Cuando parecen estar contados los días de la Ley de Impunidad queremos
recordar uno de esos debates que marcan trayectorias.
Hace cinco años Hugo Cores y Eleuterio Fernández Huidobro cruzaron
opiniones sobre la extradición de tres militares uruguayos a Chile.
Nos referimos a los ya sentenciados: Tomás Casella, Eduardo Radaelli y
Wellington Sarli. Estos militares estaban involucrados en el secuestro
y asesinato del genocida chileno Eugenio Berríos, ocultado en nuestro
país para evitar que declarara por el asesinato de Orlando Letelier.
En aquel debate Hugo Cores argumentaba largamente a favor de la
extradición. Eleuterio Fernández Huidobro, en contra. En el fondo de
la polémica estaba la continuidad en democracia de la coordinación
represiva en América y los desafíos de la cuestión militar en
Uruguay.
Hace exactamente cinco años, el 17 de abril de 2006, Hugo Cores
preguntaba desde las páginas de La República:
“¿Cuál es la doctrina que prevalece en las aulas y en los Estados
Mayores, la de la Seguridad Nacional? ¿Cómo se enseña en los liceos
militares la historia uruguaya y latinoamericana de los años que
precedieron al golpe de Estado? ¿Qué se transmite acerca de los años
73 al 84, cuando desde las FFAA arreció la represión contra los
sindicatos, los gremios estudiantiles, los docentes, los periodistas,
los abogados, los músicos y los carnavaleros?”
Los acontecimientos recientes a partir de la aprobación del Senado
de la Ley Interpretativa actualizan aquellas preocupaciones. También
nos resaltan la importancia estratégica del programa y de la unidad de
acción de nuestro gran instrumento político, el FRENTE AMPLIO.
Detrás del problema jurídico, profundamente ético y de alta
significación política de la defensa de los Derechos Humanos también
está la cuestión militar.
Para quienes tengan ganas de revisar aquél debate les dejo los enlaces
ordenados de las expresiones de ambos participantes:
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
N e s t o r
recordar uno de esos debates que marcan trayectorias.
Hace cinco años Hugo Cores y Eleuterio Fernández Huidobro cruzaron
opiniones sobre la extradición de tres militares uruguayos a Chile.
Nos referimos a los ya sentenciados: Tomás Casella, Eduardo Radaelli y
Wellington Sarli. Estos militares estaban involucrados en el secuestro
y asesinato del genocida chileno Eugenio Berríos, ocultado en nuestro
país para evitar que declarara por el asesinato de Orlando Letelier.
En aquel debate Hugo Cores argumentaba largamente a favor de la
extradición. Eleuterio Fernández Huidobro, en contra. En el fondo de
la polémica estaba la continuidad en democracia de la coordinación
represiva en América y los desafíos de la cuestión militar en
Uruguay.
Hace exactamente cinco años, el 17 de abril de 2006, Hugo Cores
preguntaba desde las páginas de La República:
“¿Cuál es la doctrina que prevalece en las aulas y en los Estados
Mayores, la de la Seguridad Nacional? ¿Cómo se enseña en los liceos
militares la historia uruguaya y latinoamericana de los años que
precedieron al golpe de Estado? ¿Qué se transmite acerca de los años
73 al 84, cuando desde las FFAA arreció la represión contra los
sindicatos, los gremios estudiantiles, los docentes, los periodistas,
los abogados, los músicos y los carnavaleros?”
Los acontecimientos recientes a partir de la aprobación del Senado
de la Ley Interpretativa actualizan aquellas preocupaciones. También
nos resaltan la importancia estratégica del programa y de la unidad de
acción de nuestro gran instrumento político, el FRENTE AMPLIO.
Detrás del problema jurídico, profundamente ético y de alta
significación política de la defensa de los Derechos Humanos también
está la cuestión militar.
Para quienes tengan ganas de revisar aquél debate les dejo los enlaces
ordenados de las expresiones de ambos participantes:
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
http://www.larepublica.com.uy/
N e s t o r
rana 059
Västerås, Suecia
Jueves, 30 de marzo, 2006 - AÑO 12 - Nro.2146
En este enredo ha quedado pringada mucha gente
Berríos
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (*)
Puede ser que los en aquel entonces capitán y mayor (Radaelli y Sarli respectivamente) hayan secuestrado y fusilado al genocida chileno Berríos. La Justicia debería investigarlo.
El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes "sin perjuicio" (puede volver a abrir sus fauces).
Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.
Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.
Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.
Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.
En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.
Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.
Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.
Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que "cantara" los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo... Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)
Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.
Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.
Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.
Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.
Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.
Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos...
Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?
La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!
Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.
Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.
En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.
Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos "perejiles" (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: "acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude".
Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo... O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.
Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.
Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?
¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?
Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.
No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en "Uruguayos Campiones", esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la "retirada", otro ataque a la soberanía desde un país hermano...
Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.
La "vindicta pública" será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.
Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar...
Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no "arreglar" sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos "giles".
Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden... *
El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes "sin perjuicio" (puede volver a abrir sus fauces).
Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.
Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.
Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.
Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.
En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.
Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.
Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.
Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que "cantara" los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo... Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)
Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.
Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.
Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.
Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.
Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.
Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos...
Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?
La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!
Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.
Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.
En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.
Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos "perejiles" (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: "acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude".
Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo... O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.
Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.
Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?
¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?
Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.
No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en "Uruguayos Campiones", esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la "retirada", otro ataque a la soberanía desde un país hermano...
Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.
La "vindicta pública" será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.
Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar...
Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no "arreglar" sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos "giles".
Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden... *
(*) Senador de la República
Miércoles, 05 de abril, 2006 - AÑO 12 - Nro.2152
La extradición de militares uruguayos
Por cuestiones del momento
HUGO CORES
La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre los que vale la pena detenerse y opinar.
Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.
1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.
2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.
3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían "presos políticos".
4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.
5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.
Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la "razón" por la cual la extradición no se justifica.
6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción "desde abajo" y una intervención "justiciera".
El estilo es el de la denuncia ante "la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba".
Los oficiales serían "capitancitos", "perejiles", "víctimas" de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.
7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?
O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?
O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?
8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.
El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.
Durante años, congreso a congreso --el último fue el de diciembre de 2003-- se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.
9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.
Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.
Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.
La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura ¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?
A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.
Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.
10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.
En tren de "denuncias justicieras", asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.
Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.
11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.
Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.
Lo otro es alimentar confusiones. *
Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.
1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.
2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.
3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían "presos políticos".
4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.
5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.
Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la "razón" por la cual la extradición no se justifica.
6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción "desde abajo" y una intervención "justiciera".
El estilo es el de la denuncia ante "la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba".
Los oficiales serían "capitancitos", "perejiles", "víctimas" de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.
7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?
O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?
O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?
8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.
El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.
Durante años, congreso a congreso --el último fue el de diciembre de 2003-- se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.
9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.
Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.
Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.
La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura ¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?
A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.
Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.
10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.
En tren de "denuncias justicieras", asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.
Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.
11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.
Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.
Lo otro es alimentar confusiones. *
(*) Ex diputado, editorialista.
Jueves, 13 de abril, 2006 - AÑO 12 - Nro.2160
Investigar solamente en el Ejército es proteger la impunidad de los principales responsables
Cores versus Cores
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (*)
Vengo a contestar el aporte de Cores sobre el "caso Berríos" (en la edición del miércoles cinco de abril) porque su postura táctica obliga a pensar en estrategia.
Cores da por sentado que hubo un secuestro (reitera esa premisa falsa: nos impone aceptar lo que está en debate): primer grave error de apreciación. Según los testimonios e informaciones registradas en la Justicia y en la prensa, estuvimos siempre ante algo mucho peor que un secuestro (que no lo hubo) y que una extradición. Tenemos pues dos miradas distintas. La de Cores parece ceguera incluso para perjuicio de su posición (lo cual evidencia su honestidad: cava su propia fosa lo más tranquilo).
"Hallar en ese secuestro la responsabilidad del Ejército" no es la razón de Huidobro como dice Cores. La razón de quien habla es hallar la responsabilidad de los mandos CIVILES Y MILITARES de tres DEMOCRACIAS en la realización de una compleja operación de inteligencia que abarcó no sólo a Berríos sino a varios más cuyo número y destino final quizás nunca sabremos...
Y esa demanda comprende responsabilidades judiciales, ejecutivas y parlamentarias... También parlamentarias. Porque no había dictadura y porque no se le puede achacar también eso a la Ley de Caducidad. Se trata de sucesos posteriores. Estaba y está el campo legalmente expedito y abierto para que todos asuman la responsabilidad que les cupo por acción u omisión.
Así que Huidobro se niega a investigar SOLAMENTE (tal como se viene a perpetrar en estos días) la "responsabilidad del Ejército". Creo poder exigir que no se me acuse de tamaña colaboración con la impunidad.
Investigar solamente en el Ejército es proteger la impunidad de los principales responsables.
Pero Cores ingresa en terrenos más profundos: pregunta qué medida propongo ante este tema concreto como presidente de la Comisión de Defensa del Senado (ya no lo soy: esa función es anualmente rotativa) e integrante de la mayoría parlamentaria o desde el Ministerio de Defensa que apoyo.
Y respondo: ABSOLUTAM ENTE NINGUNA.
La República ha adoptado desde hace ya unos cuantos años las teorías de un tal Montesquieu que divide el Estado en tres poderes independientes.
La extradición, investigación y castigo de los crímenes es asunto del Poder Judicial. En algunos casos el Poder Ejecutivo puede negar una extradición. No se columbra qué puede y debe hacer en este caso el Poder Legislativo al que pertenezco ni tampoco el Ministerio de Defensa al que apoyo, salvo acatar lo que otros dos Poderes del Estado resuelvan.
Lo único que puedo hacer es lo que hago: opinar públicamente contra la opinión de Cores (al que parece no gustarle no sólo lo que digo sino también que lo diga).
He declarado además que acato la decisión de la Corte y la de mi Presidente: ello no obsta que comente.
No puedo creer que un anarco viejo como Cores se sienta incómodo ante las ideas (aunque sean malas). No hace mucho criticó a los frenteamplistas sosegados y postuló que era muy bueno intranquilizar las mentes. ¿Qué le pasa en estos días? ¿No se me estará apoltronando? ¡Lo último que nos faltaba!
