Pit- Cnt realizará paro parcial en apoyo de Ley interpretativa
El secretariado ejecutivo del Pit- Cnt confirmó la realización de un paro general parcial para el próximo jueves 19. El motivo es la votación en la cámara de Diputados del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad.
El paro será solamente para el área metropolitana y comenzará a las 15 horas. La central sindical planea realizar una concentración frente al Palacio Legislativo. A las 18 horas se realizará un mitin con oradores de la central obrera.
El coordinador del secretariado ejecutivo, Juan Castillo, dijo en radio Carve que "los servicios esenciales contarán con guardia gremial para no privar a la población de esos servicios".
La UNOTT, sindicato que reúne a los trabajadores del transporte, apoyara el paro pero asegura que el transporte funcionará de forma habitual según confirmó el dirigente Roberto Faccio a EL PAÍS digital.
El País DigitalEl paro será solamente para el área metropolitana y comenzará a las 15 horas. La central sindical planea realizar una concentración frente al Palacio Legislativo. A las 18 horas se realizará un mitin con oradores de la central obrera.
El coordinador del secretariado ejecutivo, Juan Castillo, dijo en radio Carve que "los servicios esenciales contarán con guardia gremial para no privar a la población de esos servicios".
La UNOTT, sindicato que reúne a los trabajadores del transporte, apoyara el paro pero asegura que el transporte funcionará de forma habitual según confirmó el dirigente Roberto Faccio a EL PAÍS digital.
Mujica no saca a Almagro y cuestiona a la oposición
"Me tienen harto pidiéndome que saque a tal o cual ministro. ¿Qué están? ¿De varitas?", preguntó el presidente, José Mujica, en Asunción, respondiendo a las críticas de la oposición que ha reclamado que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, sea sustituido por lo ocurrido con la ley de Caducidad.
El País Digital
Un "rebelde" que NO vota en contra de "MI PRESIDENTE,MI VICEPRESIDENTE Y MI EX PRESIDENTE",le falto MI Coronel, QUE FICHA !!
Un "rebelde" que NO vota en contra de "MI PRESIDENTE,MI VICEPRESIDENTE Y MI EX PRESIDENTE",le falto MI Coronel, QUE FICHA !!
Víctor Semproni: "A mí el Plenario no me mandata"
La votación del proyecto que deja sin efecto la ley de Caducidad podría fracasar. El diputado frenteamplista Victor Semproni nuevamente manifestó su intención de no votar la ley interpretativa el próximo 19 de mayo en la Cámara de Diputados.
Sin el voto del legislador, el proyecto —que cuenta con media sanción del Senado— no alcanzaría la mayoría simple de la cámara baja para su aprobación, siempre y cuando haya totalidad de legisladores (oficialismo y oposición) en la Cámara.
En declaraciones a radio Carve, Semproni dijo "que aún no tengo la información oficial sobre lo que resolvió el plenario, pero si me guío por la prensa el Frente no cambio la postura antes de irme de viaje. Es decir que si el Frente no cambió, Semproni tampoco".
Como informara EL PAÍS, Semproni anunció en una reunión de la bancada del MPP que no acompañarían la votación. "Yo personalmente, no voto en contra de la opinión de mi presidente, de mi vicepresidente y de mi ex presidente", dijo el diputado.
Por otra parte el legislador planea mantener una reunión con el presidente José Mujica para definir finalmente su posición, aunque esta no se ha fijado oficialmente. Consultado sobre la posibilidad que el mandatario le pida que acompañe la votación por la unidad del Frente Amplio, Semproni aseguró "a mí el Plenario no me mandata. Yo voto en función de lo que dicta mi conciencia ni por pedido ni por mandato."
"Mi conciencia me dice que (el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad) esta mal que no sirve, que tiene una series de debilidades que van en contra de los ciudadanos de este país" agregó.
Sin el voto del legislador, el proyecto —que cuenta con media sanción del Senado— no alcanzaría la mayoría simple de la cámara baja para su aprobación, siempre y cuando haya totalidad de legisladores (oficialismo y oposición) en la Cámara.
En declaraciones a radio Carve, Semproni dijo "que aún no tengo la información oficial sobre lo que resolvió el plenario, pero si me guío por la prensa el Frente no cambio la postura antes de irme de viaje. Es decir que si el Frente no cambió, Semproni tampoco".
Como informara EL PAÍS, Semproni anunció en una reunión de la bancada del MPP que no acompañarían la votación. "Yo personalmente, no voto en contra de la opinión de mi presidente, de mi vicepresidente y de mi ex presidente", dijo el diputado.
"Mi conciencia me dice que (el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad) esta mal que no sirve, que tiene una series de debilidades que van en contra de los ciudadanos de este país" agregó.
El País Digital
sábado 14 de mayo de 2011
De: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Aporte de Familiares y su profundo y meditado sentir
En el último mes se ha desatado una enorme discusión en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La discusión sobre esa norma opaca la discusión sobre el gran tema de fondo, que es la impunidad. Es a esto a lo que nos queremos referir, porque entendemos que tal como se está discutiendo, el grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aún más confusión en la opinión pública. La ley de Caducidad es una de las fuentes de impunidad, pero no es la única.Desde que detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares, hemos tenido siempre la misma lógica y primigenia aspiración: saber que fue de ellos.
Durante la dictadura sólo se nos mintió y desinformó. Luego, ya en un Estado de Derecho, nuestras simples preguntas fueron ignoradas o recibieron evasivas y se pusieron obstáculos para no investigar. El Estado siguió incumpliendo con sus obligaciones, que no son obligaciones meramente morales o declaraciones de buenas intenciones: son obligaciones jurídicas, exigibles y ejecutables nacional e internacionalmente.
Estos obstáculos fueron múltiples y de diferente tipo: desde la indiferencia gubernamental, pasando por la negligencia burocrática hasta la aprobación por el Parlamento, con las mayorías de la época, de la inconstitucional Ley de Caducidad. No debe dejarse pasar por alto, que la ley de Caducidad contraría además a una Ley que la precede en pocos meses, votada por ese mismo Parlamento: la Ley de Amnistía (Nº 15.737) del 8/03/85 que dice “Artículo 5º.-Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas. Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun por móviles políticos, por personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. Dicha ley invoca e incorpora –además- a los instrumentos regionales e internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
Todos los obstáculos fueron puestos en el marco de una campaña política que a veces atemorizaba a la población con un eventual golpe de Estado; a veces la embelesaba con la idea de de que se estaba llevando adelante un original “cambio en paz” o se la sermoneaba con la reiterada frase “no hay que tener los ojos en la nuca”.
Fue en ese período que el encubrimiento y la impunidad se hicieron política de Estado más allá de lo jurídico. Fue el período en que el Estado se puso de rodillas ante el poder militar. Nunca, durante esos gobiernos, se buscó la verdad, nunca se cambió nada de las FFAA. Se promovió a oficiales con responsabilidad en torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. No se realizó ningún cambio a la doctrina institucional ni en la educación de las Fuerzas para adecuarlos a las necesidades de un Estado Democrático de Derecho. No hubo críticas ni exigencias. Es más: todo se desarrolló en un entorno más cercano a la complicidad que con la necesidad de verdad y justicia de víctimas, familiares y de toda la sociedad uruguaya.
La ley de Caducidad es perversa, pero su aplicación, en esa época, fue aún peor. Por otra parte, importa recordar que la forma represiva de la desaparición forzada contempla la impunidad desde su ejecución (además de los aparatos represivos habituales; grupos de oficiales actuando clandestinamente y en colaboración con paramilitares; seudónimos; vehículos con matrículas falsas; vuelos de aeronaves no declarados y centros clandestinos de tortura y detención, etc.). Los criminales ocultaban sus fechorías no sólo para que estas fueran más terroríficas, también para no asumir, ni en ese momento ni después, su responsabilidad. Ahora, terminada la represión, se escudan en la ignorancia y en ese ignominioso silencio que llaman “deber de lealtad entre camaradas”.
Uruguay, el Estado no propició ninguna comisión investigadora como en Argentina o en Chile, dos países hermanos y tan ligados a nosotros en este tema por el Plan Cóndor.
