Disparan sobre la jueza Mota LA OFENSIVA CONTRA LOS JUECES EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS
El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º Turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y Parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.
TEXTO: ROGER RODRIGUEZ
De: Caras y Caretas
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave, podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el Juzgado Penal de 3º Turno en la Ciudad de la Costa adelantaban su coraje para enfrentar a una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el Juzgado Penal de 7º Turno, muchos impunes suspiraban de alivio por el traslado al Juzgado Especial sobre Ilícitos Económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.
La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.
Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.
La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.
En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.
El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.
Esa molesta justicia
No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.
La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.
Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.
La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.
El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini
Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar
viernes 27 de mayo de 2011
Difundirlo es sembrar Memoria.
SIGUE LA CAMPAÑA DE PERSECUSIÓN A LA JUEZA MARIANA MOTTA.
Ya lo habíamos anunciado en notas anteriores (18 de marzo del 2011), del hostigamiento desplegado hacia la jueza.
Decía así:
-Durante las últimas semanas, las arremetidas desesperadas hacia la jueza penal de 7º turno Mariana Motta, con el objetivo de desprestigiar su función; no dan fin.
Esta jueza como otros funcionarios del poder judicial, han sido el blanco elegido, por los defensores de los involucrados
en delitos de Lesa humanidad. Como por ejemplo el Dr. Langón, quien incluso ha hecho manifestaciones,
de que el Escuadrón de la Muerte no existió.
Ayer el ex-presidente Batlle y el ex-vicepresidente Gonzalo Aguirre la calificaron de que "aplica recursos hitlerianos"
El derecho a replica es un instrumento que se ejerce en democracia, a diferencia de la oscura y larga noche del Terrorismo de Estado, que vivimos.
------------ o --------------- Blog capturavidas.
La marcha del silencio realizada el día 20 del mes corriente,
Fue una de las más grandes en años. Congregó a 100.000 almas que marcharon en total silencio, luego de la nueva derrota infligida desde el parlamento, sobre la votación para la anulación de la maldita ley de impunidad que aún persiste en nuestra constitución.
La prensa grande, y otros actores, nuevamente traen al tapete una nueva arremetida por la supuesta presencia de la jueza Mariana Motta en la marcha del silencio. Esa noticia solo alimenta el objetivo diseñado tiempo atrás:
quitarla del medio.
Lo que hay que hacer es frenar toda la enorme declaración que vienen haciendo los militares desde hace un buen tiempo. Y hasta ahora no se los ve molestados desde el gobierno o de los responsables de tales mandos. Andan desbocados.
Este plan comenzó en febrero, cuando empezaron a ser citados en el juzgado de la calle Misiones; los militares responsables de delitos cometidos en dictadura.
La jueza Mariana Motta, tiene derecho en su vida privada de tener sus propias actividades, eso no inflinge ninguna falta con respecto al derecho que ejerce.
En tanto su vida personal no colide con el deber y el ejercicio del derecho en los estrados judiciales, no debe ser motivo de sanción.
Desde todas las organizaciones de Derechos Humanos, y aquellas otras comprometidas con la Verdad y la Justicia deberían pronunciarse en forma pública.
Solidaridad con la jueza Mariana Motta!
MARTHA PASSEGGI.
reportera-gráfica. Publicado por Martha Helena en Blog Capturavidas
¿Cuál sería el problema?
Columna de opinión.
La jueza Mariana Mota está en la mira de muchos. No es difícil entenderlo si se consideran, entre otras, sus decisiones relacionadas con los hermanos Peirano y con Juan María Bordaberry, o con la tipificación de delitos de lesa humanidad en la que sus colegas han aplicado otras figuras penales que prescriben.
En los últimos tiempos se han sucedido las acusaciones contra la magistrada, que tiene en su agenda varios asuntos políticamente delicados, y se ha pretendido descalificarla como si se tratara de una fanática ignorante. Las críticas más recientes se centraron en su opinión de que es "obsoleto y profundamente injusto" el precepto de que nadie está obligado a presentar prueba en su contra, una opinión criticada en términos muy duros sin que, curiosamente, los detractores mencionaran en qué especialista se apoyó la jueza para sostenerla.
