sostiene un grupo de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda
Ciudadana, aún se aplica la pena de muerte por parte de la justicia
militar; hubiese sido laudable que se hubiera extirpado de nuestro país
tan brutal e inhumano procedimiento.
A 41 años del golpe
militar, aún se mantiene en las Fuerzas Armadas, sobre todo en los
militares en retiro, la famosa ley del silencio, que ha hecho imposible,
hasta ahora, el paradero de un gran número de detenidos desaparecidos.
De la boca hacia
afuera, algunos dirigentes derechistas dicen condenar los atropellos a
los derechos humanos, sin embargo, el núcleo duro de los militares en
retiro que osan, incluso, publicar en diario La Tercera una
inserción, panfleto en el cual piden, nada menos, que los violadores a
los derechos humanos sean tratados como héroes y salvadores del país y,
en consecuencia, se les haga justicia según sus méritos.
Podía esperarse,
también un anuncio por parte del Ejecutivo, que propusiera la
degradación de los militares presos en la cárcel de Punta Peuco y que
aún reciben los beneficios de la jubilación, junto a los servicios de
salud de calidad, en el Hospital Militar.
Durante estos últimos
días fue detenido el diputado Rosauro Martínez, militante de Renovación
Nacional - elegido durante cuatro períodos seguidos como parlamentario,
por el Distrito 41, de Chillán – acusándolo de los alevosos crímenes,
como agente de la CNI (Central Nacional Informaciones), contra los
ciudadanos Próspero Guzmán, Patricio Calfuquir y Eduardo Monsalve,
pertenecientes al MIR, (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). El
entonces capitán de ejército, Rosauro Martínez, recibió felicitaciones
por la hazaña llevada a cabo, de parte de la jefatura de la institución.
Es una vergüenza que la
Cámara de Diputados haya contado entre sus miembros a un autor de
delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura, y que,
además, su partido, Renovación Nacional, le ofrezca su apoyo
incondicional; incluso, estarían viajando a Valdivia para presionar a la
justicia. Al menos, la Corte de Apelaciones de esa ciudad aumentó la
ridícula fianza de $200.000 a $14.000.000, suma que aún continúa siendo
irrisoria para un imputado que todavía goza de un sueldo mensual de
$8.000.000, al que se agregaría las asignaciones, llegando a
$14.000.000, es decir, con lo devengado en un solo mes paga la fianza,
sin contar lo que ha recibido durante 20 años - ser diputado en Chile es
mejor que ganar el loto -.
El 10 de septiembre se lanzó el libro de la periodista e historiadora Nancy Guzmán, Ingrid Olderotk, la mujer de los perros, que
demuestra el rol de la brigada de mujeres de la DINA que, en muchos
casos, eran brutales y desquiciadas que los hombres - para Manuel
Contreras, su jefe máximo, la DINA debiera estar constituida por
delincuentes y prostitutas -.
A 41 años del golpe militar, para deshonra de nuestro país, los derechos humanos continúan al debe.
Rafael Luis Gumucio Rivas
Chile: Anulación de Ley de Amnistía debiera llevar a la reapertura de causas para volver a ser juzgadas
Publicado el 13 Septiembre 2014
Escrito por Colaboradores - El Clarín de Chile
El
senador del MAS Alejandro Navarro indicó que "lo que busca nuestro
proyecto de ley es la anulación de derecho público del decreto ley 2.191
de 1978 por lo que las causas cerradas o sobreseídas por haberse
aplicado la ley de amnistía, deberían reabriese para volver a ser
juzgados". Además dijo que "el anuncio que ha hecho el Gobierno es una
noticia que nos permite decirle al mundo que esta ley delictual creada
por Pinochet para encubrir a los violadores de derechos humanos no
correrá más en Chile".
El gobierno anunció
este jueves que dará suma urgencia al proyecto de ley que declara la
nulidad de derecho público del Decreto Ley N°2.191 de 1978, más conocido
como la ley de amnistía. El proyecto de ley que fue desarchivado en
enero de este año deberá ser conocido y despachado por el Senado en un
plazo de 15 días.
Para el senador
Navarro, quien es uno de los autores del proyecto de ley, y quien además
es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado "este es un
paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de
detenidos desaparecidos. Esta ley que fue hecha para encubrir y amparar
a violadores de derechos humanos debió haberse dejado sin efecto el
primer día de gobierno del presidente Patricio Aylwin".
El legislador comentó
que "hemos venido intentando durante dos décadas terminar con este
decreto ley. Cuando presentamos el proyecto, primero en el año 2003 como
diputado y luego el año 2006 como senador había quienes señalaban que
no habían condiciones políticas, que era inviable, que la transición
sólo permitía legislar en la medida de lo posible. Quiero recordar esta
transición ya supera los 20 años y debemos hacer todo lo necesario para
que esta transición termine".
El legislador explicó
que "las amnistías se dictan luego de procesos de convulsión política en
favor de la parte más débil. La Ley de Amnistía de Pinochet fue una ley
de amnistía al revés, pues sirvió para proteger de la mano de la
justicia a la parte más fuerte, que eran los militares que torturaron,
secuestraron y desaparecieron a civiles desarmados, sólo por su
pensamiento político".
En ese mismo sentido el
congresista expuso que "la ley de amnistía en Chile fue una
'autoamnistía', una amnistía hecha para ellos mismos, a la medida de sus
crímenes. El Estado terrorista de la Dictadura de Pinochet se perdonó a
si mismo sus crímenes de lesa humanidad, que el derecho internacional
declara inamnistiables e imprescriptibles, es decir, imperdonables".
"En este sentido, la
ley de amnistía fue un autoencubrimiento de los crímenes de la
dictadura, su seguro de vida, su garantía de impunidad", afirmó el
congresista.
"Lo he señalado
incansablemente en el parlamento, los tratados internacionales que ha
firmado Chile obligan al Estado a dejar sin efecto el decreto que
exonera de responsabilidad penal a numerosos violadores de derechos
humanos", expuso Navarro.
El congresista explicó
que "los convenios internacionales, ratificados por nuestro país,
especifican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e
inadmnistiables, por lo que adecuar nuestra legislación era urgente para
la búsqueda de justicia durante la transición a la democracia".
Y fue más tajante aun
señalando que "de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó al Estado de Chile a eliminar la ley de amnistía por el caso
Almonacid y ahora más recientemente el 2013 en el caso García Lucero".
Y aclaró "nuestro
proyecto de ley en vez de derogarla, dejando intacta su aplicación
previa, la anula, por haber sido dictada en contra de la misma
Constitución de la época, por tanto todos causas cerradas o sobreseías
por haberse aplicado la amnistía, tendrán que reabriese para ser
juzgados como corresponde".
El senador del MAS
informó que la moción solicita en su artículo 1 que se "declárese
insanablemente nulo por inconstitucional el decreto ley 2191 de 19 de
abril de 1978 (.)".
En tanto, en su
artículo 2 puntualiza que "el decreto ley 2191 carece de todo efecto
jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles,
administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende
cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley
penal más benigna, establecida en el art. 18 del Código Penal".
Por último, el artículo
3 señala que "se declara que son inamnistiables e imprescriptibles
todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios
públicos o particulares durante un período de interrupción
constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser
calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad".
Para finalizar el
parlamentario dijo que "soy de los que tienen la convicción de que no
basta que haya llegado a la Moneda la hija de un general torturado y
asesinado en la dictadura militar; La transición definitiva en Chile
terminará cuando tengamos una nueva constitución decidida y votada en
democracia por todos los chilenos".
LAS TRES PATAS DE LA OPERACION CONDOR. PACTO CRIMINAL MILITAR EN LOS PAISES DEL CONO SUR
Al Dr. MARTIN FRESNEDA
MINISTRO DE DERECHOS HUMANOS
BUENOS AIRES
Muy apreciado Ministro
Van fraternales saludos y
felicitaciones por el avance en la investigación y castigo a los que
cometieron graves violaciones a los derechos humanos . Reconocemos con simpatía
que Argentina es el país líder en América Latina en la lucha contra la
impunidad.
Por otra parte, quiero
expresar mi preocupación por el enfoque que la prensa Argentina encara el tema.
Por ej. el caso de Monseñor Angelelli, Mons.Alberto Devoto, Mujica, las monjas
francesas,etc. dan destaque los nombre de los represores pero no de los autores
morales y/o intelectuales de esos crímenes de lea humanidad.
A la luz de los Archivos que
hemos encontrado en Asuncion el 22 de diciembre de 1992, y otros archivos a
posteriori la OPERACIÓN CONDOR, tenia 3 patas. La Primera : Henry Kissinger,
ideólogo desde Washington, la segunda: el general Pinochet desde Santiago de
Chile, que tenia que limpiar la sociedad chilena ( y sudamericana) de
comunistas y la tercera pata: el general Hugo Banzer que tenia que limpiar la
iglesia católica de la Teología de la liberación. La receta Banzer en principio
fue para Bolivia pero que después se extendió a la región. Cuando estuve en
Panamá, en calidad de refugiado político, victima del CONDOR , 1978,encontré un
documento DIALOGO SOCIAL,año 1975 en donde la iglesia panameña denuncia el
hecho. A partir de entonces sigo los pasos del Cóndor en el ámbito religioso, (la
RECETA BANZER.)
Seria interesante que algún
estudiante de ciencias sociales (licenciando o doctorando ) de Argentina
investigue esta trilogía del MAL. Ofrezco mi cooperación.
Van cordiales saludos,
MARTIN
ALMADA
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE
LA PAZ 2002 y MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE
JURISTAS (AAJ).