Cores se pregunta si lo que estoy proponiendo es la resignación en un gobierno de izquierda ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que dieron las órdenes.
Respondo ¡NO!: el que lo propone es Cores. Todo lo que vengo haciendo es contra eso y lo que viene diciendo Cores es a favor de la resignación.
"Todo el alegato - dice Cores - del senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaron los blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?".
¡Efectivamente!: usted lo ha dicho. Es más: el mensaje es PEOR que ese: permanecen intocados los mandos CIVILES chilenos, argentinos y uruguayos (que Cores tozudamente no menciona jamás... ¿Qué le pasa?) y los militares desde Aguerrondo hasta mucho más arriba sin olvidar nunca a tres Parlamentos conosureños.
Son como tres Ministerios civiles (por lo menos), la Presidencia, las FFAA, la Policía, y el Parlamento (unas ciento treinta personas sólo en él). En Chile y Argentina son más todavía. Un gentío predominantemente CIVIL.
Ese es el mensaje querido compañero Cores. Efectivamente lo es. ¿Y cuál es el problema? ¿Cometo algún pecado? ¿Agredo algún fetiche? ¿Toco algún tabú? ¿Por qué debo restringir mi mensaje al Ejército (como hace tenazmente Cores en un esfuerzo titánico)?
Dice que el análisis de este tema va por el lado de que fue una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años setenta.
Mucho me temo que lo de Berríos no fue una operación rezagada y capciosa sino, lamentablemente, una operación de avanzada. De la nueva era, la que nos amenaza en el presente y en el futuro. De las que se hacen en democracia. En Irak, en Panamá, en Venezuela, en Haití, en Serbia, en Afganistán por parte de países muy democráticos...
Cores, muy acampado en 1970, cree que esto viene de allá. Que es un resto. Un detritus. Yo creo que esta es una entrega a cuenta de mayor cantidad. Una aceituna aperitiva para ir haciendo diente.
En otro de sus pasajes Cores reclama "depurar las FFAA de los Mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura".
Supongo que incluirá a los Mandos civiles de las FFAA (que entre presidentes y ministros durante la dictadura fueron unos cuantos).
Hugo lanza la consigna pero la deja sin relato: no nos dice cómo.
El problema más grave será "con el pensamiento de la dictadura": qué nos propone hacer Cores con el personal de las FFAA, joven y viejo, subalterno o no, que está de acuerdo (como muchos legisladores pasados, presentes y tal vez futuros) con las ideas de la dictadura. ¿Qué debemos hacer concretamente?
¿Una Ley, un decreto, qué cosa desde este Gobierno que tiene mayorías parlamentarias?
Y ya que estamos: ¿Por qué no hacemos lo mismo con los empleados públicos nacionales y municipales?
¿Cuál es el mensaje de Cores?
¿Una Ley, una Reforma Constitucional, una Asamblea Constituyente, la modificación de casi todos los Códigos?
Sin relato posterior, la frase resulta simpática pero muy vacía.
Uno imagina ese momento cuando, con la legalidad correspondiente debidamente aprobada (y sin recolecciones de firmas para un referéndum derogatorio), le digamos a cada cual: Usted sí; Usted no...
Será un escritorio en la puerta de cada cuartel con tres secretarios (por lo menos): uno como Presidente con la lista, otro con el sello para la Categoría "A" y el otro con el fatídico de la Categoría "B" a estamparse con tinta indeleble (tipo tatuaje) en la frente de cada milico.
Y luego (porque no cabe concurso) una Gran Comisión Honoraria hará la selección de los que en el pensamiento no comulgan con las ideas de la dictadura de hace medio siglo y repartirá charreteras en consecuencia.
Un gran lío puede armarse si (Dios libre y guarde) llegamos a perder las elecciones (como vi perder en Nicaragua). ¿Se hace el proceso inverso? ¿Se baraja y da de nuevo?
Hay que dar respuesta y es por eso que las cosas que dice Cores lo llevan a uno a discutir estrategia.
Los milicos del Uruguay, en su enorme mayoría no son del PVP ni del MPP. Muchísimos son del FA aunque no lo digan. Pero incluso esos (los del FA) no están de acuerdo con lo nuestro de 1970 (como tampoco lo están muchísimos dirigentes del FA).
Es una realidad cruel pero es una realidad. Hay gente que a pesar de que somos tan lindos no nos quiere. ¿Y cuál es el problema?
No queda para nada claro cómo es que piensa Cores "depurar" a las FFAA (en el supuesto de que las considere necesarias).
Pero debo reconocer que le tengo terror a esa palabreja: trae el recuerdo aciago de Stalin pero también reminiscencias de Hitler.
Nuestra tarea (la del Poder Judicial) es castigar delitos y como fuerzas políticas tratar de convencer a las mayorías. Esta también es una discusión estratégica.
Luego Cores con una viga en cada ojo protesta por "mi rezongo opositor" en este tema.
Sin embargo propone derogar o anular la Ley de Caducidad en contra de lo resuelto por el Congreso del Frente Amplio.
A mí me parece muy bien que Cores, junto a Rafael Michelini y al Partido Comunista trate de cambiar las resoluciones del Congreso (y no me quejo cuando otros intentan hacer lo mismo con otros temas).