El jueves, en la primera página de la sección Política de Búsqueda, se dio a conocer que Mota, "a cargo de varias causas vinculadas al pasado reciente, estuvo en la 'marcha' de familiares de desaparecidos" realizada el viernes 20 (por qué la palabra "marcha" se puso entre comillas es un misterio), y que eso fue tema de conversación entre jueces y abogados. Éstos se habrían enterado -de algún modo sobre el cual el artículo no informa- de esa presunta participación de la magistrada en la marcha y habrían discutido si era o no conveniente para preservar su imagen de imparcialidad.
Rápidamente, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que consultaría a Mota para que dijera si estuvo en la manifestación, y -en el caso de que la respuesta sea afirmativa- diera sus razones para ello. Según pudo saber ayer la diaria, la jueza pensaba contestar este lunes, pero sólo se le concedió plazo hasta hoy, viernes.
El abajo firmante ignora si Mota, como muchos otros miles, caminó en silencio por 18 de Julio, y cantó el himno nacional, expresando así su respaldo a la consigna de la marcha: "Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado". Pero si así fue, le cuesta hallar en esas nueve palabras algún concepto que no sea compartible -algo que no deba ser compartido- por cualquier persona encargada de un juzgado.
Los fallos de Mota pueden, naturalmente, ser discutidos, por quienes saben de derecho y por cualquier otra persona (aunque es más útil, por supuesto, que se discutan con algún conocimiento de causa). Lo que sería lamentable es que se la linche por no disimular su adhesión a principios básicos del estado de derecho.
Marcelo Pereira
La Diaria
Defensas de militares recusarán a la jueza Mota
Polémica presencia de la magistrada en "Marcha del Silencio"
Los abogados defensores de los militares indagados por violaciones a los derechos humanos cuyos casos están a cargo de la jueza Mariana Mota, recusarán a la magistrada, luego de conocerse públicamente que participó en la "Marcha del Silencio" el pasado viernes 20.
Mota tramita varios expedientes por crímenes de la dictadura, como por ejemplo el juicio contra el ex dictador Juan María Bordaberry. También procesó al coronel (r) Carlos Calcagno por la desaparición de dos uruguayos en Paraguay, y a los oficiales (r) de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y José Araújo por el homicidio de Ubagesner Chaves Sosa.
A su vez, la jueza tiene a su cargo una denuncia por torturas presentada por un grupo de 13 ex presos políticos de la base de Boiso Lanza, por la que serán indagados varios efectivos de la Fuerza Aérea.
La magistrada estuvo en la última edición de la "Marcha del Silencio", que tuvo lugar por la avenida 18 de Julio en reclamo de información sobre el destino de los desaparecidos, así como castigo para los responsables de esos hechos.
"No tengo por qué decir si estuve o no estuve, es mi vida", dijo Mota al semanario Búsqueda, que el miércoles informó sobre la presencia de Mota en la "Marcha del Silencio".
"Yo estuve... estuve en la calle", expresó la jueza, quien reconoció que en el lugar dialogó con el senador suplente y abogado denunciante en varias causas Óscar López Goldaracena. El País intentó ayer comunicarse con Mota, pero la magistrada no respondió las llamadas en su teléfono celular.
El miércoles, la Suprema Corte de Justicia envió un pedido de información a la jueza para que confirme oficialmente "la versión divulgada por la prensa y recién entonces se resolverá qué se hace", dijo el ministro Jorge Ruibal Pino.
Por ahora, solamente "hay una aparente denuncia de la prensa sobre la concurrencia de una jueza a un aparente acto político", señaló Ruibal Pino al ser consultado por El País.
RECUSACIÓN. La Ley de la Judicatura (15.750) establece en su artículo 94 que los jueces se abstendrán de "expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite".
En el mismo sentido, el ar- tículo 77 de la Constitución de la República establece que los jueces "deberán abstenerse" de "formar parte de comisiones o clubes políticos".
En función de estas disposiciones, los abogados de varios de los militares indagados en causas a su cargo, recusarán a Mota al entender que la magistrada "está demostrando una ideología que no le permite ser imparcial", dijo un defensor.
"Si Mota fuera jueza de familia no tendría importancia, pero en estos casos es importante que no demuestre cuál es su ideología política", agregó uno de los abogados, que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el abogado Emilio Mikolic, quien representa a varios militares que están siendo indagados por Mota por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, adelantó a El País que recusará a la jueza.
