lunes, 9 de mayo de 2011

Carta abierta de "Frenteamplistas contra la impunidad"-"El Plenario del FA estableció un claro mandato a los legisladores"/Referentes de izquierda no aceptan argumento "electoral" de Mujica/MPP sostiene que hay que "tener en cuenta los plebiscitos"

Carta abierta de "Frenteamplistas contra la impunidad"

"El Plenario del FA estableció un claro mandato a los legisladores"

Eduardo Galeano Uno de los firmantes
Eduardo Galeano Uno de los firmantes
Un grupo autodenominado "Frenteamplistas Contra la Impunidad", moderadores de un blog de igual nombre, difundieron una carta abierta dirigida al Frente Amplio y la opinión pública para discrepar con José Mujica, en cuanto a que derogar la ley de Caducidad arriesga un tercer gobierno.
"Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos", afirman en su misiva, al afirmar que "la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo".
"El compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014", señalan los firmantes.
Los autores de la carta advierten, en sentido contrario, que "el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores". "La discusión es un hecho y debemos afrontarla", dicen.
"Nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo", afirmaron los autores de la carta abierta.
Señalan que en la "elaboración del proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional", y "si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto".
Indican que la caducidad es "inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales", permite la impunidad de delitos de lesa humanidad", y que sus "efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas" y porque "lo decidió" en marzo "la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
"No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está"; "La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante".
"Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos", afirman para discrepar: "No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno".
"Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz", argumentan, quienes entienden que se debe "respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos".
Los firmantes hasta el momento del cierre de la edición, eran Eduardo Galeano, Margarita Percovich, Belela Herrera, Guillermo Chifflet, Ana Olivera, Daniel Viglietti, José Díaz, Zelmar Michelini (h), Marina Arismendi, Miguel Fernández Galeano, Victorio Casartelli, Maria Elia Topolansky, Fernando Pereira, Edgardo Oyenard, Juan Faroppa, Sara Méndez, Coriún Aharonian, Mariano Arana, Ricardo Elena, general (r) Juan Antonio Rodríguez Orlando, Pablo Anzalone, Marcelo Pereira, Gabriel Mazzarovich, Carlos Caillabet, Juan Castillo, Jorge Mazzarovich, Alejandro Zavala, Milton Romani, Ricardo Posada y Henry Engler.
La Republica

Referentes de izquierda no aceptan argumento "electoral" de Mujica

Caducidad. El MPP sostiene que hay que "tener en cuenta los plebiscitos"
DANIEL ISGLEAS
Un grupo de figuras de izquierda emitió ayer una declaración en la que señala su discrepancia con la tesis esgrimida por el presidente, José Mujica, respecto al daño que la ley interpretativa podría infligir a las aspiraciones electorales del Frente Amplio y a la profundización de su proyecto político.
Artistas y referentes políticos como Eduardo Galeano, Marina Arismendi, Mariano Arana, Daniel Vigletti, Ana Olivera, Milton Romani y el dirigente sindical Juan Castillo, entre otros, afirman que "si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos. De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas", sostienen.
La declaración toma como referencia la reciente proclama de Mujica de que "el tercer gobierno nacional (...) que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos", y su advertencia de que "todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante la crítica de otros partidos".
Los firmantes replican: "No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno", y señalan que aceptar tal disyuntiva "sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad".
"Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas", manifiestan los signatarios, entre quienes figuran además Margarita Percovich, Belela Herrera, Guillermo Chifflet, Zelmar Michelini (h), el ex ministro del Interior José Díaz y el ex subsecretario Juan Faroppa.
La declaración recuerda en su encabezado que "el Plenario Nacional (del FA) estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores".
Se admite que "si aparecen otras ideas (alternativas) habrá que considerarlas con el mayor respeto", pero a continuación se señala que "no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante".
Los firmantes afirman que "la impunidad fue impulsada con amenazas y engaños" y se intentará "mantenerla con recursos jurídicos y políticos".
Sobre el plebiscito de 2009, que la izquierda impulsó con sus firmas y que no llegó a obtener la mayoría que requiere la ley para su aprobación, argumentan que "se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor".
Frente al debate interno que se ha generado en la izquierda a propósito de la anulación, enfatizan: "No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos".
NUEVOS ELEMENTOS. La carta se hizo pública en coincidencia con la resolución de la flamante dirección del Movimiento de Participación Popular, principal sector del gobierno, que llamó a seguir negociando pero teniendo en cuenta "el hecho de las consultas populares realizadas".
La dirección del MPP evaluó que hay "nuevos elementos" políticos y jurídicos a analizar para excluir del ordenamiento jurídico la ley de Caducidad, y aprobará hoy en la Mesa Política la convocatoria al Plenario Nacional el próximo sábado.
"Toda la bancada de legisladores del MPP va a acatar lo que resuelva" el Plenario Nacional, dijeron a El País fuentes del MPP.
Entre los nuevos elementos a considerar figuran el exhorto del presidente Mujica y la vía alternativa sugerida en la comisión de Constitución y Códigos por el catedrático de derecho constitucional Martín Risso.
En caso de ser convocado, el Plenario podría ratificar el mandato a los legisladores, ya aprobado, o abrir paso a la discusión de un proyecto alternativo, idea que favorecen públicamente el vicepresidente Danilo Astori y el catedrático José Korzeniak.
En este último caso, no sería posible sancionar una nueva ley antes del 20 de mayo, una fecha que el Frente considera emblemática al coincidir con la "Marcha del Silencio" por las víctimas de la dictadura.
Hasta ahora, sin embargo, no aparecen a la vista nuevas mayorías que pudieran torcer en un Plenario Nacional la resolución vigente, teniendo en cuenta el importante peso de las bases.
El País Digital



 TEXTO INTEGRO DEL LLAMADO

"Frenteamplistas contra la impunidad"

Domingo, 08 de mayo de 2011

Queridos compañeros, queridas compañeras:

Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.

En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.

Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.

El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.

La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.

La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.

Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.

En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.

No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.

Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.

Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.

Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.

Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.

Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.

De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.

FIRMAN: Eduardo GALEANO, Margarita PERCOVICH, Belela HERRERA, Guillermo CHIFFLET, Ana OLIVERA, Daniel VIGLIETTI, José DÍAZ, Zelmar MICHELINI (h), Marina ARISMENDI, Miguel FERNANDEZ GALEANO, Victorio CASARTELLI, Maria Elia TOPOLANSKI, Fernando PEREIRA, Edgardo OYENART, Juan FAROPPA, Sara MÉNDEZ, Coriún AHARONIAN, Mariano ARANA, Ricardo ELENA, General ® Juan Antonio RODRIGUEZ ORLANDO, Pablo ANZALONE, Marcelo PEREIRA, Gabriel MAZZAROVICH, Carlos CAILLABET, Juan CASTILLO, , Jorge MAZZAROVICH, Alejandro ZAVALA, Milton ROMANI, Ricardo POSADA.

Sumá tu voz a está campaña enviando un mail con tu nombre a:

frenteamplistasxjusticia@gmail.com

Caducidad. Surge nuevo proyecto basado en la opinión del doctor Risso con precisiones de Korzeniak

Derogación y revocación por decreto:  Ejecutivo procura ajustes a tesis Risso

Un nuevo proyecto que deroga la Ley de Caducidad, realizado en base a la opinión del doctor Martín Risso con precisiones realizadas por el catedrático José Korzeniak, será presentado al Plenario del FA para sustituir al polémico interpretativo que carece de votos en Diputados.

Loreley Nicrosi | La Republica
Reemplazo. Acuerdan alternativa para destrabar controversia en el oficialismo.
Reemplazo. Acuerdan alternativa para destrabar controversia en el oficialismo.
Al mismo tiempo, en filas del Poder Ejecutivo se elabora el decreto por el cual quedarán sin efecto los actos administrativos realizados por los gobiernos blancos y colorados, para que luego de derogada la ley comience a correr la prescripción.
No obstante, allegados al mandatario José Mujica aseguraron a LA REPUBLICA que el Ejecutivo no firmará el decreto, hasta tanto el Frente Amplio (FA) lo solicite.
Más de 80 casos de denuncias sobre delitos de violación a los derechos humanos fueron archivados por la Justicia en base a los decretos firmados por los ex presidentes colorados y blancos, que desestimaron las denuncias por estar comprendidas en la Ley de Caducidad.
Ante la búsqueda de una salida política al crítico callejón en que ingresó el oficialismo por los reparos que tiene el proyecto interpretativo por parte de sus principales líderes, el presidente del FA, Jorge Brovetto y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, comenzaron a buscar alternativas para destrabar la situación.
Ante el acuerdo que existe en algunos sectores de la izquierda sobre la propuesta de Risso, Brovetto y Breccia consultaron a Korzeniak. El constitucionalista socialista dijo a LA REPUBLICA que la alternativa de Risso "es una solución ingeniosa que tiene aspectos positivos". Admitió que mantuvo conversaciones con el fin de dar sus impresiones, para que "en el próximo Plenario Nacional se discuta un texto".
"Las bases (del proyecto) están conversadas", reconoció Korzeniak y añadió que el planteo de Risso jurídicamente no tendría objeciones.
"Es muy poco vulnerable del punto de vista jurídico. Derogar no es inconstitucional", precisó.
Respecto al decreto que debería aprobar el Poder Ejecutivo, Korzeniak sostuvo que si "la Ley de Caducidad es inconstitucional, los decretos (que ampararon las denuncias en la norma) son ilegales". El dirigente socialista dijo que conoce a Risso porque fue su ayudante durante un año. "Es muy inteligente. Al proyecto hay que pulirlo un poco, en algunos aspectos", expresó. En ese sentido, Korzeniak subrayó que "el tema de la prescripción empieza a correr, derogada la ley".
"La Ley de Caducidad no permitía que la denuncia prosperara. El principio jurídico es que al justamente impedido (aunque la ley sea injusta) no le corre término. Derogada la ley, desaparece el impedimento", destacó.
Consideró que en el Plenario del FA del próximo sábado "se conversará sobre este proyecto que es atractivo y quizás menos vulnerable a las impugnaciones", que el que fue aprobado en el Senado.
En relación a los reclamos que pueden surgir desde el propio FA respecto a la "retroactividad", Korzeniak opinó que "no puede ponerse en duda, porque esos decretos son ilegales. El efecto retroactivo del decreto está amparado".

Discrepancia

Por otra parte, el ex senador socialista remarcó que no compartió la idea de incluir en el proyecto que aprobó la izquierda en el Senado el término "interpretativo", por considerar que "es absolutamente inadecuado".
"Una ley que dice que perdona a los militares no puede interpretarse para decir que no los perdona", expresó.
Recordó que en la iniciativa que él le había presentado al FA como proyecto alternativo al que genera controversia, planteaba "no aplicar" la Ley de Caducidad, en base a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, sobre la inconstitucionalidad de la norma.
El nuevo proyecto alternativo inspirado en la tesis de Risso es el que maneja el MPP, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista y cuenta con el aval del Poder Ejecutivo y del ex presidente Tabaré Vázquez.
El hecho de que el referente socialista intervenga en la propuesta de Risso, puede llevar a que exista alguna flexibilización en el Partido Socialista.
Los socialistas al igual que el Partido Comunista, el PVP, otros grupos minoritarios y delegados de base del FA, insisten en aprobar el proyecto interpretativo el 19, pese a las resistencias que genera. Sin embargo, la izquierda se encamina a ir a un Plenario en donde quedará claro, que si no hay acuerdo respecto a la nueva iniciativa, la falta de votos del MPP y de otros sectores en Diputados, haría fracasar el proyecto interpretativo.