URUGUAY
Crysol Opina: DESATINO MAYÚSCULO
Hay que rebuscar mucho en la historia uruguaya para encontrar una ley
tan inconstitucional como la Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado. Aprobada en diciembre del año 1986 y ratificada mediante un
plebiscito en abril del año 1989, instancia que por cierto no logró
subsanar sus defectos de origen y de sustancia, se lleva todos los
premios en materia de inconstitucionalidad
Al retornar a la institucionalidad democrática y comenzar a procesarse por la justicia las primeras investigaciones por las graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura, ante la primera convocatoria formal a que declarara un conspicuo grupo de involucrados, el Tte. Gral. Medina, comandante en jefe de la época, instó al Poder Ejecutivo la aprobación de una noma que pusiera punto final a este peligro para evitar un retroceso institucional. Las fuerzas armadas no estaban dispuestas acatar las disposiciones del Poder Judicial. Habían vuelto a los cuarteles ante la derrota del Plebiscito constitucional de 1980 y el repudio ciudadano incontenible pero sus convicciones democráticas y republicanas eran una simple apariencia formal para evitar males mayores.
El presidente de ese momento, Dr. Julio María Sanguinetti, entendió que era conveniente atender el reclamo corporativo de las fuerzas armadas.
Con ese fin envió al Poder Legislativo un proyecto de ley de amnistía para los militares y policías involucrados en los graves delitos. Dicho proyecto fue rechazado en el ámbito parlamentario y fracasó como iniciativa legal
Nuevas convocatorias judiciales a militares y la férrea negativa de las fuerzas armadas a cumplir con las normas legales impulsaron al Dr. Julio María Sanguinetti a llegar a un acuerdo con sectores del Partido Nacional que derivó en la aprobación de la Ley 15 848: Ley de Caducidad de la pretensión punitiva
Mediante dicha norma, el Estado renunció a castigar a los militares y policías involucrados en las graves violaciones a los DDHH perpetradas durante la dictadura, en primer lugar. Además se estableció que ante cada denuncia que por dichos delitos se presentaran en los juzgados, el Poder Judicial debía solicitar autorización al Poder Ejecutivo para procesar las mismas. Formalmente el Poder Judicial quedó supeditado a las decisiones del máximo órgano político de nuestro país
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y un amplísimo abanico de fuerzas sociales y políticas promovieron entonces un plebiscito popular para derogar dicha ley. Llevado a cabo en el mes de abril de 1989, la mayoría de la población votó a favor de mantener dicha ley por un escaso margen de votos
Militares en la cofradía nazi en Uruguay
La gran vuelta de tuerca
En Octubre de 2009, ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Dra. MIRTHA Guianze para el caso Nibia Sabalsagaray, asesinada por torturas en el año 1974 en un cuartel, la Suprema Corte de Justicia estableció, en sentencia ratificada ante nuevos recursos presentados, y que sigue vigente hasta el día de hoy, que la Ley 15 848 era inconstitucional, que violaba las disposiciones legales y no debía aplicarse
La Resolución 365/2009, redactada por el Dr. Jorge Chediak, con el voto conforme de tres actuales integrantes del cuerpo, el Dr. Jorge Larrieux, actual Presidente del máximo órgano y del Dr. Jorge Ruibal Pino, no tuvo la trascendencia pública y mediática que merecía. Fue adoptada y difundida a escasos días de la instancia electoral que consagró el ascenso a la presidencia del actual mandatario, José Mujica. Judicialmente condujo a que el Gral. Julio Dalmao fuera procesado por el asesinato de la profesora Nibia Sabalsagaray junto con quien fuera en el momento del crimen el responsable del cuartel, el Tte. Cnel. ® José Chialanza El Dr. Julio María Sanguinetti principal instigador de la Ley de Caducidad, defendió a capa y espada, en un reciente debate televisivo, dicha norma definiéndola como una amnistía equiparable a la que se otorgó a los expresos polít icos de la dictadura. El punto de vista del exmandatario es contrario y opuesto, claramente, a lo afirmado por SCJ en la Resolución 365/2009
Si bien es potestad legítima del Parlamento otorgar indultos y amnistías en circunstancias excepcionales, en ocasión de aprobarse la Ley de Caducidad no se cumplió con las regulaciones formales que establece la Constitución para dichas leyes. La Ley de Caducidad, como amnistía, no podía aprobarse en ese período legislativo pues ya se había aprobado la Ley 15 737 que excluyó expresamente a los militares y policías y, además, un proyecto específico, en tal sentido había fracasado tres meses antes
Según las normas constitucionales vigentes, cuando un proyecto de amnistía es rechazado por el Parlamento, un proyecto similar o de igual tenor no puede aprobarse hasta el siguiente período legislativo, es decir, se debería haber esperado el gobierno del Dr. Lacalle Herrera para hacerlo
Además de este aspecto, el Dr. Jorge Chediak señala en la Resolución 365/2009 que las leyes de amnistía, según lo establecen las disposiciones constitucionales, requieren de mayorías especiales en la votación de la Asamblea General que no se obtuvieron en este caso concreto: faltó un voto de un diputado para que la Ley de Caducidad pudiera ser aprobada legítimamente como Ley de Amnistía por el número de votantes a favor
Un aspecto sustancial e importante mencionado por la Resolución 365/2009 para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 15 848, lo constituye el hecho de que la misma interfiere con las legítimas atribuciones que tiene el Poder Judicial de acuerdo a nuestra constitución. Es precisamente sobre esta característica que hace hincapié el Dr. Jorge Chediak cuando señala: “declarar la caducidad de las acciones penales, en cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una función constitucionalmente asignada a los jueces”
Más adelante el fallo de la SCJ que comentamos señala que el Artículo 3 de la Ley 15 848 es inconstitucional pues le atribuye al Poder Ejecutivo funciones que son propias del Poder Judicial, el cual según el artículo 233 de la Constitución será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados en la forma que estableciere la ley. Es clarísimo para la SCJ, y así lo remarca en la Resolución, que las disposiciones de la Ley 15 848 conculcan la separación de poderes que la organización democrático-representativa constitucional del país les confiere sólo a los jueces del Poder Judicial
El Artículo 3 de la Ley de Caducidad condiciona la “actividad jurisdiccional a una decisión del Poder Ejecutivo, con eficacia absoluta, lo cual colide ostensiblemente con las facultades de los Jueces de establecer quiénes son o no son responsables de la comisión de delitos comunes, que como se dijo, es función del Juez ordinario y de nadie más”. Esta función jurisdiccional, de neto rango constitucional, no puede ser otorgada a otra autoridad o Poder del Estado sin transgredir el principio de separación de poderes
Las víctimas impedidas de ejercer sus derechos
La SCJ señala claramente que debido a la Ley de Caducidad las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos se vieron impedidas de ejercer sus legítimos derechos a la justicia.
La Ley de Caducidad fue un obstáculo insalvable, una muralla infranqueable, para que quienes sufrieron secuestros, torturas, abusos sexuales, privaciones agravadas de la libertad, crímenes, asesinatos y desapariciones forzadas pudieran lograr que los responsables directos e indirectos de ellos fueran juzgados y castigados. Las víctimas se vieron imposibilitadas de ejercer derechos garantizados constitucionalmente
Lo dispuesto por la SCJ en la Resolución 365/2009 es muy importante, tiene connotaciones jurídicas actuales ya que un principio básico del derecho establece que al injustamente impedido no le corre el plazo de prescripción. El tiempo en que la Ley 15 848 estuvo vigente no puede ni debe computarse a los efectos del plazo prescripcional de los delitos. Es la posición que lógicamente deriva de la sentencia que en su momento redactara el Dr. Jorge Chediak
El plebiscito: irrelevante desde el punto de vista jurídico
Los defensores de la Ley de Caducidad, quienes se opusieron en forma militante a su anulación y votaron en contra de la Ley 18 831 que en octubre de 2011 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado argumentaron que la Impunidad había sido refrendada por el cuerpo electoral en el plebiscito de 1989
Una lectura atenta de la Resolución 365/2009 pone en evidencia que la oposición a restablecer la pretensión punitiva del Estado obedeció a posturas políticas y/o compromisos previamente asumidos. No hubo un verdadero compromiso democrático, republicano, ni de apego a las normas constitucionales. Pedro Bordaberry, incluso en estos días, en visita a Amnistía Internacional que reproduce “Búsqueda”, reafirmó su postura pro impunidad ignorando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su inconstitucionalidad
Para la Corporación la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso del plebiscito promovido contra la Ley en 1989, y el argumento es válido para la fracasada iniciativa del referéndum en 2009, no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad de la norma
El Soberano no fue convocado para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica ni sobre las mayorías con las que fue dictada la Ley, función propia, específica y exclusiva de la SCJ de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución. En nuestro ordenamiento legal solamente la SCJ determina la constitucionalidad de las leyes
El Ministro de Defensa Fernández Huidobro en una ceremonia militar
Una ley nefasta para el país y la salud democrática
La inmensa mayoría de los uruguayos tiene hoy sumamente claro que la Ley de Caducidad fue inconstitucional desde todos los ángulos. También fue nefasta y perjudicial para la salud de la democracia. Impidió la afirmación plena de las normas de DDHH como valores básicos para una convivencia pacífica, civilizada y enriquecedora. Sus efectos siguen proyectándose hasta el día de hoy, superando incluso el ámbito específico para el cual fue diseñada extendiéndose hacia toda la sociedad
En Uruguay, al amparo de la caducidad de la pretensión punitiva, solo un reducido grupo de criminales seriales ha sido enjuiciado y condenado para demérito de las normas constitucionales y de DDHH. Hasta el momento una parte mayoritaria de los involucrados ha evadido a la justicia alentando la posibilidad de que las conductas delictivas puedan volver a repetirse en el futuro. La plena transición democrática iniciada en marzo de 1985 implica la implementación en la realidad del país de las disposiciones de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Es el instrumento internacional que especifica las obligaciones de los Estados. Es el estándar de calidad institucional para superar la tragedia de la dictadura, el patrón de medida para una democracia sólida y con perspectivas de futuro, de Nunca Más terrorismo de Estado
Equiparar la posibilidad de suprimir el delito de abuso innominado de funciones del Código Penal con la ley que impidió que decenas de criminales fueran juzgados, supone una inaceptable banalización de los delitos que ella amparó. Disminuye hasta límites absurdos el padecimiento sufrido por miles de uruguayos que lucharon por la libertad y la democracia en el país. Ofende la memoria histórica de lo ocurrido, le resta valor y significado a la lucha por Verdad y Justicia, a la batalla por recuperar los restos de los detenidos desaparecidos, que desde hace décadas miles de uruguayos, entre ellos los expresos políticos agrupados en Crysol, venimos desplegando
La verdad: una auténtica joya del arte de desmerecer la gravedad de los delitos y del daño ocasionado por el terrorismo de Estado. Casi una encubierta y rebuscada apología del delito, un desatino mayúsculo
Opinando – Año 3 – Martes 9 de septiembre de 2014
CRYSOL
Publicado por Ricardo Ferré - En Federación de Bases (Gráfica: Ricardo Ferré)
La CIDH ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad
Primera condena que recibe el Estado del organismo internacional.
