sábado, 7 de mayo de 2011

Sin votos en el Frente Amplio para ratificar o rectificar la eliminación de la Ley de Caducidad/Ni un solo olvido, ni un solo perdón/DECLARACIÓN Ante votación en Diputados del Proyecto de Ley Interpretativa El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT


Plebiscito. Rubio reclama que si se presenta otra propuesta sea avalada por la ciudadanía

Sin votos en el Frente Amplio para ratificar o rectificar la eliminación de la Ley de Caducidad

El oficialismo procurará una alternativa consensuada para evitar profundizar la crisis interna en el Plenario.  Si se fuerza el debate en la Cámara de Representantes, legisladores del MPP estarían dispuestos a sumarse a Mujica y hacer naufragar el proyecto.

Loreley Nicrosi | La Republica
Tensión en el FA. Surgen voces críticas al proyecto de ley interpretativa.
Tensión en el FA. Surgen voces críticas al proyecto de ley interpretativa.
Sin una propuesta consensuada por todos los sectores, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA), no tendrá votos suficientes para ratificar o rectificar la eliminación de la ley de Caducidad a través del proyecto interpretativo.
De acuerdo a la ingeniería interna del FA, un mandato imperativo aprobado por la unanimidad del Plenario, sólo podrá ser modificado por una votación por mayoría o en su defecto 2/3 de los 185 miembros del órgano de dirección. Según la estimación hecha por los sectores, ninguna postura tendrá votos suficientes para imponer su posición, si no hay un acuerdo previo. Por ello ya comenzó a manejarse en la interna que si se decidiera llevar igualmente el proyecto interpretativo al plenario de la Cámara de Representantes, al menos "dos o tres" diputados del MPP votarían en contra "por lealtad" al presidente José Mujica, aseguraron a LA REPÚBLICA fuentes de la coalición. Los cálculos respecto al tipo de correlación de fuerzas que puede producirse en el Plenario o la posibilidad de que se produzcan nuevas deserciones entre los disputados, comenzó a evaluarse, luego que el Secretariado Ejecutivo del FA acordó ayer trasladar la controversia a la Mesa Política del lunes, para que el órgano de dirección convoque a un Plenario extraordinario para el 14 o 15 de mayo. Entre tanto, en la Mesa Política además y en la coordinación de bancada del martes 10, se definirá si se insistirá o no en debatir el proyecto en Diputados el 19, pese a estar en dudas los 50 votos. La decisión que adopte la dirección del MPP que se reunirá este fin de semana, será definitiva para saber qué suerte correrá el proyecto interpretativo, aunque buena parte de la izquierda lo da por perdido. Las distintas fuentes consultadas indicaron que mientras el Partido comunista, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista, el PVP, otros grupos minoritarios y delegados de base, reclamarán aprobar el proyecto, más allá de las observaciones del presidente José Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y el ex mandatario Tabaré Vázquez. En cambio, el MPP y los aliados que integran el Espacio 609 difícilmente se desprendan de la posición de Mujica. La misma estimación se realiza respecto a los integrantes de Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, los que se sumarán a la visión de Astori. El tema en los hecho generará un quiebre en el Frente Líber Seregni, debido a que el tercer grupo que los integra, el Nuevo Espacio, es partidario de votar el proyecto interpretativo. La CAP-L se suma a la posición de Mujica, pero no tiene representación en el Plenario.

Rediscutir

Aunque públicamente ningún legislador del MPP planteó públicamente la posibilidad de no votar el proyecto en Diputados, sí comenzaron a surgir las visiones críticas sobre la iniciativa que deja sin efecto la ley de Caducidad.
El diputado del MMP de Tacuarembó, Edgardo Rodríguez señaló que la bancada del FA debe enfocar una nueva discusión sobre la ley interpretativa, "ya que hay elementos nuevos. Debemos recorrer un camino diferente", afirmó.
Rodríguez sostuvo que se atenía a lo que resuelva la fuerza política, pero insistió en que "hay elementos nuevos que sugieren que es mejor recorrer un camino diferente" que podría pasar por la una norma que derogue la ley de Caducidad y un decreto presidencial que anule los actos administrativos anteriores adoptados bajo esa ley.
Admitió las dudas que existen sobre la constitucionalidad, "y muchas dudas que nos lleve a la verdad y la justicia".
Rodríguez indicó que la discusión y posible aprobación de la ley interpretativa lleva argumentos a la derecha y que ese clima "nos dificulta para trabajar en otros derechos que también son importantes, como el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, entre otros".
Aunque insistió que su voto estará atado a lo que decida la fuerza política, ésta puede rediscutir el tema y cambiar de posición.
En la misma línea de pensamiento, la diputada Daniela Payssé, que presidió el Secretariado del FA, consideró que hay elementos que ameritan la rediscusión del tema. Payssé señaló que el Secretariado recibió a los diputados Felipe Michelini, Aníbal Pereyra y Jorge Orrico, quienes brindaron información sobre el trabajo de la Comisión de Constitución y Códigos que evaluó la ley interpretativa de la Caducidad. Explicaron las objeciones de los constitucionalistas presentaron al proyecto interpretativo, y la propuesta del catedrático Martín Risso que reconoció, el FA no había tenido en cuenta y "es digna de analizar".
Por otra parte, sostuvo que hay caminos alternativos para llegar al objetivo de eliminar la caducidad, y destacó la propuesta del constitucionalista Martín Risso que supera las objeciones de inconstitucionalidad a la ley interpretativa.
Este plantea que el Ejecutivo puede, mediante un decreto, anular las resoluciones administrativas de los gobiernos anteriores, que decidieron acoger en la caducidad unos 88 casos.