Carta de 9 puntos de Mujica a Brovetto. "No podemos pasarle por arriba a 2 plebiscitos"

"Los dados están echados" y "en parte" el daño al FA "está hecho"

El presidente de la República, José Mujica, expresó en forma personal, el pasado miércoles 4 a los diputados del Frente Amplio y luego el viernes 6, a través de una misiva, al presidente de la coalición, Jorge Brovetto, su postura discordante sobre el proyecto interpretativo de la Caducidad.

José Mujica. El Presidente explicó por carta sus dichos a la bancada del FA.
José Mujica. El Presidente explicó por carta sus dichos a la bancada del FA.
En la carta, de 4 carillas y 9 puntos, el presidente lamentó la falta de reserva pedida a los diputados del Frente Amplio y comparó esta circunstancia con la reserva que durante más de 50 días mantuvieron los 200 presos que prepararon la fuga más grande del mundo, la de Punta Carretas.
"A las discrepancias no se las contesta con insultos, no hace al compañerismo", dice Mujica en su escrito, tras rechazar el "argumento divisionista que afirma que discrepar con el camino elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad". Se entristeció además porque "le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite". Se pregunta ¿qué nos pasó?, ¿por qué forzamos este camino? E intenta respuestas, para culminar ratificando que no vetará si es aprobada la ley interpretativa "salvo que el Frente me lo pidiera", según trascendidos de allegados a Mujica.
El presidente, José Mujica, expresó que su gran discrepancia con el proyecto interpretativo de la Caducidad es aparecer ante el pueblo "pasándole por arriba a dos plebiscitos", y reiteró su "repulsa" al mecanismo del veto presidencial, el cual sólo utilizaría si se lo solicitara el Frente Amplio. "En materia global de Derechos Humanos, ninguna conquista es más importante que la continuidad y la profundización del proyecto frenteamplista", afirmó.
Mujica ratificó su postura discordante con respecto al proyecto interpretativo de la Caducidad.
Remarcó que la gran divergencia es "aparecer ante el pueblo pasándole por arriba a dos plebiscitos" y "embarrarle la pista" a la futura fórmula política del Frente Amplio.
A la vez, agregó que la misma izquierda le ha "fabricado una espléndida espada a la oposición" para que la "decapite". También se refirió a su postura filosófica contraria a aplicar el mecanismo del veto presidencial, y comentó que nunca lo utilizaría, salvo que el Frente Amplio se lo solicite.
En su misiva, Mujica detalla todos los argumentos que presentó a la bancada de Diputados, y reclama "hay que ser sabios para manejar las discrepancias sin dejar heridas irreparable para la unidad del Frente".
Dirigido a los "queridos compañeros" el presidente agrega: "quiero decir lo que pienso para que seamos responsables y carguemos con las consecuencias. No espero ningún cambio. Los dados están echados y en parte el daño al futuro político del Frente está hecho".
En su carta, Mujica sostiene que en materia global de derechos humanos, "ninguna conquista es más importante que la continuidad y la profundización del proyecto frentista".
Advierte que la permanencia del FA en el gobierno en un futuro, "dependerá que se sostengan los logros actuales y muchos otros pendientes, pero posibles y necesario".
Desde esa óptica, agrega la carta, "todo lo que afecte gravemente la imagen del Frente ante la gente, todo lo sirva como arma importante a la derecha, conspira a la larga contra los derechos humanos de nuestro pueblo".
Sobre la ley de caducidad, Mujica subrayó que "es una carga histórica abominable" y que desde un principio estuvo en contra, y recordó que ya en 1986 en un Ejecutivo partidario, se propuso juntar firmas para convocar a un plebiscito en su contra, lo que después se concretó en acuerdos con otros sectores.
Asimismo recordó que en este segundo plebiscito, se le solicitó un gesto para ayudar a juntar firmas, y "lo hice, porque los hechos se impusieron". Entonces, destacó "el Frente no estaba pero estaba... Hasta hoy, nadie se hizo cargo del error de percepción pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que le impusieron la línea".
El presidente sostiene que comparte la necesidad de entierrar la ley de caducidad, "pero no comparto el camino elegido porque en nuestra visión tiene peligros politicos tal vez insuperables".
"Rechazo el argumento divisionista que discrepar con el camino elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad". Más adelante sostiene que ese argumento es "un insulto indirecto a nuestro pueblo y considero que los compañeros que piensan así, lo hacen porque se fanatizan en una lucha larga y obnubilan su racionalidad. Si nos equivocamos, si no es por calentura es mucho peor. Estamos rotos aunque falta lo formal" sentencia.
En cuanto a las discrepancias sobre el camino de insistir en la ley interpretativa, el presidente apunta al hecho de "aparecer ante nuestro pueblo pasándole por arriba a dos plebiscitos". Explica que no hay argumentos entendibles para defender ante futuros ataques de la derecha.
"Le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite", y agrega "estamos muy lejos en años de elegir nuestra fórmula, pero si nos encargamos ya de embarrarle la pista".
Mujica les reconoce a los diputados que "los dados están echados" e insiste en el desprecio a la herramienta del plebiscito, recordando que con ella se logró frenar la embestida del neoliberalismo cuando se quiso privatizar las empresas públicas. En aquel entonces, señala, "tuvimos la madurez que hoy perdimos".
Al intentar explicar esa actitud, Mujica considera que "la siembra dolorosa que con sus procedimientos hizo la dictadura, dejo no sólo la sed de justicia, sino que construyó odio implacable que ciega el razonamiento".
Enseguida vuelve a plantear los riesgos políticos. "La extrema derecha derrotada, sin proponérselo, por nuestra reacción apasionada que obvia a los plebiscitos, le regala a la derecha institucionalizada una herramienta formidable. ¿Juntarán firmas, nos tendrán años discutiendo?, ¿y el porvenir?".
"Aclaro que deseo fervorosamente estar equivocado y que no es tan grave el hadicap que damos".
Finalmente el presidente de la república sostiene su rechazo al veto. "Nunca lo usaría, salvo que el Frente me lo pidiera, esto como criterio general para cualquier decisión"

Topolansky: para que “todos los compañeros sepan exactamente la parada” que se juega el FA