24 de marzo de 2011 a las 04:54 hs
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al
Estado uruguayo a dejar sin efecto la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva”, por cuanto la misma significa un “obstáculo”
en la búsqueda de verdad, por los delitos de lesa humanidad perpetrados
durante la dictadura, en el marco del litigio internacional iniciado en
2006 por la familia Gelman.
La Ley de Caducidad “carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, señala el fallo del máximo órgano jurisdiccional del contexto americano.
En este sentido, la “interpretación” y “aplicación” de la citada norma significó una violación de “los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” de los ciudadanos, lo cual ocasionó “la falta de una investigación efectiva de la desaparición forzada de María Claudia García y la sustracción, supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman”, dice el fallo.
Ante esto, “el Estado deberá asegurar que aquélla (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”, y deberá disponer “que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada”, resalta el fallo.
El Estado deberá, por tanto, desarrollar una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García, por intermedio de una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, en el marco del derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos del pasado, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de Macarena Gelman, “esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad”, así como de los hechos conexos, dice el fallo.
Asimismo, el Estado deberá realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” sobre los hechos vinculados con el caso Gelman, el cual deberá ser llevado a cabo mediante “una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales” y con presencia de las víctimas.
El fallo de la CIDH ordena, además, implementar, en un plazo razonable, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), dependiente del Poder Judicial, un programa permanente sobre derechos humanos dirigido a la capacitación de jueces y fiscales en temas de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.
Empero, el fallo de la CIDH no sólo implica una reparación simbólica a las víctimas, sino que otorga una compensación económica. Macarena Gelman deberá ser resarcida con U$S 300.000 por “lucro cesante como heredera”, U$S 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y U$S 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad. Por su parte, Juan Gelman solicitó expresamente ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
La Ley de Caducidad “carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”, señala el fallo del máximo órgano jurisdiccional del contexto americano.
En este sentido, la “interpretación” y “aplicación” de la citada norma significó una violación de “los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” de los ciudadanos, lo cual ocasionó “la falta de una investigación efectiva de la desaparición forzada de María Claudia García y la sustracción, supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman”, dice el fallo.
Ante esto, “el Estado deberá asegurar que aquélla (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”, y deberá disponer “que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada”, resalta el fallo.
El Estado deberá, por tanto, desarrollar una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García, por intermedio de una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, en el marco del derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos del pasado, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de Macarena Gelman, “esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad”, así como de los hechos conexos, dice el fallo.
Asimismo, el Estado deberá realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” sobre los hechos vinculados con el caso Gelman, el cual deberá ser llevado a cabo mediante “una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales” y con presencia de las víctimas.
El fallo de la CIDH ordena, además, implementar, en un plazo razonable, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), dependiente del Poder Judicial, un programa permanente sobre derechos humanos dirigido a la capacitación de jueces y fiscales en temas de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.
Empero, el fallo de la CIDH no sólo implica una reparación simbólica a las víctimas, sino que otorga una compensación económica. Macarena Gelman deberá ser resarcida con U$S 300.000 por “lucro cesante como heredera”, U$S 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y U$S 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad. Por su parte, Juan Gelman solicitó expresamente ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
A pesar de las mentiras: los crímenes de lesa humanidad no prescriben!
Un hombre de 93 años de edad ha sido acusado de 300.000 cargos de complicidad en asesinato durante los años en los que sirvió como guardia de las SS en el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
De acuerdo con la fiscalía alemana, a Oskar Groening se le acusa de ayudar en el funcionamiento del campo de exterminio en la Polonia ocupada entre mayo y junio de 1944, cuando unos 425.000 judíos húngaros fueron llevados a Auschwitz y al menos 300.000 fueron asesinados casi inmediatamente en la cámara de gas.
Dijo Mujica:
Un bache
Luego de la firma del acuerdo entre Uruguay y Chile, Mujica dijo que el tema de los derechos humanos “está siempre vigente”.“Logramos en parte una reparación, pero en el campo de la justicia tenemos un bache, una barrera donde el Estado como tal encontró limitantes que no pudo flanquear”, lamentó Mujica.El mandatario agregó que “la verdad se esconde y no es fácil encontrarla, eso supondría el uso de métodos que nos están vedados”.Remarcó que con el paso del tiempo “también desaparecen actores y seguramente ésta será una partitura inconclusa de nuestra historia, en parte reparada y en parte una deuda. No tener el coraje de reconocerlo así es eludir la realidad”.De todos modos, confió en que los gobiernos que lo sucedan “sigan el camino” que viene recorriendo su administración y la anterior de Tabaré Vázquez.“Como veterano, digo que por desgracia hay cosas que se ocultan, que no se pueden arrancar y que los hombres nos las llevamos a la tumba”, sentenció.
Dentro de esa variante "populachera" está la muy repugnante afirmación-"insinuación" de que al Estado no le está permitido, por principios, utilizar otros métodos para saber la verdad. Es decir sin que lo diga abiertamente: nosotros no podemos hacer uso de la tortura y esta es la razón por la cual no hemos podido saber nada. Lo que nos lleva a que esta afirmación supondría que aquellos países que han enjuiciado criminales de lesa humanidad, o tienen una gran cantidad en curso, deben de haber usado la tortura para localizar a los culpables y obtener las pruebas de sus crímenes. Por ejemplo Alemania, Argentina o Chile. Como sabemos que esto no ha sido así la baratija utilizada por Mujica para confundir al pueblo se cae por su propio peso. No han hecho uso de la tortura y sin embargo han localizado, detenido, juzgado y condenado a muchos criminales. La explicación es sencilla: han puesto recursos del estado uniéndolos a las toneladas de denuncias existentes y por esa vía han obtenido las informaciones necesarias. No es que el gobierno haya carecido de "voluntad política" como está en boga sostener, es mucho peor: el gobierno de Mujica ha frenado, saboteado e impedido la persecusión a los criminales de lesa humanidad y por lo tanto ha abortado los juicios. La responsabilidad política de esta aberrante postura recae en primer lugar sobre Mujica y en segundo lugar sobre todo el gobierno y el Frente Amplio.
amnistía internacional
Vázquez dijo a AI que derogar Ley de Caducidad es un tema del Legislativo
Amnistía Internacional se reunió hoy con
el candidato a la Presidencia por el Frente Amplio y el 30 de agosto ya
lo había hecho con Bordaberry y Lacalle Pou. Ninguno manifestó su
intención de derogar la ley de caducidad.
Mariana Labastie de Amnistía Internacional se reunió con Vázquez. Foto: @Frente_Amplio
lun sep 8 2014 12:41 El País uy
Mariana Labastie, directora ejecutiva de
Amnistía Internacional Uruguay, se reunió hoy con el candidato a la
Presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, a quien le planteó que
es necesario derogar la ley de caducidad.
Vázquez respondió, según Labastie, que la anulación de la ley de caducidad es un tema del Poder Legislativo y no del Ejecutivo.
Labastie dijo a El País que "lo que más nos importaba era recibir su opinión respecto al tema de la búsqueda de Justicia para los familiares y las personas detenidas desaparecidas que hubo en la última dictadura. Vázquez recordó los avances que hubo durante su gobierno a partir de la implementación del artículo cuarto de la ley de caducidad. Y dijo que van a promover la investigación, la verdad y la Justicia en el marco del artículo cuarto de la ley de caducidad".
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay dijo que le pidieron "la anulación de la ley de caducidad. Él lo que nos transmitió es que el Parlamento es el que tiene la potestad para hacerlo. Nosotros le dijimos que consideramos que la autonomía de los poderes es sustancial para la democracia, pero tiene que haber una voluntad política para la anulación de la ley de caducidad. En ese sentido el Ejecutivo también tiene la potestad de hacer un movimiento para que esto ocurra".
Amnistía Internacional Uruguay ya se había reunido con los candidatos por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, el 30 de agosto pasado. A quienes también les plantearon la necesidad de derogar la ley de caducidad.
"Si el Estado uruguayo ratificó la Convención de desaparición forzada tiene que cumplir con ella, es decir, no tiene que tener ningún tipo de ley o normativa que sea regresiva o que amnistié a cualquier persona que haya cometido delitos de lesa humanidad", agregó Labastie.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay indicó que constataron que entre los candidatos "existe un pensamiento común que es la investigación y el compromiso con la verdad y la Justicia a partir del artículo cuarto y no tan cercanos a la anulación de la ley de caducidad".
El tema de los plebiscitos para derogar la ley de caducidad, en los que la población votó en contra, surgió en las reuniones con Bordaberry y Vázquez. Labastie les dijo que "los derechos humanos no se plebiscitan, que nunca estuvimos de acuerdo con que se plebiscitara la ley de caducidad, ni en el 89 ni en el 2009 porque el Estado uruguayo ya se había comprometido internacionalmente a garantizar la Justicia a personas víctimas de desaparición forzada".
Vázquez respondió, según Labastie, que la anulación de la ley de caducidad es un tema del Poder Legislativo y no del Ejecutivo.
Labastie dijo a El País que "lo que más nos importaba era recibir su opinión respecto al tema de la búsqueda de Justicia para los familiares y las personas detenidas desaparecidas que hubo en la última dictadura. Vázquez recordó los avances que hubo durante su gobierno a partir de la implementación del artículo cuarto de la ley de caducidad. Y dijo que van a promover la investigación, la verdad y la Justicia en el marco del artículo cuarto de la ley de caducidad".