Los primeros gobiernos post dictadura apostaron a la dilución del problema, a nuestro cansancio, al olvido, al paso del tiempo, a la minimización del crimen. Los proclamados “grandes estadistas”, con su complicidad privaron a nuestra patria de la dignidad. Lo saben: es su peor mancha. Eso no lo pueden disimular aplicando, como ahora, las artes del camaleón.
Los primeros 20 años de retorno a la democracia, jamás el Estado –salvo el tardío esfuerzo de la Comisión para la Paz de recabar información- hizo algo profundo, exigente, en serio…Ese era y es su deber. No había antes ni hay ahora ley alguna que impida el cumplimiento de, al menos, su obligación de investigar e informar la verdad.
Así se asentó la impunidad, así se cristalizó el statu quo de permitir continuar con la desaparición de aquellas personas para las que no hay respuesta. Así el Estado sigue teniendo zonas de no-control sobre parte de sus funcionarios, que están al servicio del pueblo uruguayo y no de interés corporativo alguno. Así se le mintió al Presidente Vázquez; así se llevó a que grupos de ciudadanos deban investigar, excavar…para lograr pedacitos de verdad mientras los que realmente saben qué pasó, callan. Así, ahora, tiene que ser una sentencia internacional la que, para nuestro bochorno, le recuerde al país sus obligaciones incumplidas… Así se llega a esta situación compleja en la que aún no hemos podido comenzar calma, firme y consecuentemente el camino de restituir plenamente el derecho.
Por todo esto es que deseamos transmitir, como lo hacemos desde 1985, algunas de nuestras convicciones:
No hay camino a la verdad sin una investigación profunda. Ella requiere de una seria, confiable y correcta relación con la población. También requiere una enérgica y eficiente coordinación de diversos organismos estatales y no-estatales, nacionales y extranjeros. Requiere de un equipo articulador capacitado, dedicado y con iniciativa. Así, desde hace un año, lo estamos planteando a la Presidencia.
Requiere, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, a propósito del caso planteado (pero que tiene validez para todos los casos similares), la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Requiere que se logre información procedente de dependencias militares y policiales, lo cual implica un cambio de actitud de los jerarcas políticos y de los mandos profesionales. Leamos bien y completamente la sentencia.
Nosotros nunca alentamos la venganza ni el irrespeto a las normas del derecho que rigen en nuestra sociedad y en el mundo. No son palabras, es nuestra trayectoria. Tratamos de llevar sinceramente, con sencillez y sin dobleces, nuestro pensamiento a nuestros compatriotas. Nunca hicimos caudal político, religioso, personal ni de ningún tipo de nuestra lucha con la cual –además de trabajar contra la desaparición forzada- pretendemos contribuir en la construcción de un país más respetuoso de los deberes y de los derechos de todas las personas y de la sociedad. No tenemos tapujos ni intenciones aviesas.
No nos engañemos, la grave y compleja situación en que hoy estamos es jurídica; es también política y afecta compromisos internacionales. Es todo eso, pero es más que eso, es un problema de decencia. Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de soluciones en el papel, imponiendo olvidos ni levantando polvaredas para echar tierra a los ojos ciudadanos.
Desde el fondo de nuestros corazones creemos que hay que apelar a lo que tal vez muchos piensen que es un imposible: a generar un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino.
Empecemos a reconocer que estamos frente a un problema nacional. Es más que un problema del gobierno o del partido de gobierno. No partidicemos un problema de Estado, no se puede responsablemente seguir acumulando idas y venidas, malentendidos y entredichos.
¿A dónde se está llevando al país?: hay una norma que todos los poderes del Estado reconocen que es inconstitucional, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un vacío aberrante de investigación. ¿No se puede solucionar este problema?
Sabemos que la mayoría de los parlamentarios, fuera y dentro del partido de gobierno, honradamente quiere que el país salde esta deuda de una vez por todas. A algunos los conocemos desde la época del “voto verde”: Son los legisladores que, en este mismo período, votaron que la ley es inconstitucional.
El Parlamento, ¿qué va a hacer?, ¿van a seguir los unos, “balconeando” el empantanamiento de las soluciones propuestas y pegándose, de hecho, con el cogollo de políticos que desde siempre optaron por la impunidad de los terroristas de Estado?, ¿van a seguir los otros, empecinados en una propuesta con problemas evidentes? Sería trágico que quedaran ellos y nos dejaran a todos, aprisionados por estas circunstancias.
La sentencia de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado -incluyendo al cuerpo electoral- a cumplir las obligaciones internacionales; como “hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél” pg 238. Nos obliga a todos nosotros. Esto lo tiene que comprender el sistema político y consecuentemente asumir su función más esencial: conducir al país de acuerdo a los principios democráticos y republicanos, a las normas nacionales e internacionales que nos rigen. Esperamos que se halle una solución. Es necesaria para resolver globalmente el problema de la impunidad.
Hay mucho para hacer:
explicar claramente a los ciudadanos que están alejados del tema, que esto nos incumbe a todos.
- despejar la enorme confusión y decepción que hoy afecta a muchos compatriotas.
- de una vez por todas, poner todos los recursos humanos y materiales por parte del Estado para investigar a fondo y en serio la situación de las personas detenidas-desaparecidas.
- trabajar con los actuales miembros de las FFAA; que comprendan que este caprichoso silencio que hoy mantienen no es parte de ningún combate: que es sólo maldad, lisa, pura, llana e innecesaria. Maldad para con los jóvenes que fueron secuestrados de niños y aún no saben quiénes son; para con la sociedad que habiendo sido víctima en múltiples formas durante la dictadura, aspira a mejores niveles de convivencia; para con nosotros. Los mandos de las FFAA pueden y deben contribuir a erradicar las viejas doctrinas de los tiempos de la guerra fría, para llevar a sus filas el aire de respeto y humanitarismo con sólidas raíces en los ejércitos artiguistas y propias de las nuevas concepciones democráticas de las fuerzas militares. Entonces, en ese nuevo clima, esta odiosa postura de silencio de hoy no sería de recibo.
- Todo esto requiere una necesaria rectificación de la doctrina y la formación democrática de las instituciones armadas.
A veces, cuando la razón oscurece, el corazón ilumina.
Entonces, si todos trabajáramos en ese sentido, comenzaríamos a poner a nuestro país en el camino de la dignidad perdida, comenzaríamos a generar las condiciones para la reconciliación y coherencia institucional.
Entonces… tal vez comprenderíamos aquello tan viejo y tan actual de que “la verdad nos hace libres”.
Los invitamos el 20 de mayo a las 19 hrs. a marchar, en todo el país, bajo la consigna
Verdad y justicia: derechos de todos, responsabilidad del Estado
-- Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos Tel: -598-2-9291625 Nicaragua 1332 apto. 205 Montevideo-Uruguay www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com Web: www.desaparecidos.org.uy
CARA A CARA. ENCUENTRO EN CÁRCEL DE DOMINGO ARENA
Silveira dijo "su verdad" a víctima de dictadura
Por más de dos horas Mariana Zaffaroni recibio información del ex integrante de OCOA, documentos secretos y la declaración de inocencia de dos acusados.
Loreley Nicrosi lnicrosi@diariolarepublica.net
15.20 horas. Mariana Zaffaroni se retira de la Unidad Penitenciaria Nº8.
"Antes de darle la mano, quiero decirle que no maté a sus padres", dijo el coronel (r) Jorge Silveira a Mariana Zaffaroni y su esposo, cuando la joven le extendió su brazo para saludarlo, apenas ingresó al módulo de exclusión donde está alojado.
Por más de dos horas se extendió la conversación. El ex integrante de OCOA le dio una foto de 1976, para que Zaffaroni "la mostrara" en Argentina y pudiera comprobar si alguien lo identificaba como parte del personal que actuaba en el centro clandestino de detención, Automotores Orletti.
Tras ofrecerle agua mineral, gaseosa y masitas, Silveira respondió a varias consultas de Zaffaroni y su esposo, en un encuentro que comenzó en forma tensa y se distendió con los minutos. Más allá de los documentos entregados o las respuestas de Silveira, la trascendencia del encuentro se produce por ser la primera víctima directa de la dictadura que se encuentra "cara a cara" con un militar acusado de participar en el asesinato de sus padres.