La primera senador oficialista dijo estar convencida de que la decisión del Plenario sobre el futuro de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad será la misma que antes de ingresar al Senado

+ Horacio Pintos, especial para El Observador - 06.05.2011, 20:51 hs Texto: -A / A+

La senadora Lucía Topolansky prefirió no especular respecto a la decisión que tomará el plenario del Frente Amplio (FA) en relación al proyecto que anula la Ley de Caducidad, aunque aseguró estar  convencida de que “va a tomar la misma resolución” que ya adoptó antes de que la norma ingresara al Senado.
Topolansky hizo esas declaraciones este viernes  en Maldonado, en el marco de una visita en la que se reunió con dirigentes del MPP y participó en actividades de la Intendencia departamental y la Unidad Desconcentrada de OSE.
La senadora oficialista dijo que la reunión del Plenario será trascendente para que “todos los compañeros sepan exactamente la parada” que se juega el FA “y la información que hay”.  Agregó que no sabe lo que va a decir el Plenario y que no le “preocupa demasiado”. “Estoy convencida de que va a ser la misma resolución, pero no es lo mismo ser consciente… saber que se puede desatar una catarata de impugnaciones”, dijo consultada por los medios locales.
La senadora aludió de esa forma a los informes de algunos catedráticos que advierten la posibilidad de una andanada de recursos de inconstitucionalidad contra la ley que cuenta con media sanción del Senado. “No podemos mirar para el costado y decir no va a pasar nada. La idea es que todos los miembros del Plenario estén absolutamente informados, que vean algunos peligros y se valoren, y que nos hagamos cargo al dar el paso”, consideró.
De todas formas, opinó que “no hay que dramatizar la situación”, que se deben evitar “posiciones extremas” y que “no se puede poner en la situación blanco y negro”.
En relación a las críticas de la oposición acerca de que el presidente de la República, José Mujica, está preocupado por los costos políticos y no porque la iniciativa legal que impulsa el FA desoye el resultado de dos consultas plebiscitarias, la senadora –y esposa del jefe de Estado– respondió: “Señáleme algún político que no se preocupe por el costo político de sus acciones”.

"Disolviendo"...de a poco

Este año habrá 2.500 efectivos menos en las FF.AA.

La idea es obtener recursos para brindar aumento de salarios
El gobierno tiene planes para reducir este año en 2.500 la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas con el fin de obtener fondos frescos para mejorar el salario de los uniformados, anunció el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla.
Esta es la segunda etapa de un programa de reducción que comenzó a aplicar el Poder Ejecutivo en 2010, logrando reducir en 1.100 el número total de militares, y que se piensa culminar cuando la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas haya bajado sido reducida en 6.500 lugares, del total de aproximadamente 30.000 efectivos que revistaban cuando José Mujica asumió la Presidencia.
Los anuncios de Bonilla fueron hechos en la edición de abril de la Revista Naval, una publicación especializada en asuntos militares y particularmente estratégicos para la Armada Nacional, y que es editada por el Club Naval.
Bonilla explicó en la entrevista que hasta ahora, con las 1.100 vacantes obtenidas se permitió dar un sobre sueldo de $ 500 al personal subalterno y al primer escalón de oficiales.
"Según el Ministerio, con cada 1.000 vacantes se logra un ahorro de $ 80 millones. Este año se piensa redistribuir $ 200 millones en sueldos", dijo el militar, que anunció que sus planes son que se pueda aumentar un 20% el salario de todos los oficiales y que "los que den clase cobren una compensación".
La referencia de Bonilla a los profesores de institutos militares que a la vez son oficiales es que una decisión del gobierno eliminó las dietas que se abonaban regularmente por esta tarea adicional.
En la entrevista, el jefe castrense admitió que los bajos salarios afectan la moral del personal. "Es cada vez más difícil para un líder en las Fuerzas Armadas motivar a la gente", reconoció Bonilla, quien sostuvo que ha hecho el planteo de esta situación al Poder Ejecutivo porque hacerlo "es parte del liderazgo".
Bonilla afirmó que hay "desequilibrio grande" entre los salarios de los militares y los policías, y que en consecuencia "la motivación de los superiores a los subalternos es prácticamente nula".
La mejora de los salarios es una antigua reivindicación de las Fuerzas Armadas.
El País Digital


Al Le Pen criollo le falto EL MURO, como en Gaza

Blancos reciben a Saravia

09.05.2011 | 8.47 El Espectador

A las 9.30 el Directorio del Partido Nacional recibirá al senador frenteamplista Jorge Saravia, quien presentará sus proyectos en torno a la seguridad.
Blancos reciben a Saravia

Los mismos consisten en habilitar la custodia militar en zonas rojas y la creación en cuarteles de hogares granja para menores.

Uruguay: Información sobre derechos y recursos legales para caso de razzias, operativos o detenciones policiales
Las razzias son inconstitucionales, informate, difundí y defendete
Ivonne Leites Blog Atea y Sublevada | Para Kaos en la Red | 4-5-2011 a las 23:59 |
www.kaosenlared.net/noticia/uruguay-informacion-sobre-derechos-recursos-legales-para-caso-razzias-
Adjuntamos y difundimos un material elaborado desde IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) para  informar sobre derechos y recursos habeas corpus para utilizar en caso de razzias, operativos saturación o detenciones policiales.
  Solicitamos mayor difusión posible
      Descarga los dos documentos para difundir:
                                Razzias
                                Solicita Habeas Corpus

http://ateaysublevada.over-blog.es/article-uruguay-informacion-sobre-derechos-y-recursos-legales-para-utilizar-en-caso-de-razzias-operativos-o-detenciones-policiales-72955784.html
 

ARGENTINA:  LA JUSTICIA INVESTIGARA LAS ADOPCIONES DE TODOS LOS BEBES ABANDONADOS EN LA CIUDAD Y LA PROVINCIA DURANTE LA DICTADURA

En busca de la complicidad judicial

en el robo de niños

El juicio por la apropiación de menores ya provocó otros efectos: el juez Norberto Oyarbide analiza los expedientes penales y tutelares de chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983. Y la Corte bonaerense releva guardas y trámites de adopción en ese período.
 Por Irina Hauser
Pagina 12
La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado. Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones. El juez federal Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983 que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.
“Tenemos la expectativa de poder detectar el blanqueo de apropiaciones mediante mecanismos de adopción. La posibilidad de encontrar un nieto en esa búsqueda existe y es alta. De los 104 casos resueltos, el 30 por ciento fueron chicos robados por procedimientos de guarda y adopción”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas, a Página/12. A la vez advirtió que hasta ahora pocos jueces se han decidido a avanzar contra sus pares envueltos en esos trámites irregulares. “Sólo en Santa Fe se llegó a procesar al juez Luis Vera Candiotti por supresión de identidad”, agregó.