Plebiscito

En cambio el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista remarcó que el voto afirmativo al proyecto "es una decisión del Plenario Nacional. Si alguien pone arriba de la mesa una alternativa que represente un avance en derechos humanos, en verdad y justicia, que entierre la ley de Caducidad y que tenga la fortaleza jurídica, deberá contemplar la expresión popular".
Para Rubio cualquier proyecto alternativo, deberá ser plebiscitado, al ser uno de los principales argumentos expuestos por los líderes de la izquierda que disienten con la iniciativa que deja sin efecto la ley de Caducidad.
El senador comunista, Eduardo Lorier opinó que las observaciones de Mujica y Astori realizadas a la bancada oficialista "no son acertadas, ni el lugar, ni el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante y nosotros nos mantenemos en la resolución del Plenario".
El diputado Doreen Ibarra del Fidel, dijo que las expresiones "del compañero José Mujica en cuanto a los riesgos para la fuerza política por los plebiscitos es atendible, pero también hay que mirar la otra cara de la moneda que es la interna del Frente Amplio, porque en la medida que no tengamos un Frente unido podemos tener problemas. "Se debe contemplar todos los avances que ha habido y como contracara la problemática interna", precisó.
Al tiempo que el Ejecutivo del Partido Socialista estaba reunido anoche al cierre de la edición, el dirigente Manuel Núñez sostuvo que la salida que tenía la izquierda era la convocatoria del Plenario, para analizar el tema. "Sin un Plenario Nacional, la resolución no se puede cambiar", advirtio

07 mayo 2011


"No conseguiremos jamás el progreso de nuestra felicidad si la maldad se perpetúa al abrigo de la inocencia. Llegado es el tiempo en que triunfe la virtud y que los perversos no se confundan con los buenos".
José Gervasio Artigas
Al Cabildo de Montevideo
18 de noviembre de 1815
Leer más: http://esquinamontevideo.blogspot.com/#ixzz1LLE7zZs7

Montevideo, 5 de mayo, 2011

DECLARACIÓN

Ante votación en Cámara de Diputados del Proyecto de Ley Interpretativa
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ante los últimos acontecimientos que ponen en duda la votación en la Cámara de Diputados del Proyecto que declara nulos o inexistentes algunos artículos de la Ley de Caducidad y atento a las resoluciones de los Congresos y de la Mesa Representativa, declara:
1. El movimiento sindical uruguayo, es uno de los actores sociales comprometidos desde siempre con la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales, principalmente la Vida y las garantías democráticas y jurídicas que la sustenten.
2. La dictadura cívico-militar que ensombreció nuestro país, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1º de marzo de 1985, descargó toda su ira contra militantes sindicales y de algunos partidos políticos de izquierda. De esa forma, miles de trabajadores dirigentes sindicales fueron presos, destituidos de sus trabajos, perseguidos, expulsados al exilio, torturados, muertos y desaparecidos.
3. Desde el final de la dictadura, nuestra principal consigna fue “Amnistía General e Irrestricta” y luego - ya en democracia – “Juicio y Castigo a los Culpables”. Nos opusimos desde el inicio del debate parlamentario de entonces, a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque escondía u omitía la posibilidad de investigar y actuar en consecuencia a la Justicia, sobre los hechos y trágicas consecuencias de la violación de los Derechos Humanos.
4. Participamos en todas las instancias democráticas y populares, en coordinación con todas aquellas organizaciones sociales y políticas para buscar consensos e impedir, vía la derogación primero y la anulación después, una Ley inconstitucional que además, es reñida y contradictoria con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Vale pues esta breve reseña histórica, para reafirmar una conducta coherente y consecuente del movimiento obrero, fiel a sus principios en el acierto o en el error. Ni ahora ni nunca nos anima un espíritu revanchista, más bien se trata de la Justicia, de ser coherentes y consecuentes con nuestras mejores tradiciones, con los valores morales y éticos y el único compromiso es con nuestros compañeros y sus familiares.
6. Por todo lo expuesto, seguimos apostando a que los representantes elegidos por nuestro pueblo, asuman el rol que les fue delegado y aprueben el próximo 19 de mayo la Ley que repara en parte, los daños ocasionados al libre ejercicio de la Justicia.

Secretariado Ejecutivo PIT CNT
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N e s t o r 
rana 059
Västerås, Suecia

Nacional - CADUCIDAD

Para familiares no importa procedimiento, sino que la ley se elimine

El vocero de la organización, Óscar Urtazún, dijo que las responsabilidades de quienes están en el gobierno por este tema “van a ser valoradas después por la ciudadanía a través del voto, la crítica y la opinión pública”

+ - 05.05.2011, 15:12 hs Texto:El Observador
  • © Nicolás Garrido

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    Los familiares expectantes ante la sobre la Caducidad

La actitud del presidente José Mujica de concurrir este miércoles al Parlamento y reunirse con la bancada de diputados oficialistas, para plantearle su postura sobre la ley de Caducidad, es mirada “con atención” por la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos.

Con Astori sentado a su lado, el mandatario les dijo a los legisladores que en caso de votar tal cual viene del Senado el proyecto que elimina la ley de Caducidad, habrá consecuencias electorales negativas para el Frente Amplio.

Consultado al respecto, Óscar Urtazún, vocero de la organización, expresó a El Observador que “es responsabilidad” de las autoridades del gobierno “anular” la ley de Caducidad, porque “es inmoral, una vergüenza, nos humilla como pueblo”.

“Que cada uno cumpla con sus obligaciones. Después sus responsabilidades van a ser valoradas por la ciudadanía a través del voto crítico, la opinión pública. Todos van a tener su dictamen y cada uno se está cuidando de eso”, advirtió Urtazún.

De todos modos, señaló que los familiares tratan de “no ser muy profundos en apreciaciones”, porque están “por fuera de ese juego jurídico-político”.

“Sabemos  que de una forma u otra se va a anular (la ley de Caducidad). No importa la forma (ley interpretativa, derogar actos administrativos de gobiernos anteriores por decreto), mientras se elimine”, afirmó Urtazún. Y concluyó: “Nosotros ya fuimos protagonistas, juntamos firmas para un plebiscito y perdimos. Ahora que sean otros los protagonistas”.