"Esto deja en clara evidencia que la jueza Mota no está en condiciones de resolver en estos casos de acuerdo a Derecho", sostuvo Mikolic.
El País Digital
Caducidad: las bases rechazan comisión
El lunes se reúne por primera vez el grupo de trabajo
Las "bases" de Montevideo cuestionaron en el Secretariado del Frente Amplio la convocatoria a una comisión encargada de estudiar alternativas para dejar sin efecto la ley de Caducidad.
Ante el fracaso de la anulación de la Caducidad en Diputados, las "bases" plantearon sus dudas respecto a la conformación de la comisión, dijeron a El País fuentes que participaron en la reunión.
El delegado de las "bases" en el Secretariado, Ernesto Echepare, dijo a El País que hoy se fijará una posición sobre la conveniencia de trabajar en dicha comisión.
El Plenario Nacional de la coalición encomendó a esta comisión el estudio de la realización de un "referéndum ratificatorio" de la anulación de la ley de Caducidad.
Los sectores están todos de acuerdo en convocar la comisión que comenzará a funcionar a partir del lunes. Entre las propuestas que se manejan para dejar sin efecto la ley de Caducidad están la derogación de la ley, establecer en la Constitución que los fallos de la Justicia internacional tengan fuerza legal en el país y la revocación de actos administrativos que ampararon denuncias contra militares dentro de la ley de Caducidad.
El País Digital
Mitos y manías
Un librito escolar del escritor Parson Weems inauguró en 1800 el mito de que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, jamás había dicho una mentira. Dos siglos después, la ciudadanía estadounidense está acostumbrada a que sus gobernantes le mientan en la cara.
Para no ir demasiado atrás, la sinopsis de esta historia puede empezar el 6 de agosto de 1945, cuando Harry Truman anunció que “la primera bomba atómica fue arrojada sobre la base militar de Hiroshima”, ciudad donde vivían medio millón de japoneses inermes, con la intención de “evitar al máximo la muerte de civiles”. En los cinco años siguientes morirían 200.000 a causa del bombardeo. En 1962, un día antes de la invasión a Playa Girón en la que murieron 14 estadounidenses y que contó con apoyo de la CIA, John F Kennedy sostuvo que su gobierno no planeaba “una intervención militar en Cuba”.
Lyndon B Johnson inventó en 1964 “renovadas acciones hostiles contra barcos de Estados Unidos en aguas del golfo de Tonkin” para inyectar más tropas en Vietnam. Nixon mantuvo esa mentira y pronunció tantas otras, sobre todo por el caso Watergate, que terminó renunciando. Una de ellas las resume todas: “No soy un sinvergüenza”. Ronald Reagan juró en 1986 que no canjearía “armas ni nada por rehenes”. Luego, debió admitir que entregó equipo antitanques a Irán con ese fin, aprovechando la operación para canalizar por vías clandestinas dinero a la guerrilla que se oponía en Nicaragua a la Revolución Sandinista.
“Escúchenme. No lo voy a decir de nuevo: no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita [Mónica] Lewinsky”, dijo muy serio por televisión Bill Clinton, quien también bombardeó una fábrica de aspirinas en Sudán con la patraña de que allí se producían armas químicas justo cuando el Congreso lo enjuiciaba por conducta impropia.
A George W Bush no le temblaba una pestaña cuando promovía con argumentos falaces la injustificable guerra en Iraq. Su gobierno fue el imperio de la mentira. Y lo reeligieron. Barack Obama adornó sus informes públicos sobre el asesinato de Osama bin Laden en Pakistán y sobre el ataque a Libia con abundantes engaños y enredos. Su popularidad se disparó al cielo.
Las mentiras presidenciales tienen consecuencias. Facilitan reelecciones, pero también siembran desconfianza en todo sistema político y hasta en valores fundamentales como los de la democracia y la república. Una señal de eso en Estados Unidos es el escaso registro de ciudadanos para ejercer el voto y la elevada abstención electoral, de entre 45% y 60%.