Adopciones express

Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002, cuando se comprobó que era hijo de Sara Méndez, uruguaya, secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Buenos Aires, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A Simón, que tenía sólo veinte días, se lo llevaron. “No se preocupe, señora –le dijeron los hombres de civil, después de molerla a golpes–, al niño no le va a pasar nada, porque no es una guerra contra los niños.” Sara buscó a su hijo incansablemente, y lo encontró 26 años después. Se lo habían dado en adopción a Osvaldo Parodi, un subcomisario que habría estado vinculado con su propio secuestro, igual que el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo. El policía obtuvo en menos de un mes la guarda definitiva del chiquito. ¿Quién se la dio? El entonces juez de menores Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal.
El año pasado, un grupo de querellantes en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, encabezadas por María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, decidió denunciar penalmente a Mitchell junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. En el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura también se presentó Hebe de Bonafini. Analizaron qué había hecho el juez al recibir la denuncia del abandono de Riquelo, hallado en teoría en la puerta del Sanatorio Norte –cerca de la casa de Sara– y cómo lo entregó a Parodi. No se hizo “la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de hábeas corpus que en aquella época se presentaban”, decía la denuncia, que le tocó al juez Oyarbide, y que también pedía que se incautaran los expedientes penales y tutelares vinculados con supuestos abandonos de niños durante la última dictadura.
Oyarbide optó por empezar de la manera más amigable y mandó un oficio en el que pide en buenos términos la documentación a sus colegas de los juzgados de menores. Con este método recopiló unos cuarenta, que están en pleno análisis. El abogado Alejo Ramos Padilla, que representa a Chicha Mariani, querellante, le dijo a Página/12 que en un conjunto de expedientes de abandono de niños tramitados por Mitchell pudo observar el mismo mecanismo: “Llegaba la denuncia de abandono de los bebés, en ascensores, alguna iglesia, en un hall, donde fuera. En cuestión de horas o unos días el juez disponía hasta la guarda definitiva. La guarda provisoria a veces la daba en veinticuatro horas. Tenemos visto un expediente donde dos agentes de Coordinación Federal (centro clandestino de la Policía Federal) llevan un chiquito de dos días de vida al Hospital Elizalde. Pero el juzgado no realiza ninguna medida para ver de dónde salió ese chico o qué pasó con sus padres. Ni en éste ni en ningún trámite de los que pudimos ver”, advirtió Ramos Padilla. En el caso de Riquelo, agregó, en la primera foja hay una declaración de un policía de la comisaría 33ª, Vicente Caccaviello, que figura como quien encuentra al bebé. Sin embargo, cuando declaró en la causa contra Ruffo, dijo que ignoraba los hechos y que, si lo hubiera hallado él, obviamente “lo recordaría”.

Estela

Hace dos semanas, durante el juicio sobre apropiación de menores, la titular de Abuelas, Estela Carlotto, contó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) una anécdota escalofriante. Cuando buscaba a su nieto en 1978 –relató– acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después del cual fue asesinada. La beba, le dijeron, sólo había estado dos días ahí, pero Estela pudo ver los papeles que decían que el juez era Mitchell. Intentó que la atendiera, pero él le mandó un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo a través de ex detenidas que su nieto era varón. Todavía lo busca. Su reciente testimonio dio lugar a que el TOF6 derivara denuncias al juzgado de Oyarbide y al Consejo.
El abogado Ramos Padilla había hecho una presentación que incluía ese mismo relato de la presidenta de Abuelas publicado en el libro Botín de guerra, donde además decía que en la Casa Cuna a la nena la llamaban María Julieta. Ramos Padilla sostiene que es Julieta Treviño, a quien Mitchell dio en guarda para su adopción a unos parientes suyos, también “en forma expeditiva”. Además, el abogado había cuestionado a su vez a dos funcionarios judiciales que fueron secretarios de Mitchell durante la dictadura. Uno de ellos, José Allevato, lo sucedió más tarde al frente del juzgado. Con el menemismo fue director de Asuntos Jurídicos de la SIDE. El otro, José Martínez Sobrino, integra el TOF6 que lleva adelante el juicio por robo de hijos de desaparecidos, pero por esta denuncia quedó afuera del caso.