No es coherente por lo tanto afirmar que "resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno"
Cores termina afirmando que sobre el tema Berríos el senador EFH cambia una línea de acción que estaba aprobada.
Yo creo, por lo expuesto, que quien la cambia es Cores. *
Cores da por sentado que hubo un secuestro (reitera esa premisa falsa: nos impone aceptar lo que está en debate): primer grave error de apreciación. Según los testimonios e informaciones registradas en la Justicia y en la prensa, estuvimos siempre ante algo mucho peor que un secuestro (que no lo hubo) y que una extradición. Tenemos pues dos miradas distintas. La de Cores parece ceguera incluso para perjuicio de su posición (lo cual evidencia su honestidad: cava su propia fosa lo más tranquilo).
"Hallar en ese secuestro la responsabilidad del Ejército" no es la razón de Huidobro como dice Cores. La razón de quien habla es hallar la responsabilidad de los mandos CIVILES Y MILITARES de tres DEMOCRACIAS en la realización de una compleja operación de inteligencia que abarcó no sólo a Berríos sino a varios más cuyo número y destino final quizás nunca sabremos...
Y esa demanda comprende responsabilidades judiciales, ejecutivas y parlamentarias... También parlamentarias. Porque no había dictadura y porque no se le puede achacar también eso a la Ley de Caducidad. Se trata de sucesos posteriores. Estaba y está el campo legalmente expedito y abierto para que todos asuman la responsabilidad que les cupo por acción u omisión.
Así que Huidobro se niega a investigar SOLAMENTE (tal como se viene a perpetrar en estos días) la "responsabilidad del Ejército". Creo poder exigir que no se me acuse de tamaña colaboración con la impunidad.
Investigar solamente en el Ejército es proteger la impunidad de los principales responsables.
Pero Cores ingresa en terrenos más profundos: pregunta qué medida propongo ante este tema concreto como presidente de la Comisión de Defensa del Senado (ya no lo soy: esa función es anualmente rotativa) e integrante de la mayoría parlamentaria o desde el Ministerio de Defensa que apoyo.
Y respondo: ABSOLUTAM ENTE NINGUNA.
La República ha adoptado desde hace ya unos cuantos años las teorías de un tal Montesquieu que divide el Estado en tres poderes independientes.
La extradición, investigación y castigo de los crímenes es asunto del Poder Judicial. En algunos casos el Poder Ejecutivo puede negar una extradición. No se columbra qué puede y debe hacer en este caso el Poder Legislativo al que pertenezco ni tampoco el Ministerio de Defensa al que apoyo, salvo acatar lo que otros dos Poderes del Estado resuelvan.
Lo único que puedo hacer es lo que hago: opinar públicamente contra la opinión de Cores (al que parece no gustarle no sólo lo que digo sino también que lo diga).
He declarado además que acato la decisión de la Corte y la de mi Presidente: ello no obsta que comente.
No puedo creer que un anarco viejo como Cores se sienta incómodo ante las ideas (aunque sean malas). No hace mucho criticó a los frenteamplistas sosegados y postuló que era muy bueno intranquilizar las mentes. ¿Qué le pasa en estos días? ¿No se me estará apoltronando? ¡Lo último que nos faltaba!
Cores se pregunta si lo que estoy proponiendo es la resignación en un gobierno de izquierda ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que dieron las órdenes.
Respondo ¡NO!: el que lo propone es Cores. Todo lo que vengo haciendo es contra eso y lo que viene diciendo Cores es a favor de la resignación.
"Todo el alegato - dice Cores - del senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaron los blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?".
¡Efectivamente!: usted lo ha dicho. Es más: el mensaje es PEOR que ese: permanecen intocados los mandos CIVILES chilenos, argentinos y uruguayos (que Cores tozudamente no menciona jamás... ¿Qué le pasa?) y los militares desde Aguerrondo hasta mucho más arriba sin olvidar nunca a tres Parlamentos conosureños.
Son como tres Ministerios civiles (por lo menos), la Presidencia, las FFAA, la Policía, y el Parlamento (unas ciento treinta personas sólo en él). En Chile y Argentina son más todavía. Un gentío predominantemente CIVIL.
Ese es el mensaje querido compañero Cores. Efectivamente lo es. ¿Y cuál es el problema? ¿Cometo algún pecado? ¿Agredo algún fetiche? ¿Toco algún tabú? ¿Por qué debo restringir mi mensaje al Ejército (como hace tenazmente Cores en un esfuerzo titánico)?
Dice que el análisis de este tema va por el lado de que fue una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años setenta.
Mucho me temo que lo de Berríos no fue una operación rezagada y capciosa sino, lamentablemente, una operación de avanzada. De la nueva era, la que nos amenaza en el presente y en el futuro. De las que se hacen en democracia. En Irak, en Panamá, en Venezuela, en Haití, en Serbia, en Afganistán por parte de países muy democráticos...
Cores, muy acampado en 1970, cree que esto viene de allá. Que es un resto. Un detritus. Yo creo que esta es una entrega a cuenta de mayor cantidad. Una aceituna aperitiva para ir haciendo diente.