Para intentar explicarle la forma en que actuaban los militares en Uruguay, Silveira escribió una serie de pautas, bajo el nombre de "premisas". "No combatimos contra mujeres embarazadas, ni participamos en la desaparición de niños", precisó Silveira, para detallar el nombre de cada uno de los menores que fueron entregados a sus "abuelos" cuando sus padres fueron detenidos.
En la reunión, Silveira la entregó una carta del policía retirado Ricardo Medina, en la que afirma que no intervino en el asesinato de los padres de Zaffaroni.
Por más de dos horas se extendió la conversación. El ex integrante de OCOA le dio una foto de 1976, para que Zaffaroni "la mostrara" en Argentina y pudiera comprobar si alguien lo identificaba como parte del personal que actuaba en el centro clandestino de detención, Automotores Orletti.
Tras ofrecerle agua mineral, gaseosa y masitas, Silveira respondió a varias consultas de Zaffaroni y su esposo, en un encuentro que comenzó en forma tensa y se distendió con los minutos. Más allá de los documentos entregados o las respuestas de Silveira, la trascendencia del encuentro se produce por ser la primera víctima directa de la dictadura que se encuentra "cara a cara" con un militar acusado de participar en el asesinato de sus padres.
Para intentar explicarle la forma en que actuaban los militares en Uruguay, Silveira escribió una serie de pautas, bajo el nombre de "premisas". "No combatimos contra mujeres embarazadas, ni participamos en la desaparición de niños", precisó Silveira, para detallar el nombre de cada uno de los menores que fueron entregados a sus "abuelos" cuando sus padres fueron detenidos.
En la reunión, Silveira la entregó una carta del policía retirado Ricardo Medina, en la que afirma que no intervino en el asesinato de los padres de Zaffaroni.
OCOA. INTERVINO EN ARGENTINA POR BANDERA DE LOS TREINTA Y TRES
"Cristi cortó la negociación"
Servicios actuaban en Montevido y Canelones
De acuerdo a la confesión del coronel retirado Jorge Silveira a Mariana Zaffaroni y a su esposo, la intervención que tuvo personal de OCOA en Argentina fue por la negociación de la bandera de los Treinta y Tres Orientales, secuestrada por el grupo OPR 33, sector que tenía parte de sus dirigentes en ese país.
Según escribió a mano Silveira, el coronel retirado Ernesto Ramas encabezó la negociación, con el objetivo de recuperar la bandera. "Recibió la directiva de poner avisos en los diarios "El Mercurio" de Chile, "La Nación" de Argentina y "El Día".
La negociación finalizaba con una invitación en Buenos Aires para negociar. (Esteban) Cristi no permitió continuar estas conversaciones porque salía de la jurisdicción territorial (...), precisó en la nota manuscrita.
Al mismo tiempo, con el rótulo de "secretos", Silveira le entregó a Zaffaroni una serie de documentos a los que tuvo acceso LA REPÚBLICA.
En los textos se especifica la jurisdicción en la que operaba OCOA, que según las instrucciones contenidas en el texto, solo lo hacía en Uruguay. "Mediante las directivas de organización y funcionamiento de OCOA (julio 1974), este órgano es el responsable de la conducción de las Operaciones Antisubversivas en las zonas ZADE 1". Según el texto la zona solo abarcaba Montevideo y Canelones.
"Dentro de la ZA se encuentran los objetivos más preciados para la subversión, los núcleos urbanos donde se encuentra la mayor parte de la población del país, por lo que puede estimarse que las acciones se concentran en ella", afirmaban los textos de la dictadura.
Los documentos hacían referencia a las ciudades y localidades con mayor concentración de población.
Jorge Silveira.
Según escribió a mano Silveira, el coronel retirado Ernesto Ramas encabezó la negociación, con el objetivo de recuperar la bandera. "Recibió la directiva de poner avisos en los diarios "El Mercurio" de Chile, "La Nación" de Argentina y "El Día".
La negociación finalizaba con una invitación en Buenos Aires para negociar. (Esteban) Cristi no permitió continuar estas conversaciones porque salía de la jurisdicción territorial (...), precisó en la nota manuscrita.
Al mismo tiempo, con el rótulo de "secretos", Silveira le entregó a Zaffaroni una serie de documentos a los que tuvo acceso LA REPÚBLICA.
En los textos se especifica la jurisdicción en la que operaba OCOA, que según las instrucciones contenidas en el texto, solo lo hacía en Uruguay. "Mediante las directivas de organización y funcionamiento de OCOA (julio 1974), este órgano es el responsable de la conducción de las Operaciones Antisubversivas en las zonas ZADE 1". Según el texto la zona solo abarcaba Montevideo y Canelones.
"Dentro de la ZA se encuentran los objetivos más preciados para la subversión, los núcleos urbanos donde se encuentra la mayor parte de la población del país, por lo que puede estimarse que las acciones se concentran en ella", afirmaban los textos de la dictadura.
Los documentos hacían referencia a las ciudades y localidades con mayor concentración de población.
EMBARAZADAS
Descartó un hermano
Jorge Silveira.
La posibilidad de que Mariana Zaffaroni tuviera un hermano fue descartada por el coronel retirado Jorge Silveira. "Si su madre estaba embarazada, su hermano está muerto", afirmó el militar retirado, "por suposiciones, más que por certezas". Silveira remarcó que los ciudadanos uruguayos trasladados clandestinamente desde Argentina en el llamado primer vuelo, fueron alojados en la ex sede del Servicio de Información de Defensa (SID), actual edificio del Calen. Subrayó, que, de acuerdo a los datos, la madre de Zaffaroni, María Emilia Islas, fue capturada en setiembre de 1976 y la sede del SID se "cerro el 22 de diciembre" de ese año. "En la sede no quedó nadie y menos una embarazada", aseguró el ex integrante de OCOA. Al insistir Zaffaroni sobre si sus padres fueron traídos en el segundo vuelo, Silveira le respondió: "Yo no integraba el SID. No sé de verdad si vinieron los detenidos desde Argentina y es imposible saber cuántos eran", expresó.
Montevideo, 13 de mayo de 2011
Señor/a Diputado/a
Los desafíos jurídicos y políticos que se le presentan al Uruguay para el cabal cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman v. Uruguay, han generado un vigoroso debate en el que hay diversos argumentos que incluyen –entre otros– el alcance de la soberanía estatal vis a vis las decisiones de los órganos internacionales, la prescripción de la acción penal, el principio de irretroactividad de las leyes, la imposibilidad de someter a juicio dos veces por la misma causa, e incluso el valor del pronunciamiento emanado de los resultados de las iniciativas populares en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley Nº 15.848).
Sin perjuicio de la autoridad que reconocemos a todos y todas sus participantes queremos acercar algunos argumentos jurídicos adicionales que, esperamos, sean tenidos en cuenta por los/las decisores.
- Respecto al concepto de soberanía como límite o contraposición al mandato de una sentencia internacional y el valor del pronunciamiento emanado de las iniciativas populares
El alcance moderno de la noción de soberanía, que es internacionalmente aceptado, establece que son los Estados los que -en uso de la misma- deciden libremente asumir distintos tipos de obligaciones, las cuales se comprometen a cumplir de acuerdo a las reglas que establece el derecho internacional y las que emanan de su pertenencia a la comunidad internacional.
Así, fue en uso de tales poderes soberanos que el 19 de abril de 1985 la República Oriental del Uruguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1).
Dicho de otro modo, Uruguay aceptó voluntaria y soberanamente reconocer y proteger derechos, garantizar el disfrute de los mismos y, en caso de violarlos, someterse a la decisión inapelable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una regla del derecho de los tratados, que Uruguay aceptó respetar al ratificar la Convención de Viena –por Ley Nº 15.738-, establece que los compromisos asumidos en los tratados deben cumplirse de buena fe y que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para eximirse de cumplir dichas obligaciones.
Estos elementos determinan el delicado balance entre el derecho internacional y el derecho interno que Uruguay está construyendo.
Sin embargo, es importante mencionar que varias de las preguntas que se hacen en el marco debate público, ya tienen respuestas. La propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay en su pronunciamiento en el caso de Nibia Sabalsagaray Curutchet afirmó que:
La regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado.