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay dijo que le pidieron "la anulación de la ley de caducidad. Él lo que nos transmitió es que el Parlamento es el que tiene la potestad para hacerlo. Nosotros le dijimos que consideramos que la autonomía de los poderes es sustancial para la democracia, pero tiene que haber una voluntad política para la anulación de la ley de caducidad. En ese sentido el Ejecutivo también tiene la potestad de hacer un movimiento para que esto ocurra".
Amnistía Internacional Uruguay ya se había reunido con los candidatos por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, el 30 de agosto pasado. A quienes también les plantearon la necesidad de derogar la ley de caducidad.
"Si el Estado uruguayo ratificó la Convención de desaparición forzada tiene que cumplir con ella, es decir, no tiene que tener ningún tipo de ley o normativa que sea regresiva o que amnistié a cualquier persona que haya cometido delitos de lesa humanidad", agregó Labastie.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay indicó que constataron que entre los candidatos "existe un pensamiento común que es la investigación y el compromiso con la verdad y la Justicia a partir del artículo cuarto y no tan cercanos a la anulación de la ley de caducidad".
El tema de los plebiscitos para derogar la ley de caducidad, en los que la población votó en contra, surgió en las reuniones con Bordaberry y Vázquez. Labastie les dijo que "los derechos humanos no se plebiscitan, que nunca estuvimos de acuerdo con que se plebiscitara la ley de caducidad, ni en el 89 ni en el 2009 porque el Estado uruguayo ya se había comprometido internacionalmente a garantizar la Justicia a personas víctimas de desaparición forzada".
CADA HECTÁREA QUE EL EUCALIPTUS ROBA A LA GANADERÍA, LOS TAMBOS Y LA CHACRA, EXPULSA CINCO TRABAJADORES DEL CAMPO HACIA LA PERIFERIA DE MONTEVIDEO. LAS PLANTAS DE CELULOSA NO CREAN TRABAJO...¡LO REDUCEN! ¿QUÉ FUE A HACER MUJICA A FINLANDIA? ¡BASTA DE VERSOS, PEPE! CON LAS MENTIRAS SOBRE PLUNA YA REBOSASTE LA COPA. - Jorge Zabalza
Cofe: Mañana se reúnen con Cánepa; advierten más medidas de fuerza
Paro electoral del Pit-Cnt: sin clases; habrá transporte público
No habrá clases en instituciones públicas y
privadas, no se recogerán residuos y solo se atenderán emergencias en
los hospitales. El transporte sí funcionará normalmente. Se espera una
amplia adhesión al paro general "electoral" del Pit-Cnt.
El jueves habrá una marcha por 18 de Julio, donde el Pit planteará sus reclamos.
CARLOS TAPIAmar sep 16 2014 El País uy
A fines del mes de agosto la Mesa
Representativa Ampliada del Pit-Cnt votó a favor de un paro nacional
parcial para este jueves 18. De los 54 sindicatos, 45 se mostraron
afines con la medida. Hubo cinco abstenciones y cuatro que se opusieron.
"Unidad no es unanimidad", señaló tras la votación Richard Read, líder
del sindicato de la bebida, que junto a los sindicatos de OSE, el del
gas y el de la carne, votó en contra. En el marco del paro, el Pit-Cnt
planea dar a conocer propuestas programáticas que la central obrera
quiere del próximo gobierno. Según han dicho, no se pronunciarán sobre a
quién votar, sino solo sobre las propuestas que más lo seducen.
La Unión Nacional de Obreros del Transporte (Unott), por su parte, resolvió adherir, pero no detener los servicios. "El Pit-Cnt nos pidió que paremos, pero sin perjudicar la movilización", declaró a El País el dirigente sindical Luis Aguirre.
El sindicato del Taxi, Suatt, en tanto, sí detendrá sus servicios de 9 a 13 horas, según dijo a El País su vocero, Carlos Silva.
Educación.
En tanto, en lo que respecta a la educación, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) adhiere al paro de 9 a 13 horas.
Los maestros de Primaria ya resolvieron que adherirán al paro, pero recién hoy decidirán si se suspenderán las clases. "Se está realizando una consulta en todas las escuelas, mañana recibiremos las respuestas de cada centro y resolveremos", dijo a El País la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Raquel Bruschera.
Si no puede ver la infografía haga click aquí
Si no puede ver la infografía haga click aquí En enseñanza privada, en tanto, también se parará durante el horario convocado por el Pit-Cnt, mas los docentes tendrán la libertad de extender la medida por 24 horas. "Nos adherimos, como mínimo, al paro parcial de 9 a 13 horas, pero cada maestro tiene la potestad de extender la medida todo el día", dijo a El País desde el Sindicato de Enseñanza Secundaria Privada (Sintep), Miguel Venturiello.
La Asociación de Docentes de la UdelaR (ADUR), en tanto, mantenía a última hora de ayer una reunión en la cual se definiría si los docentes pararían. Fuentes de ADUR dijeron a El País que está todo dado para que los docentes de universitarios se adhieran a la medida.
López sostuvo que también se protestará "por el rechazo a la carrera administrativa que quiere imponer el gobierno, se reclamará un aumento salarial para el presupuesto que viene, que se implemente como corresponde la negociación colectiva y se rechazará la persecución sindical existente en algunos organismos". López sostuvo que lo más grave es la violación a la libertad sindical y señaló que "los que más la están sufriendo son los trabajadores de la Biblioteca Nacional". En el día de ayer el consejo directivo de COFE se reunió para preparar un encuentro que mantendrán hoy con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa. "Si allí no se avanza en estos reclamos puntuales de COFE, vamos a llevar adelante más medidas además del paro del jueves", sostuvo López.
La Asociación de Bancos del Uruguay (AEBU) resolverá mañana qué hará.
Con el eslogan "Por más conquistas, para seguir avanzando", el Pit-Cnt se reunirá a las 9 horas del jueves en 18 de Julio y Ejido, y desde allí marcharán hasta 18 de Julio y Andes. "Marchamos para que los cambios no se detengan", advierte la proclama de la central obrera que llamó al paro general parcial. De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, sindicalistas hablarán de qué esperan del próximo gobierno, aunque se cuidarán de no identificarse con el Frente Amplio.
Servicios.
Según informó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) a El País, este sindicato "adhiere en el mismo horario que la central", por lo cual se verá afectada la recolección de residuos desde las 9 a las 13 horas.La Unión Nacional de Obreros del Transporte (Unott), por su parte, resolvió adherir, pero no detener los servicios. "El Pit-Cnt nos pidió que paremos, pero sin perjudicar la movilización", declaró a El País el dirigente sindical Luis Aguirre.
El sindicato del Taxi, Suatt, en tanto, sí detendrá sus servicios de 9 a 13 horas, según dijo a El País su vocero, Carlos Silva.
Educación.
En tanto, en lo que respecta a la educación, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) adhiere al paro de 9 a 13 horas.
Los maestros de Primaria ya resolvieron que adherirán al paro, pero recién hoy decidirán si se suspenderán las clases. "Se está realizando una consulta en todas las escuelas, mañana recibiremos las respuestas de cada centro y resolveremos", dijo a El País la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Raquel Bruschera.
Si no puede ver la infografía haga click aquí
Si no puede ver la infografía haga click aquí En enseñanza privada, en tanto, también se parará durante el horario convocado por el Pit-Cnt, mas los docentes tendrán la libertad de extender la medida por 24 horas. "Nos adherimos, como mínimo, al paro parcial de 9 a 13 horas, pero cada maestro tiene la potestad de extender la medida todo el día", dijo a El País desde el Sindicato de Enseñanza Secundaria Privada (Sintep), Miguel Venturiello.
La Asociación de Docentes de la UdelaR (ADUR), en tanto, mantenía a última hora de ayer una reunión en la cual se definiría si los docentes pararían. Fuentes de ADUR dijeron a El País que está todo dado para que los docentes de universitarios se adhieran a la medida.
Salud.
En lo que respecta a la salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) "parará de seis de la mañana a 12 del mediodía", según informó a El País la dirigente sindical Beatriz Fajián. "Como siempre urgencia y emergencia funcionarán normalmente", aclaró. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por su parte, no adherirá al paro, ya que no está afiliado al Pit-Cnt.Estatales.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) detendrá todos los servicios en el horario dispuesto por el Pit-Cnt. "La convocatoria es plena, después cada servicio implementará las guardias gremiales en los lugares que sea necesario. Si alguien no quiere adherir, tiene la libertad de no hacerlo", dijo a El País el secretario general Joselo López. La medida afectará a ministerios y servicios descentralizados.López sostuvo que también se protestará "por el rechazo a la carrera administrativa que quiere imponer el gobierno, se reclamará un aumento salarial para el presupuesto que viene, que se implemente como corresponde la negociación colectiva y se rechazará la persecución sindical existente en algunos organismos". López sostuvo que lo más grave es la violación a la libertad sindical y señaló que "los que más la están sufriendo son los trabajadores de la Biblioteca Nacional". En el día de ayer el consejo directivo de COFE se reunió para preparar un encuentro que mantendrán hoy con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa. "Si allí no se avanza en estos reclamos puntuales de COFE, vamos a llevar adelante más medidas además del paro del jueves", sostuvo López.
La Asociación de Bancos del Uruguay (AEBU) resolverá mañana qué hará.
Marcha el jueves por 18 de Julio
Con el eslogan "Por más conquistas, para seguir avanzando", el Pit-Cnt se reunirá a las 9 horas del jueves en 18 de Julio y Ejido, y desde allí marcharán hasta 18 de Julio y Andes. "Marchamos para que los cambios no se detengan", advierte la proclama de la central obrera que llamó al paro general parcial. De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, sindicalistas hablarán de qué esperan del próximo gobierno, aunque se cuidarán de no identificarse con el Frente Amplio.
el próximo 18 de septiembre
Dos agrupaciones instan a no acatar paro general del Pit-Cnt
Consideran que solo implicará perder un
jornal a los asalariados y un día de estudio a los estudiantes y critica
que sea con fines políticos y no de reivindicaciones laborales.