En otro de sus pasajes Cores reclama "depurar las FFAA de los Mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura".
Supongo que incluirá a los Mandos civiles de las FFAA (que entre presidentes y ministros durante la dictadura fueron unos cuantos).
Hugo lanza la consigna pero la deja sin relato: no nos dice cómo.
El problema más grave será "con el pensamiento de la dictadura": qué nos propone hacer Cores con el personal de las FFAA, joven y viejo, subalterno o no, que está de acuerdo (como muchos legisladores pasados, presentes y tal vez futuros) con las ideas de la dictadura. ¿Qué debemos hacer concretamente?
¿Una Ley, un decreto, qué cosa desde este Gobierno que tiene mayorías parlamentarias?
Y ya que estamos: ¿Por qué no hacemos lo mismo con los empleados públicos nacionales y municipales?
¿Cuál es el mensaje de Cores?
¿Una Ley, una Reforma Constitucional, una Asamblea Constituyente, la modificación de casi todos los Códigos?
Sin relato posterior, la frase resulta simpática pero muy vacía.
Uno imagina ese momento cuando, con la legalidad correspondiente debidamente aprobada (y sin recolecciones de firmas para un referéndum derogatorio), le digamos a cada cual: Usted sí; Usted no...
Será un escritorio en la puerta de cada cuartel con tres secretarios (por lo menos): uno como Presidente con la lista, otro con el sello para la Categoría "A" y el otro con el fatídico de la Categoría "B" a estamparse con tinta indeleble (tipo tatuaje) en la frente de cada milico.
Y luego (porque no cabe concurso) una Gran Comisión Honoraria hará la selección de los que en el pensamiento no comulgan con las ideas de la dictadura de hace medio siglo y repartirá charreteras en consecuencia.
Un gran lío puede armarse si (Dios libre y guarde) llegamos a perder las elecciones (como vi perder en Nicaragua). ¿Se hace el proceso inverso? ¿Se baraja y da de nuevo?
Hay que dar respuesta y es por eso que las cosas que dice Cores lo llevan a uno a discutir estrategia.
Los milicos del Uruguay, en su enorme mayoría no son del PVP ni del MPP. Muchísimos son del FA aunque no lo digan. Pero incluso esos (los del FA) no están de acuerdo con lo nuestro de 1970 (como tampoco lo están muchísimos dirigentes del FA).
Es una realidad cruel pero es una realidad. Hay gente que a pesar de que somos tan lindos no nos quiere. ¿Y cuál es el problema?
No queda para nada claro cómo es que piensa Cores "depurar" a las FFAA (en el supuesto de que las considere necesarias).
Pero debo reconocer que le tengo terror a esa palabreja: trae el recuerdo aciago de Stalin pero también reminiscencias de Hitler.
Nuestra tarea (la del Poder Judicial) es castigar delitos y como fuerzas políticas tratar de convencer a las mayorías. Esta también es una discusión estratégica.
Luego Cores con una viga en cada ojo protesta por "mi rezongo opositor" en este tema.
Sin embargo propone derogar o anular la Ley de Caducidad en contra de lo resuelto por el Congreso del Frente Amplio.
A mí me parece muy bien que Cores, junto a Rafael Michelini y al Partido Comunista trate de cambiar las resoluciones del Congreso (y no me quejo cuando otros intentan hacer lo mismo con otros temas).
No es coherente por lo tanto afirmar que "resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno"
Cores termina afirmando que sobre el tema Berríos el senador EFH cambia una línea de acción que estaba aprobada.
Yo creo, por lo expuesto, que quien la cambia es Cores. *
(*) Senador de la República
Lunes, 17 de abril, 2006 - AÑO 12 - Nro.2163
Debate en la izquierda
Fuerzas Armadas, lo pendiente sigue colgado
¿Cuál la doctrina que prevalece en las aulas y en los Estados Mayores, la de la Seguridad Nacional? ¿Cómo se enseña en los liceos militares la historia uruguaya y latinoamericana de los años que precedieron al golpe de Estado? ¿Qué se transmite acerca de los años 73 al 84, cuando desde las FFAA arreció la represión contra los sindicatos, los gremios estudiantiles, los docentes, los periodistas, los abogados, los músicos y los carnavaleros?
HUGO CORES (*)
1. No resulta fácil discutir con el compañero EFH. Dado su lenguaje sobrado y su propensión a los adjetivos hirientes, hacerlo es casi una osadía. Difícilmente sale ileso quien decida no acatar sus 'argumentos'. Después de muchos años blandiendo la pluma, vino a resultar que hirió a menos gente como guerrillero que como polemista.
2 A la vez, con el tono y el lenguaje con que se expresa resulta sorprendente. Cuando habla en defensa de los militares pedidos por la justicia chilena los denomina, una y otra vez, 'capitancitos', 'mayorcitos', 'perejiles'. ¿Qué léxico es ese? En la vida política del país nunca he oído a nadie que, tratando temas que importan, se exprese públicamente en esos términos. ¿Qué es lo que se quiere trasmitir? ¿Indicios de qué?