Frente a las posiciones diferentes que se expusieron sobre el alcance que debía darse al referéndum y al plebiscito al que había sido sometida la Ley de Caducidad, la Corte Interamericana –en ejercicio del mandato que el propio Estado uruguayo le reconoce al aceptar su competencia para dirimir estas controversias- invocó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en el caso Salbasagaray y afirmó:
“El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. (…) [L]a protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”. –parr 238/9-
- Respecto de la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos y castigar a sus responsables
Otro de los desafíos, que también fueron enfrentados por otros países de la región a la hora de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, refieren a la investigación y castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos sin vulnerar los derechos de los/as acusados/as, ni el delicado balance de los poderes del Estado.
La Corte Interamericana inicia el análisis jurídico sobre la obligación de investigar y castigar a pesar de la existencia de leyes de amnistía o de leyes de eximentes de responsabilidad, en la sentencia de reparaciones del caso Castillo Páez v. Perú. Esta posición es reafirmada y desarrollada con mas profundidad en su Sentencia en el caso Barrios Altos v. Perú y una serie de fallos posteriores como el de Mack Chang v. Guatemala, Bulacio v. Argentina, 19 Comerciantes v. Colombia, Mapiripán v.Colombia, Almonacid v. Chile, Goiburu v. Paraguay, Cantuta v. Perú, Gómez Lund v. Brasil y Gelman v. Uruguay.
En todas ellas la Corte mantiene su exigencia a los Estados de que eliminen cualquier obstáculo para la investigación y castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, entre otros, las amnistías y/o cualquier eximente legal o judicial de responsabilidad penal.
Es una interpretación consolidada que las amnistías y cualquier norma que exculpe a los autores materiales o intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes contra la humanidad, o no permita un castigo efectivo, proporcionado y severo de los mismos son contrarias e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado en el ámbito interamericano. Así también lo sostuvo la Corte Interamericana en varias de sus Sentencias tales como las de los casos Barrios Altos v. Perú, Mack Chang v. Guatemala, o el de los Hermanos Gómez Paquiyauri v. Perú entre otros.
- Respecto del debate sobre la prescripción de la acción penal y la irretroactividad de la ley penal
El instituto legal de la prescripción constituye una garantía fundamental del proceso penal: se trata de una limitación temporal para el ejercicio de la acción penal con fundamento en la garantía de defensa que exige un juzgamiento en un plazo razonable.
Algunas jurisdicciones consideran que hace parte de la misma garantía de legalidad; mientras otras sostienen que se trata de una norma de procedimiento que puede ser alterada sin afectar esta garantía.
Sin perjuicio de esto, el derecho internacional consuetudinario establece que cierto tipo de crímenes son imprescriptibles, entre ellos los crímenes de lesa humanidad. Así lo dicen los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad –aprobados por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1973- cuyo Principio 1 dice:
“Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.
Esta posición, también está plasmada en la propia Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (2), en el Estatuto de Roma (3) y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (4), todos ellos tratados internacionales ratificados por Uruguay en ejercicio de su poder soberano.
La Corte Interamericana, en ocasión de emitir su Sentencia en el caso Almonacid Arellano v. Chile, ha considerado que aun cuando un Estado no hubiera ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad surge como categoría de norma de derecho internacional general (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Nótese que en el caso de Uruguay dicha Convención ha sido firmada y ratificada en junio del año 2001.
La prohibición de retroactividad del derecho penal es un principio reconocido a nivel universal y recogido en todas las legislaciones como consecuencia del propio principio de legalidad. Pero el derecho internacional, -por ejemplo en el texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15.2- establece un claro límite a tal principio al indicar que no es posible oponer al mismo la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran reconocidos como delitos en el derecho internacional.
En otras palabras, esta excepción tiene por objeto y propósito permitir el enjuiciamiento y castigo de actos reconocidos como criminales por el derecho internacional aun cuando esos actos no estuvieran tipificados al momento de su comisión por el derecho nacional.
La tortura y la desaparición forzada de personas son crímenes reconocidos por el derecho internacional, y su práctica sistemática o a gran escala –tal como ocurrió en Uruguay y en otros países de la región- los torna crímenes de lesa humanidad, o sea los convierte en aquellos tipos de crímenes frente a los cuales cede – dentro del límite marcado por el derecho internacional al que los Estados se someten voluntariamente- el principio de no retroactividad.
En palabras del Profesor Ambos K. el autor de estos delitos no podría invocar que su confianza en la ley no fue protegida o sea que él confiaba en que los hechos no eran punibles porque debió saber que su conducta era punible. De este modo, el derecho internacional avanza hacia la consagración de un estándar razonable dirigido no a proteger el autor sino a perseguir su castigo en caso de graves violaciones a los derechos humanos.
- Respecto del debate sobre la garantía de non bis in ídem
La prohibición de la persecución penal múltiple se funda en el interés de poner un límite a la injerencia del Estado en el sometimiento de una persona a una investigación penal sobre un mismo hecho. La aplicación de la garantía supone que haya habido un ejercicio jurisdiccional sustantivo en relación a los mismos hechos. De allí se coligen una serie de presupuestos para la aplicación del non bis in ídem tales como: la existencia de una decisión jurisdiccional, que se haya tomado una determinación sobre la culpabilidad o inocencia y que los hechos sean sustancialmente los mismos.
Decisiones que no se pronuncian sobre la culpabilidad o inocencia del acusado permiten el juzgamiento posterior, ya que si el procesado no tiene una sentencia definitiva absolutoria no se beneficiaria del instituto.
El derecho internacional y el derecho comparado han desarrollado diversas estrategias para investigar y castigar graves violaciones a los derechos humanos que armonizan el alcance de la garantía del non bis in ídem como las excepciones a su aplicación. Estas últimas ocurren en casos de los juicios manipulados con la intención de evitar la impartición efectiva de justicia, o frente a absoluciones que son fruto de un ejercicio de la jurisdicción que carezca de independencia e imparcialidad, ambos supuestos que se dieron en Uruguay por aplicación del mecanismo previsto en el artículo 3 de la Ley Nº 15.848.
En la Sentencia dictada en el caso Gelman la Corte Interamericana estableció claramente que :
“Para que, en el presente caso, la investigación sea efectiva, el Estado ha debido y debe aplicar un marco normativo adecuado para desarrollarla, lo cual implica regular y aplicar, como delito autónomo en su legislación interna, la desaparición forzada de personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir futuras violaciones de derechos humanos de esta naturaleza y, asimismo, el Estado debe garantizar que ningún obstáculo normativo o de otra índole impida la investigación de dichos actos y, en su caso, la sanción de sus responsables.” – el destacado es nuestro-.
Por ello, una solución que establezca que los actos del Poder Ejecutivo que dispusieron la clausura de los expedientes, en base a la aplicación del artículo 3 de la Ley de Caducidad, son nulos sumado a la simple derogación –con efectos a futuro de la Ley Nº 15.848 abre nuevas fuentes de contingencia que se alejan de la obligación establecida por la Corte Interamericana. La posibilidad de recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para discutir la naturaleza del acto administrativo del Ejecutivo no es nuevo en las discusiones judiciales que rodean la aplicación de la Ley de Caducidad. En el caso de María Claudia García Iruretagoyena, la Suprema Corte de Justicia consideró que, de acuerdo al proceso penal vigente en Uruguay, el archivo de las actuaciones se hace efectivo mediante providencia judicial, calificando esta clausura como extintiva de la acción penal. En el mismo sentido, con anterioridad, el Tribunal de Alzada que atendió en la denuncia interpuesta por Juan Gelman en 2005, estableció que la providencia que dispuso la clausura de la investigación, por aplicación de la Ley de Caducidad es extintiva de la acción penal, una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva ya ejecutoriada, que no admite revisión, ni reclamo de inconstitucionalidad. Son estas decisiones que imponen exenciones al juzgamiento y castigo y que aun cuando no ha habido un verdadero proceso imparcial, sino fraudulento bajo el mecanismo de Ley de Caducidad, pueden sin embargo volver a ser sostenidas por los órganos jurisdiccionales uruguayos, alejándose de lo ordenado por la Corte Interamericana.
Es la primera vez que Uruguay es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su reconocida tradición histórica de respeto al derecho internacional y su vocación de garante de los derechos humanos estamos confiadas en que, como resultado del debate, Uruguay, al igual que otros países de la región que ya han avanzado en este sentido, encontrará los caminos para adecuar su derecho interno a las obligaciones ordenadas por la Corte con base en el derecho interamericano.