FA: eventual convocatoria a Plenario se resolverá el lunes

05.05.2011 | 18.50 El Espectador

La presidenta del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), Daniela Payssé, dijo a Espectador.com que “ve conveniente convocar a un Plenario Nacional”.
FA: eventual convocatoria a Plenario se resolverá el lunes

La motivación para convocar a un Plenario (para el cual se maneja la fecha del 14 y 15 de este mes, según relataron a El Espectador fuentes del FA) radica en las diferencias internas del partido gobernante sobre el proyecto que busca modificar la ley de caducidad. La polémica revivió el miércoles, cuando el presidente de la República, José Mujica, visitó sorpresivamente a los diputados frenteamplistas para anunciar las posibles consecuencias que trerá una aprobación del proyecto.

“El FA aparecerá ante el pueblo como pasándole por encima a dos decisiones plebiscitarias”, dijo Mujica. Las palabras del mandatario “revolucionaron el ambiente” y llevó a una reunión este jueves del Secretariado Ejecutivo.

Tras el encuentro se manejó la posibilidad de convocar a un Plenario Nacional, aunque Payssé advirtió que “para que haya un Plenario deben haber propuestas o modificaciones concretas a lo ya resuelto”.

La decisión dependerá de la resolución que adopte la Mesa Política del Frente Amplio el próximo lunes a las 15 horas. El estatuto del partido adjudica la facultad de llamar a un Plenario Nacional al organismo que se reúne todos los lunes.

Otra variante para reabrir el debate es el llamado a un plebiscito interno. El artículo 11 del Estatuto del FA dice: “A solicitud del 25% de los adherentes oficialmente registrados, con una antigüedad no menor a 30 días, para promover propuestas, tanto políticas como organizativas, que no introduzcan modificaciones en los documentos fundamentales: el Acuerdo político, las Bases programáticas y el Estatuto.

Cuando por razones políticas el Plenario Nacional, por 2/5 de sus miembros, decide convocar a plebiscito para tomar decisión, participarán adherentes con un mínimo de 30 días de antigüedad”.

Esta posibilidad no fue tenida en cuenta, según confirmaron Payssé y el senador Rodolfo Nin Novoa.

Las aguas parecen estar divididas. Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP) e integrantes del Espacio 609 estarían afines a volver a discutir el tema. El Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS) y el Nuevo Espacio ratificaron ayer su decisión de aprobar la iniciativa el próximo 19.

La Vertiente Artiguista (VA) considera que el tema está en manos de la fuerza política y que el mandato del Plenario de votar afirmativamente se mantiene, si no se resuelve lo contrario. En la mañana de este jueves el legislador José Bayardi dijo a En Perspectiva: “Pensamos que este proyecto debe ser aprobado en Diputados. Ya lo hemos manifestado, incluso cuando otros compañeros pudieron poner observaciones. Y seguramente en el proceso de discusión defendamos los argumentos que nos han llevado a entender que el proyecto debe terminar de sancionarse”.

El Espectador dialogó con el diputado Juan Carlos Souza, de la CAP-L, un sector que se ha declarado contrario a este proyecto, el cual provocó en el Senado la renuncia a su banca de Eleuterio Fernández Huidobro, quien de todos modos votó por disciplina partidaria. La CAP-L considera que la realidad es otra a partir de la intervención de Mujica.

“Es la responsabilidad no de actuar solamente en función de las fricciones internas dentro del Frente Amplio, sino desde un interés general que es interés de todos los habitantes del país. Él  desde esta responsabilidad me dice 'me genera esta preocupación, me genera estas valoraciones'. Dijo que lo hacía desde el plano de la lealtad política, desde la lealtad de los compañeros y que entendía que era absolutamente necesario tener ese diálogo mirándonos a la cara a todos y plantearnos cuáles son las preocupaciones y sensaciones con respecto a este tema. En lo personal entendemos y suscribimos absolutamente todas y cada una de las preocupaciones que plantea el presidente”, indicó Souza.

Souza recordó que el argumento central de la CAP-L sigue radicando en que con la aprobación de este articulado se desconoce las dos consultas populares que se efectuaron sobre este tema.

El legislador comparte que citar a un Plenario Nacional es una opción viable, dado que la Mesa Política del FA por si sola no puede tomar una resolución.

“Es una situación compleja, está en manos de aquellas mayorías que definieron y decidieron andar en el sentido de votar este proyecto de ley que y que se hiciera el 19. Por lo pronto, dependerá de la postura que asuman todos y cada uno de los compañeros que integran esta fuerza política que mayoritariamente entendieron que era el mejor camino. Creo que hay elementos nuevos que pueden alimentar o alentar la expectativa que pueda haber un espacio de reflexión y buscar una salida que no vulnere la voluntad popular”, expresó Souza.

El proyecto interpretativo que eliminaría las facultades de la ley de caducidad cuenta con la media sanción de Senadores. Falta aún la votación de Diputados, que tendrá lugar el 19 de mayo.

En resumen: “Si habrá una eventual novedad, se resolverá el lunes”, sentenció Payssé.

En diciembre de 2010, el Plenario Nacional del FA resolvió votar favorablemente el proyecto de ley interpretativo en ambas cámaras.

"Video militar". Salle recibió una copia el miércoles y ayer la entregó a la Justicia

Juez volverá a citar a Mujica  para un cotejo de imágenes

El presidente José Mujica deberá comparecer nuevamente ante la Justicia, en el marco de la indagatoria por la aparición de un video, presuntamente elaborado por militares, con amenazas al Poder Judicial. El abogado Gustavo Salle presentó una copia de la cinta ante la Justicia.