Foto: Archivo El País.
lun sep 15 2014 13:06 El País uy
Dos agrupaciones instan a no acatar el paro general parcial definido por el PIT-CNT para el próximo 18 de septiembre.El Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y Jubilados (Entej) comunicó que resolvió "no apoyar esta convocatoria" ya que están "totalmente convencidos de que esta medida es un burdo intento de apoyar a un partido político en particular, con la falsa excusa de que están en disputa dos modelos de país". En un comunicado enviado a los medios dijeron que "las pasteras, la mega minería, la privatización de la seguridad social( AFAP´S), las tercerizaciones, la rebaja salarial a través del aumento indiscriminado de los bienes esenciales y quienes intentan subir la edad de jubilación, nos demuestran lo contrario" y sostienen que esta convocatoria "no hace más que contribuir al desprestigio de la herramienta sindical y socavar la tan necesaria unidad entre los que nos reconocemos iguales y estamos dispuestos a luchar por un mejor futuro para los nuestros".
A esta agrupación se suma la de Docentes Libres —enfrentado a los sindicatos de profesores y a la administración de la enseñanza— que instó a trabajadores y estudiantes a no acatar el paro general parcial.
La agrupación considera que con la movilización la central sindical "se estaría definitivamente alineando con el partido de gobierno, algo impropio del sindicalismo, que debe ser independiente de partidos, gobiernos y patrones", según un comunicado enviado a los medios.
Asimismo critican que "no hay ninguna reivindicación salarial , reclamo de mejora o solidaridad con algún trabajador en los motivos de convocatoria del paro".
En este sentido Docentes Libres critica que el paro "solo serviría para hacer perder un jornal a los asalariados y un día de clases a los estudiantes para expresar adhesión a un partido político al que adhieren una mitad de los ciudadanos" por lo que instan a no acatar el paro que consideran "propio de una dictadura sindical".
Familias realizarán una asamblea en Médanos de Solymar
Ocupantes se movilizan hoy por desalojos
Unas 20 familias, que hoy ocupan un predio
estatal en la Ciudad de la Costa, se movilizarán para informar a los
vecinos de la zona que el gobierno pretende desalojarlos.
Médanos de Solymar
mar sep 16 2014 - El País uy
"Queremos que los vecinos sepan que este
gobierno dejará en la calle 20 familias y a 70 niños menores de 12
años", dijo a El País una de las integrantes de la Comisión "Sin Techo",
Vanesa González.La movilización, que se hará a las 13:00 horas en el kilómetro 27,200 de la avenida Giannattasio (Médanos de Solymar), contará con el apoyo de dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
En la tarde de ayer, varios carteles hacían mención a la movilización y a la realidad de las 20 familias sobre quienes pesa un proceso de desalojo del predio que hoy ocupan en forma precaria.
En la Justicia.
El lunes 8, el gerente general de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Martón, divulgó una carta de respuesta a los ocupantes, en la que explicaba la posición del organismo estatal ante la ocupación de un bien público. "En función de la intrusión realizada por varias familias y constatada tal situación, nuestra institución (ANV) no puede ser omisa y por consiguiente de acuerdo al marco legal vigente, fue que dispuso poner en conocimiento de los hechos a la Justicia competente, a los efectos que sea la misma quién determine las acciones a seguir", señala la misiva.Tras afirmar que entiende la necesidad de vivienda de las familias movilizadas, Martón señaló que "consideramos que al igual que para el resto de la población, se deben dar las mismas respuestas a través de los canales y los programas institucionales existentes. De lo contrario estaríamos violando la legislación vigente y siendo decididamente injustos con muchas otras familias que se presentan a los programas del sistema público de vivienda para intentar acceder a la misma".
Los gráficos de Gabriel "Saracho" Carbajales
Oferta electoral, un solo modelo
Comuna, Militantes Guevaristas, Colectivo Militante
En Lucha, bimestral, setiembre de 2014
1.
En el tramo final. A José Mujica le resta poco tiempo
de gestión. El 1° de marzo de 2015 deberá pasarle la banda presidencial a su sucesor.
Tan solo unos meses atrás pocos dudaban sobre el favorito a recibirla. Tabaré
Vázquez lucía como un “acorazado insumergible” y se encaminaba a obtener, por
segunda vez, el máximo trofeo de Estado. A menos de 45 días para la elección,
todas las certezas se esfumaron. “Es impredecible”, dicen los mercachifles que
encuestan la “opinión pública”. Si bien ahora pronostican lo que cualquier
observador atento -de la realidad política y social-, podía intuir: la pérdida
de mayoría parlamentaria del progresismo en octubre y un muy probable balotaje
entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en noviembre.
Los sondeos que indican un “final
abierto” irritaron al oficialismo. Sobre todo por los datos que divulgan:
perdió adhesiones entre los sectores de “clase media baja” y en el interior del
país; ya no recluta -como en el pasado- entre la mayoría de jóvenes que votan
por primera vez; y los “votos prestados” (mayoritariamente colorados) que le
dieron el triunfo al Frente Amplio en 2009, vuelven a estar en disputa.
Todos coinciden. La zafra electoral se
recoge en el 15% de los votantes. Se trata de una “masa de voluntades” que
manifiesta diversos grados de “indefinición ideológica”, “escepticismo
político”, y una carga de latente descontento por diversos factores:
inseguridad, impuestos, educación, salud, transporte, vivienda. En esta masa
donde se incuba un “malhumor soterrado”, pueden encontrarse trabajadores,
cuentapropistas, micro y pequeños empresarios, “gente de campo” y jubilados.
Todos calificados de “centro”. A quienes no les valen las diferencias políticas
entre los candidatos presidenciables sino “quien va a empujar mejor el carro”.
Porque deducen (con buen ojo), que “no son tan distintos”.
Allí están los votos a captar. Hay que
cortejarlos y prometerles. Empezando por el IRPF (Impuesto a la Renta de las
Personas Físicas). Unos y otros anuncian “ajustes” en su franja no imponible.
Se busca una “alivio tributario a la clase media”, afirma Tabaré Vázquez. Lo
mismo anuncian Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Apenas se diferencian en
los detalles y, cuando mucho, en los plazos a realizarlo.
2.
El Frente Amplio reclama el voto porque “Uruguay no se
detiene” (abandonando el “vamos bien” con que comenzó la campaña); el Partido
Nacional quiere “un país en el que sea lindo vivir", apostando por las
“coincidencias positivas; el Partido Colorado insiste con el “vivir en paz” (ya
que su candidato, Pedro Bordaberry, es el paladín de bajar la edad de
imputabilidad penal a los 16 años); el Partido Independiente apela a su
raquítico electorado con un “cambiá sin volver atrás”. Es parte del juego,
disfrazado de “pugna democrática”.
La oferta electoral se remite a un solo
modelo. Porque la competencia en curso es entre opciones situadas en el campo
del orden capitalista. Opciones que, sustentándose en alianzas políticas y
fuerzas socio-económicas distintas, defienden, por igual, el mismo sistema:
basado en la apropiación privada del trabajo social, piedra fundamental de la
acumulación capitalista; en las condiciones estructurales que producen y
reproducen la pobreza y la desigualdad, fabricando “excluidos” y “menores
infractores”; en la subordinación del país a los intereses de las empresas
transnacionales; en el acatamiento a las instituciones de la mundialización imperialista;
en el respeto a los “compromisos asumidos” con los acreedores internacionales.
Opciones que, por otra parte, defienden los pilares centrales del régimen de
dominación: la arquitectura institucional antidemocrática, la impunidad y el
fortalecimiento del aparato represivo.
3.
En los años ’80 y ’90, los gobiernos de coalición de
colorados y blancos, sentaron los principios rectores del “modelo neoliberal”.
Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de
Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Rigen hasta hoy.
Ninguna fue derogada en lo que va de la “era progresista”, pese a que el Frente
Amplio cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. Por el
contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y
las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora publicitar la “solidez” y
el “éxito” de su programa económico.
Los hechos revelan la naturaleza del
“país productivo” -que pintaron como “pos-neoliberal”- y desmienten (como si
hiciera falta) el cuento de “dos proyectos de país”.
Mujica viaja a Finlandia. Quiere
“convencer” a la Kymmene Corporation (transnacional finlandesa de celulosa,
conocida habitualmente como UPM, ex Botnia), para que instale su segunda
fábrica en el país. Al inaugurar el funcionamiento de Montes del Plata
(propiedad de Arauco-Stora Enso, transnacional chilena-sueco-finlandesa de
celulosa), celebró el acontecimiento como “un salto del Uruguay”, sin olvidarse
de agradecer “la generosidad de la empresa” por construir “casitas
decentes y abrigadas a las mujeres pobres llenas de hijos". (El País,
9-9-2014) Mientras tanto, Tabaré Vázquez dio inició a su ciclo de
“teleconferencias” electorales. Panel con técnicos y “agentes económicos influyentes”.
Entre los invitados especiales el empresario Gustavo Grobocopatel, considerado
el “rey de la soja” (transgénica) en Argentina, con inversiones millonarias en
Uruguay.
Nadie debe sorprenderse. La “principal
noticia económica” provino del capital financiero. Las Administradoras de
Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) anunciaron que “están prontas para invertir
5.000 millones de dólares en obras de infraestructura pública”, gracias a que
la Ley de Participación Público-Privada (PPP) -aprobada por todos los partidos
con representación parlamentaria-, les permite invertir “hasta el 50% de sus
fondos”. Vale decir, echar mano de los ahorros pertenecientes a futuros
jubilados. Años atrás, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, demandaban
la eliminación lisa y llana de las AFAP. Ya con el gobierno del Frente Amplio,
el volumen del griterío se fue apagando, para terminar conformándose con la
posibilidad de la desafiliación individual. A siete meses de aprobada la ley,
los dueños del dinero ajeno enarbolan satisfechos un “balance positivo”: por
cada desafiliado, hubo cuatro nuevos ingresos. Lo que da una medida exacta del
sindicalismo gubernamental: había amenazado realizar una “gran movilización
nacional” para “concientizar” a los trabajadores e impulsarlos a desafiliarse
de las AFAP.