Jueces y jueces

Desde que Carlotto volvió a poner el tema en el tapete, la causa de Oyarbide recuperó envión. Por lo pronto ella está citada para dar testimonio este miércoles, dijeron allegados a la causa. Abuelas se presentó como querellante. Pero además, el juzgado resolvió mandar oficios para chequear la nómina de todos los jueces y secretarios que estuvieron al frente de los juzgados de menores durante el terrorismo de Estado. Mitchell, por su parte, hizo una presentación en la que dice que entre 1976 y 1983 habrá tramitado unas cuatro denuncias de bebés que eran denunciados como “NN”, abandonados, al año.
También se presentó, de manera espontánea y con un escrito, la actual jueza federal María Servini de Cubría, que fue jueza de menores todo el período investigado. “Quiero aventar toda sospecha sobre mi actuación como magistrado en las causas en las que se involucraba a menores abandonados, tanto durante la dictadura militar, como en los gobiernos civiles constitucionales que lo precedieron y sucedieron en mi gestión de juez”, dice. “Arbitré todos los medios entonces a mi alcance para dar con los familiares de los niños encontrados y cuando pude dar con los mismos, dispuse su inmediata entrega”, agrega. Servini cuenta dos casos de bebés que aparecieron con cartelitos, uno que decía que era hijo de un miembro de Montoneros, y otro que decía su nombre, Emiliano Hueravilo. En ambos casos encontró a los abuelos con solicitadas en los diarios. Más allá de su autodefensa, Servini le avisa a Oyarbide que debería encontrar en la caja fuerte de su ex juzgado algunos expedientes que podrían dar pistas fuertes sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos. “Ordené resguardar las actuaciones de mayor relevancia en el ámbito más seguro y reservado”, informa, con lo que deja en evidencia que los jueces sabían perfectamente de dónde podían venir esos chicos que aparecían como por arte de magia y terminaban en hospitales pediátricos.
El expediente a cargo de Oyarbide todavía está en sus inicios. “Es una investigación necesaria”, remarcó el abogado Iud. Del mismo modo, contó que el año pasado le pidieron a la Corte bonaerense un relevamiento de expedientes de adopción en la provincia de Buenos Aires, con la intención de tener datos sistematizados y accesibles sobre posibles jóvenes apropiados para cotejar con su propia información. En una acordada, ese tribunal resolvió revisar archivos y libros de mesa de entradas y, luego, al menos 15 mil expedientes. En Capital, Ramos Padilla dice que muchos expedientes tutelares fueron destruidos, quemados, ya en democracia con la excusa de falta de espacio. Sin embargo, agrega Iud, había una acordada de la Corte Suprema que ordenaba preservarlos.
La semana pasada, la jueza Arroyo Salgado, en el contexto de la causa sobre el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, dispuso relevar 15 expedientes de menores anotados como “NN” que tramitaron en el juzgado de Ofelia Hejt (fallecida), la misma jueza que los entregó como hijos adoptivos a la dueña de Clarín. Ramos Padilla sostiene que el expediente que instruye Oyarbide es “la demostración, a partir de Mitchell, de la complicidad judicial, que aún existe, con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen, su identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”.
(Argentina) Apropiación de menores:
elemento fundamental en el delito de genocidio
Juicio por la apropiación de bebés en la dictadura
casapueblos-AEDD | Para Kaos en la Red | Hoy a las 8:05 | 
www.kaosenlared.net/noticia/argentina-plan-sistematico-apropiacion-menores-elemento-fundamental-de
El plan sistemático

El Tribunal Federal Nº 6 intenta desentrañar el sistema por el cual los hijos nacidos en cautiverio eran entregados a personeros de la represión. El papel de los jueces.

A fines de febrero comenzó en los Tribunales de Retiro el juicio oral por el plan sistemático de robo de niños. El Tribunal Federal Oral Nº 6 investiga en particular 35 expedientes, datos de niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. Los casos son sólo algunos de los más de 400 denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas de las víctimas recuperaron su identidad o, como dijo Victoria Montenegro –una de ellas–, “aparecieron”. Otras, en cambio, permanecen de-saparecidas, entre ellas sugestivamente los nietos de las tres primeras presidentas de las Abuelas de Plaza de Mayo: Alicia “Licha” de la Cuadra, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani y Estela Carlotto. En el juicio, las querellas intentan probar no sólo los datos de cada caso sino la trama que construyó la sistematicidad. El papel de los jueces y la función de todo el sistema judicial en el blanqueo o legalización de esos robos son uno de los aspectos que se abordan. Aún aparecen en la etapa del caso por caso, pero ya empiezan a hablar de la sistematicidad.

El juicio tiene audiencias dos o tres veces por semana, en forma alternada. Los acusados son la línea de los altos jefes responsables políticos de la represión, entre ellos Jorge Rafael Videla, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, ex jefe de Inteligencia de la ESMA. Los responsables directos o apropiadores directos de los niños se están juzgando sólo en algunos casos. La mayoría ya tuvo su juicio oral y fue condenado o, en otros casos, todavía las causas están en la etapa de investigación y no entraron en el tramo final del juicio oral.

Los casos que se están juzgando son representativos en varios aspectos. Las apropiaciones corresponden a niños nacidos en centros de exterminio de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. La mayoría nació en los tres centros de exterminio con maternidades clandestinas: ESMA, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. Pese a eso, hay casos de nacimientos también en otros lugares como La Cacha o la comisaría 5ª de La Plata. Durante las primeras semanas y hasta ahora, las audiencias se estructuraron alrededor de un caso y de un centro. Hasta ahora se revisaron especialmente los casos del Pozo de Banfield y los centros de detención, torturas y exterminio de La Plata.

De la mano de algunos de esos testigos empezaron a aparecer datos o nombres que exceden los casos en investigación. Hubo testigos que mencionaron por ejemplo nombres de embarazadas con las que se toparon en los centros clandestinos que no forman parte de este tramo de la causa. Y aun así, los jueces y las querellas se detienen en ellos para hacer nuevas preguntas, y apuntar. Esa escucha no parece estar destinada sólo a probar la sistematicidad sino a conseguir lo que alguna de las querellas –como Abuelas de Plaza de Mayo– esperan del juicio, que es ampliar todo lo posible la información a partir de los testigos.

Entre esos nuevos datos aparecieron los nombres y roles de quienes compusieron la pata civil de la represión, entre ellos jueces o fiscales. Uno de los testimonios más rotundos lo dio Estela Carlotto cuando fue convocada a hablar por la desaparición de su hija Laura y el nacimiento en cautiverio de su nieta. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció en esa audiencia al entonces juez de menores Gustavo Mitchell y hoy juez de Casación, por una amenaza. El dato de Mitchell no era nuevo. Su nombre integra la historia de la apropiación de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, otro de los casos de este juicio. Mitchell firmó los papeles de adopción por los que Simón terminó anotado como hijo de un comisario. Y si bien es uno de los casos de este juicio, aún no se trató.