Imágenes. El doctor Salle dio publicidad a las imágenes en su estudio.
Imágenes. El doctor Salle dio publicidad a las imágenes en su estudio.
La Justicia citará nuevamente al presidente de la República, José Mujica, para declarar en el expediente que investiga el origen de un video, presuntamente elaborado por militares, con amenazas hacia jueces y fiscales participes en procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última Dictadura.
El juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, recibió ayer una copia del video, ante lo cual decidió reimpulsar la indagatoria judicial y policial para desentrañar el origen y las motivaciones de la polémica cinta, entre ellas, una nueva citación del presidente Mujica, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
Mujica declaró el pasado 25 de marzo ante el juez Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, tras sus manifestaciones en una entrevista televisiva, donde reconoció haber visto el, hasta entonces, desconocido video. El mandatario dijo haber visto imágenes y reveló algunos detalles, pero negó tener una copia del mismo, expresaron las fuentes.
Sin embargo, el abogado Gustavo Salle presentó ayer una copia de un video anónimo arrojado por debajo de la puerta de su estudio particular, en el cual aparecen tres presuntos militares leyendo una proclama con amenazas hacia integrantes del Poder Judicial. En este sentido, el juez Díaz y la fiscal Ferrero pretenden determinar si las imágenes vistas por el presidente Mujica coinciden con las del video aportado por Salle, señalaron las fuentes.

Video "anónimo"

El abogado Gustavo Salle aseguró ayer que el pasado miércoles, en horas de la mañana, recibió de forma anónima y por debajo de la puerta de su estudio jurídico un CD sin ningún tipo de marca identificatoria. El letrado procedió a ingresarlo en su computador particular y pudo comprobar de que se trataba: era una copia del video, presuntamente elaborado por militares, con amenazas hacia operadores del Poder Judicial.
Salle decidió comunicarse con un periodista del semanario "Búsqueda" para anunciar públicamente que presentaría una copia de la cinta a las autoridades encargadas de la indagatoria. El letrado compareció, 24 horas más tarde, ante el juez Díaz y la fiscal Ferrero para entregar una copia del CD original arribado a su estudio.
En este sentido, el abogado aseguró que el video le fue entregado en forma "anónima", sin ninguna nota epistolar o marca identificatoria, según explicó en diálogo con LA REPUBLICA. "Llegó como llegan muchas denuncias, muchos documentos o amenazas. No hubo ningún tipo de comunicación, ni epistolar ni telefónica ni vía e-mail, ni nada. Podía haber sido el CD de los supuestos militares o una canción", dijo Salle.
"Ahí decido comunicarme para que tome estado público el tema de la posesión del video y de entregarlo a la Justicia. El contacto primero es con 'Búsqueda' y luego será con el doctor Díaz", señaló. Sin embargo, el abogado reconoció que ante la Justicia sólo pudo aportar la copia del video, porque desconoce sus autores materiales y los motivos para elegirlo como medio para su entrega.
"No conozco a quienes hicieron el video, pero quien haya sido utiliza mi perfil para que tome estado público y que llegue a la Justicia". "Evidentemente me eligieron por mi perfil, porque soy un abogado un tanto heterodoxo, pocos se animan a denunciar al gobierno del Frente Amplio por violaciones a los derechos humanos". "El día que la Justicia pueda individualizar a los autores habrá que preguntarles a ellos porque me eligieron", dijo Salle.
Sin embargo, el propio abogado relativizó el contenido de la cinta. "Por sentido común no creo (que represente una amenaza). La persona o grupos que quieran llevar adelante algún tipo de acción para perjudicar a alguien lo menos que hacen es avisar". "Esto es una campaña mediática, aunque no conozco sus fines", concluyó Salle.
La Republica

Video: el juez volverá a citar al presidente Mujica

Investigación. Magistrado tuvo ayer acceso a la grabación
El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz recibió anoche el video de supuesto origen militar con amenazas hacia integrantes del Poder Judicial. El magistrado empezó a analizar la filmación y volverá a citar al presidente José Mujica.
A última hora de la tarde de ayer, el juez Díaz y la fiscal Mónica Ferrero interrogaron al abogado Gustavo Salle, quien les aportó una copia del video donde tres hombres encapuchados y con uniforme militar, dan a conocer una proclama del denominado "Ejército Nacional Libertador", que contiene amenazas y cuestionamientos hacia jueces y fiscales por su actuación en casos de violaciones a los derechos humanos.
Salle, un abogado vinculado a la izquierda radical, dijo que recibió un disco compacto con el video en su estudio jurídico de forma anónima. Sin embargo, no entregó ese CD en el juzgado, sino que aportó una copia que él hizo.
La investigación judicial por el contenido del video se inició a pedido de la fiscal Ferrero, luego de que el pasado 10 de marzo el semanario Búsqueda divulgara una transcripción de su contenido.
Pero, hasta el momento, el juez y la representante del Ministerio Público no habían tenido acceso al material fílmico, que ayer observaron con detenimiento junto a Salle. "Por la avidez con la que el juez vio las imágenes, tengo la percepción de que no lo tenían", dijo Salle a un grupo de periodistas antes de retirarse del juzgado
El video, de ocho minutos de duración, fue observado por Díaz, quien prestó especial atención a algunos detalles que se ven en las tomas, como por ejemplo, un sable y la disposición de las banderas que se aprecian en la grabación.
La fiscal consultó a Salle respecto a si, según su percepción, podría tratarse de un grupo organizado, cosa a la que respondió que no tiene elementos para llegar a una conclusión definitiva sobre el punto, según explicó a los periodistas.
CITACIÓN. El juez Díaz y la fiscal Ferrero prevén volver a interrogar al presidente José Mujica, la única persona del gobierno que había admitido públicamente haber visto el video.
Fuentes judiciales dijeron que "muy probablemente" el magistrado decida volver a tomar declaración al presidente con el objetivo de corroborar si las imágenes que él vio son las mismas que aportó Salle.
Mujica declaró ante el juez y la fiscal el pasado 25 de marzo, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El presidente había dicho públicamente que tuvo acceso al video, pero luego aclaró que solo vio imágenes en una computadora.
En su declaración, Mujica no reveló al juez Díaz quién le exhibió las imágenes que vio. Sin embargo, al ser interpelados en el Senado por este tema el pasado 26 de abril, los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Eduardo Bonomi (Interior) dijeron a los legisladores que Mujica sí le había informado al juez quién le había entregado las imágenes.
Anoche, luego de interrogar a Salle, el juez Díaz y la fiscal Ferrero se reunieron con el titular de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Enrique Colman, con quien volvieron a ver la grabación.
La investigación judicial y policial se está realizando bajo la hipótesis del delito de "terrorismo", previsto en la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, vigente desde 2004.
La norma castiga a personas o grupos que quieran "intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