3. En el tema que nos ocupa, el ir y venir de aforismos ridiculizadores interesa menos que la materia sobre la que se discute: la situación de las FFAA bajo el gobierno de izquierda y la necesidad de avanzar en la lucha contra la impunidad.
4. Desde esos parámetros analizo la cuestión de las extradiciones a Chile. Carece de interés si el suscrito se apoltronó, se contradice o está amarrado al año 1970.
5. No tengo contacto con ninguna logia militar; están prohibidas. Y son, o pueden ser, una amenaza para la democracia. Todo lo que conozco es lo que se ha venido diciendo en la prensa. O lo que se aprende escuchando a los militares frenteamplistas, que en su momento fueron destituidos y encarcelados. Es bastante para formarse una opinión.
6. EFH sostiene que apoya su posición en el análisis del expediente judicial sustanciado en el Juzgado de Pando. Debo decir que, del mismo modo que para el periodista de Brecha, para el suscrito ese material resultó infranqueable. No está disponible para el público.
7. EFH me reprocha que sólo apoyo el juicio a militares, en este caso de bajo rango. No es así. Creo que habría que juzgar a todos los que han cometido crímenes contra la humanidad, incluyendo a los civiles como Bordaberry y Juan Carlos Blanco. En el caso que nos ocupa al general Aguerrondo, jefe de los que ahora están requeridos por la Justicia chilena. Y a los responsables civiles que hicieron la vista gorda, como Mariano Brito y Luis A. Lacalle.
8. Sostiene que me equivoco porque el secuestro y asesinato de Berríos no es una expresión tardía del Plan Cóndor. Para él es un aperitivo, dice. Un anticipo de males mayores que están por venir. Siendo que EFH vislumbra eso, con más razón debiera acompañar medidas destinadas a procesar a todos los que han ejecutado acciones de este tipo.
9. Sostiene también que me equivoco pues no hubo secuestro. Bien y si no hubo secuestro ¿cómo llegó Berríos a la playa en la que fue encontrado con dos tiros en la nuca? Estaba bajo custodia de militares uruguayos y apareció muerto. Lo que ocurrió en el medio es secuestro.
10. Para EFH el pedido de extradición forma parte de un atropello a nuestra soberanía nacional. Una violación iniciada cuando se trajo a Berríos a Uruguay en 1991 para evitar que compareciera ante la justicia.
11. Los hechos muestran que el pedido formulado por la Justicia chilena es bien distinto a la acción pinochetista de quienes, en 1992, revistando en la 'Unidad Especial' de la DINE, secuestraron a Berríos. La acción de la Justicia es el fruto de muchos años de lucha democrática, dentro de Chile, contra la impunidad.
12. No es admisible la expresión "los chilenos" que -en pleno sarampión "patriótico"- emplea EFH. De ese modo, mete en un mismo saco a los verdugos pinochetistas de la Unidad Especial de la DINE y a los familiares de Letelier; a Contreras y la DINA y a la Vicaría de la Solidaridad; a los fascistas chilenos con los abogados, periodistas y militantes políticos de ese país que luchan contra la impunidad.
13. Fue la (impresentable) decisión de archivar el expediente judicial en Pando porque no había pruebas contra Casella, Sarli y Radaelli, lo que dejó abierto el camino para que los militares uruguayos sean juzgados en Chile.
14. Berríos fue silenciado para ocultar crímenes de la dictadura pinochetista. El sujeto estaba vinculado a otras actividades antisociales, como la fabricación de gases letales, la elaboración y tráfico de drogas.
15. Esos otros aspectos del personaje Berríos, interesantes para la novela que EFH anunció que quiere escribir, (por el momento podría sacarse las ganas con un unipersonal) no son relevantes para las peripecias del químico de la DINA en Uruguay.
16. La búsqueda que nos interesa es otra. Aquí a Berríos, otros tan asesinos como él pero con más poder y con complicidad de autoridades locales, lo secuestraron y mataron para evitar que declarara en los juzgados chilenos donde se investigaban los asesinatos de Carmelo Soria y Orlando Letelier.
17. No siento ninguna solidaridad ni simpatía por un represor por el hecho que sea uruguayo. Y menos podría sentir rechazo a priori contra un magistrado chileno que esté investigando los crímenes de la dictadura pinochetista.
18. EFH ha dicho que por el secuestro y posterior asesinato de Berríos no hay militares chilenos presos. No sé si eso es así ahora. Lo que sí es público y notorio que hubo varios militares procesados con prisión, entre ellos dos generales (R) de Ejército, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. Ambos dirigían la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época del secuestro de Berríos, en 1992. Así como el capitán (r) Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (r) Manuel Pérez Santillán.
19. Todos ellos fueron procesados con prisión. Más que saber si años después siguen presos, importa constatar que el asunto en Chile fue ventilado en los tribunales en forma pública y exhaustiva. Y que la verdad se conoció y se difundió. En Uruguay estamos a muchos kilómetros de esa situación.
20. No se trata que, con posterioridad a la aparición del cadáver de Berríos, "los chilenos" vinieron acá e incurrieron en toda clase de violaciones a las leyes de nuestro país. Compraron testigos, etc.