De este modo Uruguay estará garantizando a las víctimas de graves violaciones s los derechos humanos del pasado reciente y a toda la sociedad su derecho a la verdad y a la justicia, removiendo todo obstáculo existente y haciendo cesar todo efecto jurídico a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Atentamente,
Ariela Peralta (Sub Directora Ejecutiva CEJIL)
Liliana Tojo (Directora Programa Bolivia y Cono Sur CEJIL)
NOTAS:
1 Ley Nº 15.737 promulgada el 8 de marzo de 1985, Uruguay deposita la ratificación el 19 de abril del mismo año. La Convención Americana había sido firmada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 por varios Estados, entre ellos Uruguay.
2 En su artículo 1, establece que: “Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”.
3 En su artículo 29 (imprescriptibilidad) sostiene que: “los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”.
4 En su artículo VII, dice que: “La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. Sin embargo, cuando existiera una norma de carácter fundamental que impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del delito más grave en la legislación interna del respectivo Estado Parte.”
Nota de edición: El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente americano, y al litigio ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"En el camino que llevamos recorrido hemos conocido la verdadera dimensión del agravio a la naturaleza que están efectuando estos enemigos de la humanidad que vienen a tomar por asalto nuestros recursos naturales, nuestras tierras, nuestros acuíferos, nuestros minerales, nuestras decisiones soberanas, nuestro derecho a otorgar licencia social destruyendo todo en su camino hasta la vida misma."»»Gualeguaychú - Proclama 2011:
Una vez más la Marcha al Puente muestra la inclaudicable decisión de luchar hasta que la ilegal BOTNIA - UPM sea erradicada definitivamente del río Uruguay.
Una vez más como desde hace 7 años estamos aquí, todos juntos los pueblos de la cuenca del Río Uruguay abrazados a nuestro río de los pájaros, preocupados y angustiados pero muy firmes en nuestras convicciones de que a este río debemos salvarlo de los depredadores, por nosotros y el mandato de los que todavía no han nacido.
Sentimos también el grito presencial a la distancia de centenares de movimientos sociales y ambientales con sueños compartidos. Con todos ellos hoy gritamos juntos que seguiremos luchando contra toda contaminación ambiental que ponga en peligro la vida en todas sus formas.
El río va muriendo frente a nuestros ojos por la presencia de esta empresa invasora que con su prepotencia brutal se instaló por la decisión irresponsable social y ambientalmente de los gobiernos de dos países: Uruguay y Finlandia, y por la aceptación inoperante del nuestro;
Contrariando la vocación de dos pueblos hermanos, que están unidos en su rechazo a recibir la contaminación que resolvió Lawrence Summers, asesor hoy de la Casa Blanca cuando sentenció en la "Cumbre de la tierra Eco 92 de Río de Janeiro".
"El Banco Mundial debe alentar la transferencia de industrias sucias al tercer mundo pues una carga de basura tóxica a un país con salarios más bajos es impecable desde la lógica económica" que fue publicada en Inglaterra bajo el titulo "Hay que darles de comer contaminación a los países no desarrollados".
El Art. 41 de nuestra C.N. exige que "las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras". Preguntamos: ¿Desde el Estado se exige el cumplimiento de este precepto constitucional?
Las fábricas de pasta celulosa insumen para la producción de 1 millón de Tn de pasta más de 300 millones de m3 de agua anuales que toman de ríos de agua dulce, de ése caudal de agua el 80% regresará contaminada al río, y un 20% quedará en el proceso de elaboración de pasta, evaporación de gases y para reciclaje de la producción química del proceso.
¿Esto es ambientalmente aceptable? ¿Debe este pueblo resignarse a vivir contaminado? La determinación de Gualeguaychú ha demostrado ser más fuerte que todas las presiones y hemos ganado muchas batallas:
Contra las mentiras de los que prometían tecnologías limpias; de los que anunciaban puestos de trabajo y prosperidad; de los que decían que esta empresa se había instalado legalmente; de las consultoras internacionales que anunciaban cínicamente que no iban a contaminar; del Banco Mundial al que pusimos frente a su propia miseria moral, cuando vinieron aquí a tratar de convencernos de sus falsedades, subestimándonos.
De los falsos ambientalistas internacionales que venían a tratar de engañarnos con informes ambientales falsificados. Nada volverá a ser lo mismo desde la heroica resistencia de estas comunidades. En el camino que llevamos recorrido hemos conocido la verdadera dimensión del agravio a la naturaleza que están efectuando estos enemigos de la humanidad que vienen a tomar por asalto nuestros recursos naturales.
Nuestras tierras, nuestros acuíferos, nuestros minerales, nuestras decisiones soberanas, nuestro derecho a otorgar licencia social destruyendo todo en su camino hasta la vida misma. La lucha de Gualeguaychú dejó al descubierto los verdaderos rostros de estos falsos profetas del progreso que no dudan en destruir nuestra hermandad comunitaria.
Y pasar por encima la autodeterminación de estos pueblos con el único objetivo de sostener su absurdo ultra consumismo que tan caro está pagando la vida en el planeta. No olvidamos las falsas promesas de Tabaré Vázquez asumidas por el presidente Mujica: "si Botnia contamina la cierro". Desde aquí le decimos: Presidente Mujica, si Ud. tiene honor y dignidad cumpla su palabra:
Ya ha quedado suficientemente probado que BOTNIA-UPM contamina, y mucho más de lo que temíamos al principio. Compartimos lo expresado por el fiscal del estado uruguayo Dr. Enrique Viana en los juicios que inició contra su propio estado, cuando en su alegato manifiesta "que el asentamiento en el país del emprendimiento industrial de BOTNIA es incompatible con los exigentes mandatos de derecho ambiental uruguayo.
Y más aun por la inhabilidad para su control que la propia administración demandada confesara públicamente, sin embargo el Estado se ha dedicado a promover la instalación de la industria celulosa en el territorio nacional, una de las cinco más contaminantes en el planeta y por lo tanto el Estado se ha dedicado a cogestionarla a BOTNIA y por lo tanto la demandada se ha convertido en socia de hecho de quien está obligada a controlar".
»»A la República Oriental del Uruguay le decimos: Su Gobierno ha violado el Tratado del Río Uruguay permitiendo inconsultamente la instalación de Botnia U.P.M. y además lo ha hecho de mala fe, como lo ratifica la Corte Internacional de Justicia. Estamos indignados por ello y exigimos una reparación: el desmantelamiento y la erradicación de Botnia U.P.M. de la cuenca del río Uruguay.
No aceptamos que siga mintiendo, defendiendo y propiciando empresas de este tipo que son altamente contaminantes, como hoy pretende hacerlo con Stora Enso-Montes del Plata.
»»A nuestra presidenta le decimos: Que... El pueblo de Gualeguaychú y demás hombres y mujeres del todo el país que camina hoy en procesión por la vida en este puente para abrazarse al Río Uruguay no aceptarán jamás como dicen desde las fuentes oficiales que "el conflicto por la pastera ha terminado", todo lo contario, estamos diciendo que vamos a profundizar la lucha, que no alcanza lo que hemos hecho.
Que tenemos que sumar nuestras voluntades con las de nuestros hermanos uruguayos que ahora saben que las promesas eran mentiras, que el progreso nunca llegó, que los puestos de trabajo tampoco; pero sí la contaminación y el envenenamiento del río y del aire. Y que el conflicto terminará con el retiro definitivo del invasor colonialista: el gobierno de Finlandia encarnado en la transnacional BOTNIA - UPM.
Que... Tabaré Vázquez confesó públicamente días pasados que nuestro ex presidente no aceptó el control y monitoreo conjunto de Botnia que él mismo le ofreció allá por el año 2008, porque sabía seguramente él que ese monitoreo era condenar a los habitantes de esta región a una flagrante contaminación irreversible ya probada por los científicos y consolidar el incumplimiento del principio ambiental "precautorio" previsto en la CN de ambos países.