Otro de los momentos en los que el juicio tocó las denuncias sobre el Poder Judicial fue el testimonio de Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, a cargo del grupo de tareas que entró a la casa familiar y autor del asesinato de su padre. Victoria denunció en la audiencia al actual fiscal de Casación, Juan Martín Romero Victorica, porque protegió a su apropiador durante las primeras investigaciones judiciales, le nombró a un grupo de abogados que pudieron sacarlo de la cárcel y le daba información adelantada sobre los avances de la causa. La denuncia se escuchó durante el juicio, pero terminó potenciada porque el fiscal del juicio, Martín Niklison, le pidió al Tribunal impulsar una denuncia para investigar a Romero Victorica. Las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y de Chicha Mariani apoyaron el pedido y, un día más tarde, el planteo ganó espacio judicial cuando el TOF 6 lo dio por aprobado..
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viernes 6 de mayo de 2011

Piden nuevamente que el Cardenal Bergoglio declare en los juicios por robos de bebés en la dictadura

La fiscalía y las Abuelas de Plaza de Mayo exigieron que el prelado declare lo que sabe de la desaparición de los hijos de militantes.

La fiscalía y las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron hoy ante el tribunal que juzga la existencia de un plan sistemático por el robo de bebés nacidos en cautiverio que sea citado a declarar el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, quien volvió a ser mencionado en un juicio por crímenes de lesa humanidad.

El jefe de la Iglesia católica argentina fue mencionado en  relación con el caso del nacimiento y apropiación de la nieta de una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia "Licha" de la Cuadra.
A viva voz la hija de "Licha", quien falleció en 2008 a los 93 años, le reclamó al Tribunal Oral Federal 6, que juzga entre otros a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone por la apropiación de las criaturas hijas de desaparecidos, que lo cite a declarar a Bergoglio como testigo.

"Es la tercera vez que lo pido ante un tribunal: lo vamos a citar para que declare o no lo vamos a citar para que declare", exigió Estela de la Cuadra, hermana de Elena de la Cuadra, actualmente desaparecida, madre de "Ana", la criatura que nació en cautiverio el 16 de junio de 1977 en la comisaría 5ta de La Plata.

Ante la pregunta de la testigo, la presidenta del tribunal,  María del Carmen Roqueta, le respondió que "en estos momentos no podemos resolver nada", pero al término de la audiencia las querellas, entre ellas de Abuelas, y el fiscal Martín Nickinson, pidieron que Bergoglio sea citado a declarar en la causa. La criatura también es hija de Carlos Baratti, un obrero de YPF, cuyo cuerpo apareció en un balneario de la costa atlántica, luego de haber sido arrojado al mar en los llamados "vuelos de la muerte".

La mujer recordó que en la causa por lo crímenes cometidos en la ESMA, el Tribunal Oral 5 que juzga entre otros a Alfredo Astiz, se constituyó en el Episcopado para tomar declaración testimonial a Bergoglio, diligencia durante la cual habría asegurado que se había enterado "hace más o menos diez años que había desaparecidos".

"Eso es absolutamente inmoral", enfatizó la testigo quien a la vez es querellante en la causa, y que aportó abundante documentación respecto del derrotero que siguieron las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977, reclamando por la aparición de los nietos desaparecidos desde 1976.

Entre esos reclamos mencionó además los pedidos individuales que efectuaron sus padres antes de fundarse la entidad, y entre ellos mencionó las entrevistas con Bergoglio cuando éste era Provincial de la Companía de Jesús de la órden de los Jesuitas.

Publicado por Casapueblos - AEDD
en 01:04

martes 3 de mayo de 2011

Victoria Moyano Artigas, quien recuperó su identidad en 1987. ayer contó su historia

“Nos daban como mascotas, te elegían”

En la causa por el plan sistemático de robo de bebés, Victoria recordó que nació en el Pozo de Banfield; su madre está desaparecida. Fue entregada al hermano de un comisario. Su maestra de primer grado denunció el caso a las Abuelas de Plaza de Mayo.
     
 Por Alejandra Dandan

Habían pasado exactamente diez años, como si los números dijeran algo. El 30 de diciembre de 1977 secuestraron a su madre con un embarazo de cuatro meses. El 30 de diciembre de 1987, Victoria Moyano Artigas entró al juzgado de Juan Ramos Padilla porque iba a conocer su identidad. “Lloraba el juez, lloraba el secretario, la asistente social, llorábamos todos; era una situación difícil, pero finalmente me dijo que yo tenía a una parte de mi familia en Uruguay y que era descendiente de Artigas, como para consolarme; me empezó a explicar que era hija de desaparecidos, que era una situación difícil que yo entendí recién a los días.”

Un día más tarde, el 31 de diciembre, Victoria conoció a las abuelas biológicas en ese mismo juzgado de Morón. “Eran las tres de la tarde, en el patio del juzgado habían puesto una mesa con sanguchitos, era algo festivo, yo sabía que iba a conocerlas, así es que con todas las tristezas y contradicciones preparé galletitas de limón y conocí a Blanca, a Enriqueta, a Susana, Chicha y Estela, de Abuelas de Plaza de Mayo.” Las abuelas le mostraron fotos de sus padres. Y el juez le dijo que a partir de ese momento iba a vivir con ellas. “Yo dije que no quería, pero Juan me dijo: o vas o vas. Y bueno, conocí a otra parte de mi familia y así empezó la vida con la familia biológica.”