La vicepresidenta ejecutiva del
Scotiabank, Wendy Hannam, certifica que no hay nada para temer. La
entidad canadiense “se hace cargo” del Nuevo Banco Comercial (cuarto en cuota
del mercado local). No solo porque la nueva ley de inclusión financiera “es una
buena oportunidad” para los banqueros; sino porque "una de las fortalezas
de Uruguay es la estabilidad de su sistema político y el compromiso con la
estabilidad económica". (El País, 15-9-2014)
4.
Gane quien gane el modelo no corre peligro. El
programa del nuevo gobierno será aprobado por el FMI, el Banco Mundial, las
corporaciones patronales. Tal cual ha venido ocurriendo. Porque la ecuación
progresista del “país productivo” se ratifica en el “modelo neoliberal”. Es la
misma matriz: agro-exportación; concentración-extranjerización de la tierra;
instalación de multinacionales forestales, sojeras y mineras; exoneraciones
tributarias al gran capital local y transnacional; refugio para lavado de
dinero; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras
internacionales.
No hubiera sido necesario que lo
aclarara, pero lo hizo. La candidata a ministra de Economía por el Partido
Nacional, Azucena Albeleche, adelantó cuál sería su manejo de la economía: “Acá
no hablamos de cambios espectaculares. Hay cosas que se han hecho muy bien en
el último gobierno y sobre esas cosas hay que basarse para seguir mejorando.
Hay que continuar con lo que se está haciendo bien y mejorar en otros
aspectos”. (Entrevista en El País, 22-8-2014). La señora conoce el paño: fue
directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y
Finanzas. Empezó en el gobierno de Jorge Batlle, siguió en los de Tabaré
Vázquez y José Mujica. Dejó su cargo apenas hace unos meses, elogiada por todas
las autoridades económicas del gobierno.
El continuismo, sin demasiados cambios,
es una “política de Estado”. De forma tal que la decisión de Tabaré Vázquez es
a todas luces coherente: si le toca repetir la presidencia de la República,
Danilo Astori será, nuevamente, su ministro de Economía. En todo caso,
volverán a quedar en falsa escuadra aquellos que en el campo progresista
(sectores del MPP, el Partido Comunista, la senadora Constanza Moreira,
dirigentes del PIT-CNT, y hasta los “economistas críticos”), irradiaban la
fantasía de un “gobierno en disputa” y demandaban (con poquísima convicción,
hay que decirlo) un “giro a la izquierda”.
5.
Es verdad que los trabajadores y las capas sociales
más pobres, nada tienen que esperar de aquellos que, como el Partido Nacional y
el Partido Colorado, hundieron al país en la peor de la crisis económica,
generando una escandalosa caída del salario, un masivo desempleo y una
espantosa miseria. Sus programas actuales, revestidos de un lenguaje “positivo”
y “renovador” continúan en la línea de la derecha más tradicional y
reaccionaria. De volver al poder, gobernarán asociados, como siempre lo
hicieron: en función de los intereses de las clases propietarias locales y del
capital imperialista. Por más que ahora digan que mantendrán lo que “se hizo
bien” durante los gobiernos del Frente Amplio. Cualquiera puede deducir que
intentarán “equilibrar la balanza” (a favor de los patrones) en el terreno de
los Consejos de Salarios y las relaciones laborales en general. En materia de
seguridad pública, no solamente apoyan la baja en la edad de imputabilidad,
sino que proponen “mano dura” y mayor criminalización de la pobreza y la
protesta social.
Pero tampoco hay que esperar nada nuevo
(o sustancialmente distinto y mejor) de un tercer mandato del Frente Amplio. En
su horizonte estratégico no se contemplan transformaciones estructurales, ni
reformas más o menos “radicales”. Su abdicación a la lógica de la economía de
mercado es completa. Por eso es una fuerza del orden del capital. El progresismo
como corriente política sistémica, que ha dado continuidad al “modelo
conservador” -utilizando sus vínculos históricos con la izquierda y su anclaje
en el movimiento popular- entró, definitivamente, en declive.
Puede, sin duda, volver a ganar las
elecciones. Es por lejos el principal partido del país; mantiene una hegemonía
incontestada en los sindicatos y en los movimientos sociales; recibe amplias
adhesiones en el mundo intelectual y académico; cuenta con medios masivos de
comunicación (prensa, radio, televisión). Y, sobre todo, dispone a su antojo
(como antes colorados y blancos) de los recursos que brinda la maquinaria de
Estado, factor esencial para galvanizar el clientelismo. Aunque el Frente
Amplio ya no concite las esperanzas de “cambio” -ni la movilización social, ni
los entusiasmos políticos, ni la militancia organizada-, podrá volver a
beneficiarse de un resignado voto útil por la “conjetura menos mala”. Agitando
con fuerza el fantasma de la “restauración neoliberal”.
En materia de seguridad pública, el
progresismo no se deja correr por la derecha. Los datos son inequívocos.
Perfeccionamiento del aparato policial vía un crecimiento inédito del
presupuesto. Impunidad para los “excesos” que cometen sus efectivos
(hostigamientos, “malos tratos”, corrupción, asesinatos). Aumento de las penas,
con la complicidad del Poder Judicial. Cárceles superpobladas que
albergan en condiciones infrahumanas a más de 10.000 presos, la mayoría
“primarios” y menores de 35 años. Adolescentes encerrados y torturados en los
centros del SIRPA (Sistema de Responsabilidad de Responsabilidad Penal
Adolescente y del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay),
considerados “verdaderos campos de concentración” por Rosa María Ortiz, la
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos del Niño
Como es una de las principales “demandas
de la sociedad”, el Frente Amplio ajusta la estrategia de “prevención y
represión” para “combatir la inseguridad”. Entre los nuevos “asesores” de
Tabaré Vázquez en la materia se encuentra la nueva adquisición llegada del
Partido Colorado: Daniel Borrelli, ex jefe de Policía en el departamento de
Salto y ex ministro del Interior en el gobierno de Jorge Batlle; definido en su
momento como un “fiscal represor” por organizaciones de derechos humanos, este
fascista defiende la baja en la edad de imputabilidad, se opone a la
legalización de la marihuana, y es un fanático de la “tolerancia cero” porque
“hay que perseguir hasta el robo de una gallina”. (Entrevista en Búsqueda,
28-8-2014)
6.
Debe reconocerse de todas maneras. El progresismo ha
hecho un esfuerzo por mitigar la miseria. En “repartir algo” y “contener
socialmente”, como le gusta decir al jefe de Estado. Focalizó nuevos planes
asistenciales y aumentó los recursos presupuestales del MIDES (Ministerio de
Desarrollo Social). Extendió las asignaciones familiares a los trabajadores que
menos ganan; creó programas de empleo (temporal); y segura una canasta básica
de alimentos a través del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) para que
nadie se muera de hambre. No deja de ser importante, si tenemos en cuenta lo
que nos dice Julio Marenales, el “tupamaro histórico” que posa de estar a la
izquierdista del gobierno: los desposeídos de todo reciben agradecidos la
“ayuda” que viene del Estado. Está en su naturaleza desclasada: “a los muy
pobres no les interesa la política y por supuesto ni la democracia, ni el
socialismo”. (Mate Amargo N° 17, edición digital, marzo de 2014) Bueno saberlo,
a la hora de buscar el “sujeto social” de la revolución. El antiguo guerrillero
avisa donde no tendríamos que ir.
Sin embargo, el aumento tanto del “gasto
social” como de la cantidad de “beneficiarios”, ha sido más que insuficiente
para disminuir la pobreza. No hablemos de “erradicarla”. Según el gobierno,
900.000 personas “salieron de la línea de pobreza” en los últimos nueve años y
los que aún viven en esa condición son 11,5% de la población. Vale recordar:
para el gobierno (que adopta los criterios de medición que impone el Banco
Mundial), alguien que tenga un ingreso de $ 9.600 mensuales (360 dólares
aproximadamente) se salvaría de ocupar la escala social más baja.
Obviamente, las cifras oficiales
maquillan la realidad. Un estudio concluye que al “núcleo duro” de pobreza que
registra el MIDES (entre 280.000 y 300.000 personas) hay que agregarle al
menos, otras 380.000 en “riesgo de pobreza”. En tal caso, la línea divisoria
entre pobres reales y pobres potenciales deja de ser tenue y se borra.
(Instituto de Ciencia Política, Udelar, noviembre 2012). Por su parte, el trabajo
“Medición de la pobreza infantil en Uruguay”, sostiene que, según los
indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado,
pero aclara que eso se deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión
monetaria”. Si a la variable económica se le agregan los datos de las NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de
pobreza trepan al doble. De acuerdo con el INE, 27,3% de los niños de 0 a 5
años estaban en “situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la
pobreza afecta a 49,2% de la población infantil. (Centro Interdisciplinario de
Infancia y Pobreza de la Udelar, 2014)
Algo similar ocurre en el “reformado”
sistema de enseñanza que, en el discurso frenteamplista, iba a “cerrar la
brecha social” asegurando la “inclusión”. El 50,3% de las capas más ricas de la
sociedad completa la educación de nivel terciario; el 60% de las capas más
empobrecidas de la sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad
simétrica” entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la
“desigualdad educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y
precariedad laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes
de 15 a 20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete
de cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”.
(Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el
26-12-2012)
Basta dar una mirada a la periferia
urbana y suburbana para registrar el paisaje de la “vulnerabilidad social”. En
los “asentamientos irregulares” viven 213.000 personas. La mayoría en
Montevideo: más de 132.000 personas, alrededor del 10% de la población. Sin
mucha diferencia con los viejos “cantegriles”. Allí se concentra el “pichaje”,
según la estratificación social que ficha la Policía. Mientras tanto, las
“soluciones habitacionales” quedan en manos de los “operadores inmobiliarios”
(bancos, fondos de inversión, financieras) y de las grandes empresas
constructoras (exoneradas de impuestos). El Banco Hipotecario del Uruguay
(BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la Dirección Nacional de Vivienda
DINAVI), se acoplan a una política donde la “ley del mercado” define las
prioridades en función de la rentabilidad. Ni el Plan Juntos (impulsado por
Mujica), ni el Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT (golpeado por los manejos
corruptos de sus responsables, miembros del Partido Comunista), avanzan hacia
un proyecto de vivienda social y popular instrumentado y subsidiado desde el Estado.