Si Uruguay llegara a esta situación extrema, la obligatoriedad del sufragio disimularía esa desconfianza. Sin embargo, el ejemplo estadounidense recomienda poner las barbas en remojo. El presidente de la República debería dirigirse a la ciudadanía con sinceridad y sin mentiras, y también debe esforzarse por ser verosímil. Debe ser sincero y parecerlo.
Pero la verosimilitud es todo un problema para el presidente José Mujica. Su peripecia en torno de la Ley de Caducidad sirve como muestra. En 1986, su Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) fue de los primeros en apoyar de la campaña por un plebiscito para derogarla. En 2003, el sector logró excluir del programa de gobierno del Frente Amplio la anulación de la norma, procedimiento al que consideraban piantavotos. La posterior campaña por el referéndum contra la impunidad contó con la adhesión de Mujica en 2009, cuando estaba finalizando, y el entonces precandidato argumentó que firmaba porque estaba “podrido de ir a los juzgados”. Una vez que fue candidato a presidente, no dijo en los actos de campaña ni una palabra a favor del voto rosado. Pocas semanas después de ponerse la banda presidencial, su canciller, Luis Almagro, se dedicó a diseñar con la bancada y las autoridades del Frente Amplio una solución legislativa que desactivara la Ley de Caducidad. Un año después, cuando esa solución estaba por aprobarse en el Parlamento, Mujica desautorizó a Almagro. Luego, les advirtió a los diputados frenteamplistas que si apoyaban el proyecto socavarían el rendimiento electoral del oficialismo. Pocos días más tarde, le pidió al diputado Víctor Semproni que lo votara por disciplina partidaria, sin éxito. Tras el fracaso parlamentario, dijo que “es una pena”. Ahora asegura que se propone reanudar por la vía administrativa los 88 juicios que sus antecesores ampararon en la Ley de Caducidad.
Aun con este panorama tan complicado es posible presumir la sinceridad de Mujica. Creer que hace lo que puede con el equipo y las circunstancias que lo rodean. Pero esta suposición resulta cada día más difícil. La pregunta es: ¿Mujica quiere desactivar la ley más nefasta de la historia uruguaya? El menor de los riesgos de una respuesta negativa es que el presidente quede como un mentiroso frente a esta generación y las siguientes. El mayor de los riesgos es que alimente la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y en la democracia. Hagan sus apuestas.
Marcelo Jelen
La Diaria
"Aquellos que se van sin que los echen vuelven sin que los llamen, así que tenemos las puertas abiertas para recibirlo", acotó Heber.
Blancos le abren la puerta a Saravia
Da Rosa impulsa un espacio de "centro izquierda"
Tacuarembó | José Estéves
El senador Eber Da Rosa promueve un espacio de "centro izquierda" en el Partido Nacional, y en ese marco está en conversaciones con el senador frenteamplista Jorge Saravia explorando su regreso a las filas blancas. Saravia estará hoy viernes en Tacuarembó.
"Yo he tenido reuniones con el senador Jorge Saravia, pero hemos hablado en términos generales sobre determinados proyectos concretos porque se trata, naturalmente, de un legislador que pertenece a otro partido político", dijo Da Rosa a El País.
Mientras Saravia se mantenga en el Frente Amplio no habrá "mayor profundidad en las negociaciones, pero hemos hablado en términos generales, tenemos muchos puntos de vista en común, pero hay aspectos en los cuales mantenemos diferencias", agregó Da Rosa.
Saravia fue excluido del Espacio 609 del Frente Amplio luego de votar negativamente el proyecto de anulación de la ley de Caducidad. Su caso está en el Tribunal de Conducta Política de la coalición de izquierda.
"En común tengo con Saravia que el Partido Nacional necesita fortalecer un gran espacio de centro izquierda para hacer viable un proyecto del Partido Nacional, y yo eso lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo", resaltó Da Rosa.
"Es probable que en Tacuarembó haya algún contacto o alguna negociación, pero estamos hablando de un senador que pertenece al Frente Amplio. Veremos qué pasa", agregó.
"Puede darse la posibilidad de una acercamiento a Alianza Nacional o de la conformación de un espacio nuevo dentro del Partido Nacional, un lugar con una manera de enfocar o pensar diferentes las cosas, pero hay que respetar los tiempos que el senador Saravia se tomará para pensar", indicó Da Rosa.