21. Los que vinieron a investigar la muerte de Berríos y me guío por los escritos de un estudioso de estos temas, Samuel Blixen- son Luis Fuentes Sotomayor, Nelson Jofré Cabello y Rafael Castillo Bustamante, investigadores policiales que han trabajado en la aclaración de varios crímenes de la dictadura pinochetista.
22. He sostenido que el programa frenteamplista hacia las Fuerzas Armadas está demorado. Y que uno de los capítulos que importan es la depuración de las FFAA. El senador, y el flemático liberal-tolerante que hay dentro del senador, se horrorizan.
23. Dice EFH que le recuerdo a Hitler y a Stalin. Podía recordarle hechos más recientes, como ser la cantidad de veces que, en la elaboración de resoluciones en el FA, se ha usado esa expresión. Recordar, por ejemplo, la entrevista, en cuya preparación participó EFH, del entonces presidente del Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez, con el ministro de Defensa Iturria y los comandantes en jefe, en 1997. En ese momento en nombre del FA, se entregó a los mandos militares las resoluciones de los congresos del FA, en las que estaba, con todas las letras, la expresión que hoy tanto mortifica al compañero senador.
24. Democratizar las FFAA, depurarlas de las ideas y de los jefes con ideas golpistas, erradicar la tendencia de los mandos a desarrollar su autonomía frente a la conducción política del país y terminar con los obstáculos a la conducción civil indicada por la Constitución. Sólo eso.
25. ¿Cuál la doctrina que prevalece en las aulas y en los Estados Mayores, la de la Seguridad Nacional? ¿Cómo se enseña en los Liceos Militares la historia uruguaya y latinoamericana de los años que precedieron al golpe de Estado? ¿Qué se trasmite acerca de los años 73 al 84, cuando desde las FFAA arreció la represión contra los sindicatos, los gremios estudiantiles, los docentes, los periodistas, los abogados, los músicos y los carnavaleros?
26. Finalmente, un acto que no podía ser oficial porque así lo había resuelto el gobierno, contó con la presencia de los mandos de las tres armas. No les correspondía asistir a un acto donde se hizo la apología de la dictadura y se atacó al gobierno. Menos correspondía la presencia de efectivos del Batallón Florida y del Regimiento de Blandengues de Artigas de Caballería Nº 1. Qué me dice el compañero EFH ¿hay o no hay un problema que habría que encarar con la conducción de las FFAA? *
2 A la vez, con el tono y el lenguaje con que se expresa resulta sorprendente. Cuando habla en defensa de los militares pedidos por la justicia chilena los denomina, una y otra vez, 'capitancitos', 'mayorcitos', 'perejiles'. ¿Qué léxico es ese? En la vida política del país nunca he oído a nadie que, tratando temas que importan, se exprese públicamente en esos términos. ¿Qué es lo que se quiere trasmitir? ¿Indicios de qué?
3. En el tema que nos ocupa, el ir y venir de aforismos ridiculizadores interesa menos que la materia sobre la que se discute: la situación de las FFAA bajo el gobierno de izquierda y la necesidad de avanzar en la lucha contra la impunidad.
4. Desde esos parámetros analizo la cuestión de las extradiciones a Chile. Carece de interés si el suscrito se apoltronó, se contradice o está amarrado al año 1970.
5. No tengo contacto con ninguna logia militar; están prohibidas. Y son, o pueden ser, una amenaza para la democracia. Todo lo que conozco es lo que se ha venido diciendo en la prensa. O lo que se aprende escuchando a los militares frenteamplistas, que en su momento fueron destituidos y encarcelados. Es bastante para formarse una opinión.
6. EFH sostiene que apoya su posición en el análisis del expediente judicial sustanciado en el Juzgado de Pando. Debo decir que, del mismo modo que para el periodista de Brecha, para el suscrito ese material resultó infranqueable. No está disponible para el público.
7. EFH me reprocha que sólo apoyo el juicio a militares, en este caso de bajo rango. No es así. Creo que habría que juzgar a todos los que han cometido crímenes contra la humanidad, incluyendo a los civiles como Bordaberry y Juan Carlos Blanco. En el caso que nos ocupa al general Aguerrondo, jefe de los que ahora están requeridos por la Justicia chilena. Y a los responsables civiles que hicieron la vista gorda, como Mariano Brito y Luis A. Lacalle.
8. Sostiene que me equivoco porque el secuestro y asesinato de Berríos no es una expresión tardía del Plan Cóndor. Para él es un aperitivo, dice. Un anticipo de males mayores que están por venir. Siendo que EFH vislumbra eso, con más razón debiera acompañar medidas destinadas a procesar a todos los que han ejecutado acciones de este tipo.
9. Sostiene también que me equivoco pues no hubo secuestro. Bien y si no hubo secuestro ¿cómo llegó Berríos a la playa en la que fue encontrado con dos tiros en la nuca? Estaba bajo custodia de militares uruguayos y apareció muerto. Lo que ocurrió en el medio es secuestro.
10. Para EFH el pedido de extradición forma parte de un atropello a nuestra soberanía nacional. Una violación iniciada cuando se trajo a Berríos a Uruguay en 1991 para evitar que compareciera ante la justicia.