"Gobierno ya tenía el video"

El abogado Gustavo Salle, que ayer le aportó a la Justicia una copia del polémico video con amenazas, realizó una conferencia de prensa
en su estudio jurídico donde aseguró que, según su visión, todo el gobierno conoce la grabación. "Operadores oficiales tienen hace tiempo el video y sin embargo, no hicieron la denuncia", dijo Salle, aunque aclaró que no tiene elementos que prueben tal situación. El abogado indicó ayer que no brindará copia de la grabación a los medios de prensa por su "seguridad personal", porque podría estar ayudando a difundir "un material con apariencia delictiva".

Dudan que sea de origen militar

A nivel judicial y policial quedan muchas dudas respecto a que el video sea de origen militar, y eso se corroboró ayer al ver, por primera vez, la grabación. Según fuentes del caso, a los investigadores les llamó la atención la forma en la que están ubicadas las banderas patrias (el Pabellón Nacional y las banderas de los 33 Orientales y la de Artigas) ya que según información recolectada por el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, se trata de símbolos que por su relevancia en el ámbito castrense, llevan una especial atención y también cuentan con un protocolo para ubicar a cada una. Que el Pabellón Nacional aparezca tendido sobre una mesa, a modo de mantel, es uno de los elementos chocantes. Al respecto, el abogado Gustavo Salle explicó que no posee información concreta, pero según le han indicado "parecería que en el protocolo castrense no sería el orden de las banderas". La misma visión han expresado varios militares retirados.
El País Digital
Aqui si que hay "mano dura"...

Al menos 22 detenidos en las primeras dos horas del operativo

La acción policial en el barrio Borro se inició pasada la hora 7 de este jueves. Algunos vecinos recibieron con piedras e insultos a los uniformados

+ Diego Molinelli - 05.05.2011, 09:48 hs Texto:El Observador
  • © M. Cerchiari


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    Los detenidos empezaron a sumarse desde primeras horas

Al menos 22 personas fueron detenidas en las primeras dos horas del megaoperativo policial que este jueves se desarrolla en las inmediaciones de las avenidas San Martín y Aparicio Saravia, informó a El Observador el jefe de Relaciones Públicas de la Policía, Juan Carlos Duré.
Algunos vecinos del barrio Borro recibieron con piedras e insultos a los policías, que registran la zona e ingresaron a distintas fincas con órdenes de allanamiento, informó radio Carve. De acuerdo con lo expresado por fuentes policiales, en el barrio existe mucha resistencia a la Policía.
El operativo comenzó pasadas las 7 horas de este jueves. Según se informó desde el Ministerio de Interior, el operativo es de similares características a los ya realizados en Chacarita de los Padres (7 de abril), Cruz de Carrasco (14 de abril) y barrio Aquiles Lanza de Malvín Norte (19 de abril).
Como sucedió en las otras oportunidades, un helicóptero y efectivos policiales de la Guardia Republicana, efectivos a pie, policía montada, en patrulleros, en motos y personal de la Seccional 17ª, ingresaron al barrio.

Operativo policial: varios ante la Justicia

Borro y cuenta nueva

05.05.2011 21:23

El operativo policial realizado el jueves en la zona del Borro permitió la captura de varias personas requeridas por la Justicia. Además, el viernes deberán comparecer ante la sede judicial varios de los detenidos, varios de ellos reconocidos como autores de delitos o por posesión de estupefacientes. En otro procedimiento fue detenido el menor conocido como "el Talibán".
imagen
Este jueves, con motivo del operativo realizado por la Policía en la zona del Borro, se realizaron 15 allanamientos de morada, informaron fuentes del Ministerio del Interior.
El operativo permitió la detención de 22 personas mayores y 16 menores, de los cuales, el viernes, deberán comparecer uno, masculino, mayor, reconocido como autor de un atraco a una estación de servicio, y cinco mayores y tres menores por tenencia de estupefacientes. Además, uno de los mayores que declarará por esta causa deberá ser reintegrado a un establecimiento de reclusión donde debe cumplir resto de una pena.
También irán ante la Justicia un mayor por hurto de una moto 0 kilómetro, otro reconocido como autor de dos rapiñas, y un menor reconocido como autor de dos rapiñas. Otro menor ya fue reintegrado a dependencias del Inau de donde estaba fugado.
En el marco del operativo se recuperaron dos motos robadas, una de ellas 0 kilómetro, partes de vehículos hurtados (autos, camiones, camionetas, motos) y herramientas.
Desde el Ministerio del Interior se informó que, el miércoles, la Dirección de Investigaciones, tras diligencias por ellos llevadas a cabo tendientes a la detención de una mujer que se desplazaba en taxi portando estupefacientes, lograron la detención de la citada, incautándole un kilo de cocaína, sustancia que manifestó estaba destinada a ser comercializada en la zona donde se llevó a cabo el Operativo.
En horas de la tarde del jueves, y en otro procedimiento policial, se logró la captura del menor conocido como "el Talibán", informó Telenoche.