Por su parte, el senador de Unidad Nacional Luis Alberto Heber, dijo ayer, también en Tacuarembó, que el Partido Nacional tiene las puertas abiertas para quien se quiera acercar. "A aquellos que son de nuestro origen y quienes no lo son", dijo Heber, en referencia al pasado nacionalista de Saravia.
"Aquellos que se van sin que los echen vuelven sin que los llamen, así que tenemos las puertas abiertas para recibirlo", acotó Heber.
"Este es un partido popular, nacional, y a mi juicio es un partido de centro, pero si se quiere generar un espacio nuevo, bienvenido sea", sostuvo el senador de UNA.
El País Digital
LEY DE CADUCIDAD
Oposición considera "cerrada" una etapa; FA insistirá con la anulación
Sobre las 5.30 horas, la Cámara de Diputados finalizó la extensa y ardua sesión en la que se votó negativamente el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que pretendía dejar sin efecto sus artículos 1º, 3º y 4º.
Finalmente, y tras 15 horas de debate, la iniciativa no logró la mayoría simple de los presentes en Sala que requería, por lo que la Ley de Caducidad (Nº 15.848) seguirá vigente, como lo ha estado desde diciembre de 1986.
Líderes de la oposición consultados hoy por EL PAÍS digital consideraron que se cerró una etapa del debate y que, en caso de continuar, debe ser con otro enfoque y manteniendo otras prioridades en la primer página de la agenda política.
No obstante, en el oficialismo, el movimiento sindical y organismos defensores de los derechos humanos se pretende buscar otros mecanismos para lograr la hasta ahora fallida anulación de la Caducidad.
El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que el fin de la discusión llegó con un error del presidente José Mujica por el camino elegido para "tratar de solucionar el tema de una parte de los uruguayos".
Bordaberry dijo que ahora se debe trabajar mirando hacia adelante y con la prioridad de solucionar otros problemas como la inseguridad, la educación y la vivienda (ver nota relacionada).
El senador blanco Francisco Gallinal opinó, por su parte, que el debate seguirá, pero que el gobierno debe "concentrarse en lo que tiene que hacer". De todas formas consideró que si a la discusión se le cambia el encare "sería positivo seguir trabajando en este tema" (ver nota relacionada).
NUEVA ETAPA. Para la mayoría del Frente Amplio, el Pit-Cnt y las organizaciones de derechos humanos, tras la votación se abre un nuevo camino para conseguir la anulación de la ley (ver nota relacionada).
El punto de partida será la nueva "Marcha del Silencio" que esta noche se realizará como cada 20 de mayo, donde los familiares reclaman por los desaparecidos y también se recuerda el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
El partido de gobierno ya conformó una comisión que estudiará varias para conseguir la anulación, entre las que figura la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum. Además se maneja la opción de anular los actos administrativos de la dictadura que protegen a los militares.
La votación fue un duro golpe para quienes tenían altas expectativas de que se cumpliera el objetivo. El dirigente del Pit-Cnt, Juan Castillo, dijo a EL PAÍS digital que es un "trago amargo", pero igual llamó a no bajar las banderas que defienden los derechos humanos (ver nota relacionada).
La integrante del movimiento Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, dijo que ahora se deben redoblar los esfuerzos y que, pese a la tristeza, a la marcha de esta noche se concurrirá con "más bronca" que desazón.
VOTACIÓN. Estuvieron presentes los 99 diputados, de los cuales 49 de la oposición votaron en contra del proyecto y la misma cantidad –todos legisladores del Frente Amplio- lo hizo a favor.
El voto 50 del oficialismo estaba en la mano del diputado del Espacio 609 Víctor Semproni, quien, tal como había anunciado y ratificado, se retiró de sala luego de hacer su exposición en contra de la iniciativa.
Semproni no acató, así, el mandato del Plenario del Frente Amplio, por lo que ahora deberá someterse al tribunal de ética de la fuerza política de gobierno. El diputado se había ido del Parlamento sobre las 22.15 horas y retornó a las 1.45 horas para esperar el turno de su exposición, que fue a las 4.10.