11. Los hechos muestran que el pedido formulado por la Justicia chilena es bien distinto a la acción pinochetista de quienes, en 1992, revistando en la 'Unidad Especial' de la DINE, secuestraron a Berríos. La acción de la Justicia es el fruto de muchos años de lucha democrática, dentro de Chile, contra la impunidad.
12. No es admisible la expresión "los chilenos" que -en pleno sarampión "patriótico"- emplea EFH. De ese modo, mete en un mismo saco a los verdugos pinochetistas de la Unidad Especial de la DINE y a los familiares de Letelier; a Contreras y la DINA y a la Vicaría de la Solidaridad; a los fascistas chilenos con los abogados, periodistas y militantes políticos de ese país que luchan contra la impunidad.
13. Fue la (impresentable) decisión de archivar el expediente judicial en Pando porque no había pruebas contra Casella, Sarli y Radaelli, lo que dejó abierto el camino para que los militares uruguayos sean juzgados en Chile.
14. Berríos fue silenciado para ocultar crímenes de la dictadura pinochetista. El sujeto estaba vinculado a otras actividades antisociales, como la fabricación de gases letales, la elaboración y tráfico de drogas.
15. Esos otros aspectos del personaje Berríos, interesantes para la novela que EFH anunció que quiere escribir, (por el momento podría sacarse las ganas con un unipersonal) no son relevantes para las peripecias del químico de la DINA en Uruguay.
16. La búsqueda que nos interesa es otra. Aquí a Berríos, otros tan asesinos como él pero con más poder y con complicidad de autoridades locales, lo secuestraron y mataron para evitar que declarara en los juzgados chilenos donde se investigaban los asesinatos de Carmelo Soria y Orlando Letelier.
17. No siento ninguna solidaridad ni simpatía por un represor por el hecho que sea uruguayo. Y menos podría sentir rechazo a priori contra un magistrado chileno que esté investigando los crímenes de la dictadura pinochetista.
18. EFH ha dicho que por el secuestro y posterior asesinato de Berríos no hay militares chilenos presos. No sé si eso es así ahora. Lo que sí es público y notorio que hubo varios militares procesados con prisión, entre ellos dos generales (R) de Ejército, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. Ambos dirigían la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época del secuestro de Berríos, en 1992. Así como el capitán (r) Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (r) Manuel Pérez Santillán.
19. Todos ellos fueron procesados con prisión. Más que saber si años después siguen presos, importa constatar que el asunto en Chile fue ventilado en los tribunales en forma pública y exhaustiva. Y que la verdad se conoció y se difundió. En Uruguay estamos a muchos kilómetros de esa situación.
20. No se trata que, con posterioridad a la aparición del cadáver de Berríos, "los chilenos" vinieron acá e incurrieron en toda clase de violaciones a las leyes de nuestro país. Compraron testigos, etc.
21. Los que vinieron a investigar la muerte de Berríos y me guío por los escritos de un estudioso de estos temas, Samuel Blixen- son Luis Fuentes Sotomayor, Nelson Jofré Cabello y Rafael Castillo Bustamante, investigadores policiales que han trabajado en la aclaración de varios crímenes de la dictadura pinochetista.
22. He sostenido que el programa frenteamplista hacia las Fuerzas Armadas está demorado. Y que uno de los capítulos que importan es la depuración de las FFAA. El senador, y el flemático liberal-tolerante que hay dentro del senador, se horrorizan.
23. Dice EFH que le recuerdo a Hitler y a Stalin. Podía recordarle hechos más recientes, como ser la cantidad de veces que, en la elaboración de resoluciones en el FA, se ha usado esa expresión. Recordar, por ejemplo, la entrevista, en cuya preparación participó EFH, del entonces presidente del Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez, con el ministro de Defensa Iturria y los comandantes en jefe, en 1997. En ese momento en nombre del FA, se entregó a los mandos militares las resoluciones de los congresos del FA, en las que estaba, con todas las letras, la expresión que hoy tanto mortifica al compañero senador.
24. Democratizar las FFAA, depurarlas de las ideas y de los jefes con ideas golpistas, erradicar la tendencia de los mandos a desarrollar su autonomía frente a la conducción política del país y terminar con los obstáculos a la conducción civil indicada por la Constitución. Sólo eso.
25. ¿Cuál la doctrina que prevalece en las aulas y en los Estados Mayores, la de la Seguridad Nacional? ¿Cómo se enseña en los Liceos Militares la historia uruguaya y latinoamericana de los años que precedieron al golpe de Estado? ¿Qué se trasmite acerca de los años 73 al 84, cuando desde las FFAA arreció la represión contra los sindicatos, los gremios estudiantiles, los docentes, los periodistas, los abogados, los músicos y los carnavaleros?
26. Finalmente, un acto que no podía ser oficial porque así lo había resuelto el gobierno, contó con la presencia de los mandos de las tres armas. No les correspondía asistir a un acto donde se hizo la apología de la dictadura y se atacó al gobierno. Menos correspondía la presencia de efectivos del Batallón Florida y del Regimiento de Blandengues de Artigas de Caballería Nº 1. Qué me dice el compañero EFH ¿hay o no hay un problema que habría que encarar con la conducción de las FFAA? *
(*) Ex diputado, editorialista.