La precariedad salarial está fuera de
discusión. Según un informe del INE (agosto de 2014), el ingreso medio per
cápita corriente sin aguinaldo, se ubica en $ 14.843 (alrededor de 650
dólares). Hasta las cúpulas sindicales lo reconocen. Hace falta un “sacudón”,
dice Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT: “porque hay todavía 800.000
trabajadores que perciben menos de $ 15.000”. Es decir: el 50% de la fuerza
laboral gana menos de dos salarios mínimos mensuales. Por eso, la central
sindical propone a los candidatos presidenciables “llevarlo a $ 16.000”. Con
una precisión: “no lo planteamos de golpe”. Tabaré Vázquez recogió el guante:
habrá un “aumento gradual” del salario mínimo nacional. Otro reclamo en la
plataforma electoral del PIT-CNT, es la suba del mínimo no imponible para el
cobro del IRPF a alrededor de $ 25.000 (hoy está en $ 19.733) y desgravarlo de
aguinaldos y salarios vacacionales. A pocos días de las elecciones, el
sindicalismo progresista se acordó de que “los que más tienen más deben aportar”
para “achicar la brecha entre ricos y pobres”.
Poco creíble esta erupción
reivindicativa de los burócratas. Si consideramos que durante estos años de
“gobierno compañero”, el aparato del PIT-CNT no ha hecho otra cosa que
consentir la política económica del Frente Amplio. Su lema “No somos neutrales
ni indiferentes”, lejos de afirmar una posición de autonomía política e
independencia de clase, convalida la estrategia de subordinación al partido de
gobierno. La relación contractual (de negocios) entre sindicatos y ministerios;
el maridaje con empresas privadas; el fenomenal proceso de corrupción y tráfico
de influencias (Plan de Vivienda Sindical, Salud Pública, Registro Civil,
etc.), o la complicidad de sus dirigentes con las torturas en las cárceles de
menores, muestran, en definitiva, las consecuencias destructivas de un
sindicalismo de prebendas, gerencial, entrelazado al aparato de Estado.
7.
Lo sabemos. A la hora de votar, una mayoría de
trabajadores (que debido a sus bajos salarios no tributan el IRPF), y de las
capas más pobres, lo harán por el progresismo. Pondrán en la balanza cuestiones
muy concretas e inmediatas. Se decidirán por conservar los “avances” de estos
años de “hegemonía popular”. En su imaginario, es la única opción válida para
evitar el peligro de “restauración neoliberal”.
De nuestra parte, la decisión es
protestar y continuar luchando. En ningún caso, Ni el 26 de octubre, Ni
el 30 de noviembre (si finalmente hay balotaje), daremos un voto por
el “mal menor”. Es una decisión fundamentada por el camino recorrido
-junto a otras fuerzas anticapitalistas- en este período de “hegemonía
cultural” progresista. Por tanto, acompañaremos a los compañeros y compañeras
que componen un espacio radical que va desde el Voto Nulo al Voto en
Blanco. Habrá otros compañeros de este mismo espacio que darán su
apoyo a las opciones de izquierda que se presentan a las elecciones: el Partido
de los Trabajadores y la Unidad Popular. Una decisión que respetamos.
Asumimos, claro está, nuestra cuota de
responsabilidad. La ausencia de una expresión unitaria de las fuerzas que se
reivindican del antiimperialismo y el socialismo revolucionario, hacen más
evidentes la dispersión política y la orfandad estratégica de un campo
integrado por miles de activistas y militantes; luchadores y luchadoras que
participan e impulsan las demandas de los trabajadores, las movilizaciones
contra la impunidad del terrorismo de Estado, las resistencias que se oponen a
la megaminería, las protestas barriales que denuncian la brutalidad policial.
El balance es inocultable: no avanzamos
en la “disputa hegemónica” con el progresismo. Ni en la construcción de nuevos
instrumentos de organización en los movimientos sociales, ni en
referencias claras sobre un nuevo proyecto político. Todo lo que indica un
grave retroceso político. No obstante, subyace en sectores de esta izquierda y
del sindicalismo clasista, un debate respecto a las perspectivas de la unidad
revolucionaria. Para los firmantes de esta declaración, integrantes del bimestral
En Lucha, la cuestión de esa unidad debe ser pautada desde las luchas y los
movimientos de resistencia. Este desafío político se encuentra en el centro de
nuestras preocupaciones y de nuestra actividad militante. Se trata de
contribuir a la construcción de una fuerza organizada y consistente. No solo
para impedir que las consecuencias de la política económica (cualquiera sea el
color del gobierno) la sigan pagando los asalariados y las capas sociales más
empobrecidas. Sino para reivindicar la permanente validez de un programa de
emancipación social, anticapitalista, socialista. 
LA VIDRIERA IRRESPETUOSA
EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER....
por Hugo Bruschi en el Año de la Dignidad.
.......O para ser más exactos, el deber del cumplimiento que pocas veces se cumple. No es de extrañar entonces, que cuando lo que tendría que ser regla se convierte en excepción, cualquier medida que se tome en beneficio del Pueblo, se lleva a la categoría de mérito a destacar. Algo anda mal, nos decía Bertolt Brecht, cuando lo obvio, lo normal, es resaltado como una gran conquista, algo sin precedentes y merecedor de festejo.
Basta echar una mirada a la campaña electoral y allí encontrarán la prueba de estas afirmaciones. "Hicimos tal cosa" nos dicen sin mencionar lo que no hicieron, pero nos prometieron. Aún así, tomemos por buena esa "cosa" que hicieron. Pero no fue acaso, para eso que los votamos? O cuando nos advierten sobre los gobiernos anteriores. Bueno, por ello la gente dejó de votar a esos Partidos y se pronunció por los cambios. Qué novedad nos traen? Porqué mejor no hablan de todo lo que prometieron y no cumplieron, en lugar de golpearse el pecho? A qué vienen ahora esos cuentos de la "herencia maldita" que nos dejaron, cuando la deuda se multiplicó varias veces? Cuánto tiempo necesitarán para ordenar la casa? .
Pero estos mecanismos funcionan así y el pequeño grupo privilegiado, léase hombres de negocios, políticos, clase acomodada y aspirantes a un buen empleo bien rentado, le quieren hacer creer al resto que nunca estuvimos mejor, que "vamos bien", de "cabeza pal empeño" diría yo, recordando al tango. Y en este siga el corso, la farándula se mueve con mucha destreza. Ellos cuentan con el aparato estatal, que ofrece beneficios a todos aquellos dispuestos a prenderse a la teta y vender su conciencia. Avisos bien pagos que la prensa recibe con regocijo, por lo que no esperemos sino halagos y retribuciones. Ellos tienen buen olfato y saben con quien hay que estar bien. Y en ese panorama, en donde desde el fútbol al carnaval están representados, el Pueblo será llamado a ponerse la celeste y cantar la retirada de la murga oficial.
"Vamo arriva que se la volbemo a clabar" escribió un hincha en Facebook, como testimonio de los tiempos que corren. Ellos también de algún modo cumplen con su deber, por aquello del "que quiera pescado que se moje" y ellos se mojan y hasta se tirarían al agua si fuese menester.
A tal extremo han llegado las cosas en este bendito Uruguay, que un ministro procesado por la Justicia y no precisamente por haber atropellado a un peatón, hoy se postula al Parlamento. Ni siquiera tuvo la delicadeza -por aquello de las buenas costumbres - de decir: Hasta tanto no se aclare todo el proceso de PLUNA, no ocuparé cargo alguno. Pero de dónde sale esta arrogancia, esta suerte de "me importa un carajo lo que opinen"? O será que en el fondo le están pagando alguna deuda, por aquello de en boca cerrada no entran moscas?
Yo nunca olvidaré y creo que alguna vez lo mencioné en la Vidriera (disculpen la reiteración), aquel dibujo del gran PELODURO, en donde un magnate en el balcón de su apartamento, brindaba champagne con su querida, y al tiempo que señalaba al Pueblo abajo con sus latas y botellas de vino envueltas en papel de diario, le decía:" Mirá mi amor, que emocionante como festejan nuestro triunfo".
200 años después....
Hoy de mañana releía la versión taquigráfica de la reunión que promoví con la Comisión de Defensa el 12 de Julio del 2005 que presidía el Ratón Rosadilla. que cuando finalizó me apretó el brazo y me dijo: "Gracias,Mau-Mau".-
9
años después me entero que ese mismo ratón le pidió a los ratis
brasileros que le hagan la pierna de monitorarme. Cosas de la vida;es
que el tiempo es el gran revelador de las verdades.-
Releyendo
mi 1er. libro me dí cuenta que no valió la pena escribir los 2
siguientes;todo lo medular lo plantié en el 1º y ahora me quedé sin
tema. De que se puede hablar? De las elecciones,de las faltas de
ortografía de Raulito en ANCAP? Está todo el pescado vendido;si no
ganamos los colorados,ganamos los blancos;si no ganamos los de
derecha,ganamos los de izquierda....mientras tanto se mantiene
incambiado el status-quo de 2 siglos,continúa el deterioro de los de
abajo,aumenta la riqueza de los de arriba;los pobres quieren ser ricos y
acomodarse.El Uruguay conserva sus rasgos + típicos,"como el Uruguay,no
hay".-
Ésto
es la democracia con sus elecciones limpias y libres dónde se
manifiesta la voluntad popular aunque esté condiccionada. El pueblo se
expresa y le dan a elejir entre A,B, y C que son idénticos y de
antemano se sabe que no pueden - ni quieren -cambiar nada.-
Entonces...? X eso me molestan las protestas y los reclamos después.-
+
de la mitad de los votantes van a elejir al nuevo gobierno, 1/3 de la
población;se trata de la decisión de la mayoría,de que siguen creyendo y
apostando que X esa vía puede haber cambios cualitativos para los
desposeídos. Daría la impresión que nadie entendió ( o no quieren
entender) las lecciones pragmáticas que dejó la historia reciente de
la dictadura y del gobierno fraudeamplista. "Insisto - dijo Rodríguez -
y le dió otra puñalada al padre". Van a volver a votar al FA o a los
rosaditos,que es lo mismo.-
Hablando
de otra cosa: estoy bastante podrido de poner cartelitos con frases que
me gustan en el muro de FACEBOOK y que inmediatamente alguien esté
encargado de borrarlas. Debe ser algún empleado público de Antel al que
yo le pago el sueldo con los impuestos que aporto; en cumplimiento de
ódenes recibidas directamente del Srio. de la Presidencia y de la
Embajadora yanqui cómo he sido informado. Están gastando pólvora en
chimangos,claro.-
Los
dueños del país,los fachos criollos,la embajada y los otros grupos de
poder que cortan el pastel,pueden dormir tranquilos que no pasa nada. O
gana Tabaré, o el Cuquito, o Pedrito sin apellido ; y en la "cárcel" de
Domingo Arena vá a haber una comida de fin de año,claro.-
(La flor,y un .38, son para el Bebe).-
Serie sobre el CONTROL OBRERO (40)
EL MOVIMIENTO TURINES DE LOS CONSEJOS DE FABRICA
(Informe enviado al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista en julio de 1920.)