Montevideo Portal

Un megaoperativo por semana, el objetivo de la Policía

El operativo de saturación en Camino Maldonado le quitó el protagonismo a la sesión de la Asamblea General sobre seguridad

+ - 08.04.2011, 19:05 hs Texto: El Observador
  • © M. Cerchiari


El jueves estaba todo listo para que el Parlamento, a través de un debate en la Asamblea General, fuera el escenario en el que se posara la atención de quienes están preocupados por la inseguridad pública, pero en las primera horas de la mañana el gobierno hizo una radical movida policial y obligó a poner el foco en Chacarita de los Padres, un asentamiento de la zona de Punta de Rieles. Decenas de móviles policiales, incluido un helicóptero, participaron en un megaoperativo de saturación que levantó polvareda en el barrio y generó suspicacias en la oposición, donde algunos lo vieron como una respuesta tanto a la ofensiva de Pedro Bordaberry de recolectar firmas para bajar la edad de imputabilidad como al debate promovido en el Parlamento.
Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior manifestaron a El Observador que en las próximas semanas quedará claro que el operativo dapenas es el primero de una serie de acciones similares que se extenderán durante todo el año, “posiblemente, si contamos con apoyo de la Justicia, a un ritmo de uno por semana”, dijo el informante.
Sin embargo, una cosa que quedó planteada tras el operativo del jueves es la efectividad de estas acciones: de las 38 personas detenidas en la mañana, presuntamente, por tenencia ilegal de armas, drogas y receptación, 17 pasaron a la Justicia, que los liberó a todos por falta de mérito. La Policía informó que entre los detenidos había dos personas requeridas por rapiña, una de ellas fugada de la cárcel.
El juez Eduardo Pereyra expresó que le solicitaron el miércoles el pedido de allanamiento pero que no le informaron que formara parte del operativo. Las fuentes dijeron que estos operativos están precedidos de un trabajo de inteligencia que busca detectar la presencia de delincuentes pero el magistrado sostuvo que solo hubo casos de desacato y falta de documentación por parte de algunos detenidos.
A última hora de la tarde, el coordinador general de la Jefatura, Luis Mendoza, informó que los detenidos habían sido 43 en total y que el operativo seguía en la noche, y aseguró que habría “resultados”.
Las fuentes policiales dijeron que estas acciones están en línea con lo afirmado tiempo atrás por el ministro Eduardo Bonomi acerca de que hay zonas de Montevideo que están en un proceso de “feudalización”, lo que implica que los delincuentes se apoderan de esas zonas y hacen imperar su ley.
Según los informantes, hay detectadas unas 350 zonas que están en un proceso como el definido por el ministro. Mendoza dijo que estas acciones son también una forma de terminar con el mito acerca de que hay barrios a los que la Policía no ingresa. Los oficiales entienden que una cosa es que haya barrios donde cada vez es más difícil hacer operativos, y otra cosa es que eso determine la renuncia a realizar acciones. Fuentes políticas estimaron que estos operativos son también una respuesta a quienes, incluso desde dentro del gobierno, han propuesto o sugerido que las Fuerzas Armadas patrullen las zonas más complicadas de la capital.
En los operativos participan la Guardia Metropolitana, Policía Montada, plantel de perros, personal de Investigaciones y todo el comando de la Jefatura de Policía de Montevideo. También colaborará la Fuerza Aérea con helicópteros. Una fuente dijo que el helicóptero tiene doble función por un lado un efecto disuasivo por lo que genera y por otro sirve para traslado del GEO.
NARCOS ENFRENTADOS
Un jerarca de la Jefatura de Policía de Montevideo manifestó que este operativo en particular se decidió porque en los últimos meses hubo numerosas denuncias de arrebatos y rapiñas en esa zona, así como pedreas a ómnibus. También coincide que la Intendencia está realizando obras de reparación en camino Maldonado.
Ese barrio se ha convertido también en una zona donde las distintas bocas de pasta base se disputan el poder y hay a menudo enfrentamientos.
Mendoza, quien participó el jueves del operativo denominado “Sofía”, informó que se instaló en el barrio una comisaría móvil, que funcionará en un contenedor.
El Ministerio del Interior informó que el día elegido fue el jueves porque, según la apreciación del Estado Mayor de la Jefatura, es uno de los días de “mayor actividad” de los grupos delictivos, aunque este incremento en el movimiento de los delincuentes se constata los fines de semana
Una acción similar a la del jueves tuvo lugar en 2010 en el barrio Marconi, donde luego de tres homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes la Jefatura desplegó un operativo de saturación.
(Observa)

Jefe del Esmade

Bonilla  recurrió sanción

El Jefe del Estado Mayor de Defensa (Esmade), general José Bonilla presentó ayer un recurso ante el presidente Mujica y el ministro Rosadilla, para revocar la sanción impuesta por declaraciones públicas a un medio de prensa. El jerarca castrense aclaró ayer que con sus dichos no hacía juicios políticos: "He hablado siempre de sentido común y lo que dije lo reafirmo", indicó. A principio de semana, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla aplicó una amonestación al Jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla por recientes declaraciones al diario Últimas Noticias. En la entrevista, el jerarca castrense consideró que ningún militar iba a aportar información sobre los hechos ocurridos en la dictadura, si terminaría procesado."Hay preocupación (...) Más aún cuando si alguien dice la verdad, si es que alguien realmente la sabe, inmediatamente se lo manda preso.Entonces no puede haber verdad si hay Justicia. Son palabras que una y otra no van unidas", dijo Bonilla al matutino.
Ayer, sostuvo que no se arrepentía de sus dichos y aclaró que "hablar de política en Uruguay es muy fácil. Hacer juicios políticos es algo que yo no hago. He hablado siempre de sentido común y lo que dije lo reafirmo."
Bonilla dijo tener el respaldo del presidente Mujica y del ministro Rosadilla, y señaló que espera proseguir en el cargo hasta el próximo 1º de febrero, fecha que deberá estar en situación de retiro.
El General del Aire José Bonilla presentó un recurso de revocación de la sanción impuesta por el Mando Superior al Presidente de la República, posteriormente informó de esta decisión al Ministro Luís Rosadilla.
Afirmó que nunca dijo que presentaría su renuncia una vez que se apruebe la ley de caducidad en la Cámara Baja y que no hace apreciaciones políticos, sino que habla desde el sentido común.
LA IMPUNIDAD SE DEFIENDE DE LA CADUCIDAD

Una cosa es verlo y otra que te la cuenten.