Victoria Moyano Artigas contó su historia en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Se sujetó cuanto pudo a la historia política de sus padres: María Asunción Artigas Milo y Alfredo Moyano. Antes de que las defensas preguntaran nada, ella los situó en el espacio político de la resistencia obrero-estudiantil, ubicó a su madre como habitante del barrio La Teja de Montevideo, “el barrio obrero por excelencia”, explicó. Durante ese fragmento del relato, se topó con una bravuconada de Luis Velazco, único defensor particular de los represores, abogado de Ruben Oscar Franco, ex juez de instrucción. Golpeando los dedos contra la mesa, gritó en medio de la sala: “¡Terminemos con la arenga revolucionaria!”. Luego del freno de las querellas, especialmente de Alejo Ramos Padilla y unas palabras de la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, Victoria respondió diciéndole simplemente lo que pensaba: “Esperé 32 años para hablar y tengo todo el derecho a hacerlo, yo no estoy en el banco de acusados y son ellos los que tienen que dar explicaciones”.
La historia

Hasta diciembre de 1987, Victoria era María Victoria Penna, supuesta hija de María Elena Mauriño, una ama de casa, y Víctor Penna, empleado textil y hermano de Oscar Penna, comisario de la Brigada de San Justo, la persona que alguna vez se acercó personalmente a los calabozos del Pozo de Banfield donde estaba secuestrada la madre de Victoria para preguntarle si necesitaba algo, para chequear ese embarazo del que estaba a la caza y, cuando ella pidió vitaminas, se aseguraron de comprárselas.

–¿Qué le dijeron sobre su origen? –preguntó el fiscal Martín Niklison.

–Desde que yo soy consciente me habían dicho que era hija adoptada, pero de lo que había pasado con mis padres hubo varias versiones. Cuando era chica, me dijeron que se habían muerto en un accidente y con el correr de los años que mi mamá se había muerto en el parto y mi papá me abandonó.
La salida

Victoria no lo sabía, pero su maestra de primer grado acercó la denuncia de su caso a Abuelas de Plaza de Mayo. Olga Fernández la conocía hacia tiempo, porque su hijo era compañero del hermano de crianza de Victoria. Cierta vez, el chico llegó a su casa diciendo que tenía una hermanita. Pero Olga sabía que María Elena no había estado embarazada y sabía del cuñado comisario. Cuando Victoria entró a primer grado, ella fotocopió todos los papeles. Para entonces Victoria ya decía que era hija adoptiva, pero en los papeles aparecía como hija biológica de María Elena y de Víctor. “Fueron momentos de mucha angustia para mí –dijo Victoria–, yo lloraba sistemáticamente y ella fue una de las personas con las que yo hablé de todas estas angustias y estos problemas.”

Mientras tanto había pasado la vida. El apropiador de Victoria había muerto cuando ella tenía un año, y el supuesto tío Oscar se había hecho cargo de su cuñada y de los niños. “Tuvo un rol importante para mí en cuanto a la figura masculina –dijo Victoria–, sobre todo para mi hermano Juan Ignacio, que no es hermano biológico, pero yo voy a hablar de él como mi hermano.” A los siete años, Victoria estaba en la casa de los supuestos abuelos y la mandaron a dormir con un tono distinto al habitual: “Yo me hago más bien la dormida –dijo–, y escucho una conversación en la que Oscar Penna –me acuerdo textual– dice: ‘Cayó Camps, y yo me voy a ir a Bahía o Bahamas, y si preguntan por mí decí que no me ves hace dos años`”. A partir de ahí, no lo vio más.

Camps era un nombre conocido en la casa. Se hablaba de Camps habitualmente. Ella no lo conocía, pero se lo imaginaba como un jefe. El 30 de diciembre de 1987 empezó el proceso de reconstrucción de identidad, y con él la posibilidad de reentender algunos de esos nombres. Ese día llegaron algunos hombres del juzgado a su casa. Hubo forcejeos. Ella imaginó alguna discusión por deudas, pero nunca lo que iba a pasar. “Lo que menos imaginé era que se estaba resolviendo el problema de mi identidad, no entendía nada, pero estaba nerviosa, me decían que me iban a llevar al juzgado porque yo no era hija de ellos, sino que tenía otra familia que había que averiguar quién era, fue un momento bastante difícil, pero yo me di cuenta de que me iba y no iba a volver y se lo dije a mi hermano: ‘Siempre uno encuentra a alguien –le dije–, un primo, alguien’ y yo sabía que iba a encontrar.”

Victoria vivió a partir de ese momento entre Buenos Aires y Montevideo, pero no podía establecerse en Uruguay porque sus documentos demoraban. Un día en los alrededores del estadio de River, durante el concierto de Sting, cuando las Abuelas organizaban la entrada al estadio, se dio cuenta de que su apropiadora estaba ahí: había ido a buscarla.

“Ella quería que yo la viera –dijo Victoria–: yo estaba en un micro, y ella perseguía al micro y a mí me dio una crisis de nervios, estaba temerosa de poder encontrármela en algún lado; yo no la quería ver y no me la quería encontrar, yo no podía vivir de esa manera, con miedo, y me fui sin documentos a Uruguay.”

Después de un tiempo se instaló nuevamente en Buenos Aires, el momento en el que empezaron a tener sentido las preguntas que Niklison hacía una y otra vez. ¿Volvió a ver a María Elena?, le decía el fiscal y es que Victoria la volvió a ver. Primero se encontró con su hermano de crianza, y se fue de la casa de su abuela paterna cuando ella lo supo, y entonces le prohibió volver a verlo. Más tarde, a instancias del juzgado, se reunió con su apropiadora: ellos aseguraban que si no hacían ese encuentro, ellas se iban a volver a cruzar en la calle y nadie sabía qué podía pasar. Victoria la vio. Le reprochó todo. Preguntó todo. Y le reclamó por las mentiras: “Ella me dijo que sospechaba que era hija de desaparecidos, pero que no estaba dispuesta a buscar por sí misma porque como veía que yo iba avanzando con las preguntas, ella sabía que en algún momento iba a tener que investigar pero para acompañarme a mí, pero que por sí misma no lo iba a hacer, que para ella era su hija y no estaba dispuesta a entregarme a nadie por más que sea mi familia biológica”.

Con el tiempo, Victoria rearmó la historia robada. Supo que nació en el Pozo de Banfield. Que en ese lugar, el propio Penna visitó a su madre. “Nos daban como mascotas, te elegían, si eras más o menos bonita, fue un plan sistemático dentro de un plan mayor que fue el del genocidio, los 30 mil desaparecidos, y entre ellos mis padres”, concluyó.

por Casapueblos - AEDD