Por esa decisión del ex presidente argentino nos cuesta entender señora presidenta que usted no haya comprendido ese mensaje y acá estamos a pesar de todo, decenas de miles de ciudadanos de estos pueblos caminando con convicciones, pero también con angustia y como dijo el profeta en el desierto "más solos que nadie, pero más libres que ninguno" porque tenemos esperanza que Usted nos escuche.-
Que... El país ambiental está mal señora presidenta:
Que... Los pueblos de la cordillera condenados a no tener agua en los próximos años de la fuente que alimentan sus ríos, los glaciares y peri glaciares. La minería a cielo abierto es una condena a la vida de estos pueblos
¿Por cuánto? Por el 3% de regalías nos dejan los cráteres, los ríos de arriba y abajo contaminados y el exterminio del modo de producir que aprendieron de sus antepasados ¿Qué hacemos señora presidenta cuando usted se muestra convencida y promueve esta actividad minera ya prohibida en los países del norte?
Que... Los agrotóxicos y el modelo agrícola de Monsanto que bañan 20 millones de hectáreas de nuestro suelo hacen mucho daño: se llevan puestos los bosques nativos, la salud humana de los pueblos agrícolas, los nutrientes necesarios para preservarlos y contaminan los ríos más sanos del planeta.
Que... Cuando el mundo se debate en abandonar energías sucias como el petróleo el ejecutivo provincial quiere perforar los acuíferos para extraer petróleo haciendo caso omiso a las tragedias ambientales por accidentes en los sistemas acuíferos que son noticia en todo los diarios del mundo.
Que... Reclamamos Sra. Presidenta voluntad política del gobierno nacional para la aplicación irrestricta del derecho ambiental y las leyes sancionadas por el Congreso Nacional y que a la fecha no son cumplidas: como la ley de bosques que tiene tres años, la ley de defensa de los glaciares burlada por los gobernadores y empresarios mineros.
Que... el fallo de la haya reconoció que existía contaminación. Decenas de científicos de nuestras universidades encontraron y probaron la contaminación que nuestro país presentó como prueba ante el Tribunal Internacional; pero a un año de dicho fallo, nada sabemos de lo que pasa en la actualidad, qué aire respiramos, y en qué condiciones está nuestro río.
Ya que Botnia-UPM sigue funcionando, diluyendo sus efluentes en forma artera y grave y requiriendo autorización de la DINAMA para tirar al río los efluentes con mayor temperatura, como lo denunciara la delegación argentina de la CARU, sin que nada se haya hecho al respecto, ya que el Uruguay defiende a "capa y espada" a esta empresa.
Reiteramos nuestra disconformidad con lo que consideramos una incongruencia, como es haber primero recurrido a la Haya pidiendo el desmantelamiento de Botnia - U. P. M. por ser contaminante y ahora echar por tierra tal concepto, tratando en forma complaciente a Uruguay y hasta aceptando la instalación de nuevas plantas.
Expresamos nuestras dudas respecto al plan de control interno de la planta de Botnia - U.P.M. Las acciones encaradas hasta ahora sirven solamente para dilatar la solución y favorecer la permanencia de la pastera. Le recordaremos hasta el cansancio que el conflicto no terminó y solo habrá paz cuando se desmantele Botnia U.P.M. Reiteramos que queremos saber la calidad del aire que respiramos.
Este derecho humano se nos está negando hasta hoy, a pesar de las repetidas promesas de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Nos oponemos al dragado del Río Uruguay que condena inevitablemente a una certera destrucción del mismo.
Pues el mayor dragado conduce a la hidrovía decidida por el Plan IRSA de los países del Norte para saquear recursos naturales de Sudamérica y también porque imposibilita encontrar las pruebas de contaminación que produce BOTNIA - UPM. Expresamos claramente también señora presidenta que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa CAUSA NACIONAL.
Reiteramos que no aceptamos ni aceptaremos jamás el dictamen de la Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia U.P.M. para nosotros los habitantes de la cuenca Botnia-UPM será siempre ILEGAL. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida.
Reiteramos al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, nuestra indignación por las violaciones al Tratado del Río Uruguay reconocidas por el alto tribunal internacional. Y además porque en ellas obró de mala fe, tal como lo calificó el mismo tribunal. Manifestamos nuestro rechazo a la judicialización de nuestra justa protesta expresada en el corte de arroyo verde, y la de miles de luchadores sociales y ambientales a lo ancho de nuestro país.
Repudiamos el tratamiento como criminales de aquellos que defendemos la Vida. Reiteramos nuestra disconformidad con las expresiones de que el conflicto con Uruguay está concluido expresadas por nuestra Presidenta tanto en la UNASUR como en el Congreso de la Nación y repetidas por funcionarios de su gobierno.
En resumen pedimos nuevamente a las autoridades políticas de todos los niveles de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina que escuchen el clamor por la vida de ambos Pueblos, que no miren para otro lado ni se laven las manos como modernos Pilatos, frente al peligro de contaminación ambiental a que estamos expuestos.
A todos los ciudadanos del mundo y en especial a los de América Latina, a los de Argentina y Uruguay a los de Gualeguaychú y de la Cuenca del Río Uruguay, los convocamos a seguir de pie con dignidad a escuchar la naturaleza y a seguir luchando por nosotros por nuestros hijos, por la vida de todos.
Por eso en esta nueva Marcha al Puente ratificamos nuestra inclaudicable determinación de luchar para que BOTNIA UPM sea desmantelada y se retire definitivamente de la cuenca del Río Uruguay. ¡Gualeguaychú nunca bajará los brazos! No otorgará jamás Licencia Social a ningún emprendimiento contaminante. Seguiremos luchando hasta que estas empresas se vayan del río Uruguay.
Por la vida de todos, escuchemos a la naturaleza. Puente. "Libertador Gral. San Martín" Km 104,5 Río Uruguay, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mi once.
Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
Militares uruguayos intiman a Google Inc
Los torturadores no quieren que sus nombres aparezcan en internet.
Blog El Muerto | Para Kaos en la Red | 15-5-2011 a las 17:16 |
www.kaosenlared.net/noticia/
Montevideo, viernes 13 de mayo de 2011.-Los Clubes Sociales y Cooperativas del Personal Superior de las Fuerzas Armadas intimaron a Google Inc. a que elimine de sus sitios virtuales, en forma inmediata, las numerosas referencias a supuestos "Militares Torturadores", agraviandose por tales calumnias que causan daños morales graves y permanentes a cientos de sus asociados y sus respectivas familias.
El documento de intimación a Google Inc.:
http://img7.imageshack.us/
http://img19.imageshack.us/
http://img806.imageshack.us/
Vea la lista de torturadores que no estan en Google (está en cientos de lugares de internet), pero sobretodo en la memoria de los miles de uruguayos torturados, desaparecidos, allanados, violados, asesinados, encarcelados, botoneados por estos monstruos que aún se protegen en la Ley de Caducidad. Los autores del destrozo de cientos de familas uruguayas
http://elmuertoquehabla.
http://www.derechos.org/
http://elparaisodeltorturador.
http://www.elistas.net/lista/
(hay cientos de lugares mas, solo hay que poner cualquier buscador,( no necesariamente el de Google)
y por si no lo habias visto, aqui va de nuevo
Lista de los principales torturadores
AMENAZAN AL PERIODISTA ROGER RODRIGUEZ
ES IMPORTANTE LA DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN.
En la red social de Facebook existe un grupo fascista llamado “GRUPO EN APOYO AL FORO LIBERTAD Y CONCORDIA” creado por María Noel Larrosa Rombys, hija del conocido torturador “El Negro Larrosa (18)” y familiar del Mayor Héctor Rombys, ex segundo jefe del Batallón de Paracaidistas 14 durante la jefatura del Coronel Baudean.
Adhieren a este grupo familiares de militares y ex militares, simpatizantes, políticos, fascistas, nazis y grupos de ultraderecha que declararon una “guerra psicopolítica” contra el poder judicial y el gobierno.
Link grupo en apoyo al “Foro Libertad y Concordia”
http://www.facebook.com/home.
Ahora amenazan al periodista e investigador Roger Rodríguez a partir de la nota publicada en Caras & Caretas: “La ofensiva de los indagables”
Link: Caras y Caretas - http://www.carasycaretas.com.
El periodista uruguayo Roger Rodríguez recibe el Premio Casa América Cataluña
El periodista uruguayo Roger Rodríguez ha afirmado que la función de los periodistas es "desenmascarar" y "tratar de llegar a la verdad" para que se cumpla "el derecho a estar informado", al recibir hoy en Barcelona el Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica.