En medio de la arremetida de amenazas veladas y otras no tanto desplegada desde fines del año pasado, el argumento de los “defendistas” de la impunidad legalizada penetra inclusive en la esfera pseudo política que parecía estar reservada en exclusividad a los profesionales del verso democrático-burgués. Auténticos dinosaurios del fascismo más bizarro imaginable, se despachan con tremebundos alegatos constitucionalistas y de reivindicación de la sagrada “voluntad popular”, que en realidad han vivido pasándose por el quinto forro durante una docena de años, arrasando con todo lo que el pueblo había conquistado en materia de libertades públicas y derechos humanos elementales…

Los coautores de una impunidad que oficia de prolongación natural del terrorismo de Estado y que sigue amparando delitos que jamás prescribirán, tratan de redimirse en el único idioma que conocen y que dominan como buenos verdugos con diploma: la promesa de volver, el discurso amedrentador, el jugar invariablemente con lo que no siempre se sale ganando: jugar con fuego, aún si éste lo es tan sólo virtual y mediáticamente.

Los maestros del miedo, tienen miedo… Miedo a morir entre rejas (vah, ¡entre inexistententes rejas de inexistentes cárceles para fascistas!), miedo a ver caer sus tristes charreteras ya enlodadas por su propia conducta.

Lo del título:

LA IMPUNIDAD SE DEFIENDE DE LA CADUCIDAD de una ley cómplice que ya cayó aunque unos cuantos no tengan ni el valor ni la vergüenza para voltearla --y redimirse de su traición de octubre-- sencillamente levantando los puños en un parlamento que tampoco es ya el parlamento burgués, sino el parlamento de la cobardía de los que sienten miedo por haberse alejado de un pueblo que, aún sintiendo miedo, no dejará atropellarse ni enredarse las patas engañado, amenazado o, una vez más, estafado.

Gabriel Carbajales

Larrañaga: Vázquez se cree "un semidios"

Ensalada rusa

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05.05.2011 21:44

El senador Jorge Larrañaga dijo a Montevideo Portal que Tabaré Vázquez dio una "voltereta de malabarista" en el tema de la Ley de Caducidad. Para el líder de Alianza Nacional es "positiva" la actitud de José Mujica, pero anunció que, aunque se formulara otro proyecto, no lo apoyaría.
El ex presidente Tabaré Vázquez declaró este miércoles, entrevistado en Rusia, que "ningún gobierno debió someter la derogación de la Ley de Caducidad a consideración de la ciudadanía" porque los Derechos Humanos no pueden ser objeto de consulta popular.
Larrañaga criticó a el ex mandatario por hacer "una interpretación divina, de una suerte de semidios, que tiene el derecho de decidir qué puede se objeto de votación y que no". Para Larrañaga, la postura del ex presidente "es muy extraña, porque hasta hace treinta días estaba arengando a los legisladores a anular la ley".
El líder de Alianza Nacional desestimó pedir explicaciones al presidente por la reunión con los diputados del Frente Amplio, porque "no puede pedir explicación sobre cosas que no se entienden desde el propio partido de gobierno".
Por otra parte, el nacionalista "rescata el proceder positivo" de Mujica, que a su juicio está haciendo lo posible por detener la votación. "Se supo siempre que Mujica y Astori no estaban de acuerdo con la anulación de la ley".
De todas formas, el nacionalista aseguró que, aunque se elabore un proyecto nuevo buscando otra alternativa en torno a la Caducidad, su sector no lo va a apoyar. "No voy a acompañar ningún proyecto que altere la voluntad popular".

Montevideo Portal
Del Blog "Atea y Sublevada"

Vamos a organizarnos para la marcha

del 13 de Mayo!!


Han visto que durante estos días he publicado varias convocatorias para la actividad que se va a realizar el día 13 de mayo en Montevideo, una marcha en defensa de la tierra y los recursos naturales, en rechazo a la minería a cielo abierto y el puerto de aguas profundas :
Uruguay: 13 de Mayo hay marcha!
Uruguay: 13 de Mayo marchamos en defensa de la tierra y los recursos naturales
Uruguay: FFOSE contra Aratirí
Aumentan movimientos sociales contra instalación de Aratirí
Uruguay: Convocan a Marcha en defensa de la tierra y los recursos naturales


No a la mineria pta del diablo

La convocatoria está teniendo una excelente respuesta  y así como es importante la difusión, también lo es la organización.
Hay mucha gente en el interior del país que está interesada en participar, pero no cuenta con medios de locomoción y/o económicos para hacerlo.
Por ello hacemos un llamado para que quienes vayan a participar y vengan del interior del país, de cualquier punto y dispongan de plazas libres en autos, ómnibus, etc., se pongan en contacto con el grupo de Facebook  “No a la extranjerización de la tierra” y dejen allí  datos del  lugar de donde vienen y con cuantos lugares cuentan, es importante que nos organicemos y apostemos a la solidaridad para una iniciativa que surge desde la gente para la defensa de nuestros recursos.
Aquellos que no usen Facebook o no quieran dejar allí los datos, pueden ponerse en contacto conmigo a la dirección del blog ateaysublevada@live.com y yo les paso los datos a los administradores del grupo para que vayan coordinando.
Sumate, difundí  y participa! Que es importante para todos

Comentarios sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Aratirí II

IV) Promesas de empleo

Publicado el 04/05/2011 por ojominero

Comentarios sobre el EIA de Aratirí

El proyecto y el EIA presentados por Aratirí al gobierno uruguayo prometen miles de empleos directos e indirectos, pero una simple comparación en base a la experiencia internacional muestra que esas cifras no pueden ser reales, no compensan los empleos que sustituyen y son solo un instrumento de propaganda falaz