El País Digital
La oposición acusó al gobierno de ser "mal perdedor" con el pasado
Ley de Caducidad. Blancos y colorados centraron sus discursos en marcar las contradicciones del Frente Amplio al proponer anular una ley ratificada dos veces por consultas populares
DANIEL ISGLEAS
Con una lluvia de críticas, en la sesión de Diputados la oposición le marcó al gobierno lo que considera una actitud de poco apego a la democracia, al no respetar los pronunciamientos ciudadano sobre la ley de Caducidad.
"Esto es de mal perdedor", planteó el diputado Pablo Iturralde (Alianza Nacional) al fundamentar la posición contraria a la anulación de la ley 15.848. Iturralde apeló a un término futbolero al sostener que el Frente Amplio "quiere ganar en la liga lo que perdió en la cancha".
La intervención del diputado aliancista fue una de las decenas de alocuciones escuchadas a lo largo de la maratónica sesión de la Cámara cuestionando a la izquierda, donde hubo alguna diferencia clara en los planteamientos.
Desde el Partido Nacional se fustigó, además, el hecho de que el Frente haya tomado parte en el pacto del Club Naval, argumento no utilizado por el Partido Colorado que, como participó de esas conversaciones con los militares que desembocaron en la salida a la interrupción institucional, buscó el camino de apurar al oficialismo haciéndole ver el "error político" que significa desconocer la decisión de la ciudadanía.
Así, el diputado Gustavo Espinosa, de Propuesta Batllista, afirmó a voz en cuello que "esta bancada está acá para defender la democracia" y que, al contrario de lo que sostuvo días atrás el ex presidente Tabaré Vázquez, "la mayoría siempre tiene la razón".
Espinosa apeló a manifestaciones del presidente José Mujica en el sentido de que la izquierda tiene una "ínfima mayoría" en el Parlamento, diciendo que "la máxima mayoría es el pueblo" y que en caso de aprobarse la anulación estaríamos ante "el inicio de un camino oscurantista".
"YA SE USÓ". Luego, el nacionalista José Carlos Cardoso recordó que la ley de Caducidad "ya fue utilizada" por el gobierno de Tabaré Vázquez, ya que el ex presidente "fue consultado por la Justicia sobre la muerte de Nibia Sabalsagaray y dijo que ese caso estaba comprendido por la ley, lo cual derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia".
Alrededor de la hora 19.30 se produjo la primera intervención del diputado oficialista Víctor Semproni provocándose un entredicho con el diputado Jaime Trobo (Unidad Nacional). El nacionalista había dicho que el MLN-T cometió "acciones de terrorismo" durante sus incursiones en los años sesenta.
Semproni lo interrumpió para aclarar que lo que hubo no fue "terrorismo" sino "acciones insurgentes" contra el Estado. Trobo recalcó que efectivamente la colocación de bombas y la muerte de personas que no tenían nada que ver con las movilizaciones fueron "actos de terrorismo", y añadió que "esa es la verdad edulcorada que se le inculca a los niños en los textos de estudio".
Los diputados Jorge Gandini (Alianza Nacional) y José Amy (Vamos Uruguay) dijeron que la izquierda no dice toda la verdad y que "cuenta una historia patizamba, renga y unidireccional".
Más tarde, cuando le tocó el turno, Amy dijo que todo el tema se ha basado en "un guión cantinflesco" elaborado por el gobierno. "Aunque los resultados no nos favorezcan, los colorados respetamos lo que la gente decide", insistió.
También el diputado Aníbal Gloodtfotszky (Vamos Uruguay) planteó como argumento crítico que "hoy los muertos, los bebés robados y las mujeres embarazadas asesinadas son meros instrumentos de una estrategia electoral" del gobierno del Frente Amplio, recordando que el presidente Mujica le dijo a sus legisladores que no debían votar la anulación de la Caducidad para evitar comprometer el resultado de la próxima elección. "Se desconocen los plebiscitos como no lo hicieron los militares en 1980, y se convoca a los militantes de la izquierda a rodear el Palacio Legislativo para presionar al Parlamento. Todo es una infamia", destacó Gloodtfotszky.
El representante colorado afirmó que la ley de Caducidad aprobada en 1986 "pretendió un cambio en paz pensando en el futuro del país".