"Cuando se sabe la verdad, se exige la justicia", ha manifestado Rodríguez en su intervención en un acto celebrado en la sede de la Fundación Casa América Cataluña con motivo de la entrega del galardón, que cumple este año su sexta edición, y en presencia del embajador de Uruguay en España, Carlos Pita.
El Premio, dotado con 6.000 euros, tiene como objetivo reconocer la tarea de medios de comunicación colectivos o profesionales que se distinguen en el ejercicio del periodismo orientado hacia la defensa de las libertades de expresión, información y opinión en la comunidad iberoamericana.
"Para mi el periodismo es mi forma de vivir", ha subrayado Rodríguez, cuya labor, desde hace años, ha sido investigar y denunciar los abusos a los derechos humanos, los casos de asesinatos, torturas y traslados clandestinos de personas ocurridos durante la dictadura en su país y otras naciones de la región.
El periodista, que en la actualidad investiga para la Fundación Mario Benedetti casos de violaciones de derechos humanos y escribe para la revista Caras&Caretas de Montevideo, ha reivindicado la necesidad de buscar la verdad y dar "contenido" a la información, aportar los elementos para que los ciudadanos "piensen".
Rodríguez, que ha denunciado los "oligopolios" de los medios y una "cultura de la impunidad", ha pedido para su país la anulación de la Ley de Caducidad para que comience "la transición final".
En declaraciones a Efe, el periodista ha subrayado que esa ley, cuya derogación es objeto de debate y polémica en Uruguay, "institucionaliza la impunidad".
"Si no existe esta ley, terminaremos el proceso de transición interno", ha considerado, antes de agregar que "hay que cambiar la cultura de la impunidad por la cultura de los derechos humanos".
"La ley ya no funciona; hay militares que han sido ya juzgados. Lo que implica la anulación de la ley de caducidad es un acto de justicia histórico; hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Uruguay, como país firmante, a anular esa ley", ha subrayado.
Sobre la concesión del premio que le ha sido entregado hoy, Rodríguez ha indicado que se trata de "un premio importantísimo" que le llega en un "momento de tensión" y cuando ha recibido amenazas de forma "más sutil y cruel" que, dijo, en otras ocasiones.
"Una cosa es el insulto telefónico. Otro el método Juarez, Colombia. Se te insulta públicamente y se publica el plano de tu domicilio. Es una incitación. Más grave que una amenaza directa", ha destacado.
El pasado febrero, la organización militar "Foro de Libertad y Concordia" publicó en su página de Facebook insultos contra el periodista además de sus datos personales, dirección y mapa de su residencia.
Diversas asociaciones y organismos de prensa, entre ellos la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitieron comunicados de condena a estas amenazas y de solidaridad con el periodista.
"Sin verdad no habrá justicia", ha insistido hoy en el acto en el que ha recibido una litografía del caricaturista argentino Miguel Repiso, Rep, de manos de Antoni Traveria, director general de Casa América Cataluña, institución que celebra este año su centenario, y de Manel Vila, representante del Ayuntamiento de Barcelona.
En opinión de Roger Rodríguez, "en materia de derechos humanos no hay nada negociable".
"Yo creo en la verdad. Yo trato de encontrar verdades.Investigo para que se sepa. Una vez se sabe, que llegue a quien corresponde hacer justicia, pero sin trabas", ha señalado.
Y ha añadido: "Exijo la libertad de expresión; la libertad de juzgar, con todos los derechos. Los políticos que hagan lo que tengan que hacer".
ASÍ TORTURABAN LOS MILITARES URUGUAYOS El periodista uruguayo Roger Rodríguez ha afirmado que la función de los periodistas es "desenmascarar" y "tratar de llegar a la verdad" para que se cumpla "el derecho a estar informado", al recibir hoy en Barcelona el Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica.
"Cuando se sabe la verdad, se exige la justicia", ha manifestado Rodríguez en su intervención en un acto celebrado en la sede de la Fundación Casa América Cataluña con motivo de la entrega del galardón, que cumple este año su sexta edición, y en presencia del embajador de Uruguay en España, Carlos Pita.
El Premio, dotado con 6.000 euros, tiene como objetivo reconocer la tarea de medios de comunicación colectivos o profesionales que se distinguen en el ejercicio del periodismo orientado hacia la defensa de las libertades de expresión, información y opinión en la comunidad iberoamericana.
"Para mi el periodismo es mi forma de vivir", ha subrayado Rodríguez, cuya labor, desde hace años, ha sido investigar y denunciar los abusos a los derechos humanos, los casos de asesinatos, torturas y traslados clandestinos de personas ocurridos durante la dictadura en su país y otras naciones de la región.
El periodista, que en la actualidad investiga para la Fundación Mario Benedetti casos de violaciones de derechos humanos y escribe para la revista Caras&Caretas de Montevideo, ha reivindicado la necesidad de buscar la verdad y dar "contenido" a la información, aportar los elementos para que los ciudadanos "piensen".
Rodríguez, que ha denunciado los "oligopolios" de los medios y una "cultura de la impunidad", ha pedido para su país la anulación de la Ley de Caducidad para que comience "la transición final".
En declaraciones a Efe, el periodista ha subrayado que esa ley, cuya derogación es objeto de debate y polémica en Uruguay, "institucionaliza la impunidad".
"Si no existe esta ley, terminaremos el proceso de transición interno", ha considerado, antes de agregar que "hay que cambiar la cultura de la impunidad por la cultura de los derechos humanos".
"La ley ya no funciona; hay militares que han sido ya juzgados. Lo que implica la anulación de la ley de caducidad es un acto de justicia histórico; hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Uruguay, como país firmante, a anular esa ley", ha subrayado.
Sobre la concesión del premio que le ha sido entregado hoy, Rodríguez ha indicado que se trata de "un premio importantísimo" que le llega en un "momento de tensión" y cuando ha recibido amenazas de forma "más sutil y cruel" que, dijo, en otras ocasiones.
"Una cosa es el insulto telefónico. Otro el método Juarez, Colombia. Se te insulta públicamente y se publica el plano de tu domicilio. Es una incitación. Más grave que una amenaza directa", ha destacado.
El pasado febrero, la organización militar "Foro de Libertad y Concordia" publicó en su página de Facebook insultos contra el periodista además de sus datos personales, dirección y mapa de su residencia.
Diversas asociaciones y organismos de prensa, entre ellos la Asociación de la Prensa Uruguaya y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitieron comunicados de condena a estas amenazas y de solidaridad con el periodista.
"Sin verdad no habrá justicia", ha insistido hoy en el acto en el que ha recibido una litografía del caricaturista argentino Miguel Repiso, Rep, de manos de Antoni Traveria, director general de Casa América Cataluña, institución que celebra este año su centenario, y de Manel Vila, representante del Ayuntamiento de Barcelona.
En opinión de Roger Rodríguez, "en materia de derechos humanos no hay nada negociable".
"Yo creo en la verdad. Yo trato de encontrar verdades.Investigo para que se sepa. Una vez se sabe, que llegue a quien corresponde hacer justicia, pero sin trabas", ha señalado.
Y ha añadido: "Exijo la libertad de expresión; la libertad de juzgar, con todos los derechos. Los políticos que hagan lo que tengan que hacer".
Carlos Peláez, en "Surmedia"
Horacio Gelós Bonilla, ex edil del Frente Amplio, militante sindical e integrante del Partido Comunista, fue castrado y muerto -presumiblemente el 5 de enero de 1976- en el batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Pero recién la semana pasada la familia recibió la información oficial sobre su muerte, aunque sus restos no han sido encontrados. La Comisión para la Paz difundió el jueves los nombres de ocho compatriotas que fueron asesinados en Uruguay mediante torturas entre los años 1973 y 1984. Entre ellos se encuentra Horacio Gelós Bonilla, asesinado en 1976 en el batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.
Horacio Gelós Bonilla, ex edil del Frente Amplio, militante sindical e integrante del Partido Comunista, fue castrado y muerto -presumiblemente el 5 de enero de 1976- en el batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Pero recién la semana pasada la familia recibió la información oficial sobre su muerte, aunque sus restos no han sido encontrados. La Comisión para la Paz difundió el jueves los nombres de ocho compatriotas que fueron asesinados en Uruguay mediante torturas entre los años 1973 y 1984. Entre ellos se encuentra Horacio Gelós Bonilla, asesinado en 1976 en el batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.