Aratirí estima que la construcción de la mina, el mineroducto y el puerto empleará unos 3.000 trabajadores, con picos de hasta 4.000, y que la operación regular del complejo dará trabajo directo a unas 1.500 personas (incluyendo socios y contratistas) y generará entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo indirectos. En abril de 2011, el EIA de la empresa precisaba que, en la fase operativa, la ocupación sería de 1300 trabajadores en el distrito minero, 10 en el mineroducto y 140 en la terminal portuaria.
En una entrevista con representantes de la empresa, preguntamos cuál había sido la metodología utilizada para calcular los empleos indirectos. Nos respondieron que la estimación pertenecía al Estudio Ferrere, una conocida firma de abogados uruguayos, y prometieron enviarnos esa información pero nunca la recibimos.
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), con sede en Londres, una organización que reúne a las mayores empresas y asociaciones nacionales de minería del mundo, aplica un coeficiente de 1,7 a 2,5 sobre los empleos directos para calcular los empleos indirectos que se pueden generar en una explotación.
Por ejemplo, la mina Antamina, en Perú, una de las diez mayores operaciones a cielo abierto del mundo, trabaja sobre un tajo de 3,4 por 1,8 km y 700 m de profundidad a 4.300 m sobre el nivel del mar y posee un mineroducto de 302 km de largo. Entre los trabajadores de la planta, socios y contratistas, Antamina ocupa 3.587 trabajadores y se estima que genera en consecuencia de 9.700 a 12.500 empleos indirectos.
Si aceptamos que la operación de Aratirí generaría 1.450 empleos directos y aplicamos a esta cifra el coeficiente del ICMM nos darían entre 2.465 y 3.625 empleos indirectos, o sea, cuatro veces menos que las estimaciones manejadas por la empresa. Y téngase presente que las minas en Valentines no tendrían los problemas logísticos para ser atendidas como tiene Antamina en medio de la Cordillera de los Andes.
Pero, además, Aratirí no iría a operar en una región previamente desértica, sino en una zona que ya se encuentra ocupada por otras actividades económicas.
Según la Tabla 1.3-107 del EIA, en las tres áreas ocupadas por el proyecto, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que serán directamente afectadas por la actividad minera y 4.156 trabajadores cuyo grado de afectación no puede deducirse directamente. El balance es cero o negativo, no hay aumento del empleo.
El EIA de Aratirí no presenta cifras acerca del empleo actual en las poblaciones de la costa oceánica de Rocha donde se instalaría el puerto de salida del mineral. Los 140 empleos estimados por la empresa para la terminal portuaria no son equiparables a las actividades económicas existentes en esta zona, mientras que varias de ellas (turismo, pesca, etc.) se sienten amenazadas por los impactos previsibles de ese puerto.
Al final, este problema tan caro para la conciencia de los uruguayos, el de las fuentes de trabajo que aportarían estas megainversiones, forma parte de la propaganda usada para convencer a la población de que estos proyectos valen la pena. Ya fue así en el caso de Botnia, donde de la promesa de 10.000 empleos indirectos se pasó a unos 3.000 en la actualidad y el mayor desempleo del país en el departamento de Río Negro.
Publicado en Observatorio Minero del Uruguay

La pelota de La Moneda

Familiares de ejecutados políticos chilenos ocuparon la sede del Programa de Derechos Humanos.
La Justicia de Chile dictó la excarcelación de cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Entre ellos se cuenta el ex jefe del centro de tortura Villa Grimaldi, Carlos López Tapia.
Para que un preso sea puesto en libertad condicional en Chile, debe disponerlo la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones, y lo debe autorizar un representante del Ministerio de Justicia: el secretario regional ministerial metropolitano de Justicia, comúnmente llamado en Chile “Seremi”.
Durante abril, la comisión estudió cerca de 2.000 solicitudes y dio su visto bueno a 198 de ellas. Entre esas personas beneficiadas, que demostraron buena conducta y cumplieron más de la mitad de su condena, hay cinco militares retirados apresados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Estos candidatos a la excarcelación son el ex jefe del centro de tortura Villa Grimaldi, Carlos López Tapia, condenado entre otros motivos por la detención y desaparición de la cúpula del Partido Comunista en 1976, y Víctor Pinto Pérez, condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. A ellos se suman el suboficial de Carabineros retirado Primitivo Castro Campos, los mayores de Carabineros retirados Luis Romo Morales y Miguel Soto Duarte, el suboficial de Carabineros retirado Alejandro Molina Cisternas, condenados a cinco años y un día por secuestros calificados y homicidios.
El abogado especialista en derechos humanos Nelson Caucoto denunció la decisión y aseguró que “estos perdonazos violentan las garantías fundamentales” porque “se vuelve a victimizar a los familiares”, que son los que sustentan “la persecución penal de los autores de estos graves crímenes cometidos en la sociedad chilena”. En las mismas declaraciones, a la emisora local Radio U, también estimó que la medida es “una aberración porque además se han aplicado penas ínfimas, no de 25 o 40 años”.
En este contexto, integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), ocuparon ayer las instalaciones del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, explicó que se trata de una “ocupación pacífica”, motivada por la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus solicitudes, y que el objetivo es “presionar para que el ministro [del Interior, Rodrigo Hinzpeter] cumpla” con sus compromisos. Según explicó Lira al diario chileno La Nación, Hinzpeter dijo que les “iba a dar respuesta a comienzos de diciembre del año pasado” pero todavía no los recibió ni les contestó.
La AFEP, según recordó el diario La Tercera, desea conversar con el gobierno sobre el proyecto de ley de interpretación del Código Penal, para que se acabe con las medidas mediante las cuales se puede liberar a violadores de derechos humanos y piden que el Estado sea parte en las más de 740 querellas de ejecutados políticos presentadas ante la Justicia. Lira concluyó: “Las autoridades no nos dejan otra alternativa, ya que el discurso sobre derechos humanos del presidente Sebastián Piñera no tiene relación con sus actos. Él no escucha a las víctimas de esos crímenes, sino únicamente a los victimarios”.