[Julio de 1920, 14-III-1921; L.0.N.; 176-186]
“ El entusiasmo por los Consejos".
La propaganda por los Consejos de fábrica fue acogida con entusiasmo por las masas; en el curso de medio año se constituyeron Consejos en todas las fábricas y todos los talleres metalúrgicos; los comunistas conquistaron la mayoría en el sindicato metalúrgico; el principio de los Consejos de fábrica y del control de la producción se aprobó y aceptó por la mayoría del Congreso y por la mayor parte de los sindicatos pertenecientes a la Cámara del Trabajo.
La organización de los Consejos de fábrica se basa en los siguientes principios: en cada fábrica, en cada taller, se constituye un organismo sobre la base de la representación (y no sobre la base del antiguo sistema burocrático), el cual realiza la fuerza del proletariado, lucha contra el orden capitalista o ejerce el control de la producción, educando a toda la masa obrera para la lucha revolucionaria y para la creación del Estado obrero. El Consejo de fábrica tiene que constituirse según el principio de la organización por industria; tiene que representar para la clase obrera el modelo de la sociedad comunista, a la cual se llegará por la dictadura del proletariado; en esa sociedad no habrá ya división en clases, todas las relaciones humanas estarán reguladas según las exigencias técnicas de la producción y de la organización correspondiente y no estarán subordinadas a un poder estatal organizado. La clase obrera tiene que comprender toda la hermosura y nobleza del ideal por el cual lucha y se sacrifica; tiene que darse cuenta de que para llegar a ese ideal hay que pasar por algunas etapas; debe reconocer la necesidad de la disciplina revolucionaria y de la dictadura.
Cada empresa se subdivide en secciones y cada sección en equipos de oficio: cada equipo realiza una parte determinada del trabajo; los obreros de cada equipo eligen un obrero con mandato imperativo y condicionado. La asamblea de los delegados de toda la empresa forma un Consejo que elige de su seno un comité ejecutivo. La asamblea de los secretarios políticos de los comités ejecutivos forma el comité central de los Consejos, el cual elige, a su vez, de su seno, un comité urbano de estudio [21] para la organización de la propaganda, la elaboración de los planes de trabajo, la aprobación de los proyectos y de las propuestas de las varias empresas y hasta de los obreros individuales, y, por último, para la dirección de todo el movimiento.
Consejos y comisiones internas durante las huelgas.
Algunas tareas de los Consejos de fábrica tienen un carácter estrictamente técnico y hasta industrial, como, por ejemplo, el control del personal técnico, el despido de empleados que se muestren enemigos de la clase obrera, la lucha con la dirección por la conquista de derechos y libertades, el control de la producción de la empresa y de las operaciones financieras.
Los Consejos de fábrica arraigaron pronto. Las masas acogieron gustosas esta forma de organización comunista, se reunieron en torno de los comités ejecutivos y apoyaron enérgicamente la lucha contra la autocracia capitalista. Aunque ni los industriales ni la burocracia sindical quisieron reconocer a los Consejos y sus comités, éstos consiguieron éxitos notables: echaron a los agentes y espías de los capitalistas, establecieron relaciones con los empleados y con los técnicos para obtener información financiera e industrial; por lo que hace a los asuntos de la empresa, concentraron en sus manos el poder disciplinario y mostraron a las masas desunidas y disgregadas lo que significa la gestión directa de los obreros en la industria.
La actividad de los Consejos y de las comisiones internas se manifestó más claramente durante las huelgas; estas huelgas perdieron su carácter impulsivo, fortuito, y se convirtieron en expresión de la actividad consciente de las masas revolucionarias. La organización técnica de los Consejos y de las comisiones internas, su capacidad de acción, se perfeccionó tanto que fue posible obtener en cinco minutos la suspensión del trabajo de 16.000 obreros dispersos por 42 secciones de la Fiat. El 3 de diciembre de 1919, los Consejos de fábrica dieron una prueba tangible de su capacidad de dirigir movimientos de masa de gran estilo; por orden de la sección socialista, que concentraba en sus manos todo el mecanismo del movimiento de masas, los Consejos de fábrica movilizaron sin preparación alguna, en el curso de una hora, 120.000 obreros organizados por empresas. Una hora después, el ejército proletario se precipitaba como una avalancha hasta el centro de la ciudad y barría de calles y plazas a toda la canalla nacionalista y militarista.
La lucha contra los Consejos.
En cabeza del movimiento para la constitución de los Consejos de fábrica se encontraron los comunistas de la sección socialista y de las organizaciones sindicales; también colaboraron los anarquistas, que intentaron contraponer su fraseología ampulosa al lenguaje claro y preciso de los comunistas marxistas.
Pero el movimiento chocó con la encarnizada resistencia de los funcionarios sindicales, de la dirección del Partido Socialista y del Avanti! La polémica de esa gente se basaba en la diferencia entre el concepto de Consejo de fábrica y el de Sóviet. Sus conclusiones tuvieron un carácter puramente teórico, abstracto, burocrático. Detrás de sus frases altisonantes se escondía el deseo de evitar la participación directa de las masas en la lucha revolucionaria, el deseo de conservar la tutela de las organizaciones sindicales sobre las masas. Los componentes de la dirección del partido se negaron siempre a tomar la iniciativa de una acción revolucionaria mientras no existiera un plan de acción coordinado, pero no hicieron nunca nada por preparar y elaborar ese plan.
El movimiento turinés no consiguió rebasar el ámbito local; porque todo el mecanismo burocrático de los sindicatos se puso en movimiento para impedir que las masas obreras de las demás partes de Italia siguieran el ejemplo de Turín. El movimiento turinés fue objeto de burlas, escarnecido, calumniado y criticado de todas las maneras posibles.
Las ásperas críticas de los organismos sindicales y de la dirección del Partido Socialista animaron nuevamente a los capitalistas, los cuales no tuvieron ya freno alguno en su lucha contra el proletariado turinés y contra los Consejos de fábrica. La conferencia de los industriales celebrada en marzo de 1920 en Milán elaboró un plan de ataque; pero los "tutores de la clase obrera", las organizaciones económicas y políticas, no se preocuparon por ello. Por todos abandonado, el proletariado turinés se vio obligado a enfrentarse él solo, con sus solas fuerzas, con el capitalismo de toda la nación y con el poder del Estado. Turín fue inundado por un ejército de policías; alrededor de la ciudad se emplazaron cañones y ametralladoras en los puntos estratégicos. Y una vez dispuesto todo ese aparato militar, los capitalistas empezaron a provocar al proletariado. Es verdad que ante esas gravísimas condiciones de lucha el proletariado vaciló antes de aceptar el reto; pero cuando se vio que el choque era inevitable, la clase obrera salió valerosamente de sus posiciones de reserva y quiso reanudar la lucha hasta un final victorioso.
El Consejo socialista nacional de Milán.
Los metalúrgicos estuvieron en huelga un mes entero, y las demás categorías diez días; la industria se detuvo en toda la provincia y se paralizaron las comunicaciones. Pero el proletariado turinés quedó aislado del resto de Italia; los órganos centrales no hicieron nada por ayudarle; no publicaron siquiera un manifiesto para explicar al pueblo italiano la importancia de la lucha de los trabajadores turineses: el Avanti! se negó incluso a publicar el manifiesto de la sección turinesa del partido. Los camaradas turineses recibieron de todas partes los epítetos de anarquistas y aventureros. En aquella época tenía que celebrarse en Turín el Consejo Nacional del Partido; pero la reunión se trasladó a Milán, porque una ciudad "presa de una huelga general" pareció poco adecuada como teatro de discusiones socialistas.
En esa ocasión se manifestó toda la impotencia de los hombres puestos a dirigir el partido; mientras la masa obrera defendía valerosamente en Turín los Consejos de fábrica, la primera organización basada en la democracia obrera, encarnación del poder proletario, en Milán charlaban de proyectos y métodos teóricos para la formación de los Consejos como forma de poder político que el proletariado habría de conquistar; se discutía sobre la manera de organizar conquistas que no se habían conseguido y se abandonaba al proletariado turinés a su destino, se dejaba a la burguesía la posibilidad de destruir el poder obrero ya conquistado.
Las masas proletarias italianas manifestaron su solidaridad con los compañeros turineses de varios modos: los ferroviarios de Pisa, Livorno y Florencia se negaron a transportar las tropas destinadas a Turín; los trabajadores portuarios y los marineros de Livorno y Génova sabotearon el movimiento en los puertos; el proletariado de muchas ciudades se lanzó a la huelga a pesar de las órdenes de los sindicatos en contra de ella.
La huelga general de Turín y del Piamonte chocó con el sabotaje y la resistencia de las organizaciones sindicales y del partido mismo. Pero tuvo una gran importancia educativa, porque demostró que es posible la unión práctica de los obreros y los campesinos, y volvió a probar la urgente necesidad de luchar contra todo el mecanismo burocrático de las organizaciones sindicales, que son el apoyo más sólido de la obra oportunista de los parlamentarios y de los reformistas, tendiente a sofocar todo movimiento revolucionario de las masas trabajadoras.