Gelós fue detenido entre las 19.30 y las 20 horas, el 2 de enero de 1976 en la esquina de Florida y Sarandí, pleno centro de Maldonado frente a la plaza de San Fernando. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del SUNCA y miembro del Partido Comunista. Un grupo de personas de civil lo introdujo a golpes dentro de una camioneta Indio color celeste, en presencia de un tío llamado Ramón Gelós. Varios testigos indicaron que ese vehículo era visto habitualmente en el ex cuartelillo de Maldonado, ubicado en 25 de Mayo y Sarandí dónde funcionaba el OCOA 4 y hoy se ubica el Paseo de San Fernando, a una cuadra del secuestro.
José Pedro Correa Sosa, fue testigo del secuestro y siguió a la camioneta en su moto hasta cerca de la Laguna del Sauce. Varios meses después fue detenido. Según consigna el libro "Nunca Más" editado por el Servicio Paz y Justicia del Uruguay, Correa relató que cuando lo estaban torturando en el 4º de Ingenieros a fines de octubre o principios de noviembre de 1976, le preguntaron por Gelós Bonilla y dijeron "ese no jode más". El testigo sostiene que "en otro interrogatorio le volvieron a preguntar y contestó...' ustedes saben bien dónde está'... Eso fue lo último que pude decir, después no me acuerdo de nada. Estuve varios días tirado".
La mencionada unidad militar fue un centro de torturas. Por allí pasaron centenares de militantes de izquierda del departamento e incluso quienes eran trasladados desde otros lugares del país. Por ejemplo: Raúl Sendic cuando era un rehén de la dictadura. Efectivos de esa unidad torturaron en el Cuartelillo de Maldonado al general (r) Líber Seregni y también asesinaron con torturas a Eduardo Móndelo, un joven frenteamplista de Pirlápolis.
Quienes fueron los torturadores
En el año 1985 se creó la Comisión Departamental de Derechos Humanos que integraron el abogado Alejo Fernández Chávez; el artista plástico Manolo Lima; el escribano Gonzalo Álvarez y el médico Carlos Laborde. El organismo se abocó enseguida a investigar el caso Gelós y obtuvo testimonios de Amado Viera; Omar Varona; un hombre de apellido Romero, conocido como "cara de goma"; y Carlos Julio Barrios. Todos estuvieron detenidos junto a Gelós.
A partir de las declaraciones y testimonios obtenidos se pudo reconstruir la nómina parcial de los oficiales que participaban de las sesiones de tortura. Entre ellos estaban: el capitán Stocco, el teniente Dardo Barrios, actual jerarca municipal de Maldonado, el oficial Cristi y el sargento Amorín. En tanto los médicos militares eran Francisco Pons, José Luis Braga y Julio César D'Albora. Pons y Braga fueron denunciados ante la Comisión de Ética Médica de la FEMI, la que según su presidente, Gregorio Martirena, "si bien tuvo la convicción de la participación de estos profesionales en hechos éticamente reprobables, nunca logró los testimonios para condenarlos". Con toda la información a la vista, la Comisión de DDHH de Maldonado radicó una denuncia penal el 22 de mayo de 1985. Pero la aprobación de la Ley de Caducidad generó impunidad para los asesinos.
Testimonios del horror
Los testigos que se presentaron voluntariamente ante la comisión departamental, relataron detalladamente el horror que se vivía en aquél tiempo. Pero, sin dudas, el proporcionado por el ex edil y dirigente comunista Carlos Julio Barrios, quién tenía entonces algo más de 50 años, fue determinante para saber cómo murió Gelós. Según la copia del testimonio prestado por Barrios el 26 de setiembre de 1986 ante los integrantes de la Comisión de DDHH, fue detenido el 2 de enero de 1976 a las 4 de la mañana en su chacra ubicada en cercanías de Cerro Pelado.
"Venía uno uniformado, que me puso la ametralladora en las costillas, y los otros de particular. Revolvieron toda la casa y dijeron que era un secuestro, que se trataba de un comando independiente" - dijo el testigo. "Yo no sé a donde me llevaron, supongo que sería cerca de la Laguna del Sauce. Ahí fueron indescriptibles las torturas. Me colgaron de las manos y del cuello, me pegaban fuerte por todos lados; en el estómago, en los testículos. También me daban picana y eso duró horas". Barrios recordó que luego lo sacaron en una camioneta y lo llevaron a un lugar donde había una pared.
"Yo estaba desnudo y encapuchado. Me colgaron y contra la entrepierna había una especie de caballete que me impedía siquiera ponerme en punta de pie. También estaba una pareja, aparentemente joven por las voces. Era claro que violaban alternativamente a la muchacha y al muchacho, haciendo que uno viera al otro cuando era violado. A ellos los interrogaban sobre la presunta tenencia de armas". El 5 de enero de tardecita, lo cargaron en una camioneta y lo trasladaron a Maldonado donde subieron a Romero y los llevaron a un lugar cerca de la Laguna del Sauce. "Ahí me hicieron lavar en un lugar que presumo era la propia laguna y después nos llevaron a un lugar lleno de barro".
Barrios reconoció las voces de algunos de sus compañeros: Viera, José Medina y Horacio Gelós. "Me sentaron en el suelo y me interrogaron sobre una lista secreta de contribuyentes al Partido Comunista. De repente vino uno que le dijo al que me interrogaba... 'déjelo a ese viejo traidor, que ahora vamos a hacerle una operación a su querido camaradita Bonillita y después se la hacemos a él'... Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maneado con las rodillas junto a la cabeza.
Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando y a mí me ponen una venda en los ojos y la capucha y me llevan a unos 20 metros del lugar con un soldado al lado. Ahí se produce un gran revuelo entre los torturadores y siento que no muy lejos de mí se preguntan si largaban a Viera. Varias veces les había oído decir que o hablábamos o nos mataban y tiraban al medio de la laguna".
Después de eso Barrios aseguró que "los cargaron a todos en un vehículo y me tiraron en Rincón y Francisco Maldonado. Me dijeron que no me sacara la capucha hasta que no pasaran cinco minutos. Era la madrugada del 6 de enero de 1976". Pero tres días después vuelven a detenerlo. Lo suben encapuchado en VW negro matriculado en Argentina. Pocas cuadras después lo cambian de auto y lo llevan a un lugar que supone el Cuartelillo de Maldonado "porque oía las campanadas de la Catedral".
Barrios dijo que "ahí había mucha gente detenida. Ponen música de Gardel y Roberto Carlos. Me torturan horriblemente. El 12 de enero me cargaron en una camioneta, era de medianoche. Uno de los torturadores le dijo a otro: a éste enterralo en la arena. Y pusieron una pala a mi lado. Anduvieron mucho rato diciendo... acá no, acá nos ven... y arrancaban otra vez. Así estuvieron como dos horas. Por último pararon y dijeron... bueno, acá sí. entonces me tiraron en una cuneta diciendo que no me moviera y se fueron. Me saqué la venda y vi que estaba en la ruta 39 frente a la planta de supergas de Tortorella ".
Barrios se fue caminando a su casa y apenas aclaró le pidió a un familiar que le sacara pasaje en una compañía de ómnibus para irse a Porto Alegre. Era el 13 de enero de 1976. Después los militares volvieron a buscarlo, pero como no lo encontraron terminaron torturando a su nieto de 11 años para que dijera donde estaba. El niño sufrió trastornos sicológicos. Barrios falleció a mediados de los ´90 sin saber la verdad.
Por su parte Amado Viera, también relató como oyó morir a Gelós Bonilla. "Le preguntaban por unos campos comprados por el SUNCA para poner una Colonia de Vacaciones. Estábamos en un grupo de ranchos ubicados a orillas de la Laguna. Yo sentía que Horacio estaba como estaqueado y las cosas que le hacían eran muy graves porque en determinado momento dijo que prefería que lo mataran. Su respiración era muy fuerte hasta que dejó de oírse; después lo arrastraron y no oímos más hasta que enseguida nos sacaron a nosotros".