"La gente se hartó del tema"
"La gente se hartó de que este tema domine la atención política del país", sostuvo el diputado Jaime Trobo en un encendido discurso crítico hacia el gobierno. El legislador de Unidad Nacional (UNA) manifestó que esta situación que se ha dado en el Parlamento con la ley 15.848 "responde a un problema interno en el Frente Amplio" que "mezcla la situación política personal con una decisión de Estado". Además dijo que se haría "un gran daño al país" si, por ejemplo, la oposición resolviera cuestionar la ley de amnistía para los integrantes de los movimientos guerrilleros que operaron años atrás.
Posicion del partido Nacional
La bancada de diputados del Partido Nacional emitió una declaración "ante las circunstancias impulsadas por el gobierno y el Frente Amplio en desconocimiento de la voluntad del pueblo". Los representantes blancos afirmaron que ratifican su "posición histórica en defensa de la soberanía popular y de respeto a la libertad del sufragio y el acatamiento de la voluntad que expresa el pueblo". Además expresaron que rechazan "firmemente" la pretensión del FA de someter al país a una discusión interna sobre un tema "del que la ciudadanía se expresó en dos ocasiones". Esto configura "un duro golpe a la soberanía popular expresada libremente". Además aseguraron que "no puede haber trampa jurídica ni legal que saltee esos pronunciamientos, sin que configure una estafa al sistema y a la Constitución". Agrega que "pese a ello, la dirigencia del Frente Amplio insiste en dividir a los orientales por cuestiones del pasado y relega el tratamiento responsable de temas sobre los que es necesario lograr consensos nacionales, como la situación de la educación". Finalmente, la declaración blanca afirma que los diputados nacionalistas rechazan "la convocatoria realizada por el Frente Amplio a la manifestación instrumentada por la dirigencia sindical que pretende erosionar la independencia de los Poderes del Estado".
El País Digital
Pit llama a "redoblar" acciones contra la Caducidad
"A redoblar la esperanza, la convicción y la acción por verdad y justicia", afirma el comunicado que el Pit-Cnt emitió hoy tras analizar la votación parlamentaria donde se ratificó la continuidad de la Ley de Caducidad.
El resultado de la sesión en Diputados fue recibido como un "golpe bajo" y un "trago amargo" por la central obrera.
El dirigente Juan Castillo, en diálogo hoy temprano con EL PAÍS digital, no ocultó su malestar por lo ocurrido y calificó de "lamentable" la actitud del diputado Víctor Semproni (ver nota relacionada).
Castillo dijo que "es una cosa que tiene características frustrantes para miles de compatriotas que han luchado por la vigencia de los derechos humanos. Para una cantidad de gente que no tiene signos de dónde están sus familiares, que reclaman justicia, hoy debe ser un día bastante amargo".
Es en ese sentido que el Pit-Cnt circuló su posición oficial donde, además de reconocer a quienes concurrieron a manifestarse ayer fuera del Palacio Legislativo, expresa su apoyo a las organizaciones de familiares detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.
"Nuestra brega y lucha por Verdad y Justicia (...) reflejadas en la acción de erradicar la Ley de Impunidad de nuestro ordenamiento jurídico, continuará sin pausas y sin claudicaciones, a través de las más diversas formas de movilización democrática de nuestro pueblo", expresa el texto.
Por tal convocan a todos los sectores populares a "redoblar la esperanza, la convicción y la acción" para que, como se dijo en el acto del 1° de Mayo, "con Artigas: que los más infelices sean los más privilegiados".
TRANQUILIDAD. Castillo reconoció que es un momento "delicado, contradictorio, de sensaciones encontradas y con las emociones al máximo".
Llamó a bajar "la pelota al piso, trasladarle ánimo a la gente y seguir luchando". Recordó que hoy se realiza la "Marcha del Silencio" y que se debe trabajar para que la misma sea "multitudinaria".
En el comunicado se afirma que las "decenas y decenas de miles de compatriotas participando de la 16ª Marcha del Silencio, sea la clara demostración de que la lucha continúa".
Si la votación impactará negativamente en el deseo de anular la ley es algo que Castillo no sabe. Tampoco cómo será recibido el resultado de la votación por la sociedad. Sí tiene claro que "las banderas de defensa de los derechos humanos no bajarán nunca; independientemente de la voluntad política de algún sector o la postura de algún legislador", finalizó.
El País Digital
